El expresidente Evo Morales volvió a llamar “Sonia” al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y le pidió al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, que le pregunte dónde está el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset.

El exmandatario abordó el tema en medio de los dichos sobre un “secuestro” del municipio de Villa Tunari por parte del narcotráfico, como lo afirmó Mamani, y el “encubrimiento” de ese ilícito desde el Gobierno, según Morales.

“En lugar de intentar desviar la atención e intentar estigmatizar al Trópico como en épocas neoliberales, el viceministro Mamani debería preguntar a Sonia dónde está Marset y quién le pasó la información para escapar”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Evo Morales

En los últimos días, las acusaciones entre Mamani y Morales y sus seguidores cobró fuerza con los datos de lucha contra el narcotráfico que expuso el Viceministerio de Sustancias Controladas.

El funcionario informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Según los cuadros que presentó, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

Sebastián Marset

El caso Marset detonó el 29 de julio de 2023, cuando escapó de un megaoperativo policial en Santa Cruz que buscaba su captura. La Policía Boliviana desplegó 2.250 efectivos para dicho ejercicio, pero el uruguayo escapó junto con su esposa y sus tres hijos.

Desde entonces la captura del narcotraficante, buscado en al menos seis países, demandó de más de 1.200 operativos en todo el país, con un solo fin: dar con el paradero del capo uruguayo.

En las investigaciones por el caso Narcopolicía, el fiscal antinarcóticos Julio César Porras informó que ocho uniformados que pertenecían a la Unidad de la Diprove en el municipio de Puerto Suárez ya declararon en calidad de testigos.

Marcelo R. C., teniente coronel de la Policía y exdirector de la Diprove (Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos) de Puerto Suárez, es acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. En su vehículo, tras un control rutinario por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se encontraron 40 paquetes de cocaína.

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“Se ha tomado la declaración al equipo que trabaja con él y que ya no está trabajando en Puerto Suárez. (También) al director departamental de Diprove. Son ocho personas que declararon en calidad de testigos. (En su declaración) desconocen lo que él estaba haciendo o que llame la atención”, dijo Porras.

No descartó que se los cite en calidad de investigados, pero eso se determinará una vez culminen con las declaraciones. “Se va a analizar, después de terminar todas las declaraciones se verá qué decidimos”.

El exjefe policial está con detención preventiva por 180 días, en la cárcel de Palmasola, y también fue dado de baja de la Policía.

El abogado Samuel Durán señaló que su defendido manifestó su inocencia por los delitos que se lo acusa y que demostrará que no participó en el hecho que se lo acusa.

“Él no fue encontrado en el vehículo; cuando estaba en el retén, advirtiendo que se le tendió una trampa, él se retira del lugar porque no había garantías de que pueda someterse a una requisa por parte de los efectivos policiales”.

Con las judiciales en vilo y el pedido del oficialismo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revise el fallo de la Sala Constitucional en Pando, que detuvo todo el proceso de preselección, el TCP pidió a las demás salas constitucionales que le remitan todas las acciones que paralizaron el proceso de preselección de las judiciales.

El TCP informó a Correo del Sur que pidió a los magistrados que le hagan llegar todos los amparos constitucionales que presentaron los postulantes inhabilitados y que fueron aceptados por algún tribunal departamental.

Amparos

El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial se detuvo parcialmente el 16 de abril. Esa vez, una Sala Constitucional en Santa Cruz aceptó un amparo constitucional presentado por una postulante inhabilitada.

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Desde entonces, se registraron al menos ocho amparos que imposibilitaron que el proceso se renueve, cuando se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Acción popular

Sin embargo, el golpe definitivo llegó el 30 de abril, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando falló en favor de una acción popular que denunciaba que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, violaba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas.

La ley quedó inaplicable y el proceso desahuciado. Diversos actores políticos presentaron opciones para retomar lo avanzado. Así, el oficialismo, a la cabeza del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pidió al TCP que revise el fallo de la Sala en Pando.

El TCP priorizó el pedido sobre otras acciones que debía tramitar, pero todavía no dio su veredicto. El oficialismo presiona a esta instancia, pues existe la posibilidad de que las judiciales coincidan con las elecciones primarias. Si así fuese, no habría elecciones judiciales, ya que el Órgano Electoral no puede realizar dos procesos electorales en simultaneo.

Este martes, los legisladores arcistas Jerges Mercado y Froilán Mamani insistieron al TCP para que dé una respuesta a la brevedad posible. Le piden determinar el devenir de las judiciales. En tanto, la oposición y el ala evista consideran que la solución está en la Asamblea Legislativa.

Luego de las declaraciones del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que vinculan al viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, en supuestas extorsiones al narcotráfico, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó estas versiones como “desaprensivas, inapropiadas y fuera de lugar”. Indicó que él habla “como si tuviera contacto con narcotraficantes”.

“Me llama profundamente la atención que vaya a verter este tipo de expresiones… lanza estas palabras desaprensivas manifestando que el narcotráfico lo va a matar, como si él tuviera alguna comunicación, prueba o contacto con gente del narcotráfico para que comenta este crimen. En todo caso, él debería alentar a un viceministro o Viceministerio a luchar contra el narcotráfico”, dijo Novillo.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que los compañeros de su federación le dijeron que “están preocupados por la vida de Jaime Mamani”.

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En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó el lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Novillo también indicó que todo hecho de narcotráfico que esté vinculado a alguna o institución “se debe investigar” y estas investigaciones corresponden a las instancias e instituciones que tienen que ver la lucha contra el narcotráfico.

“Quiero lamentar que estas declaraciones hayan sido al calor del discurso político para desgastar al gobierno, pero lanzar ese tipo de amenazas, creo que ha perdido el control de la racionalidad para estar lanzando semejantes versiones desaprensivas”.

Pese a la tensa situación que atraviesa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe nacional del partido y expresidente, Evo Morales, afirmó que se decidió no expulsar al presidente Luis Arce ni al vicepresidente David Choquehuanca, luego de un ampliado del ala evista.

“Después del ampliado, en una reunión de la Dirección Nacional y el Pacto de Unidad, procedimos a hacer una revisión de las resoluciones. En ese sentido, hemos decidido, con disculpas a los asistentes, evitar que figure en las conclusiones la expulsión de Luis Arce y David Choquehuanca de las filas del MAS-IPSP”, escribió este martes en su cuenta de X.

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El pasado sábado, el ala evista del MAS celebró un ampliado en el que se trataron diversos temas. Entre ellos, se ratificó a Morales como único candidato del partido. Además, se exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que apruebe la convocatoria para el congreso evista, fijado para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba.

Pese al pedido de las bases que apoyan a Morales, se decidió que Arce y Choquehuanca todavía son militantes del MAS.

‘Aprobación de créditos’

“Asimismo, dar continuidad a la aprobación de créditos con la debida fiscalización e interpelación”, pidió adicionalmente Morales a sus legisladores.

El lunes, en conferencia de prensa, el exmandatario pidió que los créditos pendientes sean aprobados para no perjudicar a la población.

Ocho proyectos de ley fueron aprobados en la Cámara de Diputados, pero el Senado no los sancionó. Pese a que el presidente de esta instancia, el evista Andrónico Rodríguez, sostuvo que la no aprobación se debía a detalles técnicos, los senadores evistas y de oposición afirmaron que no aprobarán ningún crédito hasta que no se traten los proyectos de ley 073 y 075, respecto a los plazos de los magistrados prorrogados.

Los proyectos suman un total de $us 645 millones que deben ser destinados a áreas que beneficiarán a la población. Como la infraestructura, salud o electrificación.

Inicialmente, en el ampliado, Morales ratificó la no aprobación de créditos. Sin embargo, desde el lunes cambió de postura y ahora pide aprobar créditos, pero controlando lo que se hace con los mismos.