Milei está imbuido por la religiosidad judía, pero además está involucrado con la comunidad judía Lubavitch, un grupo ultraconservador, sionista que opera a escala mundial. El sionismo no es una corriente mayoritaria del pueblo judío, se estima que tan solo hay dos millones de sionistas de una población judía de 16 millones. El grupo Lubavitch es hábil para crear vínculos entre grupos económicos sionistas, apoyar políticos, actividad que está al margen de la espiritualidad judía.

Por tanto, no es sorpresivo que la primera visita internacional de Milei como presidente en ejercicio haya sido precisamente a Israel. Visita que, por cierto, no tuvo gran significación, ya que el país está hondamente preocupado por la guerra en Gaza como para prestar atención al presidente de un país subdesarrollado. Milei consideró esa visita como una oportunidad para apoyar a Israel en su conflicto con los palestinos, y manifestar el alineamiento del nuevo gobierno argentino con Estados Unidos.

Sin embargo, estas intenciones no parecen estar en la dirección correcta, veamos por qué. En primer lugar, porque el presidente Biden ha manifestado su posición en favor de la existencia de un Estado palestino vecino a Israel y la convivencia pacífica entre ambas naciones. Esta propuesta ha sido rechazada por Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, quien no concuerda con la existencia de un Estado palestino.

En segundo lugar, porque la Argentinian Israeli Collective, que representa la comunidad judía-argentina, desautorizó a Milei declarando lo siguiente: “Repudiamos el uso y abuso de la apropiación de la identidad judía por parte de Milei y decimos, Milei no representa a los judíos. Rechazamos la visita entendiendo que busca profundizar los vínculos con la derecha extremista y mesiánica, lo que solo acentuará los conflictos existentes en la región”.

Por su parte, el grupo armado Hamás escribió un comunicado oficial: «Condenamos y denunciamos enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país a la entidad nazi-sionista en Jerusalén ocupada, y consideramos que esto infringe los derechos de nuestro pueblo palestino sobre su tierra y viola las normas del derecho internacional que consideran a Jerusalén como tierra palestina ocupada».

Colocar en extenso ambas citas es importante para demostrar la dinámica contradictoria y altamente conflictiva en que participa Milei. En el pasado, Argentina experimentó actos de violencia en su territorio, con atentados terroristas a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, y la Asociación Mutualista Israelí Argentina (AMIA), en 1994.

Lo más preocupante es que la política de Milei no tiene fundamentos que estén en línea con el progreso económico de Argentina. De acuerdo con datos del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina, las exportaciones al Medio Oriente, Egipto y el Magreb alcanzaron a $us 8.607 millones en 2022 y se tradujeron en un saldo comercial positivo en favor de la Argentina de $us 4.808 millones. Los países musulmanes representan una parte importante de este saldo ($us 6.921 millones en 2022). ¡Nada menos que dos terceras partes! Como complemento se debe destacar que los embarques de productos argentinos a Israel apenas alcanzaron $us 106 millones en el mismo año.

Como puede apreciarse, los caminos escogidos por Milei están llenos de riesgos y no tienen promesas económicas alentadoras. Pero lo más peligroso es que los conflictos del Medio Oriente entrañen la posibilidad de actos violentos para Argentina, como sucedió en el pasado.

Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario.

Bolivia está en una lucha por el poder político y una de las armas que tiene la derecha (Creemos, CC y senadores serviles a Evo Morales) es bloquear iniciativas del Poder Ejecutivo en la Cámara de Senadores. Aparentemente se trata de dañar el desempeño de la economía, para que el Gobierno pierda popularidad y la derecha reconquiste el poder que perdió en la pasada elección presidencial. El deseo más ambicionado por la derecha es que se genere inflación, volatilidad en el mercado cambiario, desempleo y un caos económico para que emerja el Milei Boliviano.

Ilustraré estos efectos considerando el rechazo por parte del Senado a la contratación de créditos externos. Se estima que el Senado impidió que ingresaran al país cerca de 800 millones de dólares de desembolsos de crédito, situación que agravó el ingreso de capitales del exterior, que entre otros efectos podría haber aumentado las restricciones de moneda externa en Bolivia.

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El efecto más directo fue que la agencia de medición de riesgo país Stándar and Poor’s, en su informe del 22 de noviembre de 2023, rebajó el riesgo crediticio de B- a  ‘CCC+’  de sus activos en moneda local y extranjera, informando lo siguiente:

“La perspectiva negativa indica el riesgo de un mayor empeoramiento de la liquidez externa, lo que podría afectar la capacidad del gobierno para pagar plenamente su deuda. Los desacuerdos políticos, incluso dentro de la coalición gobernante, han debilitado la capacidad del gobierno para obtener financiación externa y frenar la erosión de su perfil externo” (Traducción libre del autor ver en https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory).

Pero los efectos no terminan aquí. Si el riesgo del país aumenta, también se incrementan los riesgos de las empresas privadas del país. De acuerdo a las prácticas usuales de las clasificadoras de riesgo, no puede existir una empresa privada que tenga un riesgo menor al riesgo país, por lo que la clasificación de riesgo país se redujo ‘CCC+’ para las empresas bolivianas. Específicamente, los bancos nacionales también incrementan sus riesgos y, por tanto, la obtención de líneas de crédito externas se hace más difícil y en condiciones más onerosas.

Esto también se ve reflejado en un informe de Stándar and Poor`s sobre el sistema bancario.  Lo mismo se puede decir de las primas que las empresas de seguro deben pagar a las re-aseguradoras extranjeras. Evidentemente, el valor de mercado de los bancos nacionales y compañías de seguro disminuye. La cadena del daño llega necesariamente a las pequeñas empresas, que se ven enfrentadas a condiciones de financiamiento más duras, lo que pone en riesgo sus derechos de propiedad sobre sus limitados patrimonios por el efecto de las dificultades en rembolsar créditos. 

¿Qué conclusiones y recomendaciones se pueden hacer? Desde mi perspectiva es necesario tomar cinco iniciativas: Primera, en la esfera pública, el gobierno debe crear un equipo técnico de economistas para evaluar y cuantificar los efectos económicos del bloqueo del Senado. Segunda, este tipo de evaluaciones deben ser difundidas y debatidas en las organizaciones laborales y en los gremios empresariales. Tercera, se deben identificar los sectores populares afectados, que en última instancia sufren las consecuencias de los bloqueos senatoriales. Cuarta, el gobierno debe comunicar al público el doble discurso de sus críticos, que -por un lado- reclaman al gobierno por la falta de dólares y —por la otra— boicotean el desembolso de créditos externos. Finalmente, las organizaciones sociales que representan al pueblo deben movilizarse reclamando sus derechos y reclamando por el daño generado.

El bloqueo liderado por Andrónico Rodríguez en el Senado afecta al crecimiento económico y golpea el patrimonio de los emprendedores más pobres de Bolivia, y eso requiere una respuesta política de los movimientos sociales.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario

El título de este artículo no es de mi autoría, es la frase que pronuncio el político chileno Radomiro Tomic en el plenario nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en abril de 1973. Era un momento crítico en la historia de Chile, en que gobernaba Salvador Allende y enfrentaba una conspirativa oposición de los partidos de derecha. Se debatía cuál debería ser la postura del PDC. Había dos tendencias políticas: una de ellas lideradas por Tomic, de izquierda. Las corrientes de derecha en el PDC se impusieron y ese frente hizo causa común con los partidos de derecha opositores al gobierno del presidente Allende. Cinco meses después, el final de ese proceso es conocido y se manifestó por el golpe de Estado de Pinochet. La lección es clara: la alianza electoral con la derecha favoreció a la derecha, pero no al PDC.

¿Será que los acontecimientos políticos de la realidad boliviana comprueban ese fenómeno? Veamos episodios políticos de Bolivia.

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Corría finales de 1943 y el mayor Gualberto Villarroel, con apoyo de la oficialidad joven y el MNR, derrocaban al gobierno del general Enrique Peñaranda, militar de tendencia conservadora. El nuevo presidente representaba la corriente antiliberal de los oficiales jóvenes como David Toro y Germán Busch. Se inició un gobierno reformista que causó temor a las élites empresariales mineras, que no tardaron en organizar la Concordancia con los restos de los viejos partidos liberales. Por esa época existía el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), que tenía una representación en los medios intelectuales y obreros de más envergadura que el MNR. La Concordancia y el PIR establecieron una alianza y crearon un movimiento opositor que realizó diversas huelgas en las ciudades y finalmente derrocaron al gobierno de Villarroel en actos de barbarie política inéditos en la época. Entre 1946 y 1952, se inició el sexenio de gobiernos conservadores. El PIR terminó como expresión política y ganó la derecha.

El 21 de agosto de 1971 asumió el poder el general Hugo Banzer, con el apoyo del Frente Popular Nacionalista, una alianza entre el MNR y la FSB. Al expresidente Víctor Paz le gustaba decir a sus allegados que esta alianza sería de varios años, porque es como un matrimonio por interés, que son duraderos. Es increíble que un político sagaz, inteligente y de tan vasta experiencia política se equivocara tanto. En 1974 saldría del país exilado y el general Banzer permanecería en el poder.

Se puede abundar en otros ejemplos: la alianza entre el MIR y ADN para viabilizar el gobierno de Jaime Paz en 1989-1994. Después de ese gobierno comenzó un periodo de decadencia del MIR, cerrando su ciclo político como organización partidaria.

Todas estas referencias apuntan a darle una perspectiva a la reciente elección del presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia. Es claramente una victoria de la derecha, cuyos intereses van contra los del pueblo trabajador, de la propiedad pública, de asociaciones gremiales, cooperativas y microemprendedores.

Esta victoria en alianza con la derecha tiene el propósito de producir caos en la economía y la inflación es su objeto más deseado, con la cual se afectaría el patrimonio de los pequeños emprendedores (transportistas urbanos, comerciantes de los mercados, productores agrícolas), Lo ocurrido en el Senado es una llamada de atención, la derecha puede volver al poder. Los sectores más lúcidos, organizados y combativos como la COB, la FSTMB, la confederación de campesinos, tienen posturas muy esclarecidas sobre el tema.

Una de las desesperaciones más grandes de los analistas económicos opositores es que a pesar de la actual situación en el mercado de divisas, Bolivia continúa creciendo con inflación controlada, lo que ha echado por tierra sus catastrofistas y fracasadas proyecciones económicas.

Los acontecimientos políticos que vienen a futuro estarán marcados por un enfrentamiento clásico entre derecha e izquierda y no debe perderse esa perspectiva. En esta etapa las organizaciones políticas del pueblo deben tener claridad política con respecto al rumbo estratégico, y desarrollar una movilización popular y combativa cada vez que la situación lo exija.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario

El nuevo ministro de Economía que tomaba posesión del cargo el 22 de enero de 2006 debía enfrentar la elevada concentración del ingreso en favor del gran capital comprometido con el orden liberal desde 1985, acentuada por la desapropiación pública que significó la capitalización de empresas públicas. El proyecto político liberal fue combatido y derrotado por el bloque popular organizado y liderado por el MAS-IPSP y el Pacto de Unidad, que culminó con el ascenso al gobierno.

Estar en el gobierno no era sinónimo de conquistar el poder. Se requería aprovechar la correlación de fuerzas para hacer cambios radicales en la organización económica del país a favor del pueblo. No fue una tarea tecnocrática, sino estratégica y de fuerte contenido político.

Desde el comando de la economía, esto representó: 1) ejercer un liderazgo fuerte, con carácter y competencia profesional, y lograr el ascenso de un amplio equipo de trabajadores en el área pública y en las fuerzas populares que estaban en la trinchera política; 2) recuperar los derechos de propiedad del Estado y enfrentarse a los grandes grupos económicos que se beneficiaron de la desapropiación pública; 3) actuar con una política fiscal activa para ejecutar medidas redistributivas; y 4) obtener una clara subordinación de la política monetaria que ejecute el Banco Central.

La nacionalización fue el mecanismo para recuperar el patrimonio público después de la capitalización. El liderazgo de un economista como Luis Arce era importante en este contexto. Recordemos que las empresas capitalizadas fueron liquidadas a un valor inferior a su valor de mercado y se sabía que éste aumentaría; por tanto, recomprarlas al ínfimo valor en que fueron rematadas era un excelente negocio para quienes participaron de éste. Las condiciones políticas le daban al nuevo gobierno la potestad de negociación frente a los intereses extranjeros beneficiados con el espurio negocio de la capitalización. La nacionalización tuvo un efecto positivo en la política fiscal y el involucramiento del ministro de Economía en este proceso fue desde el más importante al menor de los detalles de la recuperación de la propiedad de YPFB, Entel, ENDE y otras compañías públicas.

La ejecución de una política fiscal soberana y de distribución del ingreso a las grandes mayorías que le habían confiado el poder fue permanente. Significó un cambio radical del orden liberal, caracterizado por continuos déficits fiscales y dependiente de la ayuda del FMI para pagar salarios. La política fiscal soberana permitió, entre 2006 y 2019, reducir la pobreza extrema en más de la mitad, de 38,2% de la población en 2005 a 15,2% en 2018; mientras que la pobreza moderada también cayó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018. Se creó una serie de instrumentos de redistribución como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el aumento sostenido del salario mínimo, alcanzando una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina. Gran parte de estos logros fueron resultado de una alta tasa de crecimiento, con una reactivación económica sustentada en un programa de inversiones. En los siguientes años, el régimen ganaría ampliamente cuatro contiendas electorales que demostraron el claro respaldo ciudadano a sus políticas.

La voz del ministro de Economía retumbaría fuerte y contundente en las reuniones del “grupo macro”. que definía las políticas económicas. Las medidas se orientaron a bolivianizar la economía, con una serie de medidas como tasas impositivas a las transacciones en dólares y el ajuste de las tasas de encaje. Se creó la certidumbre que el gobierno tenía la capacidad de administrar la economía con crecimiento económico. Se debía dar un mensaje fuerte a la comunidad empresarial, que no habría un desborde inflacionario y las realidades de mercado evaluarían sus derechos de propiedad y no operaciones especulativas. La acumulación de reservas internacionales permitiría en 2013 soportar la caída de los términos de intercambio y hacer políticas contracíclicas para no sacrificar los niveles de actividad económica, empleo y salarios.

Queda un largo camino por recorrer en un proyecto político creativo y de múltiples iniciativas, donde la estabilidad de precios seguirá siendo uno de los objetivos no negociables del gobierno popular. Se crearán oportunidades de empleo con una política de sustitución de importaciones, será permanente la tarea de reducir la pobreza y aprovechar las oportunidades que ofrece una nueva inserción internacional en un mundo multipolar.

 Jaime Jordán Costantini es doctor en economía y docente universitario.

 

En una anterior nota apuntamos que cuando se aplicó el modelo económico y social comunitario entre 2006 y 2018, la tasa de crecimiento del PIB por persona fue tres veces más alta que en el período liberal (1985-2003). Hay quienes podrían argumentar que este gran logro es atribuible a precios de exportación favorables entre 2006 y 2018, con respecto a esto va este artículo.

Innumerables estudios económicos confirman que altos precios de exportación no son sinónimo de un buen desempeño económico. El resultado en el largo plazo críticamente depende de las respuestas de la política económica, donde hay al menos dos trayectorias posibles: políticas procíclicas o contracíclicas. En las primeras, los cambios negativos externos o internos profundizan el efecto recesivo en la economía, en tanto que en la segunda se protege la economía nacional de las tendencias depresivas. La generalidad de los países en desarrollo sigue políticas procíclicas; por el contrario, las naciones de mejores niveles de renta siguen políticas contracíclicas, aumentando la demanda agregada para mantener el empleo y no destruir capital.

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El concepto económico de relaciones internacionales de intercambio (RI) es la razón entre el precio de las exportaciones y el de las importaciones de un país, relejando la capacidad de compra de los productos domésticos vendidos en el extranjero. Consecuentemente, buenos precios internacionales mejoran las RI y la actividad económica. Utilizando las series de RI de la base de datos del Banco Mundial, tenemos lo siguiente: En 1985, cuando se inició el programa de estabilización económica, el comportamiento de las RI fue negativo. A partir de 1993 se inició un período de recuperación de las RI, que aumentaron hasta 2003, en 29%. En 1993 se inauguró una serie de reformas que profundizaron el esquema de libre mercado, como la reforma de jubilaciones por medio de las AFP y la capitalización de las empresas públicas.

Diez años después de la aplicación de estas reformas, el déficit fiscal escaló hasta 8,5% del PIB,  la mitad fue atribuida al efecto de la reforma de jubilaciones con el sistema de las AFP. Un fenómeno similar de crisis económica y fiscal experimentó la economía chilena en la década de los 80, creado en parte por el sistema de las AFP.

En Bolivia, hacia 2001 se precipitó una crisis que hizo que el país deje de pagar obligaciones externas por $us 1.173 millones, se redujo el crédito interno, disminuyeron las inversiones, hubo fuga de capitales y desintermediación financiera. Entre 2001 y 2003, la inversión media anual cayó en 2,6% y el PIB por persona se redujo en 1,1%, con relación al trienio anterior. Este fue el efecto de las políticas procíclicas.

En respuesta, el gobierno radicalizó sus políticas contractivas e intentó crear un impuesto a los salarios para solucionar el déficit fiscal, que no prosperó por la resistencia a la medida. Los conflictos aumentaron hasta el colapso de orden liberal en 2003.

Entre 2006 y 2013, las RI crecieron en 19%, representando un tercio del ritmo de crecimiento experimentado en el período liberal (1993-2003). En 2014, el país afrontó un nuevo choque externo de magnitud e intensidad significativas que se prolongó por los siguientes cuatro años, en los que las RI cayeron 38%. La respuesta del gobierno esta vez fue diferente, ya que aplicó políticas contracíclicas y mantuvo fijas las tasas de cambio y de interés.

Como resultado, Bolivia pudo mantener la estabilidad en las inversiones y en el crecimiento económico, amortiguando así el choque externo.

En efecto, el ritmo de inversión con respecto al PIB pasó de 16,7%, entre 2006 y 2013, a 17,2%, entre 2014 y 2018. El crecimiento anual del PIB por persona fue de 2,8% entre 2014 y 2018 y 3,4% entre 2006 y 2013.

¿Qué lecciones se pueden obtener de lo expuesto? El crecimiento de las RI entre 2006 y 2018 no fue un hecho excepcional, también se dio en el periodo liberal y en una magnitud mayor. El pobre desempeño de la economía boliviana entre 1985 y 2003 no es atribuible a las RI, sino al resultado de las políticas procíclicas y reformas aplicadas que agravaron el efecto del choque externo.

Es un caso inédito que un país como Bolivia, con un bajo nivel de renta, implementara a partir de 2014 políticas contracíclicas para proteger el empleo y evitar la destrucción del patrimonio de buena parte de las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.

(*) Jaime Jordán Costantini es doctor en Economía y docente universitario