El abogado de Tóasó y Tadic apela ante la CIDH
Johnny Prado espera que esa organización inicie un proceso contra el Estado boliviano
La defensa de Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóasó (húngaro), detenidos en la cárcel de San Pedro desde abril del 2009 por el supuesto delito de terrorismo, denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la manipulación política en este proceso y la violación de sus derechos fundamentales.
Johnny Prado, abogado de los dos ciudadanos extranjeros involucrados con el grupo de Eduardo Rózsa Flores, explicó que, en la petición presentada ante la CIDH, se denunció la violación a las leyes bolivianas, toda vez que en abril próximo se cumplirá dos años de detención en la cárcel de San Pedro, sin sentencia ejecutoriada.
«Ya tenemos una petición internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la violación de los derechos de mis defendidos, que hemos presentado para que formalmente se inicie un proceso en contra del Estado boliviano», dijo.
Explicó que presentó la cesación de la detención apelando a la norma procesal boliviana que dispone: «Después de 18 meses, una persona sin acusación tiene el beneficio de cambiar su situación a otra medida más favorable»; pero que lamentablemente no prosperó, por lo que espera el juicio oral para desvirtuar las acusaciones en contra de sus clientes (Tóasó y Tadic) y buscar que sean absueltos.
Consultado sobre las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, El Viejo, afirmó que es uno de los 39 acusados por el Ministerio Público en el proceso denominado terrorismo, por lo tanto «debe ser detenido y tratado como todos los demás involucrados».
Añadió que el Ministerio Público y la parte acusadora (Ministerio de Gobierno) están obligados a tramitar la rebeldía o mandamiento de aprehensión. «Este señor ha perdido credibilidad, es un acusado más; no se ha sometido a la justicia», aseveró.
Soza negó torturas a ‘El Viejo’
«Nunca hubo ninguna tortura, absolutamente nada. ¿Por qué no lo denunció oportunamente? No lo hizo. Ahora recién, lamentablemente, recién lo hace», dijo el fiscal Soza sobre la denuncia de Villa Vargas, quien indicó que fue torturado para declarar. «Lo ha debido torturar el fiscal, eso es lo que están manejando», añadió.
Dicen que ‘El Viejo’ no es esencial en el caso
Personeros del Ejecutivo minimizaron ayer la reaparición de Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, en Santa Cruz y aseguraron que éste es un actor menor en el caso terrorismo. La Fiscalía, al principio de la investigación, lo calificó como un testigo fundamental.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó que Villa Vargas «nunca» fue un testigo clave en el caso terrorismo y minimizó su participación en el proceso.
«El decir que él (El Viejo) es un testigo clave, es darle demasiada importancia a esta persona en un caso que tiene decenas de testigos imputados, acusados y prófugos. (Ignacio) Villa Vargas es uno de los actores menores de este caso, estamos buscando a muchos de los prófugos en Estados Unidos y Brasil», aseveró Llorenti.
De igual forma, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, señaló que Villa Vargas «no es el todo de la investigación». «Ignacio Villa Vargas es un detalle más en todo el proceso. Hay gente que se esfuerza por mostrar el árbol y no el bosque», aseveró.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, ratificó la posición de Canelas y de su colega Llorenti. «Ignacio Villa (Vargas) no es más que un acusado en el proceso de terrorismo. Debe comparecer ante la justicia y se descarta que sea un testigo clave del caso».
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y ex miembro de la comisión legislativa que investigó el caso terrorismo, César Navarro, dijo que las opiniones de El Viejo «no son creíbles», motivo por el que justamente no fueron tomadas en cuenta como un elemento conclusivo en el informe que elaboró la citada comisión.
Al inicio de la investigación, en mayo del 2009, el fiscal del caso, Marcelo Soza, dijo que El Viejo «coopera en secreto» en el proceso y que es un «testigo importante», por lo que se le otorgó resguardo policial en La Paz. El implicado en el caso, Juan Carlos Gueder, acusó en mayo del 2009 a El Viejo de ser «el soplón» en este caso.
Defensa de Núñez y Alí no cambiará estrategia
Los abogados Andrés Zúñiga y Héctor Castellón, encargados de la defensa de Carlos Núñez del Prado y Edson Alí Espinoza, investigados por su presunta participación en el video que muestra a Ignacio Villa Vargas recibiendo dinero, informaron que la aparición de nuevos videos no puede generar efectos contrarios a la estrategia definida por la defensa.
En el video, Núñez del Prado es supuestamente quien entrega los $us 31.500 a Villa Vargas, mientras que Alí Espinoza aparecería dos veces en la grabación tomando fotos dentro del vehículo. Sin embargo, los abogados de los presuntos involucrados restaron credibilidad a la cinta, aun cuando El Viejo confirmó que recibió el dinero, aunque luego se lo quitaron.
«Lo que el señor Ignacio Villa Vargas tenga que decir tiene que ser ante un medio investigativo. Lo que hay son apreciaciones conjeturales, no existe una situación que pueda dar credibilidad a esta situación», señaló Castellón.
Por su parte, Zúñiga, al referirse a las nuevas declaraciones de Villa Vargas, indicó que no van a incurrir en un error al dar credibilidad o no a «prueba ilegalmente obtenida». «Lo que se escuchó ayer (3 de febrero, de parte de Villa Vargas) debe ser trasladado a una declaración ante la autoridad fiscal. A partir de ahí, nosotros tendremos una posición legal, siempre y cuando se advierta que ese señor habría asistido al Ministerio Público a prestar una declaración informativa sobre ese hecho».
En ese marco, adelantó que sus clientes no esperarán a que concluyan las posibles declaraciones que vaya a emitir Villa Vargas. De hecho, aseguró que ya se pidió a la Fiscalía, de manera espontánea, día y hora para que Núñez del Prado y Alí Espinoza presten su declaración informativa.
Además indicaron que, como defensa, consideran que «una prueba lograda fuera de un escenario procesal, que signifique una violación a derechos y garantías constitucionales, no puede ser aceptada por un órgano jurisdiccional, en toda Latinoamérica».
