Ya pasaron 41 días desde que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales. Desde esa vez, no hay salida posible para reencauzar el proceso.

El 16 de abril, ese tribunal dictó una medida cautelar sobre el proceso, por un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

 Se trata de la primera decisión judicial que puso en vilo la preselección, a la que acecharon 36 amparos constitucionales y una acción popular, según informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado.

Elecciones judiciales

Precisamente, el 30 de abril, la acción popular, presentada por la abogada Yeny Dury Bautista, logró por parte de la Sala Constitucional Primera de Cobija una tutela que dejó en fojas cero todos los obrados de la preselección de postulantes. Además, consideró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

El jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le dio luz verde al proceso, al revocar el fallo de esa sala constitucional.

Sin embargo, pese a eso, aún no se retomó el trabajo en las comisiones mixtas para definir la lista de 192 profesionales que debe ser remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ahora, la discusión para llevar adelante o no el proceso, que se detuvo en la etapa de evaluación de méritos –específicamente antes en los exámenes orales y escritos—, radica en la “competencia”.

Preselección

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, senador evista del MAS) Roberto Padilla, advirtió que el proceso ya no puede seguir en la Asamblea Legislativa, pues según la Ley 1549, el plazo para que ese órgano culmine con la preselección se cumplió el 6 de mayo.

A cuatro días de que el TCP liberó las elecciones judiciales, ninguna de las dos comisiones llamó a sesión a sus miembros.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aumentó la presión sobre los titulares de ambas comisiones. “Ya no hay pretextos” para no llevar adelante las elecciones judiciales y exigió a sus titulares “garantizar” el desarrollo y la culminación de la preselección.

“La responsabilidad está en (Miguel) Rejas y (Roberto) Padilla, como presidentes de las comisiones mixtas, tienen que dar garantías de que son idóneos en este cargo”, señaló Lima, en Sucre.

Comisiones mixtas

Sobre la competencia de la Asamblea Legislativa respecto del proceso, la autoridad afirmó que “no hay ningún límite” y que el “derecho político a elegir está por encima de cualquier plazo y norma”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, el evista Andrónico Rodríguez, anunció que, en consenso con las fuerzas políticas, “se está trabajando” un proyecto de ley corta para la ampliación de plazos para la preselección.

Tomando en cuenta que el proceso de preselección comenzó el 16 de febrero, y el plazo de 80 días para que la Asamblea legislativa cumpla con su tarea, la propuesta de Rodríguez busca que se otorguen “entre 30 y 40 días”.

“Hemos tomado la determinación de empezar a trabajar en una ley corta para extender los plazos. Desde la Cámara de Senadores damos señales de unidad en torno al cumplimiento de la Constitución, de manera unánime coincidimos con la continuidad de la preselección este año 2024”, dijo en una conferencia de prensa.

Judiciales

Pese a que esa propuesta fue consensuada por las tres bancadas de la Cámara de Senadores, los acuerdos en Diputados “son más complicados”, como calificó el diputado Juan José Jáuregui, debido a la atomización de las tres fuerzas.

La expectativa por la continuidad de la preselección va creciendo, en medio de presiones por lograr los comicios para elegir a los profesionales que ocuparán los cargos de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Se elegirá por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental (TA), y del Consejo de la Magistratura. Una primera elección se celebró el 16 de octubre de 11 y, la segunda, el 3 de diciembre de 2017.

El secretario de Actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Armin Flores, informó este domingo que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad impugnarán la decisión del Tribunal Supremo electoral (TSE) respecto del congreso de principios de mayo en El Alto.

“Ya hemos sido notificados con esa resolución como Pacto de Unidad. Existe el plazo de cinco días para poder realizar el recurso de revisión y lo vamos a interponer. Tenemos hasta el día jueves”, informó a Bolivia Tv.

MAS

En la resolución 195/2024, la Sala Plena del TSE explicó que los convocantes a ese cónclave no cumplieron con varios artículos del estatuto orgánico del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), por lo que es oficina decidió no registrar las resoluciones del congreso arcista. Entre sus principales decisiones, estaba la elección del dirigente campesino Grover García, como nuevo jefe nacional del MAS.

La Sala Plena basó su decisión en un informe técnico de la comisión de supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que asistió al encuentro del 3, 4 y 5 de mayo.

Una resolución constitucional de una Sala de Garantías del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que presidente el vocal Israel Campero, obligó al TSE la supervisión del encuentro nacional. Antes de eso, el TSE ya había rechazado la convocatoria del Pacto de Unidad.

Congreso

Flores insistió en la “legalidad” y “legitimidad” del congreso. Anticipó que, además, de las acciones jurídicas se asumirán “medidas de hecho”, aunque no precisó cuáles.

“Vamos a seguir adelante. Estas medidas que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral ya son medidas legales y por el entorno legal vamos a defender el congreso”, aseguró.

Si bien el ala arcista celebró su congreso y hará “todo lo legalmente posible” por que se valide, existe otra convocatoria. El ala evista del MAS fijó como sede el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, para el 10 de julio de este año.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, desmintió al expresidente Evo Morales respecto de una supuesta solicitud de reunión privada con el exjefe de Estado. Al contrario, reveló que fue el exmandatario quien pidió una reunión privada con él, pero también con los comandantes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

“Mi persona nunca ha solicitado ninguna reunión ni ha realizado llamadas al expresidente Morales; por lo contrario, el expresidente Morales ha solicitado una reunión privada con los comandantes de la FELCN”, sostuvo en una entrevista con Bolivia Tv.

El funcionario explicó que dicha solicitud no fue atendida, pues consideró que “un expresidente no tiene porqué reunirse” con ese tipo de autoridades.

Jaime Mamani

Mamani respondió a las declaraciones que hizo Morales en su programa dominical de Radio Kawsachun Coca.

En criterio de Mamani, el exjefe de Estado “está acostumbrado a mentir sistemáticamente” y que busca “descalificar” las tareas del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

El viceministro explicó que el líder cocalero ataca de manera sistemática la gestión de diferentes ministerios; además de autoridades y dirigentes de organizaciones sociales que no coinciden con él.

“En el Trópico de Cochabamba, lamentablemente, muchos dirigentes y autoridades, por el clamor de las bases tienen que hacer gestiones con nuestro gobierno, pero lamentablemente, son tildados de traidores o se busca como expulsarlos”, denunció Mamani.

Evo Morales

Asimismo, el funcionario advirtió que Morales impulsa una campaña de desinformación y que, con ello, busca movilizar a productores de coca con mentiras como que se “cerrará el mercado de coca (de Sacaba), indicando que vamos a erradicar toda la coca del trópico, indicando que no se está erradicando los cultivos de hoja de coca, todo totalmente falso”.

En las últimas semanas hubo un cruce de criterios entre ambos. Mamani dijo que el municipio de Villa Tunari, donde reside Morales, está “secuestrado por el narcotráfico”; por su parte el exmandatario afirmó que el Gobierno “protege” ese tipo de ilícitos.

Evo Morales pidió un juicio penal contra los cinco vocales que en 2020 lo inhabilitaron como candidato a senador por Cochabamba. “Cometieron un acto inconstitucional”, afirmó.

El exmandatario planteó esa iniciativa como respuesta a las reacciones en su contra por su interés de ser indemnizado con Bs 1.912.933,59 en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, del 7 de mayo de 2021.

“Nunca hemos pedido dinero como compensación a esa injusticia. Lo dije en marzo de 2022, en un Twitter, que no teníamos intención de cobrar plata”, escribió Morales la tarde de ese domingo en redes sociales.

El jueves, el abogado Wilfredo Chávez recordó que Morales reclamó esa indemnización por razones de justicia, “por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el TSE”.

El 20 de febrero de 2020, a través de la Resolución Jurisdiccional 010/2020, el TSE inhabilitó a Morales como candidato a una senaturía por Cochabamba. Entonces, los vocales alegaron que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), radicado en Argentina, no contaba con el requisito de residencia.

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En conferencia de prensa, el vocal Salvador Romero comunicó la decisión, acompañado por sus colegas Francisco Vargas, Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.

Entonces, a través de Twitter, Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó entonces.

Meses después, el 20 de septiembre, el entonces presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó la medida. “El TSE ya se pronunció sobre la residencia del candidato de Evo Morales e hizo toda una evaluación y se pronunció en una resolución, que está de acuerdo al Tribunal Supremo, apegado a lo que disponen la Constitución y las leyes”, afirmó.

En su mensaje de este domingo, Morales consideró que quieren callarlo con esa indemnización. “No estamos aquí por plata, estamos para hacer justicia, no quiero que nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”, justificó.

En su criterio, “han comenzado a tergiversar la información” con el “único interés de dañar” su imagen. Esto, “para pretender que la ciudadanía considere que nosotros somos platistas, falseando la verdad y también la realidad”, dijo. El sábado, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que, con esa indemnización, Morales “quiere hacerse rico”. Su colega Francisco Vargas calificó el viernes de “exagerado” el reclamo del exmandatario y consideró que el TCP “se extralimitó” con el fallo a favor de Morales.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, respondió a las acusaciones del expresidente Evo Morales, que dijo que el Gobierno liberó a las personas detenidas involucradas en el caso del capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset.

“Quien tendría que responder si se ha liberado o no se ha liberado (a detenidos en el caso Marste) son las autoridades judiciales”, replicó a Morales.

Horas antes, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, el exmandatario acusó al gobierno de la liberación de los involucrados. En su justificación, Morales sostuvo que se trata del cumplimiento de un supuesto acuerdo con el narco uruguayo.

Jaime Mamani

“La gente que estaba detenida (por ese caso), toditingos (como se dice todos en la jerga de Santa Cruz) están liberados, en silencio, eso (por) el acuerdo que tienen. Están amasando plata”, dijo Morales.

El nombre de Sebastián Marset, hasta julio de 2023, no era conocido en el país. Entonces, se supo que un megaoperativo policial que buscaba su captura, fracasó y que el buscado en al menos seis países huyo de su vivienda en Santa Cruz, acompañado de su esposa, sus hijos y su equipo armado de seguridad.

Los datos brindados por el Gobierno, dan cuenta que unas 27 personas fueron detenidas, pero no se conoce, específicamente, de la situación jurídica de cada uno de ellos. Fueron investigados por la supuesta comisión de delitos vinculados con el narcotráfico; además de legitimación de ganancias ilícitas y se logró la confiscación de bienes, cuyo cálculo supera los $us 10 millones en bienes muebles e inmuebles.

Evo Morales

Marset tiene pendiente una orden internacional de captura por ese tipo de ilícitos. Incluso, esta semana, el fiscal paraguayo fiscal paraguayo Deny Pak develó mensajes encriptados entre el capo uruguayo y el narco paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias’ Tío Rico’, que supuestamente lo relacionan con dos asesinatos en 2020; uno en Uruguay y el otro, en Paraguay.

El intercambio de dardos entre Morales y Mamani comenzó cuando el titular de sustancias controladas afirmó que el municipio de Villa Tunari está “secuestrado por el narcotráfico”; eso, debido a que el 67% de las fábricas de droga destruidas en todo el país, según dijo, están en el territorio en el que reside el exmandatario.

Pero Morales fue más allá en su crítica. Sugirió que “los ataques” a Villa Tunari se deben a que su alcaldesa, Celinda Orellana, es mujer. “Hasta se puede pensar una satanización a la mujer alcaldesa, todo es villa Tunari”, preguntó Morales.