El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las organizaciones políticas, a los presidentes de las cámaras de Diputados y del Senado, y a un representante del Órgano Ejecutivo para participar en la cumbre del 3 de julio, con las primarias, la delimitación de escaños y de circunscripciones, el padrón biométrico y las judiciales, en agenda.

“Tiene como objetivo principal dialogar en torno al ciclo electoral con miras a las elecciones generales 2025. (Estas) deben ser técnicamente impecables, confiables, transparentes y con respeto a los principios democráticos. Queremos invitar a los representantes de los 11 partidos políticos… a las dos alianzas que tienen presencia en la Asamblea, a los presidentes de las cámaras de Diputados y del Senado y a un representante del Órgano Ejecutivo a que el día miércoles 3 de julio dialoguemos sobre una serie de temas que son cruciales para garantizar las elecciones generales del año 2025”, dijo el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.

La autoridad señaló que estos temas tienen que ver con la pertinencia de la realización de las primarias, programadas para esta gestión. “En este caso tendremos que analizar y dialogar con los representantes de los partidos políticos y la pertinencia de la realización de este proceso electoral en la gestión 2024”.

La embajadora de Paraguay en Bolivia, Terumi Matsuo, confirmó que el caso de asilo en Paraguay del exministro de Defensa Luis Fernando López se encuentra en el Consejo Nacional del Refugiado (Conare). Todavía se analiza su caso, es decir, si corresponde o no en función de si cometió o no delitos.

“Él no está en condiciones de asilado (…), se está estudiando todo para realmente analizar si corresponde el asilo o si es delito común”, dijo la diplomática en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Explicó que, si su país corrobora que López cometió un delito común, “por supuesto que nosotros no podemos darle el asilo”.

El ministro de la expresidenta Jeanine Áñez huyó del país en 2020 y está imputado por su supuesta participación en la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las investigaciones, el entonces titular de Gobierno, Arturo Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio estaba “cocinado” con anterioridad, en noviembre de 2019.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones; según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

López salió de Bolivia y se refugió en Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al gobierno. A mediados de 2023 se trasladó hacia Paraguay, desde donde el Estado boliviano pretendía extraditarlo.

Sin embargo, después de un procedimiento de la Cancillería, el gobierno de Paraguay informó a Bolivia que el proceso de extradición del exministro López fue suspendido.

“Paraguay (está) respetando el asilo, (el caso) está en el ámbito del Conare”, acotó.

El caso incluye al exministro Murillo, que ya recibió una sentencia en Estados Unidos, pero por delitos relativos a ese país: soborno y lavado de dinero.

Un tribunal de ese país dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42.

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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila afirmó que, una vez concluido el plazo para para que las organizaciones políticas renueven las directivas, la Sala Plena tomará decisiones respecto de la situación del Movimiento Al Socialismo (MAS), “con el único objetivo de que se cumpla la ley”.

“El TSE, llegado el momento tomará determinaciones con el único objetivo que se cumpla la ley (de actualización de directivas)”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El 8 de mayo, mediante una resolución, el TSE amplió, por quinta vez, y por 120 días, el plazo para que las organizaciones políticas puedan renovar sus directivas, militancia y adecuar sus estatutos.

Esta ampliación también incluye a los partidos o agrupaciones de alcance departamental, regional y municipal cuyas directivas superaron el periodo de su mandato, bajo la supervisión del Órgano Electoral.

El MAS, la principal fuerza política del país, se ha visto incapaz de llevar adelante su congreso ordinario para renovar su directiva debido a la fractura interna por la que atraviesa desde septiembre de 2022.

La actual dirigencia fue electa en 2017 y prorrogada por resolución del TSE, y hasta la fecha no ha cambiado a los miembros de la dirección nacional, ahora, también fracturada entre la facción evista y arcista. Ambas alas han intentado llevar adelante sus congresos, pero ninguno tuvo éxito, dado que la convocatoria debe estar firmada por los 14 miembros de la directiva en consenso con las tres organizaciones matrices.

En ese estado de situación, el MAS recibió su primera amonestación por incumplir su actualización de directiva. Una vez que el partido reciba tres amonestaciones, se cancela su personería jurídica.

Ávila develó que no solo el MAS fue amonestado, sino que otras 47 organizaciones de alcance departamental y municipal recibieron la sanción. Por otro lado, destacó que Acción Democrática Nacionalista (ADN), uno de los 11 partidos de alcance nacional, ya actualizó su estatuto y está en vías de elegir a su dirección nacional.

“De 11 partidos políticos, la mayoría está cumpliendo. Seis ya avanzaron”, afirmó.

 Ávila afirmo que ambas facciones del MAS deben llamar a un solo congreso para cumplir con el requisito de la ley, que exige la renovación.

En una columna de opinión publicada este martes en La Razón, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, defendió la sesión y las normas aprobadas en la Asamblea Legislativa del 6 de junio, y cuestionó el rol del vicepresidente David Choquehuanca.

En su artículo, “La (in)justicia y el proceso de elecciones judiciales”, el senador del ala de Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma que, ahora, “tienen la palabra” el presidente Luis Arce y al vicepresidente Choquehuanca.

“De nuestra parte, manifestamos nuestra esperanza en que las diversas instancias del Ejecutivo y el Legislativo asuman sus responsabilidades en el marco de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado”, escribió.

Cuestionó a Choquehuanca, a su vez presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no llamar antes a sesiones bicamerales. “Ante la inacción recurrente del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, para convocar a sesión que restablezca el tratamiento de la agenda legislativa inconclusa (indulto, continuidad del proceso de preselección de candidatas y candidatos para las elecciones judiciales, leyes ‘antiprórroga’ y créditos), correspondía dar una respuesta a la sociedad (sic)”, justificó.

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Sesión del 6

Y es que Rodríguez objetó el lunes la convocatoria a sesión para las 17.00 de este martes. Pidió a Choquehuanca rectificar el número de la convocatoria y sea la “octava sesión ordinaria”. No así la “séptima sesión ordinaria”, como señala el documento. El senador evista había llamado a la séptima sesión para el 6 de junio.

Se “convoca (…) a la instalación de la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea, a realizarse el día martes 18 de junio, a horas 17.00 en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa”. Así señala parte de la convocatoria de Choquehuanca.

Rodríguez aclaró que determinó convocar a la sesión por la ausencia del presidente Arce, quien estaba de viaje por Rusia. Y resaltó que la citación se adecuaba a las normativas vigentes sobre los mecanismos de sucesión.

“Considerando la ausencia temporal del presidente Luis Arce debido a un viaje a Rusia, decidimos convocar a Sesión Ordinaria de la ALP, la cual se llevó a cabo el 6 de junio de 2024″.

«Esa decisión se adecuó a lo establecido en el parágrafo II del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE). Concordante con el artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, ambos concernientes a la aplicación de los mecanismos de sucesión legal y reglamentariamente, ejerciendo las atribuciones constitucionales”. Eso agrega el político en la nota publicada por La Razón.

Dato

Entretanto, el bloque que respalda a Evo Morales rechazó la convocatoria, mientras que los arcistas señalan que la decisión de Rodríguez fue ilegal. Choquehuanca acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para salvar sus dudas al respecto.

En sus redes sociales, el presidente del Senado remarcó que sería desconocer la Constitución si se ignora la legalidad de la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio. Que reunió los dos tercios, con la asistencia de legisladores del MAS evista, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Recalcó la importancia de temas referidos a la justicia y la elección de magistrados.

Al final, la Vicepresidencia corrigió su error al reconocer que correspondía la octava sesión. Andrónico saludó y aplaudió dicha acción.

(18/06/2024)

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila expresó su preocupación por el rezago de las elecciones judiciales y, ante el vencimiento de plazos, la eventual colisión de procesos electorales.

En entrevista con La Razón Radio, la autoridad informó que sala plena del Órgano Electoral se reúne en Santa Cruz, donde analiza la situación.

Adelantó que el TSE emitirá una posición institucional para que la Asamblea Legislativa entregue la lista de precandidatos a las elecciones judiciales lo antes posible y, de ese modo, evitar la colisión de procesos electorales como las elecciones primarias y generales.

“Pedimos al Órgano Legislativo que remita la lista de candidatos para que nosotros podamos entregar el proceso (de elecciones judiciales) de manera eficaz y eficiente”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Las elecciones judiciales están entrampadas en la Asamblea Legislativa debido a que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no tienen la capacidad de llegar a acuerdos por las fracturas internas.

El proceso de preselección de postulantes fue suspendido el 16 de abril por un amparo resuelto en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Otra resolución, esta vez de la Sala Primera del Tribunal de Pando cerró sin salida las actividades el 30 de abril.

En la transmisión, Ávila recordó que, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, después de que la Asamblea remita al Órgano Electoral la lista de 192 candidatos, esa institución tendrá 150 días para organizar el proceso electoral.

“Estamos a la espera para desarrollar el proceso. Ya hemos realizado un calendario de todas las actividades. Lo único que estamos esperando es la lista”, añadió.

Inicialmente, se preveía que las elecciones judiciales iban a desarrollarse en la primera quincena de septiembre de este año. Esta previsión resultó desfasada por las desinteligencias en la Asamblea Legislativa.

El TSE debe llevar adelante tres procesos electorales: elecciones judiciales, primarias y generales. Las dos primeras se deben desarrollar este año y las generales, en 2025; sin embargo, analistas han advertido que, por el rezago de las judiciales, corren riesgo las generales del próximo año.

Por ello, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe anunció que se convocará a una cumbre política de alto nivel con el fin de anular las primarias y permitir que este año se realicen las elecciones judiciales.

Al respecto, Ávila afirmó que la Sala Plena del TSE analizará en estos días si apoyará el proyecto de ley de su colega. “Es un proyecto personal que entregó Tahuichi, pero en Sala Plena lo estamos debatiendo y emitiremos un criterio institucional en los próximos días”.

Recordó que en las elecciones primarias del 2019 las organizaciones políticas presentaron un solo candidato. “No tuvo afluencia de participación de militantes y se invirtieron Bs 32 millones. No tiene sentido llamar a primarias con un solo candidato”.

Ávila develó que el TSE analiza la posibilidad de sumarse a la propuesta de Tahuichi de abolir las elecciones primarias de la ley. Su colega ya presentó el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

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