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Saturday 25 May 2024 | Actualizado a 14:48 PM

Bolivia y el lado correcto de la historia

La agresividad inhumana y los falsos argumentos ya no son sostenibles para justificar esta masacre

Héctor Arce Zaconeta

/ 5 de marzo de 2024 / 07:00

El pueblo palestino, a la luz de la razón, la verdad y los hechos, vive una situación humanitaria de proporciones bíblicas y todos los esfuerzos que se han hecho desde las Naciones Unidas han sido insuficientes para otorgarle la paz definitiva y el derecho a la autodeterminación a dicho pueblo, que desde finales del siglo XIX, año tras año, ha sido desplazado de su territorio originario por intereses coloniales.

Bolivia, como Estado pacifista por Constitución, rechaza la pérdida de vidas humanas en cualquier parte del mundo y el sufrimiento de los pueblos sin importar su nacionalidad, en ese entendido para nuestro país las vidas de los palestinos tienen el mismo valor que la vida de todos los ciudadanos del mundo. Esta situación ha sido posesionada desde un inicio por el propio presidente constitucional Luis Arce Catacora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra misión en la Organización de las Naciones Unidas y recientemente ha sido planteada en el seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.

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En los últimos meses hemos observado el ataque desmedido y el genocidio de civiles palestinos en la Franja de Gaza. De acuerdo con los datos oficiales de Naciones Unidas, a la fecha cerca de 30.000 personas han perdido la vida, más de 70.000 se encuentran heridas y de estas cifras, lamentablemente, la mayoría son mujeres, niñas y niños. Más de 17.000 menores han sido separados de sus padres. Niños y niñas inocentes que no llegan a comprender ni siquiera lo que está pasando, mientras el mundo occidental parece mirar para otro lado.

A más de ello, Israel, como potencia ocupante, ha decidido aplicar un castigo colectivo a los palestinos en Gaza, a quienes no reconoce su existencia, destruye sus viviendas, escuelas, hospitales y los priva de sus derechos más básicos, dejando a la población sin alimentos, sin combustible, sin electricidad, sin tratamientos médicos y lo que es peor, sin agua. Según los últimos datos de Naciones Unidas, el 70% de la infraestructura civil ha sido destruida en Gaza, el 84% de la infraestructura sanitaria, es decir, casi la totalidad de sus hospitales también han sido destruidos.

La agresividad inhumana y los falsos argumentos ya no son sostenibles para justificar esta masacre, no es posible que, aduciendo el derecho a la defensa, se quite la vida de niñas y niños inocentes que no importan ningún peligro para nadie. No es posible ni compatible con la ética, la dignidad y la moral humana que el mundo siga mirando con indiferencia a seres humanos inocentes e indefensos debajo los escombros y arrastrándose entre la devastación, producto de las bombas y las armas genocidas.

Bolivia, respetuosa del Derecho Internacional y los más elementales Derechos Humanos, se ha puesto del lado correcto de la historia. El pueblo y el Gobierno bolivianos han tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel el pasado 31 de octubre y adicionalmente, el 17 de noviembre, el país se ha unido a Sudáfrica, Bangladés y otros países para presentar ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional una solicitud para indagar la situación de genocidio en el Estado de Palestina. También apoyamos públicamente la demanda de Sudáfrica contra Israel presentada el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia, junto con otros países que no quedaron inertes ante lo que está pasando.

La evolución del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la evolución de la propia humanidad en su conjunto no pueden permitir en pleno siglo XXI que esta situación continúe, se necesitan medidas urgentes y efectivas hoy más que nunca en defensa de la vida, la dignidad y la libertad, quizá los tres derechos y valores más importantes que hacen a la condición y la naturaleza humana.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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México, Ecuador y la CIJ

Mas allá de lo que parezca, este tema no es estrictamente bilateral entre Ecuador y México

Héctor Arce Zaconeta

/ 17 de abril de 2024 / 11:00

En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito, policías fuertemente armados y encapuchados sin ninguna orden, ni facultad legal, ni aviso previo, actuando mediante la fuerza, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al exvicepresidente del Ecuador Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos.

Consulte: Bolivia y el lado correcto de la historia

Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue una decisión del presidente Daniel Noboa.

Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en América Latina en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales se había cometido jamás un atropello de esta magnitud, violentando el derecho de asilo, que es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los Derechos Humanos en el último siglo.

Mas allá de lo que parezca, este tema no estrictamente bilateral entre Ecuador y México, sino un tema de interés de todo el hemisferio, y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del continente se hayan pronunciado a las horas de haber ocurrido los acontecimientos; Lo demuestra el hecho que incluso una institución fuertemente conservadora como la OEA haya aprobado por aplastante mayoría una histórica resolución de condena propuesta por Bolivia y Colombia. Y es que de normalizarse este tipo de hechos, una de las bases inamovibles y sagradas del derecho internacional, cual era la absoluta inviolabilidad de las sedes diplomáticas, simplemente desaparecería generando grave daño a lo avanzado hasta ahora por el derecho internacional. 

Empero, la gravedad del hecho no termina ahí, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos dentro de los cuales Ecuador habría actuado en represalia contra México, después de que, molesto por la declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Noboa declaró persona non grata a la Embajadora de México en Ecuador, y ante la concesión de asilo diplomático por parte de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave porque estaríamos ante una situación de revancha anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. 

El caso ha sido presentado con gran solvencia por parte de México ante la Corte Internacional de Justicia, el más grande tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversias por la vía pacífica, que ahora tiene la inmensa responsabilidad de defender nada más y nada menos que el derecho internacional, lo que el autor español Antonio Truyol y Serra describió como: ”Un inmenso edificio construido sobre el respeto mutuo entre naciones soberanas y acuerdos internacionales establecidos a lo largo del tiempo”.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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CIDH, cohesión social y justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que durante los últimos tres años se ha incrementado el uso de la prisioìn en la región.

El colectivo de periodistas que no reconoce la representación de las asociaciones

Por Héctor Arce Zaconeta

/ 14 de abril de 2024 / 06:33

Dibujo Libre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado EL Informe País, sobre la visita In Locu, que realizara a Bolivia del 27 al 31 de marzo del año 2023, dicho informe denominado no sin razón “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”. Dicho informe de 224 páginas, hace un amplio reconocimiento a todo lo que Bolivia ha avanzado en materia de Derechos Humanos, desde la última visita de la comisión que fue en el año 2006, pero también hace observaciones que bien entendidas deben marcar una agenda para la consolidación de una cultura de prevalencia de los Derechos Humanos que debe implementarse inequívocamente y prontamente por el Estado y la sociedad en su conjunto.

La CIDH, advierte un clima de extrema polarización política en el país, la cual es evidente porque aún habiendo transcurrido casi veinte años de vigencia del Proceso de Cambio, que trajo la inclusión y la igualdad, como ellos mismos lo dicen, aun los sectores conservadores destilan odio, resentimiento y encondo contra los Pueblos Indígenas y los sectores más humildes de nuestra nacionalidad. Quizá la muestra más evidente del poder destructivo de esta actitud constante, se dio en el quiebre constitucional del 2019, donde 38 personas perdieron la vida y otras tantas quedaron heridas y afectadas de por vida. En esa lógica sería bueno pensar en que de una vez por todas, algunos sectores retrogradas de nuestra sociedad entiendan que la realidad social de nuestro pueblo ha cambiado definitivamente y también desde todos los frentes se eliminen los mensajes y discursos de odio y resentimiento para construir una cultura de paz, quizá este mensaje es el aporte más importante de este documento internacional.

El segundo tema que vale la pena destacar esta referido a la Administración de Justicia el cual en criterio de la Comisión enfrenta desafíos estructurales históricos que afectan la independencia judicial. La elección popular de los magistrados de las altas cortes fue una de las mayores innovaciones de la nueva constitución y una manera de democratizar la constitución del Órgano Judicial. Sin embargo la CIDH advierte que las elecciones judiciales han generado preocupaciones y rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluso desde el primer proceso electoral, en ese orden de cosas reitera que un proceso adecuado de nombramiento y selección de magistrados, constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación, y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso. Para ello la CIDH aboga por un proceso de selección exclusivamente en base al mérito y las capacidades profesionales para cumplir así los estándares interamericanos. A más de ello la Comisión consiente de las deficiencias que ha mostrado este sistema de elección en las dos experiencias pasadas llama al Estado a revisar los procesos de nombramiento de altas autoridades de las cortes y el Consejo de la Magistratura, con el fin de determinar, dentro del marco del ordenamiento constitucional, cualquier reforma necesaria para garantizar la elección con base en parámetros objetivos.

También puede leer: CIDH emitió ocho sentencias contra el país desde que comenzó a ser demandado

Un tercer tema a destacar es el tema carcelario. En criterio de la CIDH durante los últimos tres años, se ha presentado un sostenido incremento en el uso de la prisión. En específico, a abril de 2020, la población penitenciaria era de 18.260 personas; a diciembre de 2021, era de 18.703 personas; y, a diciembre de 2022, era de 24.824 personas. Al 27 de marzo de 2023, había un total de 27.393 personas privadas de libertad. Dichos números indican que, desde abril de 2020 hasta marzo de 2023, la población carcelaria se ha visto incrementada en un 50%, tratándose en su mayoría de personas que se encuentran en detención preventiva. La Comisión observa que a pesar de que la prisión preventiva es regulada en la legislación como una medida excepcional, su aplicación se ha convertido en una práctica recurrente en el país. Se debe en consecuencia retomar el espíritu con la que fue concebida la Ley 1173 y el Censo Carcelario del año 2019 y sobre todo buscar los mecanismos legislativos, ejecutivos y administrativos para reducir la prisión preventiva, que de acuerdo a los datos que maneja la Comisión seria del 64% en la actualidad. La Comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración del derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Consecuentemente es bueno hacer notar que este informe contiene aportes fundamentales para mejorar nuestra cualidad democrática y la aplicación plena de los Derechos Humanos y no se refiere a políticos ni personas individuales, sino más bien a todo el colectivo de la sociedad boliviana, que en palabras de la CIDH, ha tenido significativos avances en materia de igualdad de género, derechos de los Pueblos Indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras la promulgación del nuevo texto constitucional y correspondientes políticas públicas basadas en los ejes de descolonización, despatriarcalización y garantía de los derechos.

 (*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

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La meritocracia como única solución

Está en manos de la Asamblea Legislativa hacer las cosas bien y dar la respuesta que la nación necesita

Héctor Arce Zaconeta

/ 20 de febrero de 2024 / 06:53

Finalmente se destrabó el tema de las elecciones judiciales, las cuales ojalá se den a la mayor brevedad posible, como incluso han recomendado los organismos internacionales en materia de derechos humanos e independencia judicial, empero, ahora la nación se enfrenta al reto de elegir a las nuevas máximas autoridades de una justicia tan venida a menos que prácticamente se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Como publicamos hace ya varios años en un texto sobre el diagnóstico y lo que necesita la Justicia boliviana, de los muchos males que tiene ésta y que los arrastra desde la fundación misma de la república: deshumanización, retardación, corrupción, falta de una normatividad propia extraída de nuestra propia realidad; el peor de todos sin duda es la falta de capacidad, ética y formación de los administradores de justicia, situación que se ha profundizado a gran escala en los últimos años en todos los niveles de la Justicia.  

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La administración de todo el Estado en general, y la administración de justicia en particular, debe estar en manos de personas idóneas y en lo posible de profesionales ampliamente calificados en las diferentes áreas del quehacer público. De esta manera se honra verdaderamente a nuestro pueblo, que al igual que nosotros los ciudadanos, tenemos el derecho a buscar y contar con el mejor profesional de la salud cuando nos enfermamos, por ejemplo, la salud del Estado también tiene el mismo derecho a ser asistida y gobernada por lo mejores hombres y mujeres.

Esta cualidad de conocer a profundidad la materia en la cual se ha de trabajar, de haberse especializado y haber construido experiencia sana en la misma, a la que debemos sumarle la idoneidad personal y una conducta intachable, es lo que se conoce como “mérito” y la acción de tomar decisiones valorando esta situación: “meritocracia”.

Ahora bien, basándonos en la única experiencia exitosa dentro del quehacer de la Justicia boliviana que aplicó íntegramente la meritocracia, cual fue el caso de transformación del sistema notarial boliviano a partir de concederle en los hechos al Sistema de la Universidad Boliviana la facultad de calificar los méritos de los aspirantes, y basándonos en el hecho de haber logrado la elección de más de un millar de notarios en las áreas urbana y rural del país, íntegramente por su capacidad profesional, con la autoridad moral incontrastable que nos dio esta conquista reconocida internacionalmente, creemos que en la actual coyuntura no solo se  justifica sino se hace imprescindible que la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un gesto que la enaltezca y le devuelva su menguada credibilidad ante el pueblo, trabaje lealmente con la Universidad Boliviana, no colocándola como un adorno más para justificar alguna imagen de imparcialidad, sino dándole íntegramente y en los hechos la prerrogativa de calificar objetivamente a los postulantes, tal y como se lo hiciera con los miles de postulantes a notarias y notarios en 2018 y 2019. Obviamente prescindiendo de toda entrevista o examen oral, o cualquier otra forma abierta a la subjetividad y manipulación en favor de amistades y, peor aún, por otros fines obscuros mezquinos y prebendales.  

La Universidad Boliviana, y particularmente la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, ha realizado una propuesta integral basada en una investigación encargada a meritorios docentes universitarios y, a más de ello, la Sectorial de Facultades de Derecho que abarca toda el área jurídica de las universidades del sistema, reunida del 22 al 24 de noviembre del año pasado, ha mostrado su disposición a formar parte, en serio, del proceso de selección de autoridades. Está pues en manos de la Asamblea Legislativa hacer las cosas bien y dar la respuesta que la nación necesita. La historia juzgará si esta Asamblea estuvo o no a la altura del momento histórico que atraviesa nuestra justicia, sumida como nunca antes en el fondo más oscuro de un pozo, del cual solo saldrá de la mano de hombres y mujeres probas que no le deban su cargo a un partido político como fue en el pasado y que no le deban su cargo a alguna organización social o poder corporativo, como ocurre con muchas de las actuales autoridades en todos los niveles de la Justicia. Que le deban su cargo a su esfuerzo y sacrificio dentro de la ciencia del Derecho.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

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La alarife de un gobierno totalitario

Quizá la autora no se da cuenta que ya no tiene a un Arturo Murillo a la mano para pedirle que amenace

Héctor Arce Zaconeta

/ 9 de enero de 2024 / 10:20

Bajo el titulo La CIDH y la tutela de los DDHH en Bolivia, la señora Karen Longaric publicó un artículo recientemente criticando duramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando al extremo de llamarla “obsecuente” con el Gobierno boliviano y calificar de “inicuo” su accionar. Empero, su exabrupto no termina allí, llegó incluso a decir que la CIDH está “integrada por personeros comprometidos con el Grupo de Puebla” y cuestionarse: “¿Ante qué instancia judicial deberían ser procesados aquellos personeros de la CIDH que actuaron negligentemente y toleraron las múltiples violaciones a los derechos humanos en Bolivia y otros países, donde la Comisión tuvo jurisdicción y competencia?”. Quizá la autora no se da cuenta que ya no tiene a un Arturo Murillo a la mano para pedirle que amenace, procese y encarcele a quienes no piensan como ella. O quizá piensa que dicho personaje hoy está preso en los Estados Unidos porque nuestro gobierno y el MAS también controlan la justicia del estado de La Florida y que ésta también es “obsecuente”, total si de hablar sin sentido para justificar lo injustificable se trata, puede nomás decir cualquier cosa. 

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Lo cierto y evidente es que Longaric, siendo supuestamente una académica respetada en el ámbito del Derecho Internacional boliviano, terminó siendo la alarife de un gobierno totalitario y fue la primera en rubricar con su puño y letra el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, cuyo articulo 3 reza: “El personal de las FF AA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad política estará exento de responsabilidad penal…” Fruto de este decreto, al día siguiente, el 15 de noviembre, murieron 10 personas en Sacaba y cuatro días más tarde, el 19 de noviembre, otras 11 en Senkata. Estas muertes fueron calificadas como ejecuciones sumarias por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), informe internacional labrado por grandes expertos e investigadores internacionales en ocho meses de trabajo, habiendo obtenido un inédito reconocimiento a nivel mundial. Por supuesto, para Longaric este informe fue “coludido con los gobiernos del MAS”.

La exautoridad de facto no solo permitió, sino que fue partícipe de una de las más graves violaciones al Derecho Internacional y a la Convención de Viena, hostigando, amenazando y maltratando a exautoridades que estábamos perseguidas injustamente y asiladas en la residencia de los Estados Unidos Mexicanos durante todo un año. Ella, sin justificativo o razón alguna, no solo negó la extensión de salvoconductos, situación que no cometieron ni las mas aterradoras dictaduras en Bolivia y en todo el mundo, incluyendo el régimen Nacional Socialista Alemán, sino que permitió graves violaciones a la inmunidad diplomática de los funcionarios mexicanos, situación que hasta el día de hoy es una gran vergüenza para nuestro país.

Como si eso fuera poco, la conducción de las relaciones diplomáticas de la nación boliviana también estuvo marcada por errores inimaginables para ser cometidos en tan corto tiempo de gobierno inconstitucional. Se denigró al país, al extremo de priorizar el relacionamiento político con países como Israel que hoy por hoy está cometiendo las más graves violaciones a los derechos humanos principalmente de mujeres y niños, sobre la necesidad de nuestro pueblo de acceder a instrumentos, insumos, medicamentos y vacunas para luchar contra la pandemia del COVID-19. Tuvo que ser nuestro gobierno, una vez restituida la democracia, el que priorice la salud y la justicia, tareas por las que aún se lucha hoy contra toda adversidad.

Quizá sería bueno aconsejarle a la señora Longaric que se informe mejor, para que así se entere del respeto que tiene la Comisión por las propuestas que ya hizo nuestra misión en nombre de nuestro Estado. Se entere que la CIDH realizó su primera visita in loco justamente a Bolivia, del 27 al 31 de marzo de 2022, y que en los próximos días se conocerá el informe de dicha visita, que de seguro también será descalificado por algunas personas desubicadas como ella, que pretenden negar lo innegable y ver lo que no existe, que pierden toda objetividad y solo celebran lo que a ellas les favorece, descalificando a la verdad aunque esté frente a ellas, inmensa como una montaña, parafraseando a Churchill. A estas personas sería bueno recordarles la frase de la Moral Kantiana: “Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto, el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia, la ley moral que está dentro de mí”.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

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Las certezas jurídicas sobre la amnistía

Héctor Arce Zaconeta

/ 3 de febrero de 2023 / 02:18

Hace algunos días, un cabildo en la ciudad de Santa Cruz planteó la realización de una amnistía para las personas procesadas por los hechos de 2019, y alternativamente han planteado la revocatoria de mandato del Presidente constitucional. Ante semejante planteamiento lo primero que se debe analizar es si el planteamiento de una amnistía es legal, constitucional y sobre todo convencional, entendiéndose por esto si está o no de acuerdo con los tratados y convenios internacionales que bajo el principio del pacta sunt servanda, el país está obligado a cumplir. Por ello, en base a las certezas dentro de las cuales nos movemos los juristas es necesario hacer las siguientes puntualizaciones.

En reiteradas oportunidades la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las disposiciones de cualquier naturaleza —legislativas, administrativas u otras—, que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, son incompatibles con las obligaciones en la materia. Por esto, han indicado que en el caso de que una persona acusada de un delito en este contexto solicite la aplicación de una ley de amnistía, el tribunal tiene la obligación de investigar y esclarecer la situación porque de conformidad con las obligaciones estatales no se pueden aplicar leyes o medidas de amnistía a graves violaciones del derecho a la vida y la integridad de las personas. En particular, la CIDH ha hecho hincapié en el deber de los Estados de investigar, juzgar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

En este orden de ideas, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas sentencias ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Concretamente a través de los casos denominados “Barrios Altos vs. Perú” y su sentencia de 14 de marzo de 2001; “La Cantuta vs. Perú”, sentencia de 29 de noviembre de 2006 y “Arrellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de septiembre del mismo año; la Corte Interamericana ha sentado una jurisprudencia firme y uniforme dando un salto cualitativo en el sentido de buscar superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no habían logrado transponer: la impunidad en los casos de masacres contra la población civil, con la consecuente erosión de la confianza de la gente en las instituciones públicas.

Este clamor universal también se atiende en el documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, que exhortó a los Estados a «derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos y sancionar esas violaciones”.De acuerdo con la doctrina y las sentencias, como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía un Estado puede ser responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de esta manera el contexto internacional aseguró que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y en su caso sus familiares, obtengan la acción tutelar y la garantía de la justicia.

Ahora bien, sin ir más allá, el mismo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-BOLIVIA, presentado al país en agosto de 2021, establece expresamente en su recomendación 10 lo siguiente: “Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”. Situación que obviamente coloca en el ámbito de la absoluta ilegalidad cualquier medida de amnistía sobre los hechos ocurridos en 2019, reitero, no solo por incumplir el orden internacional en materia de Derechos Humanos, que dicho sea de paso es de aplicación supraconstitucional por mandato de los artículos 13, 256 y 410 de la Constitución, sino que adicionalmente se estaría incumpliendo expresamente una recomendación específica expresada sobre el país, por un grupo internacional de altísimo nivel, formado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quizá el movimiento cívico debería asesorarse mínimamente, antes de plantear consultas y conclusiones al margen de la legalidad interna y externa del país y pensar mejor antes de plantear alternativas que en estas condiciones acaban siendo antidemocráticas, contrarias a la Institucionalidad Republicana y contrarias al mismo Estado de derecho.

Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA.

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