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Saturday 14 Dec 2024 | Actualizado a 05:57 AM

Bolivia y el lado correcto de la historia

La agresividad inhumana y los falsos argumentos ya no son sostenibles para justificar esta masacre

Héctor Arce Zaconeta

/ 5 de marzo de 2024 / 07:00

El pueblo palestino, a la luz de la razón, la verdad y los hechos, vive una situación humanitaria de proporciones bíblicas y todos los esfuerzos que se han hecho desde las Naciones Unidas han sido insuficientes para otorgarle la paz definitiva y el derecho a la autodeterminación a dicho pueblo, que desde finales del siglo XIX, año tras año, ha sido desplazado de su territorio originario por intereses coloniales.

Bolivia, como Estado pacifista por Constitución, rechaza la pérdida de vidas humanas en cualquier parte del mundo y el sufrimiento de los pueblos sin importar su nacionalidad, en ese entendido para nuestro país las vidas de los palestinos tienen el mismo valor que la vida de todos los ciudadanos del mundo. Esta situación ha sido posesionada desde un inicio por el propio presidente constitucional Luis Arce Catacora, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra misión en la Organización de las Naciones Unidas y recientemente ha sido planteada en el seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.

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En los últimos meses hemos observado el ataque desmedido y el genocidio de civiles palestinos en la Franja de Gaza. De acuerdo con los datos oficiales de Naciones Unidas, a la fecha cerca de 30.000 personas han perdido la vida, más de 70.000 se encuentran heridas y de estas cifras, lamentablemente, la mayoría son mujeres, niñas y niños. Más de 17.000 menores han sido separados de sus padres. Niños y niñas inocentes que no llegan a comprender ni siquiera lo que está pasando, mientras el mundo occidental parece mirar para otro lado.

A más de ello, Israel, como potencia ocupante, ha decidido aplicar un castigo colectivo a los palestinos en Gaza, a quienes no reconoce su existencia, destruye sus viviendas, escuelas, hospitales y los priva de sus derechos más básicos, dejando a la población sin alimentos, sin combustible, sin electricidad, sin tratamientos médicos y lo que es peor, sin agua. Según los últimos datos de Naciones Unidas, el 70% de la infraestructura civil ha sido destruida en Gaza, el 84% de la infraestructura sanitaria, es decir, casi la totalidad de sus hospitales también han sido destruidos.

La agresividad inhumana y los falsos argumentos ya no son sostenibles para justificar esta masacre, no es posible que, aduciendo el derecho a la defensa, se quite la vida de niñas y niños inocentes que no importan ningún peligro para nadie. No es posible ni compatible con la ética, la dignidad y la moral humana que el mundo siga mirando con indiferencia a seres humanos inocentes e indefensos debajo los escombros y arrastrándose entre la devastación, producto de las bombas y las armas genocidas.

Bolivia, respetuosa del Derecho Internacional y los más elementales Derechos Humanos, se ha puesto del lado correcto de la historia. El pueblo y el Gobierno bolivianos han tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel el pasado 31 de octubre y adicionalmente, el 17 de noviembre, el país se ha unido a Sudáfrica, Bangladés y otros países para presentar ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional una solicitud para indagar la situación de genocidio en el Estado de Palestina. También apoyamos públicamente la demanda de Sudáfrica contra Israel presentada el 29 de diciembre de 2023 ante la Corte Internacional de Justicia, junto con otros países que no quedaron inertes ante lo que está pasando.

La evolución del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la evolución de la propia humanidad en su conjunto no pueden permitir en pleno siglo XXI que esta situación continúe, se necesitan medidas urgentes y efectivas hoy más que nunca en defensa de la vida, la dignidad y la libertad, quizá los tres derechos y valores más importantes que hacen a la condición y la naturaleza humana.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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Los retos de la democracia, 42 años después

La democracia es uno de los mayores logros políticos, pero sus crisis recurrentes ponen en riesgo su esencia, vaciándola de contenido.

/ 12 de octubre de 2024 / 21:39

La democracia, concebida como el sistema de gobierno que institucionaliza la participación del pueblo en el ejercicio del poder público a través de la intercomunicación y el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, dentro de una justa estructura de distribución y redistribución económica, en palabras de Pablo Lucas Verdú, es quizá el mejor invento de la humanidad en materia política. Como diría Karl Loewenstein, es solo comparable con la invención de la imprenta o la máquina a vapor en otras ciencias. Sin embargo, como cualquier obra humana, también está llena de falencias y constantemente se encuentra en crisis. En algunos casos, estas crisis son tan grandes y graves que finalmente dejan solo las formas de democracia, vaciándolas de su contenido real y efectivo.

Bolivia es un país marcado por la inestabilidad política, que a lo largo de su historia ha sufrido 36 golpes de estado que han interrumpido violentamente su democracia, la mayoría de las veces con la pérdida de vidas humanas. El último periodo de dictaduras militares se dio entre 1964 y 1982, totalizando 18 años de interrupción democrática, con algunos oasis democráticos. Estas dictaduras fueron alentadas por intereses transnacionales y políticos mundiales, y se desarrollaron de manera simultánea en casi todos los países de la región.

Democracia

El 10 de octubre de 1982 es un día que quedó grabado en la historia nacional, ya que, después de varias vicisitudes, finalmente se instaló el Congreso elegido en 1980 y se eligió presidente a Hernán Siles Suazo, quien había llegado del exilio apenas dos días antes, en medio de la algarabía popular por el retorno de la democracia. Sin embargo, este sería solo el inicio de un largo camino, muchas veces marcado por el infortunio y la desazón del pueblo, que al pasar de los años no encontró en la democracia aquello que esperaba y buscaba, y por lo que había derramado lágrimas y sangre durante casi dos décadas. Las crisis económicas, la repartija del poder público entre mega coaliciones, el abuso de poder y la corrupción marcaron un largo y tedioso periodo neoliberal, que finalmente terminó el 18 de diciembre de 2005, cuando los indígenas llegaron al poder para construir un nuevo modelo de Estado y sociedad mediante un inédito proceso constituyente, que en definitiva cambió el destino de la nación.

Sin embargo, después de casi 20 años, es imposible negar que hay tareas pendientes para conservar y reconducir nuestra democracia, que fue abruptamente interrumpida en noviembre de 2019, con terribles consecuencias para muchos de nosotros, y que solamente gracias a la voluntad de nuestro pueblo pudo ser recuperada. En homenaje a este mismo pueblo, reflexionamos sobre tres puntos para mejorar nuestra cualidad democrática.

1.         Más diálogo y menos confrontación

Vivir en democracia no significa concentrar el poder en las mayorías; más bien, significa la tolerancia y la complementación con las minorías. Esto se logra a través del diálogo entre oficialismo y oposición, algo común en los sistemas parlamentarios e incluso en los sistemas presidencialistas avanzados. Concebir que en la política no hay enemigos, sino solo adversarios con quienes uno puede reunirse, conversar y llegar a consensos en bien del país, aun en los temas más difíciles, es una práctica saludable para mejorar la calidad de la democracia.

Qué excelente sería crear mecanismos parlamentarios o partidarios para dialogar y entendernos entre bolivianos, algo que funcionó muy bien en el pasado y que hoy en día no solo lo pide nuestro pueblo, sino que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos recomiendan expresamente al identificar la cohesión social como el mayor desafío de la democracia en Bolivia.

2.         Estado de derecho y reforma judicial

Entendiendo el Estado de Derecho como el sometimiento de gobernantes y gobernados al imperio de la Constitución y la ley, en un marco de absoluta igualdad, resulta fundamental que este principio se aplique sin exclusión alguna. Ciudadanos y políticos deben ceñir sus actos bajo el paraguas de la legalidad y ser igualmente responsables ante la ley por sus actos, sin ninguna excusa. Son los políticos quienes deben dar el mayor ejemplo de apego y cumplimiento de la ley.

Esta situación se complementa con un sistema judicial verdaderamente independiente e imparcial, que quizá es la gran tarea pendiente en toda nuestra vida republicana e institucional. Un sistema de justicia que vea a todos por igual y no incline la balanza para beneficiar o perjudicar a nadie, junto con una cultura de respeto y prevalencia de los derechos humanos, el debido proceso y el respeto a la libertad, es quizá la piedra angular de una democracia robusta y efectiva.

3.         Meritocracia, transparencia y democracia

La administración del Estado en todos sus niveles y ámbitos es una labor compleja, y su ejercicio debe estar reservado a personas que conozcan técnica y científicamente sus labores. Veinte años después de iniciado el proceso de cambio, cuando los hijos de nuestros hermanos indígenas ya han podido formarse y destacarse en universidades y centros de especialización, es digno que asuman responsabilidades por su conocimiento, junto a los mejores profesionales de nuestra nacionalidad. La meritocracia como forma de acceder a la función pública puede ser la aliada perfecta de la institucionalidad y la democracia.

Finalmente, ¿quién puede dudar de que la transparencia en la gestión pública es la mayor clave del éxito de la democracia como sistema de gobierno? La transparencia, entendida no solo como la muestra constante de procedimientos y resultados, sino también como la adopción de conductas implacables por parte de las autoridades, incluso en relación a su vida personal y familiar, es muchas veces necesaria para generar confianza entre el pueblo y su gobierno, y así mejorar y ampliar la democracia.

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Eduardo Pérez Iribarne y la paz

Héctor Arce Zaconeta

/ 4 de septiembre de 2024 / 08:49

Si algo lo identificó al Padre Eduardo Pérez Iribarne fue siempre su amor por las ciudades de La Paz y El Alto, como él siempre decía, “Yo soy como el Illimani, jamás me muevo de este lugar” y con esa devoción siempre decía que lo más lejos que llegaba era a El Alto. Pero no es solamente por su amor a nuestras ciudades que debemos recordarlo, sino por ser una persona profundamente comprometida con la búsqueda de la paz en nuestra sociedad, una sociedad profundamente enfrentada que necesita a gritos mayor cohesión y armonía social interna como lo ha observado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde las luchas por la recuperación de la Democracia en Bolivia, cuando Radio Fides fue tomada y destruida por paramilitares, Eduardo Pérez compartió siempre la visión social de Luis Espinal Camps, otro gran exponente jesuita de la Iglesia Católica en Bolivia, asesinado en los prolegómenos de uno de los golpes de Estado más cruentos y sangrientos que hayamos vivido. Más allá de su profunda vocación de servicio social y su profunda humanidad que lo llevó durante años a organizar exitosamente la campaña “por la sonrisa de un niño”, las iniciativas médicas extraordinarias  en La Paz y El Alto, las carreras de ciclismo a Copacabana y las grandes campañas de apoyo social llevadas adelante desde Radio Fides primero y Fides Televisión después, él tenía un rol político importante ya que como destacado comunicador con una lucidez pocas veces vista supo relacionarse a través de sus entrevistas y programas con los políticos más influyentes de varias etapas históricas de nuestra vida nacional reciente.

Con una incesante búsqueda de diálogo y reconciliación entre bolivianos, lo cual lo llevaba a una vehemente franqueza y valiente sinceridad, muchas veces se enfrentó duramente con los políticos, llegando alguno de ellos a negarle incluso su condición de Padre de la Iglesia Católica. En diferentes momentos importantes y de definición política su voz siempre fue escuchada y respetada. Cuánta falta nos hace ahora esa visión y ese poder de convocatoria por el diálogo que Eduardo tenía. Sin duda su visión de nuestra sociedad en sentido de tender siempre a la crisis y al enfrentamiento social que muchas veces nos ha llevado al borde de un abismo de tragedia, sin caer necesariamente en él, pero asumiendo todos sus daños colaterales. Hoy que comprobamos como una triste verdad la belicosidad en nuestro tejido social, que incluso como dijimos ha sido identificado por organismos internacionales que nos están advirtiendo de mayor conflictividad innecesaria en el futuro.

En lo personal, mi amistad con el Padre Pérez Iribarne fue trascendental para entender y ayudar a entender muchas características de la realidad política boliviana, su sinceridad para reconocer lo que estaba bien y apoyarlo y su honestidad para decirme las cosas que estaban mal y señalar las posibles soluciones fueron siempre una guía directa para mí y quien sabe indirecta para muchos de nuestros compañeros con quienes compartíamos el trabajo por la construcción de una Nación mejor para nuestros hijos, todos juntos con compañerismo y amistad sentados alrededor de una sola mesa de trabajo, una realidad muy distinta a la que se vive hoy en la cual nos encontramos enfrentados y desunidos como capaz nunca lo imaginamos podría pasar.

Empero, quizá por haber sido formado en el colegio San Calixto dentro de la Compañía de Jesús, lo que más me identificaba con Eduardo era el compartir nuestra fe católica. Crítico hacia los problemas de la Iglesia, ejercía las sabias enseñanzas ignacianas de honestidad, amor al prójimo y servicio a los demás. Recuerdo que siempre me felicitaba por jurar haciendo la señal de la cruz y nunca olvidaré que muchas entrevistas acabaron con una oración en la que él siempre se refería a nuestro Padre Celestial como “El Señor nuestro Dios”.

Quizá en estos momentos de nuestra vida nacional, la mejor manera de honrar su memoria, de despojarnos de los intereses parciales, mezquinos y sectarios y como bolivianos, más allá de nuestras diferencias, es unirnos todos ante la adversidad.

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65 años de la CIDH

La Quinta Reunión Americana de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, reunida en 1959 en Santiago de Chile, decidió crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El embajador ante la ONU, Héctor Arce Zaconeta.

Por Héctor Arce Zaconeta

/ 14 de julio de 2024 / 06:45

Dibujo Libre

Los Estados Americanos se organizaron en 1948, en la IX Conferencia Americana de Bogotá Colombia y desde su creación, pese a los desatinos políticos de la Organización de los Estados Americanos, han adoptado una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base normativa de un sistema regional de promoción y protección de los Derechos Humanos, al reconocer estos derechos, establecer obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crear órganos destinados a velar por su observancia. Este sistema se inicióì formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en dicha conferencia que proclama los «derechos fundamentales de la persona humana» como uno de los principios fundamentales de las sociedades americanas.

La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de Derechos Humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después de su adopción, recién la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que «los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana», situación recogida por la declaración universal. Por lo tanto, los Estados reconocen que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado.

La Quinta Reunión Americana de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, reunida en 1959 en Santiago de Chile decidió crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se compondría de siete miembros, elegidos a título personal de nóminas presentadas por los gobiernos, encargada de promover el respeto de tales derechos. En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ la situación de Derechos Humanos. La comisión había nacido, aun desprovista de instrumentos normativos que le darán en el paso de los años y las décadas siguientes, su destino que ahora celebra 65 años, destino indiscutiblemente marcado por muchos aciertos, lo que la hace quizá la única “Joya de la Corona” del Sistema Interamericano de Integración.

Diez años después en noviembre de 1969, se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que entraría en vigencia otros casi diez años después, en julio de 1978. A ella le seguirían más de una decena de instrumentos internacionales de protección especifica de Derechos Humanos que se convierten en el bloque internacional más importante y completo del mundo en materia de Derechos Humanos.

En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su segunda parte, establece los medios de protección: la CIDH y la Corte IDH, a los que declara órganos competentes «para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención».

Bolivia, país fundador de la Organización de los Estados Americanos desde 1948, ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1993, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, pero la presencia boliviana no va tener relevancia durante el periodo neo liberal. Es recién a partir del histórico Proceso de Cambio que vivió Bolivia que nuestro peso y nuestra presencia va ser gravitante. Después de varios acercamientos la CIDH por primera vez va sesionar en Bolivia en febrero de 2019 y cuando se dio el quiebre constitucional en noviembre de ese año, la presencia del Secretario Ejecutivo Paolo Abrao en el país los días posteriores al golpe, fue decisiva para atenuar en algo la ola violaciones a los Derechos Humanos que dicho evento trajo al país.

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El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI BOLIVIA, llevado adelante ni bien se recuperó la democracia en noviembre de 2020, fue determinante para la busca de la memoria, la verdad y la justicia. La CIDH, realizó su primera visita in situ después de la pandemia justamente a Bolivia en marzo de 2023, fue la única entidad internacional en decidirse a acompañar el accidentado proceso electoral judicial en el país y finalmente por un expreso comunicado de prensa publicado el miércoles 3 de julio, nuevamente se puso a la vanguardia de la democracia en Bolivia al condenar el golpe de estado fallido del 26 de junio.

Quizá sea bueno saludar estos 65 años de vida de la Comisión Interamericana en Bolivia, escuchando el llamado a mayor dialogo y cohesión social en el país que hizo la CIDH en su informe que será presentado oficialmente en agosto próximo. Quizá los bolivianos debamos enfrentarnos menos y entendernos más como hermanos, dentro de una cultura de respeto a los Derechos Humanos.

(*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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México, Ecuador y la CIJ

Mas allá de lo que parezca, este tema no es estrictamente bilateral entre Ecuador y México

Héctor Arce Zaconeta

/ 17 de abril de 2024 / 11:00

En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito, policías fuertemente armados y encapuchados sin ninguna orden, ni facultad legal, ni aviso previo, actuando mediante la fuerza, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al exvicepresidente del Ecuador Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos.

Consulte: Bolivia y el lado correcto de la historia

Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los Derechos Humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue una decisión del presidente Daniel Noboa.

Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en América Latina en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales se había cometido jamás un atropello de esta magnitud, violentando el derecho de asilo, que es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los Derechos Humanos en el último siglo.

Mas allá de lo que parezca, este tema no estrictamente bilateral entre Ecuador y México, sino un tema de interés de todo el hemisferio, y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del continente se hayan pronunciado a las horas de haber ocurrido los acontecimientos; Lo demuestra el hecho que incluso una institución fuertemente conservadora como la OEA haya aprobado por aplastante mayoría una histórica resolución de condena propuesta por Bolivia y Colombia. Y es que de normalizarse este tipo de hechos, una de las bases inamovibles y sagradas del derecho internacional, cual era la absoluta inviolabilidad de las sedes diplomáticas, simplemente desaparecería generando grave daño a lo avanzado hasta ahora por el derecho internacional. 

Empero, la gravedad del hecho no termina ahí, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos dentro de los cuales Ecuador habría actuado en represalia contra México, después de que, molesto por la declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Noboa declaró persona non grata a la Embajadora de México en Ecuador, y ante la concesión de asilo diplomático por parte de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave porque estaríamos ante una situación de revancha anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. 

El caso ha sido presentado con gran solvencia por parte de México ante la Corte Internacional de Justicia, el más grande tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversias por la vía pacífica, que ahora tiene la inmensa responsabilidad de defender nada más y nada menos que el derecho internacional, lo que el autor español Antonio Truyol y Serra describió como: ”Un inmenso edificio construido sobre el respeto mutuo entre naciones soberanas y acuerdos internacionales establecidos a lo largo del tiempo”.

(*) Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia ante la OEA

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CIDH, cohesión social y justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que durante los últimos tres años se ha incrementado el uso de la prisioìn en la región.

El colectivo de periodistas que no reconoce la representación de las asociaciones

Por Héctor Arce Zaconeta

/ 14 de abril de 2024 / 06:33

Dibujo Libre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado EL Informe País, sobre la visita In Locu, que realizara a Bolivia del 27 al 31 de marzo del año 2023, dicho informe denominado no sin razón “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”. Dicho informe de 224 páginas, hace un amplio reconocimiento a todo lo que Bolivia ha avanzado en materia de Derechos Humanos, desde la última visita de la comisión que fue en el año 2006, pero también hace observaciones que bien entendidas deben marcar una agenda para la consolidación de una cultura de prevalencia de los Derechos Humanos que debe implementarse inequívocamente y prontamente por el Estado y la sociedad en su conjunto.

La CIDH, advierte un clima de extrema polarización política en el país, la cual es evidente porque aún habiendo transcurrido casi veinte años de vigencia del Proceso de Cambio, que trajo la inclusión y la igualdad, como ellos mismos lo dicen, aun los sectores conservadores destilan odio, resentimiento y encondo contra los Pueblos Indígenas y los sectores más humildes de nuestra nacionalidad. Quizá la muestra más evidente del poder destructivo de esta actitud constante, se dio en el quiebre constitucional del 2019, donde 38 personas perdieron la vida y otras tantas quedaron heridas y afectadas de por vida. En esa lógica sería bueno pensar en que de una vez por todas, algunos sectores retrogradas de nuestra sociedad entiendan que la realidad social de nuestro pueblo ha cambiado definitivamente y también desde todos los frentes se eliminen los mensajes y discursos de odio y resentimiento para construir una cultura de paz, quizá este mensaje es el aporte más importante de este documento internacional.

El segundo tema que vale la pena destacar esta referido a la Administración de Justicia el cual en criterio de la Comisión enfrenta desafíos estructurales históricos que afectan la independencia judicial. La elección popular de los magistrados de las altas cortes fue una de las mayores innovaciones de la nueva constitución y una manera de democratizar la constitución del Órgano Judicial. Sin embargo la CIDH advierte que las elecciones judiciales han generado preocupaciones y rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluso desde el primer proceso electoral, en ese orden de cosas reitera que un proceso adecuado de nombramiento y selección de magistrados, constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia. Los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación, y transparencia, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso. Para ello la CIDH aboga por un proceso de selección exclusivamente en base al mérito y las capacidades profesionales para cumplir así los estándares interamericanos. A más de ello la Comisión consiente de las deficiencias que ha mostrado este sistema de elección en las dos experiencias pasadas llama al Estado a revisar los procesos de nombramiento de altas autoridades de las cortes y el Consejo de la Magistratura, con el fin de determinar, dentro del marco del ordenamiento constitucional, cualquier reforma necesaria para garantizar la elección con base en parámetros objetivos.

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Un tercer tema a destacar es el tema carcelario. En criterio de la CIDH durante los últimos tres años, se ha presentado un sostenido incremento en el uso de la prisión. En específico, a abril de 2020, la población penitenciaria era de 18.260 personas; a diciembre de 2021, era de 18.703 personas; y, a diciembre de 2022, era de 24.824 personas. Al 27 de marzo de 2023, había un total de 27.393 personas privadas de libertad. Dichos números indican que, desde abril de 2020 hasta marzo de 2023, la población carcelaria se ha visto incrementada en un 50%, tratándose en su mayoría de personas que se encuentran en detención preventiva. La Comisión observa que a pesar de que la prisión preventiva es regulada en la legislación como una medida excepcional, su aplicación se ha convertido en una práctica recurrente en el país. Se debe en consecuencia retomar el espíritu con la que fue concebida la Ley 1173 y el Censo Carcelario del año 2019 y sobre todo buscar los mecanismos legislativos, ejecutivos y administrativos para reducir la prisión preventiva, que de acuerdo a los datos que maneja la Comisión seria del 64% en la actualidad. La Comisión recuerda que la aplicación de la prisión preventiva debe partir de la consideración del derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Consecuentemente es bueno hacer notar que este informe contiene aportes fundamentales para mejorar nuestra cualidad democrática y la aplicación plena de los Derechos Humanos y no se refiere a políticos ni personas individuales, sino más bien a todo el colectivo de la sociedad boliviana, que en palabras de la CIDH, ha tenido significativos avances en materia de igualdad de género, derechos de los Pueblos Indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras la promulgación del nuevo texto constitucional y correspondientes políticas públicas basadas en los ejes de descolonización, despatriarcalización y garantía de los derechos.

 (*)Héctor Arce Zaconeta es embajador de Bolivia en la OEA

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