Al menos 48.934 deudores de impuestos a la propiedad de vehículos fueron identificados por la Administración Tributaria Municipal (ATM), de los que 14.000 (28,6%) tienen sus cuentas congeladas por no tramitar el cambio de titularidad de sus motorizados. 

Estas deudas oscilan entre los Bs 2.000 y 150.000, por hasta 10 años de mora tributaria, según la información de la Alcaldía de La Paz, que desde 2023 realiza el saneamiento financiero tributario.

La directora de la ATM, Noemí Lastra, dijo que luego de haber congelado las cuentas bancarias, decenas de personas se apersonaron a oficinas municipales. Allí se enteraron de que los vehículos que vendieron, hace cinco, ocho, 10 y más años, continúan registrados en el Registro Único Para La Administración Tributaria (RUAT) con sus nombres, y los nuevos propietarios omitieron, además, el pago de impuestos.

“Este tipo de complicaciones ocurre cuando los compradores de automóviles hacen el trámite con un poder y sin el cambio de nombre a través de una trasferencia que se debe realizar en la Alcaldía”, explicó la funcionaria a La Razón.

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Mora tributaria

Dijo que esa medida coactiva de congelamiento de cuentas bancarias es coordinada con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, (ASFI) y son al menos 1.000 cuentas que se congelan por día.

“Congelamos las cuentas bancarias porque el nombre de esas personas está registrado en el padrón del contribuyente; sin embargo, no tienen físicamente el vehículo., acotó la directora.

El costo del impuesto a la transferencia de vehículos corresponde al 3% de su importe total.

“Vendí mi vehículo hace ocho años, pero solo hicimos un documento privado de compra-venta. Resulta que el nuevo dueño no pagó impuestos desde que le vendí el auto y tampoco lo puso a su nombre. Ahora tengo problemas porque debo pagar sus impuestos, son más de cinco mil bolivianos. Alguien sabe qué puedo hacer”, es el post de un internauta en la red social Facebook. Como éste se encuentran varios mensajes en las redes sociales a través de ellas piden guía y asesoramiento.

Realizar el trámite de transferencia o cambio de nombre está establecida en la Ley Autonómica Municipal 12, de 2011, de Creación de Impuestos Municipales, que en su artículo 17 del capítulo IV señala: “Créase el Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores que grava las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos automotores como impuesto de dominio tributario municipal, de competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”.   

Asimismo, señala que el costo del impuesto de transferencia corre por cuenta del comprador del vehículo. “Las obligaciones tributarias de este impuesto recaen sobre la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre registrado el bien objeto de la transferencia”.

En criterio de Lastra, el problema está en la informalidad con la que se hace la venta de vehículos, ya sea por desconocimiento de la norma o porque se busca eludir el Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT). El más perjudicado, en la mayoría de los casos, es el vendedor.

Vehículos

El Código Civil permite la venta de vehículos con poder y muchas personas usan este documento; sin embargo, desconocen y omiten que solo tiene validez por 90 días; pasado ese tiempo, el documento queda sin efecto.

“Así, el comprador puede volver a vender el vehículo con otro poder, pero el motorizado seguirá a nombre del propietario original, que se mantiene como el titular. Lamentablemente, en caso de que no se paguen los impuestos, las deudas crecen silenciosamente, hasta que uno es notificado o sus cuentas ya están congeladas”, explicó Lastra.

Acotó que la mayoría de los deudores se acogió a un plan de pagos con una cuota inicial del 10% y el saldo lo puede pagar hasta en 30 meses.

La Alcaldía apoya a las personas afectadas, en estos casos, con la emisión de la orden de secuestro del motorizado. Con este documento, el titular afectado que tiene congeladas las cuentas puede ejercer el embargo del vehículo con la ayuda de la Policía.

“Pero nosotros (personal de la ATM) también estamos realizando los embargos durante los operativos masivos”, afirmó Lastra.

También informó que hay más de una decena de casos en los que los titulares ubicaron los motorizados que vendieron en otras ciudades.

“Hay varias personas que se han comunicado conmigo, algunas son autoridades de las administraciones tributarias de otras ciudades, para concertar le emisión estas órdenes de embargo a algunos afectados que radican en esos municipios y que coincidentemente sus vehículos han sido identificados radicando en ellos”.

Dato

 Lo que hace la Alcaldía es enviar estas órdenes de embargo a través de courrier. Otros, en cambio, se apersonaron de forma presencial a las oficinas municipales en la ciudad de La Paz para recoger el documento.

Lastra aclaró que los deudores de impuestos que son rentistas jubilados o quienes perciben sus salarios a través del abono a sus cuentas bancarias pueden solicitar el levantamiento del castigo ya que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 48, señala que “los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y son inembargables e imprescriptibles; es decir, no pueden perder vigencia ni validez”.

Las personas que omiten la transferencia y cambio de titularidad de sus vehículos no solo corren el riesgo del congelamiento de sus cuentas bancarias, también pueden enfrentar otros problemas en caso de accidentes de tránsito o la anotación preventiva de su motorizado en un problema legal de un antiguo dueño.

Están en la mira 48.934 vehículos por mora tributaria

Luego de una etapa de socialización y advertencia a los deudores tributarios, la Alcaldía de La Paz, a través de la Administración Tributaria Municipal (ATM), comenzó a embargar vehículos que tienen mora tributaria de más de 10 años y que, a pesar de contar con la condonación de multas e intereses, no cumplieron con el pago de sus deudas. En la mira están más de 48.000 vehículos.

Las intervenciones comenzaron el 2 de mayo y del medio centenar de vehículos con mora tributaria que se detectaron, la mayoría se acogió al plan de pagos. Para iniciar el pago de su deuda, los contribuyentes deben apersonarse a la ATM, ubicada en el edificio Armando Escobar Uría, ex Banco del Estado, en la calle Colón esquina Mercado.

Lastra explicó que el plan de pago prevé una cuota inicial del 10% y el saldo se puede desembolsar hasta en 30 meses. “El ciudadano tiene 20 días hábiles, eso es un mes en el plazo, y si en ese plazo no efectúa la suscripción del plan de pago, inmediatamente vamos a proceder al remate respectivo”, afirmó.

La deuda por impuestos en mora de vehículos asciende a los Bs 349 millones, recursos que busca recuperar la Alcaldía para las arcas municipales.

Bajas

Sin embargo, la funcionaria explicó que también los deudores pueden solicitar la baja del motorizado y liberarse del pago de impuestos en los siguientes casos: por robo, siniestros y porque quedaron fuera de circulación por obsolescencia.

En estos casos, el contribuyente debe solicitar la baja, sin costo, cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos apersonarse a oficinas de la ATM y solicitar la baja para dejar de tributar los impuestos. Debe devolver el certificado de propiedad y las placas.

Lastra explicó que los vehículos que están libres de embargo son los de transporte público, ya que constituyen un instrumento de trabajo. “El vehículo para un chofer es un instrumento de trabajo y la ley prohíbe el embargo de instrumentos de trabajo”, afirmó.

Desde el 2 hasta el 22 de mayo, un total de 9.218 contribuyentes con mora tributaria han regularizado sus deudas desde hace 10 años.

(27/05/2024)

El Banco Central de Bolivia (BCB) tiene vigentes cuatro fondos de garantías con entidades financieras y que se restituirán hasta 2026, confirmó este domingo el presidente de la entidad, Edwin Rojas.

El miércoles, tras un comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) que demandó la restitución de los fondos entregados como garantía, el BCB anunció que los devolvería a las entidades que cumplan con sus obligaciones establecidas en la norma.

Rojas explicó que los fondos se implementaron en 2017 y que son “una garantía para el BCB en contraparte a la otorgación de liquidez” a las entidades financieras y cada uno tiene una determinada duración.

El presidente del ente emisor explicó que, desde su implementación, se crearon seis fondos, de los cuales dos ya fueron “cerrados” tras la devolución de la garantía y otros cuatro aún están vigentes.

“Por ejemplo, el que se constituyó en 2017 se cerró en el mismo año, otros en 2020 y hoy tenemos vigentes cuatro de estos fondos. Lo que hace el BCB es transferir liquidez a las entidades financieras para que puedan usar en alguna determinada actividad vinculada al incremento de cartera de créditos en un sector de producción y créditos de vivienda social”, aclaró.

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Fondos

Rojas remarcó que cada fondo tiene un reglamento y una fecha determinada para su restitución tras la devolución de los créditos de liquidez.

Comparó los fondos con la entrega de un anticrético mediante un contrato válido por dos años. El anticretista entrega una cantidad de dinero por un plazo determinado y el dueño de casa no puede decirle, antes de ese periodo de tiempo, que quiere que se vaya porque tiene un mejor inquilino.

“Una característica es el plazo, se ha establecido que es hasta el 2026 y pedir la restitución no está en lo programado por el BCB. Hay parámetros a cumplir y existen sanciones si no se cumplen”.

Remarcó que el BCB devolverá esas garantías hasta 2026, pero en la medida en que Asoban vaya cumpliendo con los compromisos de constitución de cada fondo.

El miércoles, la Asoban aseguró este miércoles que la banca depende de los dólares que entregan los exportadores en el exterior y sugirió que, para cumplir con la demanda de los clientes, el BCB debería devolverles los fondos que entregaron como garantía.

“Hay dólares en el país”, aseguró este domingo el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, e informó que el sistema financiero cuenta actualmente con $us 285 millones en material monetario (efectivo) para sus clientes; sin embargo, advirtió que la administración de los banqueros “no es de las mejores” y son “muy conservadores”.

Argumentó que, el año pasado, el sistema financiero tenía menos divisas disponibles ($us 130 millones de efectivo a abril), pero demostraron un mejor manejo. “Lo que ha pasado es que la administración que están haciendo de los recursos al parecer no es de las mejores”, dijo.

Como evidencia recordó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino “ante denuncia que han realizado los consumidores financieros” y multó “a las diferentes instancias que componen sobre todo Asoban (Asociación de Bancos de Bolivia)”.

La autoridad agregó que, al mes de abril de 2024, los activos (en el país y en el extranjero) en el sistema financiero alcanzaron a $us 453 millones, superior en $us 142 millones respecto del mismo periodo de 2023, cuando tenían $us 311 millones.

“Ahora, concretamente en el componente de activos, billetes y monedas saldos, digamos, material monetario como tal, tienen a abril 285 millones”.

Dólares

De acuerdo con Rojas, hay “una posición muy conservadora de parte de los bancos” porque han incrementado sus activos respecto a la gestión pasada y no habría razón para que no se entregue a la población.

Desmintió las acusaciones de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) de que ya no existen mecanismos de entrega de divisas de parte del BCB a las entidades financieras; al contrario, aseguró que éstos se perfeccionaron y se ofreció alternativas para que se puedan traer más recursos del exterior.

El miércoles la Asoban aseguró que la banca depende de los dólares que entregan los exportadores en el exterior, siendo la “única fuente” que tienen para atender a importadores y al público en general.

En un comunicado dijo que, en el pasado, existían mecanismos habilitados por el BCB que permitían realizar operaciones de comercio exterior, pagar los consumos de tarjetas de débito y crédito en el exterior; y responder a la demanda de dólares; sin embargo, hoy en día no cuenta con esas opciones.

Sin embargo, Rojas les recordó, por ejemplo, que, pese al contexto adverso, el BCB asignó el año pasado más de $us 1.700 millones al sistema financiero.

De manera adicional, se ofreció a los banqueros ayudarles a “repatriar” los recursos que tienen invertidos en el exterior del país.

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Bancos

“Lo que el BCB ha hecho es mejorar los mecanismos que existen para que si ellos (los banqueros) solicitan, nosotros podamos hacer el servicio de traer las divisas que tienen afuera para que puedan atender a sus clientes”, insistió.

En referencia a la gestión del BCB, destacó que hasta el sábado se vendieron bonos en dólares por casi $us 59 millones, que evidencia, que la población tiene dólares que no los ingresó al sistema financiero. Además, muestra la confianza que se tiene en el ente emisor y el Gobierno.

“Hay una campaña que está generando la oposición y otras por sectores que se han ido apartando de la gestión del Presidente, pero hay divisas. Hay una posición muy conservadora de los bancos”, remarcó.

Hace unos días, la Asfi multó a nueve bancos (ocho múltiples y un pyme) y cuatro casas de cambio porque vendían dólares a un tipo de cambio superior al establecido por el BCB (6,96 para la venta y 6,86 para la compra) y por el incumplimiento de la banda de tarifas de comisiones (5% a 10%) en transacciones de la divisa.

El proceso sancionatorio implica una multa que alcanza al menos Bs 20 millones, además de la restitución de los cobros en exceso a los clientes afectados.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, señaló este domingo a la Ley de Incentivos (Ley 767, del 11 de diciembre de 2015) como la razón principal para el incremento de la importación de hidrocarburos, que en el caso de diésel llegó al 80% del consumo nacional.

Según su explicación, hasta antes de la promulgación de esa norma, que incentiva y promueve las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, las empresas recibían un pago en Nocres (notas de crédito) que les eximía de la cancelación de algunos impuestos. Sin embargo, con esa ley, promulgada en el gobierno del expresidente Evo Morales, se determinó incentivos en efectivo, “pero, en realidad, se dejó de pagar”.

“Hacia 2012-2014 teníamos una producción más estable y ahí hay un error fundamental que ocurrió cuando se crea la Ley de Incentivos. Antes de esta ley, las empresas recibían un incentivo con un pago de Nocres que servía para no pagar cierto grado de impuestos con lo cual se producía tranquilamente el petróleo”, informó.

A partir de 2017 hubo una “caída abrupta” en la producción de petróleo y, según Dorgathen, no se tomaron cartas en el asunto, lo que de a poco provocó la subida de las importaciones. “Como YPFB, tenemos que importar mucho más combustible del que deberíamos importar”.

El ejecutivo de la estatal aseguró que con la llegada al gobierno de Luis Arce y la política de industrialización con sustitución de importaciones, el panorama está cambiando.

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Diésel

Desde 2021, la estatal retomó el proyecto de Boquerón Norte, ubicado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, paralizado desde 2017. Además, subió la producción en Yarará y Yope, también en Santa Cruz.

“Logramos revertir la curva de producción de petróleo y estamos trabajando, y esto va a seguir subiendo, explorando nuevos campos y desarrollándolos de manera eficiente”, garantizó.

Según las gráficas presentadas este domingo por Dorgathen, entre 2011 y 2012, Bolivia importaba en promedio 800 barriles de diésel por día; esa cifra fue subiendo paulatinamente y en 2017 llegó a 1.072 barriles. El año pasado llegó a 2.088 barriles diarios y para este 2024 se proyecta la importación de 2.178 barriles por día.

“Si comparamos los volúmenes de importación de combustibles, antes solo importábamos el 20% y hacia el 2014 y 2015 llegamos a importar el 50%; ya sabíamos que íbamos a ser un importador de diésel porque las cuencas que conocemos, el Andino Sur, no son petroleras, son gasíferas y de petróleo condensado”.

Producción nacional

La tendencia es subir, aseguró Dorgathen, pues la demanda también crece día tras día y Bolivia es actualmente un país importador de diésel.

Remarcó que el Gobierno está trabajando en exploración y producción nacional para revertir esas cifras. Destacó las plantas de biodiésel, una ya inaugurada en Santa Cruz, y otras casi lista en El Alto; además de la planta de Aceite Vegetal Hidrotratado (BVO) en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

Garantizó que ese es el único camino para “voltear” esos números y que no haya necesidad de levantar la subvención a los hidrocarburos.

Bolivia cuenta con una planta de importación en Arica que opera YPFB, el resto son alquilada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de este año, el valor de las importaciones de diésel oíl se redujo en un 44,5% respecto a igual periodo de 2023.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ratificó este domingo que no se retirará la subvención al combustible y, al contrario, proyecta la producción del 80% de diésel que consume el país y compre solo el 20%.

Para este objetivo, dijo el ejecutivo, el Gobierno intensifica el trabajo de exploración y ejecuta la política de industrialización con sustitución de importaciones.

“No vemos, como YPFB, que quitar la subvención vaya a solucionar algo; el objetivo es producir biocombustible. La subvención se debe mantener para el transporte público, pesado, para la agricultura; es una política para bajar la inflación”, dijo e  Bolivia Tv.

El ejecutivo de YPFB hizo un repaso a las cifras de importación de combustibles del país desde 2006 y aseguró que se pasó de comprar el 20% al 80% debido a la falta de trabajo para incrementar la producción nacional.

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Combustible

Asimismo, indicó que, para revertir esas cifras, se trabajó en la exploración de nuevas áreas para producir crudo nacional y se apunta a la producción de biodiésel con las plantas de tecnología FAME y una de tecnología HVO “y con eso revertir la situación y tener un 80% de producción boliviana y un 20% importado y que este 20% sea eficiente”.

“El 2014 el país pasó del 20% al 50%. El dato perfilaba a Bolivia como un país importador. El 2017 la cifra de importación de diésel subió al 60%, a pesar de la aprobación de la Ley de Incentivos, instrumento legal que no cumplió con su objetivo, situación que se traduce en la caída abrupta de la producción de petróleo”, explicó.

Actualmente, remarcó, Bolivia importa el 80% del combustible que consume.

El Gobierno inauguró este año la planta de biodiésel en Santa Cruz y para esta gestión se prevé también la puesta en marcha de otra similar en El Alto.

Con esas plantas, el Gobierno proyecta sustituir la importación de cerca de 160 millones de litros de combustible por año.