Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

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El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.

Militantes y simpatizantes de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegaron hasta las puertas del edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir el registro de las resoluciones del congreso nacional de ese partido celebrado a principios de mayo en El Alto.

Con banderas y arengas a favor de ese encuentro y del presidente Luis Arce, decenas de miembros de los 20 distritos de La Paz acudieron a las instalaciones del TSE, frente a la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi.

El encuentro de El Alto eligió a Grover García como jefe nacional del MAS en reemplazo del vigente presidente Evo Morales, que ocupa el cargo desde 2017.

La Sala Plena del TSE definirá esta semana si registra o no las resoluciones del congreso. Eso, luego de que una comisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) envió una comisión técnica a supervisar el encuentro.

MAS

Esa comisión tenía un plazo de siete días para presentar su informe técnico, que se cumplió el martes de la semana pasada; luego de eso, el documento debió ser remitido a la dirección nacional de esa unidad, que tuvo 48 horas para validarlo o modificarlo, si corresponde. Finalmente, la Sala Plena debe comunicar su decisión.

El viernes se debió conocer la decisión final, pero cuatro de los siete vocales estaban fuera del país. Según información a la que accedió La Razón, la Sala Plena sesiona martes y jueves, por lo que esta semana se conocerá si el TSE valida o no el congreso arcista.

Al respecto, el ampliado del ala evista del MAS definió que “saldrá a las carreteras” si el TSE valida el congreso celebrado a El Alto.

Consultados sobre ese anunció, uno de los dirigentes respondió: “nos vamos a organizar para proteger nuestro congreso”.

El expresidente del Estado y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) instruyó este lunes a los legisladores del ala evista de ese partido aprobar los créditos que esperan el visto bueno de la Asamblea Legislativa.

“Quiero pedir a mis compañeros de base y militantes (diputados y senadores) que sigan aprobando (créditos), pero que fiscalicen, que legislen, que controlen en qué se invierte (esos recursos)”, dijo en conferencia de prensa.

Acompañado por dirigentes de organizaciones sociales que lo respaldan, Morales indicó que ésa fue una de las determinaciones del ampliado nacional celebrado el 18 de mayo en Cochabamba.

Evo Morales

Actualmente hay ocho proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que no fueron sancionados por el Senado. Todos ellos están destinados a infraestructura, salud, electrificación y preinversión, por un total de $us 645,42 millones.

El principal escollo, desde febrero de este año, es la condición de la oposición y del mismo bloque evista del MAS; exigen, primero, abordar los proyectos de ley 073 y 075. Con estas dos normas se busca definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Morales criticó duramente que el Gobierno busque ese tipo de financiamiento de organismos internacionales y, desde septiembre de 2022, comenzó a criticas la administración financiera de su otrora elogiado ministro de Economía y ahora presidente del Estado, Luis Arce.

No dejó pasar, como en cada conferencia de prensa, la oportunidad de criticar la “mala gestión pública”, incluso cuestionó la capacidad de endeudamiento del Estado. Al respecto, según un comunicado del Banco Central de Bolivia (BCB) del pasado 13 de mayo, entre diciembre de 2020 y marzo de 2024, el saldo de la deuda pública externa del país respecto del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de un 33% a un 26,9%.

Créditos

En un comunicado institucional, el ente emisor aseguró que esa disminución es resultado de la implementación de adecuadas políticas económicas del actual Gobierno en materia de reactivación económica, reflejada en una mayor expansión del PIB, cuyo crecimiento durante 2023 alcanzó el segundo lugar más importante de la región (3,1%).

“En el período de diciembre 2020 al primer trimestre de este año, el indicador bajó más de seis puntos porcentuales de 33% a 26,9%; cifra que se encuentra por debajo de los umbrales internacionales de referencia en materia de endeudamiento externo”, señala el comunicado del BCB.

El ampliado del domingo había resuelto prohibir, a senadores y diputados, la aprobación de esos créditos, “por responsabilidad y compromiso ante la sociedad”. Pidió no ser “cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional”.

Luego de un ampliado nacional celebrado en Cochabamba, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cerró filas en torno a su líder, Evo Morales, y la dirigencia nacional de ese partido.

“Si quieren proscribir a nuestro comandante Evo, este ampliado ha ratificado declarar un estado de alerta y de movilización, ante cualquier llamado de las trompetas revolucionarias y de nuestros usos y costumbres. Vamos a defender en las carreteras, en las calles la democracia de los pueblos y del movimiento originario campesino”, dijo el jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho.

Entre las resoluciones del encuentro del 18 de mayo, el ampliado decidió declarar “enemigo” al vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz Israel Campero; fue quien instruyó al TSE supervisar provisionalmente el congreso arcista del MAS. Eso, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral TSE ya había rechazado esa solicitud.

Evo Morales

Esta semana, según anunció el vocal electoral Tahuichi Tahuichi, se conocerá la decisión de la Sala Plena sobre el congreso celebrado a principios de mayo. Ese órgano definirá si registra o no las resoluciones de ese congreso ante el Órgano Electoral.

En ese encuentro, convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, se eligió a Grover García como nuevo jefe nacional del MAS. Además, se definió convocar a un nuevo congreso, en 90 días, para la modificación del estatuto orgánico de ese partido.

“Si el TSE da el visto bueno, nos veremos obligados estar en carreteras y calles para defender al MAS-IPSP; que reconoce como único presidente al Evo y la dirección nacional”, agregó Cucho.

Además, el ampliado ratificó a Morales como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Ampliado

Por su parte, el expresidente Morales criticó nuevamente al gobierno de su otrora elogiado ministro de Economía, del que dijo que gobierna “a plan de decretos con fallos, sentencias judiciales y decretos ilegales”.

Dijo también que las medidas anunciadas por Cucho son una respuesta a los “abusos” del Gobierno.

De esa manera, el evismo lanzó una serie de críticas contra la administración de Arce e hizo énfasis en los decretos “abusivos para todos los bolivianos”, por ejemplo, el abrogado 1543, sobre Derechos Reales.

Según consideró Morales, hay una intención de “hacerse” de las propiedades de la población.

El sector del transporte pesado instaló la madrugada de este lunes un bloqueo en reclamo por la falta de dólares en el país y la “escasez” de combustible en varias regiones. La medida, anunciada la semana pasada, impide el paso de vehículos en la carretera que une los departamentos de La Paz y Oruro, a la altura de la comunidad de Pasto Grande.

El representante de la Cámara de Transporte Internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez, afirmó que esa situación llegó “al límite” y que la situación “es insostenible”. Dijo, además, que la protesta se produce por la falta de atención del Gobierno a sus pedidos.

“Ya llegamos al límite. De aquí para allá va a ser puras movilizaciones. ¿Qué más podemos hacer? No nos escuchan y tenemos que movilizarnos, no nos queda otra (…). Nos han obligado a movilizarnos. Nosotros ya vamos al año de ser dirigentes, hemos esperado. (Hemos tenido) muchos diálogos para poder solucionar este tema, pero no hemos sido escuchados lastimosamente.”, dijo el dirigente a la red Unitel.

Falta de dólares

En los últimos días, se formaron largas filas en los surtidores que distribuyen, principalmente, diésel en varias capitales y municipios, por lo que el sector del transporte exigió al Gobierno atención para solucionar la escasez del carburante.

El bloqueo permanecerá activo por 24 horas, pero si las autoridades no atienden su reclamo, Gutiérrez dijo que se puede ampliar a 48 o 72 horas. Incluso, dijo que si pese a eso la “inatención” persiste, la protesta será “indefinida”.

“De verdad, estamos muy molestos nosotros y espero que no se masifique esto y quiero exhortar a nuestros gobernantes: no hagan a que esto se convulsione más. Esa es solamente una muestra, es el primer movimiento que lo estamos haciendo en este momento”, amenazó.

Según Gutiérrez, el 80% de los camiones están afectados por esta situación, a lo que se suma la falta de dólares en la economía, pues “los importadores ya no pueden comprar porque necesitan ese dinero para poder comprar la mercadería”.

Bloqueo

Otro de los reclamos que hizo el representante del Transporte de Oruro tiene que ver con el trabajo de la Aduana Nacional, de quien cuestionó el control de ingreso de contrabando al país y el supuesto incremento de los aranceles.

“Esta Aduana nos está deslocalizando a nosotros, justamente estamos en este lugar de Pasto Grande, para que nos escuchen. Prefiere hacer que la carga entre vía contrabando, imagínese. ¿Por qué? Porque lo ha subido los aranceles de manera abusiva, aquí hay personas, funcionarios que se adueñan, que se creen dueños de este recinto que abusivamente lo están desplumando a los importadores y por ende el importador está optando de internar su carga por otros medios”, señaló.

“Varios camiones están ingresando de Tambo Quemado vacíos, pero a 200 metros, (hay) centenares de camiones vía contrabando”, reclamó.