La Ley 341 de Participación y Control Social establece la Rendición Pública de Cuentas como una herramienta que transparenta la gestión de las entidades públicas, permitiendo a la población conocer cómo se utilizan o utilizarán los recursos, ejercer el control social y fortalecer la democracia. Cada entidad tiene la responsabilidad de organizar y ejecutar la rendición al menos dos veces al año, en un acto público y de libre acceso, siendo que uno de estos eventos se orienta en presentar información institucional, el presupuesto a ser ejecutado y las actividades programadas en la gestión en curso.

En ese marco, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) organizó su Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024, celebrada a mediados de marzo en Sucre, en la que no solo se expusieron las acciones que la Asfi tiene previsto realizar en esta gestión, en virtud de las competencias y funciones relativas a ejecutar la regulación y supervisión financiera, sino también su compromiso con la transparencia que se refleja en su trabajo diario.

Es importante aclarar que tanto la regulación como la supervisión financiera son tareas constantes y permanentes que realiza la Asfi, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades bajo su control, y de preservar la estabilidad del sistema financiero y del mercado de valores, más allá de suponer acciones circunstanciales que responden a una coyuntura o situación específica.

A objeto de entender mejor el rol de la Asfi en cuanto a sus funciones principales, tal como se explicó en la rendición inicial de esta gestión, cabe precisar que la regulación consiste en la emisión y/o la modificación de normativa que es de aplicación obligatoria por parte de las entidades financieras y los participantes del mercado de valores, que establece, entre otros aspectos, los requisitos que dichas instituciones deben cumplir para operar y prestar servicios con el objetivo de proteger a los usuarios, garantizar su solvencia, así como para preservar la estabilidad del sistema financiero y del citado mercado de valores.

Para este año, la Asfi indicó que tiene previsto emitir regulación referida a las entidades financieras y el mercado de valores, con el propósito de preservar la estabilidad, la solvencia, la eficiencia, la confiabilidad y la transparencia del sistema financiero; mantener un mercado de valores sano, seguro, transparente y competitivo, promoviendo su desarrollo; fortalecer la protección y defensa del consumidor financiero, promoviendo la inclusión financiera y controlando la otorgación de créditos a sectores priorizados de la economía.

A su vez, la supervisión se refiere a que la Asfi vela constantemente por el cumplimiento de la mencionada normativa e instructivos, a través de diferentes mecanismos recurrentes, como la revisión de información periódica, la realización de visitas de inspección y la aplicación de sanciones, en caso de identificar incumplimientos, siendo que para esta gestión se precisó que para cumplir las tareas planificadas se tiene previsto realizar 238 inspecciones dirigidas a empresas de servicios financieros complementarios, entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, sociedades controladoras de grupos financieros, así como a entidades en liquidación o intervención.

La transparencia en las tareas de regulación y supervisión financiera, a través de la Rendición Pública de Cuentas, fortalece la confianza del público en el trabajo que realizan instituciones, en este caso la Asfi, contribuyendo a la construcción de un entorno más sólido, con consumidores financieros mejor informados que accedan y usen los servicios financieros que satisfagan sus necesidades.

Raúl González Salazar es ingeniero comercial

Recientemente, la comunidad académica estadounidense lanzó teorías absurdas como: «la economía china ha tocado techo», «el exceso de capacidad productiva de China» y «la retirada de inversión extranjera directa de China», argumentando que en los últimos años el ritmo de crecimiento económico de China ha disminuido rápidamente y que podría haber alcanzado su pico. Estas afirmaciones subestiman la resistencia de la economía china. En comparación con los desafíos económicos actuales, China ha superado dificultades mucho más graves en su historia.

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La economía china no está sujeta a ruidos externos. Al difundir que «la economía china ha tocado techo», los expertos intentan avivar las tensiones en otros países, hacer tambalear la confianza mundial en China y crear obstáculos a su desarrollo. Desde la década de 1990, ha sido constante la retórica occidental que menosprecia a China, pero más allá de lo negativo que se perciba a China en el exterior, el país ha respondido con acciones concretas. En los últimos 12 años, la proporción del PIB de China en el mundo viene en aumento, acortando la brecha con el PIB de Estados Unidos. Incluso, durante la pandemia del COVID-19, la economía china continuó creciendo en relación a la economía estadounidense. En 2023, el PIB de China alcanzó los $us 17,89 billones, con un crecimiento de 5,2%, contribuyendo con más del 30% al crecimiento económico mundial. Al primer trimestre de 2024, el PIB de China cuenta con un crecimiento de 5,3% interanual, siendo una fuerza importante y el motor principal para el crecimiento económico mundial.

La economía de China es saludable y sostenible. La economía china, la segunda en el mundo, tiene cimientos sólidos, resistencia y potencial enorme. Las clases medias de China superan los 400 millones de personas y seguirá creciendo, mientras el proceso de urbanización de población agrícola se acelera, lo que traerá un enorme impulso para la mejora del consumo en áreas como vivienda, educación, sanidad y pensiones. Además, el gobierno chino acelera el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas de calidad, promoviendo y fomentando la nueva industrialización, a través de la amplia aplicación de tecnologías digitales, inteligentes y verdes, para revitalizar todas las industrias.

La economía china ha contribuido al impulso de la globalización económica. La globalización, promovida por China es abierta, inclusiva, equitativa, equilibrada y mutuamente beneficiosa, en la que todos los países participan, construyen y comparten, la cual ha sido ampliamente acogida por la comunidad internacional. Las estructuras económicas y comerciales de China y Bolivia se complementan en gran medida. La cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa entre ambos países se encuentra en su mejor momento histórico. Según las estadísticas bolivianas, en 2023, el comercio bilateral alcanzó los $us 3.590 millones, convirtiendo a China en el principal socio comercial de Bolivia. Y el volumen comercial continúa creciendo. Hoy en día, es común ver automóviles de marcas chinas como Changan y BYD en Bolivia, mientras que la carne de res y la quinua producidas en Bolivia enriquecen los alimentos chinos. China sigue en constante ascenso, no solo proporcionando un fuerte impulso al crecimiento económico mundial, sino también brindando nuevas oportunidades para China y Bolivia. China está dispuesta a unirse a Bolivia y a todos los demás países del mundo para desarrollarse juntos, avanzar juntos y esforzarse por promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

(*) Wang Liang es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en el Estado Plurinacional de Bolivia

La juventud, excluida del acceso a los servicios financieros principalmente debido a su corta edad y falta de experiencia, ahora tiene la posibilidad de recibir el apoyo que necesita para culminar sus estudios o realizar algún emprendimiento a través del financiamiento otorgado por el Fondo de Crédito para Apoyo a la Juventud (Focrea).

Dicho fondo fue creado en el marco de la Constitución Política, la cual determina que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. Además, se fundamenta en la Ley 393 que establece que los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de objetivos de eliminar la exclusión económica y social de la población.

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Mediante el Decreto Supremo 4847, del 28 de diciembre de 2022, y la Resolución Ministerial 43, del 10 de febrero de 2023, se constituyó el Focrea con el fin de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes de entre 18 y 28 años de edad, cuya administración recae sobre el Banco Unión SA. Los créditos otorgados a través de este fondo tienen como destino el financiamiento de emprendimientos de actividades productivas, comerciales o de servicios, así como también financia los gastos educativos como pagos de matrículas, mensualidades de unidades de formación académica, entre otros.

Dado que el Focrea cumple una función social al apoyar a los jóvenes en la financiación de sus estudios o en el inicio de una actividad económica, las condiciones crediticias son bastante favorables para apoyarlos en esta etapa. En ese sentido, los créditos otorgados cuentan con una tasa de interés del 6% anual, que se encuentra entre las más bajas del mercado financiero.

A pesar de ser un servicio financiero recientemente lanzado, en marzo de 2024 el saldo de los créditos otorgados superó los Bs 5 millones, beneficiando a más de 200 jóvenes, de los cuales un 86% se destinó a emprendimientos (tanto productivos como de servicios) y un 14% para gastos educativos. La distribución del crédito por género es casi igualitaria, con un 54% otorgado a hombres y un 46% a mujeres. Santa Cruz es el departamento que concentra la mayor parte de la cartera de créditos con un 28%, seguidos de La Paz con un 19% y Cochabamba con un 15%.

Entre los beneficios que genera el Focrea a través de los financiamientos, se pueden mencionar: la culminación de estudios de pregrado y la especialización mediante cursos de posgrado; el incremento del número de jóvenes dispuestos a iniciar sus propios negocios; y, fundamentalmente, la promoción de la inclusión económica y la reducción de las disparidades socioeconómicas, lo que contribuye a una mayor equidad y justicia en la sociedad.

Los recursos del Focrea están disponibles para los jóvenes, por lo que se les alienta a que los soliciten en beneficio de ellos y también de la economía en general, ya que se estimula la innovación, se genera empleo y se promueve el crecimiento económico.

(*) Érick Limachi es economista

La tragedia del litio continúa. Cuando en 2010 se creó la Gerencia de Recursos Evaporíticos en la Comibol, era poco lo que se sabía sobre el litio, más allá de aquella información de su existencia anunciada por una agencia francesa y que llevó a que las transnacionales mostraran su interés. Había que empezar de cero, con empeño y sacrificio; se logró elaborar un proyecto que luego de sucesivas fases: conceptual, laboratorio y pilotaje, mostró su viabilidad técnica y económica, lo que fue demostrado y aprobado en instancias gubernamentales: VIPFE, UDAPE, Conapes y finalmente en el gabinete de gobierno, el que aprobó y dispuso que el Banco Central (BCB) financiara el proyecto, es decir, recursos netamente nacionales.

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El proyecto se convirtió en una estrategia de Estado, por cuanto no se trataba solo de extraer el litio, sino de su industrialización, hasta lograr poner en el mercado baterías made in Bolivia. El proyecto era ambicioso, en La Palca (Potosí) se instaló el Centro de Investigaciones y las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías de ion litio. Conscientes de las dificultades, se recurrió a ayuda extranjera para hacer la ingeniería a detalle de las plantas industriales, lo propio para su construcción, se preveía convenios con extranjeros para la fase industrial, que más allá de tecnología, garanticen mercado. En 2018 se entregó en funcionamiento la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y se firmó el contrato para la construcción de la Planta de Carbonato de Litio, que preveía su entrega en dos años y medio. Mientras tanto la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos asumía la tarea de garantizar la provisión de energía eléctrica, gas, agua y construir las piscinas de evaporación. Todas las labores estaban financiadas con el BCB, que tenía un tope autorizado de $us 886.271.552: la industrialización es un reto enorme que vale hacerse realidad, y por el cual hay que sacrificarse.

En 2019 se dio el golpe de Estado. La gestión de Áñez se caracterizó por el cierre del proyecto y comenzó a naufragar la utopía: se pretendió anular el contrato para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, se paralizó el proceso productivo dañando las piscinas, las que requieren un proceso continuo para cosechar sales (halita y silvinita), y evacuar las sales complejas a otras piscinas; si no se realizan estos trabajos se las exponen al sol y/o cristalizan en forma sólida. Ésta fue la conducta de la dictadura de Áñez; cuando el Procurador expresa que la planta se encontraba en un estado lamentable y deplorable, no dice quiénes la entregaron; hacía más de un año que Echazú y Montenegro habían sido despedidos. Tampoco señala qué hicieron para rehabilitarlas desde 2021.

Al contrario, en enero de 2021, el ministro de Hidrocarburos declaró que el Gobierno cambió de estrategia para ir por una vía más rápida y eficiente (EDL), y no hizo referencia al proyecto en marcha, que tenía plazos perentorios; así se anunció la conclusión de la planta de carbonato de litio, con un retraso de dos años, ni este tiempo suplementario fue usado para adecuar las piscinas, ni garantizar la provisión de agua y de gas; por estas razones, el acto de inauguración programado para agosto de 2023 se suspendió y, confirmando la molestia, se destituyó al gerente. En diciembre, al inaugurarse la planta, se anunció que su funcionamiento llegaría a 3.000 toneladas, es decir una quinta parte de su capacidad, ¿la razón?: no hay materia prima. Y ahí surge la auditoria de las 18 piscinas, que no funcionaron como muchas otras por falta de mantenimiento. En la gestión Echazú-Montenegro se construyeron 96 piscinas, de las cuales solo funciona la mitad y según el proyecto se requieren 160 para producir a plena capacidad, y no hay más remedio que construirlas.

La acusación es por Bs 140 millones, el proyecto es de 4.971 millones. Pende sobre la cabeza de quienes asumieron la conducción de YLB desde noviembre de 2019 la responsabilidad de concluir el proyecto y mostrar su eficiencia, tal cual fue concebido por quienes fueron echados y nunca convocados ni para aclarar o asumir responsabilidades. La planta piloto de carbonato de litio había costado $us 20 millones y sus ventas hasta hoy superaron 10 veces su valor.

En medio de la consternación del momento, mi homenaje al ingeniero Juan Carlos Montenegro Bravo, boliviano íntegro, luchador contra las dictaduras y por la justicia social, soñador del desarrollo industrial de Bolivia, capaz de correr riesgos en la aventura de plasmar sus ideas, pero incapaz de soportar la humillación de imberbes de último momento.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad (CTNAC) del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia aprobó, el 21 de marzo, la Resolución CTNAC 01/2024 que dispone adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad (NIIF S), vigentes y emergentes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) para su aplicación, por todas las entidades que desarrollan actividades económicas en Bolivia a partir del 1 de enero de 2027.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En Bolivia se permite la aplicación de las NIIF en aquellos casos en los que no exista un pronunciamiento local específico. En este sentido, todos los pronunciamientos técnicos locales (normas de contabilidad generalmente aceptadas) emitidos, incluida la adopción de las NIIF, cuando sea necesaria en ausencia de norma local o pronunciamiento técnico específico, se encuentran reconocidos por disposiciones legales que establecen su aplicación obligatoria en la preparación de la información financiera de propósito general. Las NIIF permiten conocer la situación financiera, el rendimiento y el flujo de efectivo.

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NIIF de Sostenibilidad (NIIF S). El CTNAC ha incursionado en aspectos referidos a sostenibilidad, acorde con las necesidades de divulgación internacional, tomando en cuenta que es una realidad que los interesados en las entidades —principalmente inversionistas—, acreedores y las contrapartes que forman parte de la cadena de valor a la que pertenece una entidad, requerirán cada vez más información adicional relacionada con la sostenibilidad para comprender si una institución tiene la capacidad de mantenerse a lo largo del tiempo, no solo evaluando su desempeño financiero, sino también sus riesgos y oportunidades relacionados con cuestiones ambientales, gestión de capital humano, entorno social y prácticas de gobierno corporativo.

Ahora bien, se aprobaron dos normas de sostenibilidad para Bolivia: NIIF S1 (Requerimientos Generales de Revelación de Información Financiera Relacionada con Sostenibilidad), y NIIF S2 (Revelaciones Relacionadas con el Clima). Estas normas serán inalcanzables para muchas empresas que por temas económicos y por falta de apoyo del Estado, y solamente las compañías Prico (Principales Contribuyentes) y Graco (Grandes Contribuyentes) serán las principales interesadas. No obstante, la aplicación de estas NIIF S por las empresas que desarrollan actividades económicas en Bolivia será a partir del 1 de enero de 2027, permitiendo su aplicación anticipada.

Para el CTNAC, las acciones de sostenibilidad son impostergables, por lo que se estableció la necesidad de adoptar normas que permitan la elaboración y la presentación de información financiera relacionada con temas de sostenibilidad. Esto porque se considera que, más allá de ser información útil para los usuarios interesados en una entidad, promueven acciones a favor de un medio ambiente global sustentable; además, los profesionales de la contaduría pública deben liderar la elaboración de información financiera de sostenibilidad o informes de sostenibilidad, además de realizar diversas tareas de aseguramiento, que necesariamente requieren la aplicación de normas que permitan la preparación razonable de dicha información.

Necesidad de Apoyo del Estado con sus reguladores. Las NIIF determinan cambios sustanciales normativos en la parte impositiva y el valor económico de los bienes. Las leyes impositivas del país controladas y reglamentadas por el Servicio de Impuestos Nacionales determinan ajustes de la ganancia contable y la ganancia impositiva (Ley 843 y reglamentos), incrementando y disminuyendo la ganancia obtenida con algunos ajustes contables a fin de determinar el 25% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, en cumplimiento estricto del Código Tributario.

Asimismo, para la adopción plena de las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad amerita que el orden coercitivo de su cumplimiento debería ser controlada por una institución pública, y la participación activa del Estado desde la Autoridad de Empresas.

(*) José Luis Machaca Mamani es experto en auditoría, Assurence & Tax