Son horas clave para el curso de la lucha contra el nuevo coronavirus en Bolivia. La cuarentena dispuesta por el Gobierno tiene plazo hasta este jueves 30 de abril y, pese al sostenido incremento de los casos, cobra fuerza la flexibilización de la medida, aunque de manera regionalizada.
La presidenta Jeanine Áñez recibe información y asesoramiento permanente del equipo de ocho expertos que conforman el Comité Científico, cuyos miembros se reunirán en las próximas horas.
Reportes
Pero además llega hasta su despacho los reportes de los nueve departamentos sobre el cumplimiento de las restricciones y el estado de los centros de salud y aislamiento.
Las proyecciones daban cuenta de unos 3.000 contagiados hasta fin de mes. A la fecha, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentran la mayoría de los casos, aunque preocupa Beni por el repentino incremento de infectados luego de más de un mes de silencio epidemiológico.
Hasta el domingo se reportaron 950 contagiados: 525 en Santa Cruz, 168 en La Paz, 79 en Oruro, 78 en Cochabamba, 57 en Beni, 26 en Potosí, 12 en Pando, tres en Tarija y dos en Chuquisaca.
En ese marco, se alista la reunión del gabinete ministerial prevista para este martes y que tendrá la misión de analizar los informes que lleguen de los delegados gubernamentales en cada región y sus autoridades regionales.
Sin embargo, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, ha
deslizado la flexibilización de las restricciones, pero de manera regional.
“Ustedes conocerán (sobre la cuarentena), no a nivel nacional, porque hay medidas que no se pueden tomar para todo el país en su conjunto”, indicó el domingo en una rueda de prensa improvisa en La Paz.
Evaluaciones periódicas
Anunció además que se harán evaluaciones periódicas de este
proceso para asumir nuevas medidas debido a que la problemática tiende a ser
dinámica.
“Cada departamento está siendo analizado independientemente
y se tomarán estas medidas de flexibilización de acuerdo al comportamiento de
la enfermedad y quincenalmente, semanalmente o cada tres semanas se analizará
porque esto es dinámico”, dijo.
También se han hecho consultas a los sectores sociales, del empresariado, la industria y el transporte, reveló este lunes por su lado, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, en una entrevista en la red Unitel.
Éstos se han declarado en emergencia por la crisis económica debido a la paralización del aparato productivo.
“Creo que lo que viene va a ser una cuarentena condicionada, es decir, no puede ser para todos, habrá que ver por regiones y las condiciones son cuatro desde el punto de vista sanitario”, sostuvo.
Cuatro pilares
El primer criterio para definir el curso de las medidas de restricción es la “capacidad de reacción y detección” de casos a cargo del gobierno municipal o departamental y si ésta ya está instalada y activa.
El segundo parámetro es el estado y capacidad de los centros de aislamiento; el tercero, la capacidad de internación hospitalaria; y el cuarto, la capacidad de hacer cumplir el aislamiento voluntario.
No obstante, si los casos se incrementan en las regiones con medidas de restricción flexibilizadas se retomará la cuarentena rígida de inmediato, puntualizó Arias. (27/04/2020)
Organizaciones matrices llaman a la unidad y exhortan a respetar el estatuto del MAS
El dirigente de la CSUTCB añadió que algunos militantes quieren “prorrogarse en el cargo”, pero hoy se los sigue invitando y esperando a que lleguen a este congreso en busca de la unidad.
Los dirigentes de las organizaciones matrices están en la testera del congreso del MAS.
En el primer día del X Congreso Ordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al presidente Luis Arce en la ciudad de El Alto, las organizaciones matrices fundadoras del instrumento político exhortaron este viernes a la unidad y respetar el estatuto del partido.
Lucio Quispe, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), calificó este encuentro como histórico y exhortó a respetar el estatuto del MAS, esto en razón de que la gestión solo puede durar dos años.
“Tenemos que saber respetar, los que somos orgánicos respetamos hermanos. Hoy en día creo que no estamos respetando. Pedirles también a las organizaciones que respeten los estatutos, esa es nuestra carta magna para cumplir y hacer cumplir el mandato”, dijo Quispe.
El dirigente añadió que algunos militantes quieren “prorrogarse en el cargo”, pero hoy se los sigue invitando y esperando a que lleguen a este congreso en busca de la unidad.
Esteban Alavi, secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), señaló que el domingo se concluirá con una nueva dirigencia del MAS, por lo que pidió defender la unidad de militancia.
“Seguramente el domingo concluiremos con nueva dirección del MAS en El Alto. Desde aquí queremos decir al país, hay que defender la militancia del MAS, pero también decir a la comunidad internacional que la convocatoria (al congreso es) de las organizaciones matrices”.
Alavi pidió también defender la democracia esto en razón a que algunos militantes cuando querían hacer su congreso, solo les querían dar cinco delegados, “haciéndose la burla de las organizaciones sociales”.
“Hoy vamos a participar como familia intercultural con 250 delegados, como está normado, eso se llama democracia para elegir a hombres y mujeres. Estoy seguro vamos a hacer historia el domingo”, reiteró.
Añadió que este congreso está obligado a salvar la personería jurídica del partido y no se puede permitir que se “caiga”, porque las organizaciones sociales son las dueñas del instrumento político y son legalmente reconocidas por la Central Obrera Boliviana (COB), con resolución administrativa del Ministerio de Trabajo y reconocidos por el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales.
Guillermina Kuno, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, indicó que “nadie es dueño” de este partido. Reiteró que las organizaciones sociales y los militantes son los verdaderos dueños del instrumento político.
“Nosotros no vamos a agarrarnos este instrumento, es para nuestros hijos y nietos, es para la lucha de nuestra Bolivia y para salir adelante”, dijo Kuno.
El TSE advierte que demora del proceso de preselección es un ‘riesgo para la democracia’
Vargas también ratificó el firme compromiso del Órgano Electoral para defender la “transparencia e imparcialidad de la institución electoral en aras de garantizar los mecanismos democráticos individuales y colectivos de participación política de los ciudadanos
Sala Plena del TSE junto a vocales departamentales.
A través de un pronunciamiento, el Órgano Electoral Plurinacional señaló este viernes que la demora del proceso de preselección de los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los plazos establecidos por la Ley 1549 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” representa “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica» que afecta la elección y posesión de autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización delos procesos electorales que se avecinan.
“El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las elecciones judiciales del año en curso, aprobar el calendario electoral y los reglamentos, inmediatamente reciba la nómina de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa”, indicó el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, quien dio lectura al pronunciamiento.
El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dio curso a una acción popular presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.
La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional, dijo entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.
Vargas también ratificó el firme compromiso del Órgano Electoral para defender la “transparencia e imparcialidad de la institución electoral en aras de garantizar los mecanismos democráticos individuales y colectivos de participación política de los ciudadanos”.
Además, pidió a las autoridades competentes la resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr los consensos que garanticen transparencia e idoneidad en la preselección de candidatos en los plazos establecidos por ley.
“Se exige al Tribunal Constitucional Plurinacional y a todos los órganos del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el respeto a la independencia de poderes prevista en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para garantizar la democracia en nuestro país”, mencionó.
Ahora que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisará el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, líder del partido, consideró que este hecho es un “golpe a la democracia” y advirtió con acudir a organismos internacionales para defender la democracia del partido.
“No se puede entender, aquí ya se acabó la democracia (…), el MAS-IPSP va a dar lucha jurídica, nacional e internacionalmente (…); tenemos la legalidad y vamos a defender la democracia interna del partido (…), vamos a agotar toda la vía legal, vamos a ganar esta batalla”, advirtió este viernes Morales en entrevista con radio Kawsachun Coca.
TSE
El jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al TSE supervisar el congreso del ala arcista del (MAS).
Esta resolución fue calificada por el ala evista como “anómala y espuria”, debido a que el TSE había rechazado en varias ocasiones el congreso arcista, que incumplía con el estatuto orgánico del partido.
El TSE observó la convocatoria, la cual no contaba con las firmas de la directiva actual presidida por Morales.
‘Defender de la democracia’
“Ayer (jueves), para mí, se acabó la democracia. Destrozó la economía, ahora destroza la democracia (Arce). ¿Qué toca al pueblo boliviano? Defender la Constitución, defender la democracia y salvar a Bolivia económicamente”, insistió Morales.
“Cualquier rato se va a prorrogar Lucho Arce (…), cualquier rato va a cerrar la Asamblea”, supuso el expresidente.
Afirmó que cualquier problema que se presente será culpa del Gobierno, puesto que, en su criterio, usar salas constitucionales para imponer órdenes al TSE, no es algo que preocupe solo al ala evista, sino “a todos los bolivianos”.
El expresidente consideró que el país vive una crisis económica a la que el Gobierno no ha podido dar solución y gobierna con “fallos constitucionales”. Afirmó que Arce es “el peor presidente de la historia de Bolivia”.
El equipo jurídico del MAS ratificó este viernes las palabras de Morales y anunciaron que asistirán a todas las organizaciones internacionales.
“A sabiendas de que no existe instancia donde podamos hacer valer el Estado de derecho, los derechos políticos del MAS-IPSP, se ha tomado la decisión (…), empezar a trabajar las denuncias internacionales, ante los diferentes organismos del derecho público”, informó el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, en conferencia de prensa.
Analistas advierten ‘desorden institucional’ que pone en riesgo las elecciones de 2025
Los analistas Mercado, Ortuño y Peña consideran que la crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha derivado en un desorden institucional que arriesga la gobernabilidad y las elecciones de 2025.
Analistas en Piedra, Papel y Tinta. Foto: La Razón.
El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.
Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.
La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.
Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.
El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.
Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).
En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.
No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.
Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.
En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis.
“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño.
Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.
Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.
«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.
Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.
También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.
El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.
Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).
“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.
Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.
Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.
“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.
En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.
Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.
Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».
“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.
De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.
En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.
Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.
La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.
En menos de 20 días, tres tribunales ponen en jaque a los órganos Electoral y Legislativo
Dos tribunales judiciales frenaron sucesivamente el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales y otro desautorizó las decisiones del Tribunal Electoral sobre la convocatoria a congresos del MAS.
En un periodo de 16 días, desde el 16 de abril hasta el 2 de mayo, tres tribunales judiciales pusieron en jaque a los órganos Legislativo y Electoral a través de decisiones que frenan sus acciones particulares.
Judiciales
Primero, el 16 de abril, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz paralizó el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. La postulante inhabilitada Margarita Medrano interpuso un amparo con el argumento de que sus derechos habían sido vulnerados. Denunció que el proceso fue arbitrario y que se la inhabilitó “por ser mujer”.
La decisión judicial frenó la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes. Cuando las comisiones ya tenían preparadas las preguntas y el examen debía iniciar ese mismo día.
Sin embargo, en la audiencia del 26 de abril se resolvió el amparo y se concedió la tutela a la abogada para que se le explique los fundamentos detrás de su inhabilitación.
Las comisiones preveían retomar las evaluaciones el lunes 29. Pero durante ese proceso se conocieron más de ocho amparos constitucionales que impidieron su reanudación.
Acción popular
Sin embargo, el golpe definitivo a las elecciones judiciales llegó el martes 30 de abril. La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando dejó sin efecto todo el proceso. En respuesta a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury.
El argumento fue que en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no se contempla una igualdad de condiciones para las mujeres indígena originario campesinas de Pando en relación con las de otros departamentos.
Entonces, la acción popular dejó inaplicable a la ley promulgada, por lo que todo el proceso que comenzó el 16 de febrero quedó desahuciado.
De esta manera, dos salas constitucionales del Órgano Judicial interfirieron en la labor del Órgano Legislativo.
Tribunal Supremo Electoral
El jueves la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El TSE había rechazado en reiteradas ocasiones la convocatoria al congreso arcista. Inclusive, un día antes del auto constitucional de esa sala, ratificó su rechazo al pedido de supervisión.
De acuerdo con el TSE, el congreso convocado por el Pacto de Unidad es contrario al estatuto orgánico del partido, debido a que carece de las firmas de la direcciona nacional vigente, presidida por Evo Morales.
De la misma manera, el TSE rechazó la convocatoria al congreso del MAS evista, que no consignó la coordinación con las organizaciones sociales fundadoras: campesinos, mujeres Bartolina Sisa e interculturales.
Ante la conminatoria del tribunal de La Paz, el TSE anunció la conformación de una comisión técnica que supervisará el congreso arcista en El Alto. Sin embargo, denunció que se trata de una “injerencia” en sus funciones.
El argumento de la sala fue presuntos “errores de la administración electoral no le pueden ser cargados al militante, sea el accionante o tercero interesado”.
En medio de esta situación, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la exvocal Dina Chuquimia denunciaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se está convirtiendo en un “suprapoder”, por encima de todos los órganos del Estado.
En tanto, la realización de las elecciones judiciales para este año es incierta. Mientras la eventual renovación de la directiva del MAS hace prever un conflicto social y político.
