En el proceso de reacomodo de bloques y alianzas de países y regiones en el mundo, la presidencia del G20 en manos de Brasil durante 2024 podría ser una gran oportunidad para que América Latina recupere una posición política regional más allá de representar la mayor reserva de recursos naturales del planeta. En efecto, los recientes eventos internacionales (la Conferencia de Seguridad de Munich, el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad a una resolución que pedía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como la reciente reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro) han demostrado que ya no existen alineamientos automáticos respecto de los grandes temas de la seguridad y la paz internacionales, el cambio climático y la desigualdad en sus diversas manifestaciones. Para cada tema existe un abanico diferente de posiciones y perspectivas, a diferencia de lo que ocurría durante la Guerra Fría (1946-1991).

Tal dispersión de posiciones responde ciertamente a la transición global desde un ordenamiento bipolar hacia un sistema multipolar en que se combinan a geometría variable materias de confrontación y competencia, pero asimismo algunos pocos asuntos de cooperación entre las grandes potencias. Esto explica en buena medida el creciente debilitamiento del sistema multilateral de las Naciones Unidas.

Y de ahí se deriva por consiguiente la demanda de una reforma en profundidad del Consejo de Seguridad con miras a que en su composición y atribuciones refleje las nuevas realidades económicas y geopolíticas, que son ahora muy distintas de las circunstancias prevalecientes en los meses inmediatos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los cinco miembros permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) requieren una ampliación, así como también los 10 miembros no permanentes que se eligen por la Asamblea General por un período de dos años, según la siguiente distribución: i) cinco miembros de África y Asia; ii) un miembro de Europa oriental; iii) dos miembros de América Latina, y iv) dos miembros de Europa occidental.

Es muy poco probable que la reforma necesaria del Consejo de Seguridad se lleve a cabo mientras no se superen las diversas crisis geopolíticas del presente. Es por eso que el G20, autoconvocado a fines de 1999 para tratar temas monetarios y financieros, ha incorporado cada vez más asuntos políticos, estratégicos y ambientales en sus deliberaciones anuales. Cada país ejerce la presidencia del Grupo20 durante un año y le está permitido priorizar sus intereses en la agenda de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, así como invitar a países que considere conveniente.

Es posible afirmar que en el G20 se abordan las cuestiones más relevantes de la coyuntura global puesto que además de las 20 representaciones estatales a las reuniones asisten organizaciones internacionales y regionales en calidad de entidades de asesoramiento.

No es de extrañar por lo tanto que también desde esta perspectiva se debilite aún más el sistema multilateral de las Naciones Unidas, contribuyendo además al debilitamiento y frustración de los países que no están en el G20.

Mientras dure la transición del orden internacional, la región latinoamericana podría establecer algunos acuerdos pragmáticos a fin de que Argentina, Brasil y México lleven a cabo consultas sistemáticas con el resto de los países latinoamericanos y caribeños con miras a incorporarlos en sus participaciones en reuniones del G20 y otras equivalentes.

A pesar de todas las diferencias que caracterizan por de pronto a la región latinoamericana y caribeña es posible identificar una plataforma común de intereses compartidos, que podrían organizarse y priorizarse paulatinamente mediante un ejercicio de consultas horizontales pertinentes.

Horst Grebe es economista.