Hemos señalado en este espacio que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) afronta una penosa situación de bloqueo y parálisis decisoria. La fractura interna en el MAS-IPSP, la división en las fuerzas opositoras y la persistente polarización impiden la sola posibilidad de diálogo. Ni hablemos de acuerdos. En tal escenario, el presidente de la Asamblea es fundamental.

Más allá del debate político y sus expresiones mediáticas y en redes sociales, estamos en un contexto de crisis institucional con elevada desconfianza ciudadana en todas las instituciones. A ello se añade un campo político malogrado por el enfrentamiento, la descalificación fácil, acusaciones sin evidencia y primacía del interés particular por encima del bien común. Así, la conversación pública se degrada hasta el límite de su imposibilidad. La peor muestra de ello, desde fines del año pasado, es la ALP.

El Órgano Legislativo es el espacio deliberativo por excelencia entre los órganos del poder público. A partir de la deliberación, se espera que la Asamblea cumpla el conjunto de importantes atribuciones establecidas en la Constitución, que de lejos superan la sola legislación. Por su naturaleza, el pleno de la ALP, el Senado y la Cámara de Diputados deberían ser lugares de ejercicio de la política, lo que implica realizar propuestas, debatirlas y construir acuerdos. Nada de eso ocurre en el presente.

Para el normal y eficiente funcionamiento de la Asamblea, hoy en situación de atrofia, es relevante el desempeño coordinado y complementario del presidente de la ALP y de las directivas camarales, además del trabajo de las comisiones y los comités. El problema es cuando la cabeza, en este caso el señor David Choquehuanca, es parte del problema. ¿Qué hacer cuando la necesaria y activa presencia de la principal autoridad del Órgano Legislativo se convierte en ausencia o, peor, en traba? Es muy crítico.

En momentos en que se requiere liderazgo en la ALP y voluntad de concertación, el Vicepresidente está desaparecido. En situaciones en las que ayudaría mucho la palabra serena que invoque el diálogo, el “Jilata David” se queda en silencio. Cuando es fundamental sesionar para tomar decisiones, el presidente de la Asamblea impone receso. Y en un escenario en el que urge una reunión del pleno para destrabar las inciertas elecciones judiciales, al señor Choquehuanca le ganan la línea oficial y la inercia.

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Cierto que la deplorable parálisis decisoria de la Asamblea no depende únicamente de lo que haga o deje de hacer el Vicepresidente, pero al menos se esperaría un mayor protagonismo de su parte, con autonomía de los mandatos del Ejecutivo y la ofuscación de las bancadas. Si asumimos que la situación es insostenible y se avizoran vientos de crisis, el factor Choquehuanca puede hacer la diferencia. Ojalá contribuya a encontrar el equilibrio de las alas del cóndor en lugar de su mutilación. Estamos a tiempo.

A partir de una reciente aparición del Presidente del Estado reconociendo que el Gobierno tiene “ciertas dificultades” con el dólar, pero que pese a ello el país no está en crisis económica, ha comenzado una evidente campaña gubernamental para negar que haya problemas relacionados con la economía en el país y acusar a sus oposiciones de crear zozobra y malestar en la población.

El mandatario fue más allá y afirmó que las oposiciones tienen la intención de posicionar la idea de “una crisis económica estructural” con el propósito de “generar crisis política y acortar nuestro mandato”. A partir de estas ideas, miembros del gobierno de Luis Arce han afirmado que algunos legisladores del MAS del ala evista, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, además de exautoridades del gobierno de Evo Morales, tienen el objetivo de boicotear la gestión económica.

Así, el Gobierno ha pasado de la estrategia de, primero, negar que hubiera escasez de dólares, y luego acusar a agentes económicos no identificados de estar especulando con la moneda estadounidense, a reconocer, tal vez de manera tardía, que el problema ocurre en muchos países dependientes de la divisa, lo cual está produciendo inflación que es “importada” a través de la internación de productos de consumo con precio inflado en su país de origen. En ese contexto, la sustitución de importaciones sigue pareciendo un discurso de buenas intenciones.

El martes, fue la viceministra de Comunicación quien, a modo de pedir a los sectores que anunciaron medidas de presión desistir de las mismas porque solo afectará a la economía del país, afirmó que “el nuevo bloque de oposición” trata de instalar en la opinión “de manera sistemática y coordenada” la idea de una crisis económica estructural. El mismo día, la ministra de la Presidencia la secundó en otro evento afirmando que, en lugar de crisis, lo que hay es “un boicot a la economía”, irónicamente luego de haber levantado la restricción a la venta de carburantes en bidones, que son fáciles de transportar hasta el otro lado de la frontera.

Finalmente, ayer, el ministro de Planificación del Desarrollo afirmó que el país no presenta rasgos de crisis económica, como afirman algunos analistas y sectores sociales, y explicó que para identificar los síntomas en cualquier país “se debe establecer si su economía se ha achicado, si registra altos niveles de desocupación y si hay una acelerada elevación de precios de los productos”. En este punto es inevitable preguntarse si la información sobre estos indicadores es actual y confiable, así como transparente.

Así, en medio de encendidos discursos, acusaciones y justificaciones, a menudo verosímiles, pero no siempre verdaderas, la población boliviana (que, dependiendo del momento, la circunstancia y quién pronuncia el discurso tiene más o menos de “pueblo”) vive en incertidumbre, caldo de cultivo ideal para toda clase de engaños y manipulaciones, artes de las que se han valido, hasta ahora, tanto los opositores de vieja y nueva tradición como los oficialistas.

Desde hace al menos seis meses, la ALP está en situación de bloqueo y de parálisis decisoria. Más allá de la convocatoria a las elecciones judiciales (todavía inciertas) y la aprobación de algunos créditos y otras leyes menores, la agenda legislativa está atrofiada. Predomina la trifulca entre las facciones del MAS y entre un minoritario oficialismo y el resto de bancadas.

En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) suspendió sus sesiones sin resolver temas sustantivos como la cuestionada autoprórroga de los magistrados, los comicios judiciales (que debieron realizarse en 2023) y el ascenso de generales. Pese a que la mayoría de asambleístas decidió continuar trabajando a fin de año, el vicepresidente Choquehuanca, de manera arbitraria, declaró receso legislativo. Así, iniciamos 2024 con una ALP estancada: por mano propia y desde fuera.

Hubo un tiempo en que el partido de gobierno (MAS-IPSP del presidente Morales) tenía mayoría especial de representantes en la Asamblea y decidía en solitario.

En muy pocos casos hubo acuerdos amplios que incorporaran a las minorías de oposición, que eran prescindibles. Hoy la situación es diferente: por efecto de la división interna, el gobierno del presidente Arce perdió su condición mayoritaria. No controla, pues, la agenda legislativa. Y como no sabe, o no quiere, pactar, prescinde de la ALP.

En lo que va del año, solo se logró un acuerdo, in extremis, de todas las bancadas para garantizar la Ley de Elecciones Judiciales 2024. Fue el 2 de febrero, luego de cinco jornadas de diálogo en medio de un bloqueo de caminos. Se acordaron plazos concretos para convocar a los comicios judiciales, aprobar siete proyectos de ley “de financiamiento de la agenda económica” (créditos) y tratar dos proyectos de ley vinculados con los magistrados autoprorrogados. Fue un punto alto de concertación política.

Como resultado de tal acuerdo, se encaminó por consenso la ley de elecciones judiciales y se aprobaron cuatro créditos en Diputados. El arcismo se encargó de que las leyes antiprórroga quedaran hasta hoy en la congeladora y los otros créditos fueron aprobados con pelea y cooptación en Diputados, y con cuentagotas en el Senado. Todo lo demás es disputa, bloqueo, veto y parálisis. La ALP no legisla. Tampoco fiscaliza, ya que una medida cautelar suspendió desde agosto pasado las interpelaciones a ministros.

En esas condiciones, con una Asamblea en crisis, dividida, con muy baja legitimidad y elevado letargo, el Estado de derecho en Bolivia está en cuestión. Las decisiones relevantes las toman los magistrados del TCP y sus salas constitucionales en coordinación con los operadores del Ejecutivo. Este suprapoder pretende disponer incluso sobre atribuciones y competencias del Órgano Electoral. Es urgente e imprescindible desbloquear la ALP y construir acuerdos mínimos de gobernabilidad en un escenario incierto. 

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Probablemente a nadie sorprenda saber que un Estado débil poco a poco va perdiendo la capacidad de garantizar el Estado de derecho, con todo lo que ello implica para la seguridad interna o para los derechos humanos, ambas obligaciones estatales, y con ello también la voluntad de las personas de cumplir la ley. Poblaciones que amparan el narcotráfico o el contrabando son buena muestra.

Tómese, por ejemplo, la feroz resistencia de “la familia gremial”, como le gusta decir a sus líderes, a cualquier norma que endurezca la lucha contra el contrabando o, incluso, la identificación y sanción de las fortunas que son fruto de actividades delictivas, cuando no criminales. Cuesta entender por qué miles de personas que, literalmente, viven al día de vender baratijas y caramelos, se muestran tan preocupadas por protegerse de la vigilancia estatal; lo mismo puede decirse de su preocupación por acceder a más dólares.

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También están las constantes amenazas de varios sectores de los movimientos sociales (divididos, todos ellos, gracias a la acción del partido gobernante), de ejecutar movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas de presión ante la sola posibilidad de que las instituciones estatales cumplan con lo que indica la norma. Es aún peor cuando el líder afirma que poner límites a la anomia que parece haberse apoderado del partido sería “un genocidio”.

Y si de declaraciones incomprensibles se trata, el mismo líder del partido se causa un daño gravísimo a sí mismo cuando hace afirmaciones más propias de un jefe de la mafia que de un expresidente al tratar de negar que en el Trópico cochabambino campea el narcotráfico: “cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo”, amenaza. Si las mafias del narcotráfico no dominan en la región, ¿por qué habría de temer por su vida la autoridad gubernamental? Si hay conocimiento de que el narco amenaza la vida de una autoridad, ¿por qué no se denuncia ante las instancias competentes?

Habrá quien afirme que se trata solamente de una guerra verbal, en la que es comprensible el exceso, pues se trata de “pegar” más duro que el adversario o de causar temor, pero en todos estos casos, y muchos otros, lo que queda es la evidencia de que autoridades, exautoridades y personas dotadas de notoriedad o poder dicen y hacen cuanto les place porque se ha perdido, de un lado, la necesaria mesura y el respeto por las normas y las personas, y, del otro, la capacidad institucional de poner límite a los comportamientos reñidos con la ley.

Las palabras se las lleva el viento, se dice coloquialmente, pero en los hechos, dependiendo de quien las pronuncia, pueden ser más bien el incentivo para profundizar, en todos los estratos sociales o económicos, el desprecio por los principios y valores, comenzando por los referidos a la democracia y sus instituciones, y terminando en aquellos que permiten la pacífica convivencia social. La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica.

Un reciente estudio de opinión pública realizado por el Celag en el país revela importantes percepciones respecto a la oposición política. Estos datos son significativos en medio de los dilemas de las dirigencias opositoras en torno a su reiterado discurso de unidad versus sus prácticas divisorias. Corre cuenta regresiva para las definiciones rumbo al próximo ciclo electoral.

 La encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) incluye tres preguntas sobre el campo de la oposición. Las tres son críticas. La primera tiene que ver con la mentada unidad. ¿Podrá la oposición política unificarse para las elecciones generales 2025? Solo el 28% de las personas consultadas cree que habrá unidad. Hay, pues, un sentimiento mayoritario de escepticismo respecto a la posibilidad de que la oposición logre un candidato único o un frente amplio.

La segunda pregunta se refiere a la expectativa de los votantes opositores sobre el candidato o dirigente más capacitado para derrotar al MAS en las urnas. El 58% de los encuestados espera un candidato nuevo, reniega de las actuales opciones o no sabe. El apoyo a los candidatos en escena (Reyes Villa, Mesa, Cuéllar, Camacho, algún empresario) es muy bajo y estadísticamente irrelevante. No son buenas noticias para la oposición: la gente ve división y ausencia de un liderazgo ganador.

La tercera indagación de opinión pública del Celag es la más sensible. Casi dos tercios de las personas consultadas, nada menos, afirma que cuando la oposición pierde elecciones “no reconoce su derrota y está dispuesta a generar violencia”. Esta conducta antidemocrática de no reconocimiento del resultado electoral y falta de respeto a la institucionalidad, quizás se deba a que algunos candidatos opositores proclaman “fraude” cuando pierden elecciones. Y a veces lo hacen por anticipado, como en 2019.

Estas percepciones mayoritarias de la ciudadanía respecto al actual campo de la oposición son preocupantes. Más todavía en el actual contexto, degradado y contaminado por la división interna en el oficialismo. Y nos lleva a preguntar en qué condiciones llegará el país al próximo ciclo electoral: con un MAS-IPSP fracturado, muy lejos de ser nuevamente un partido dominante; y una oposición fragmentada, que reafirma su debilidad, su carencia de líderes y su falta de propuestas. El escenario es incierto.

Una democracia de calidad requiere partidos democráticos, líderes representativos y sólido pluralismo político, entre otras condiciones. Ello implica que tanto el oficialismo como las oposiciones deben consolidar sus estructuras partidarias, renovar liderazgos y, en especial, diseñar proyectos de futuro y plataformas programáticas. Nada de eso ocurre a poco más de un año de las elecciones 2025. Hoy la disputa política, entre la división, la polarización y la fragmentación, está concentrada en las minucias. Urge cambio de rumbo.

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