El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 tiene, entre sus muchas cualidades, la de “asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas” y, además, en base a esto “profundizar el desarrollo del proceso de industrialización con sustitución de importaciones que fortalezcan la soberanía productiva”, lo que permita “fortalecer el aparato productivo e industrial, impulsando la productividad y mayor rendimiento”. Este es el espíritu, el ajayu del PGE 2024.
Para este propósito es fundamental la inversión pública tanto en su magnitud como en su composición. La inversión pública es parte de la demanda interna, que tiene entre sus objetivos generar incentivos para el crecimiento del producto en el corto plazo a través de las compras de insumos para la inversión y generar su efecto multiplicador al conjunto de la economía interna, que para 2024 se proyecta que estaría alrededor de 3,71% de crecimiento del PIB, a pesar del contexto externo adverso.
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La inversión pública, desde 2006 hasta 2019, estuvo inclinada hacia el sector de infraestructura y dentro de ello, en la construcción de carreteras, caminos, etc., es decir, en la construcción de infraestructura carretera, lo que obviamente no es malo, sino que no hubo una utilización óptima del excedente económico registrado en ese periodo, con la consecuencia de que no permitió dotar a Bolivia de capacidad productiva que permita industrializar el país y así afrontar de mejor manera la crisis internacional actual, y constituirse en una nación con diversificación productiva. Y esto no es nuevo, de la misma manera en la época del dictador Hugo Banzer, también se tuvo una gran magnitud del excedente económico que, luego de ser trasladado a Santa Cruz, fue despilfarrado.
Es pertinente indicar que la construcción de infraestructura —en este caso carretera— en el proceso transformador —el proceso de trabajo— de las materias primas en bienes, tiene una participación indirecta; a su vez, la inversión pública destinada al sector productivo tiene un incidencia directa en el proceso de trabajo y la función de reducir el tiempo de trabajo en la producción de bienes. Por lo que la diferencia entre ambos es esencial.
En ese sentido, la inversión pública para 2024 es de $us 4.274 millones y tiene énfasis en el sector productivo con $us 2.378 millones, lo que representa el 56%; en el sector de infraestructura con $us 690 millones (16%); el sector social con $us 962 millones (22%), y multisectorial con $us 248 millones (6%).
Desde 2022, la inversión pública en el sector productivo es lo fundamental, pues en 2022 fue de $us 5.016 millones —el sector productivo fue de 42%—, en 2023 fue de $us 4.006 millones –el sector productivo fue de 34%— y en 2024 será de $us 4.275 millones, donde el sector productivo alcanza el 56%.
Entonces, por donde se mire, a partir de 2022 se está dando un giro por demás importante y estratégico en la orientación de la inversión pública, que tiene el objetivo de apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones y que, en el corto plazo, tendrá la función de dotar la orientación al conjunto de la economía nacional hacia este anhelo innegociable del país.
(*) Efraín Huanca Quisbert es economista