Con el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Tahuichi Tahichi Quispe considera que esta instancia fue obligada a supervisar el cónclave y afirmó que sufren ‘waykeadas’ por no estar cubiertos por la Ley 044.

“No aceptamos ningún tipo de presión política; salvo que existan estas órdenes judiciales. Somos vulnerables a las ‘waykeadas’ jurídicas cuando deviene de una orden judicial (…); como la opinión pública sabe los vocales no tenemos ese amparo, ese blindaje de la Ley 044 que lo tienen las autoridades de los demás poderes”, criticó el vocal en conferencia de prensa.

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Acompañamiento ‘obligado’

El reclamo de Tahuichi se debe a que el TSE, habiendo rechazado en reiteradas ocasiones el congreso del ala arcista del MAS, recibió la instrucción de una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para acompañar al cónclave.

El TSE había definido que la convocatoria era ajena al estatuto orgánico del partido, por lo que decidió no darle seguimiento. Sin embargo, con la instrucción, Tahuichi considera que se vieron “obligados” a dar cumplimiento, puesto que hubieran sido “enmanillados” si desacataban la orden.

Para Tahuichi, todo fue en vano, pues la comisión técnica del TSE que asistió al evento determinó que el congreso incumplió varios artículos del estatuto del partido. Por lo tanto, la directiva elegida no fue reconocida y ahora el MAS deberá realizar un nuevo congreso.

Ley 044

En criterio del vocal, la Ley 044, que establece el procedimiento de los juicios de privilegio contra las altas autoridades de los otros tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), protege a los titulares que figuran en la norma; pero deja de lado a las autoridades del Órgano Electoral.

“Si estuviéramos en esa ley (…), no haría caso de esa orden judicial. Antes que eso, si se estuviera violando la independencia y hubiera esta injerencia de otro poder, en mi caso, yo pediría que sea la Asamblea Legislativa que por dos tercios autorice mi procesamiento”, expresó.

La Ley 044 regula “la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público”.

“Estamos hoy en día con esta absoluta vulnerabilidad, debilidad. No hay esa equiparación en los cuatro poderes”, insistió Tahuichi.

Desde finales del 2023 el vocal pide que el TSE esté cubierto por la Ley 044. El pasado 15 de mayo presentó formalmente un proyecto de ley para que los vocales y autoridades del TSE sean juzgados de la misma manera que el resto de los altos cargos del Estado.

La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un amparo constitucional ante el juez de garantías del municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, para que ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervise el congreso nacional de esa facción previsto para el 10 de julio.

“Lo que se busca es que el Órgano Electoral (…) pueda aprobar una supervisión para el congreso de Villa Tunari, que está convocado para el 10 de julio”, dijo el dirigente del MAS evista Rodolfo Machaca en una entrevista con la red DTV.

Según explicó, la solicitud fue presentada por Elizabeth Paco, electa vicepresidenta del MAS en congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, a principios de octubre del año pasado. Esa dirigencia no fue registrada ente el Órgano Electoral por una serie de incumplimientos a su estatuto.

TSE

La audiencia que definirá ese amparo está programada para este miércoles a las 10.00. En la espera de una decisión favorable, un grupo de militantes y simpatizantes evistas instalaron una vigilia en puertas del tribunal de Cuatro Cañadas.

“Las organizaciones sociales ya están molestas porque desconfían de actuar del órgano electoral. Esperamos que el juez de garantía actúe bajo derecho y bajo las normas”, agregó Machaca.

Afirmó que la supervisión del congreso evista será “el desquite” del TSE, y recordó que la Sala Constitucional Primera de La Paz, ordenó el 2 de mayo al TSE la supervisión del congreso arcista, que se celebró el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

Si bien el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) supervisó dicho cónclave, la Sala Plena, en base a un informa de la comisión técnica que asistió al evento, decidió no registrar sus resoluciones, debido a incumplimientos “insubsanables” a su estatuto orgánico.

MAS

En medio de las disputas por la “legitimidad” de las convocatorias arcista y evista, el TSE emitió el 8 de mayo la primera amonestación grave por incumplir con la renovación de su directiva. La última fue registrada ante el TSE en 2017 y se mantiene vigente hasta ahora por disposición del TSE, que amplió por quinta vez el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus dirigencias.

En caso de que el TSE emita una segunda sanción, el MAS se expone a la pérdida de su personería jurídica.

El líder del MAS, Evo Morales, consideró que la amonestación al MAS responde a órdenes del presidente Luis Arce.

En su justificación, Morales dijo que el presidente Luis Arce “instrumentalizar” al TSE en busca de proscribir al MAS e inhabilitarlo como candidato en las elecciones de 2025.

El expresidente del Estado y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propuso este martes un acuerdo político-institucional para que las elecciones judiciales se realicen este año y, las primarias “abiertas”, en 2025.

El planteamiento busca un “acuerdo mínimo con el conjunto de las fuerzas políticas y particularmente el Poder Ejecutivo, Legislativo y Electoral” y consta de seis puntos.

“El reordenamiento de los procesos electorales, trasladando para el 2025 todos los actos de las elecciones presidenciales, suprimiendo las primarias cerradas y aprobando las abiertas simultáneas obligatorias y competitivas a realizarse el próximo año”, dice la primera propuesta del exmandatario.

La segunda plantea “la realización de las elecciones judiciales, cesación de los autoprorrogados y posesión de los nuevos magistrados y consejeros del Órgano Judicial en 2024”.

Carlos Mesa

Asimismo, la tercera idea del líder opositor busca “el cumplimiento de las obligaciones generadas por los resultados del Censo de Población y vivienda en lo económico y político (redistribución de escaños) en 2024”.

Un cuarto punto pide “el establecimiento de las garantías orgánicas y funcionales para la transparencia de la realización, cómputo y resultados de las elecciones presidenciales y subnacionales con el saneamiento del Padrón Electoral, sistema informático confiable y TREP, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales”.

Además, “el fortalecimiento del Órgano Electoral, especialmente del TSE, a través de garantías orgánicas y funcionales para que sus decisiones tengan la fuerza y legitimidad de un verdadero cuarto poder del Estado, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales”.

Jáuregui

Finalmente, se prevé “garantizar que la nueva ALP, emergente de las elecciones de 2025, elija oportunamente a los nuevos vocales del TSE que deben presidir las elecciones subnacionales de 2026”.

Conocida la propuesta, y consultado al respecto, el diputado del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui descartó algún acuerdo con Mesa y su equipo, y calificó de “descabellada” esa idea.

“Nosotros no pactamos, no tranzamos, no hacemos coalición con nuestros masacradores. Con los golpistas no pactamos”, dijo en conferencia de prensa.

“Por eso, como sector renovador del MAS, no tiene ningún tipo de posibilidad de tener viabilidad”, complementó.

El exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista Wilfredo Chávez insistió en que el expresidente Evo Morales no está inhabilitado para ser candidato a las elecciones generales de 2025.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, argumentó que Morales puede volver al Gobierno, como lo hizo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y el expresidente Víctor Paz Estenssoro, en Bolivia.

Lula fue presidente de Brasil en dos periodos entre 2003 y 2010. Dejó la presidencia en 2010, y fue sucedido por Dilma Rousseff, quien tenía un nivel de aprobación del 90%. Pero en los años siguientes, Rousseff fue destituida. Entretanto, Lula fue investigado, imputado y condenado por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, lo cual le impidió competir en las elecciones de 2018, que Jair Bolsonaro ganó.

En 2022, el presidente Lula se volvió a postular y ganó nuevamente las elecciones presidenciales en su país. Obtuvo el 50,9% de los votos, es decir, 60.345.999 en total.

El expresidente fallecido Víctor Paz Estenssoro fungió como mandatario en el país, en cuatro ocasiones (1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964, y 1985-1989).

Con esos ejemplos, Chávez aclaró que la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe la reelección consecutiva por más de dos ocasiones, pero no prohíbe la reelección cuando se trata de periodos discontinuos.

Por ello, afirmó que Morales está “totalmente habilitado” para las elecciones de 2025. “Para el equipo jurídico, el sentido común y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Evo Morales está habilitado”.

“La Corte Interamericana no ha prohibido que un expresidente sea candidato porque todavía puede ser reelecto de forma discontinua”, acotó.

El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) abordó, en su Sentencia Constitucional 1010/2023, la opinión de la Corte Interamericana sobre la materia.

Sin embargo, ese fallo definió un recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones judiciales. En las consideraciones previas, dicha sentencia invoca la Opinión Consultiva OC-28/21, de 7 del junio de 2021, y solicitada por Colombia, la Corte Interamericana “señaló que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido” por las convenciones internacionales.

El texto de la sentencia recuerda que la CPE define el mandato del Presidente y del Vicepresidente por cinco años, “y con el derecho a ser elegido por una sola vez de manera continua”.

Al respecto, Chávez aseguró que, “técnicamente”, Morales debería ser candidato. En su criterio, el fallo no es vinculante, debido a que no se cita específicamente que Morales puede o no ser candidato.

“Es mentira que está inhabilitado. Hemos revisado toda la sentencia, es un caso entre un particular y David Choquehuanca”, añadió.

Incluso, aclaró que, de acuerdo a la opinión consultiva, se prohíbe la reelección indefinida para el que esté en el cargo. “La CPE dice que (una autoridad) puede ser reelecto por una vez de forma continua, pero no dice nada sobre la discontinuidad”.

Al ser consultado sobre la candidatura del presidente Luis Arce, aseguró que si el mandatario quiere ir a las elecciones debe buscar su propio partido, debido a que no reúne los 10 años de antigüedad de militancia, principio estipulado en el estatuto orgánico del MAS.

“Luis Arce no es líder de nada, nunca ha sido. No tienen militancia histórica, no tiene espalda política ni trayectoria. Era siempre un funcionario que estaba en Banco Central o en el Ministerio (de Economía). Se lo ha tomado como un tecnócrata”, dijo.

Sin embargo, Arce fue uno de los hombres más allegados a Morales durante su mandato entre 2006-2019. El 23 de enero de 2006, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, lo posesionó como el nuevo ministro del entonces denominado Ministerio de Hacienda. Tres años después, en 2009, asumió el mando del nuevo Ministerio de Economía.

El 26 de junio de 2017, Arce se vio obligado a renunciar al Ministerio debido a su estado de salud. Luego, retornó a Bolivia después de haberse recuperado y retomó el mando de es cartera el 23 de enero de 2019.

Su gestión acabó por el derrocamiento de Morales el 10 de noviembre de 2019, luego de la crisis poselectoral.

La Sala Constitucional Primera de Cochabamba declinó competencia sobre la acción de cumplimiento contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, presentada por legisladores evistas.

El recurso planteaba la inclusión en la agenda bicameral de los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros prorrogados por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Sala Constitucional I, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, DECLINA COMPETENCIA territorial y en consecuencia DISPONE la remisión de la presente Acción de Amparo de Cumplimiento y actuados acompañados, ante la Sala Constitucional de Turno del Departamento de La Paz, sea con la debida nota de atención dirigida (sic)”, se lee en el por tanto de documento al que accedió La Razón.

Inicialmente, ese recurso fue presentado en La Paz, por los senadores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) MAS William Torrez y Lucy Escobar. Luego de ser sorteada y derivada a la Sala Constitucional Primera, a cargo del vocal Israel campero, los accionantes decidieron retirar el memorial y trasladarlo al Tribunal de Justicia de Cochabamba.

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez el lunes.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (la Cámara de Diputados en este caso) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

Torrez volvió a denunciar una supuesta manipulación informática que derivó la asignación de la acción de cumplimiento a la sala de Campero.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

Nota en desarrollo