Bolivia está en una lucha por el poder político y una de las armas que tiene la derecha (Creemos, CC y senadores serviles a Evo Morales) es bloquear iniciativas del Poder Ejecutivo en la Cámara de Senadores. Aparentemente se trata de dañar el desempeño de la economía, para que el Gobierno pierda popularidad y la derecha reconquiste el poder que perdió en la pasada elección presidencial. El deseo más ambicionado por la derecha es que se genere inflación, volatilidad en el mercado cambiario, desempleo y un caos económico para que emerja el Milei Boliviano.
Ilustraré estos efectos considerando el rechazo por parte del Senado a la contratación de créditos externos. Se estima que el Senado impidió que ingresaran al país cerca de 800 millones de dólares de desembolsos de crédito, situación que agravó el ingreso de capitales del exterior, que entre otros efectos podría haber aumentado las restricciones de moneda externa en Bolivia.
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El efecto más directo fue que la agencia de medición de riesgo país Stándar and Poor’s, en su informe del 22 de noviembre de 2023, rebajó el riesgo crediticio de B- a ‘CCC+’ de sus activos en moneda local y extranjera, informando lo siguiente:
“La perspectiva negativa indica el riesgo de un mayor empeoramiento de la liquidez externa, lo que podría afectar la capacidad del gobierno para pagar plenamente su deuda. Los desacuerdos políticos, incluso dentro de la coalición gobernante, han debilitado la capacidad del gobierno para obtener financiación externa y frenar la erosión de su perfil externo” (Traducción libre del autor ver en https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory).
Pero los efectos no terminan aquí. Si el riesgo del país aumenta, también se incrementan los riesgos de las empresas privadas del país. De acuerdo a las prácticas usuales de las clasificadoras de riesgo, no puede existir una empresa privada que tenga un riesgo menor al riesgo país, por lo que la clasificación de riesgo país se redujo ‘CCC+’ para las empresas bolivianas. Específicamente, los bancos nacionales también incrementan sus riesgos y, por tanto, la obtención de líneas de crédito externas se hace más difícil y en condiciones más onerosas.
Esto también se ve reflejado en un informe de Stándar and Poor`s sobre el sistema bancario. Lo mismo se puede decir de las primas que las empresas de seguro deben pagar a las re-aseguradoras extranjeras. Evidentemente, el valor de mercado de los bancos nacionales y compañías de seguro disminuye. La cadena del daño llega necesariamente a las pequeñas empresas, que se ven enfrentadas a condiciones de financiamiento más duras, lo que pone en riesgo sus derechos de propiedad sobre sus limitados patrimonios por el efecto de las dificultades en rembolsar créditos.
¿Qué conclusiones y recomendaciones se pueden hacer? Desde mi perspectiva es necesario tomar cinco iniciativas: Primera, en la esfera pública, el gobierno debe crear un equipo técnico de economistas para evaluar y cuantificar los efectos económicos del bloqueo del Senado. Segunda, este tipo de evaluaciones deben ser difundidas y debatidas en las organizaciones laborales y en los gremios empresariales. Tercera, se deben identificar los sectores populares afectados, que en última instancia sufren las consecuencias de los bloqueos senatoriales. Cuarta, el gobierno debe comunicar al público el doble discurso de sus críticos, que -por un lado- reclaman al gobierno por la falta de dólares y —por la otra— boicotean el desembolso de créditos externos. Finalmente, las organizaciones sociales que representan al pueblo deben movilizarse reclamando sus derechos y reclamando por el daño generado.
El bloqueo liderado por Andrónico Rodríguez en el Senado afecta al crecimiento económico y golpea el patrimonio de los emprendedores más pobres de Bolivia, y eso requiere una respuesta política de los movimientos sociales.
(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario