Sociedad

Monday 3 Jun 2024 | Actualizado a 10:23 AM

Evo desahucia firma de actas, reunión con cívicos, aeropuerto y cementera

Evo Morales. No hay posibilidad de que el Presidente se reúna con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ni firme un acuerdo con éste. Su lógica es que cuando hay conflicto, él no participa; delega su resolución a los ministros. Eso lo advirtió ayer en una entrevista con La Razón, cuya totalidad será publicada en un especial el 6 de agosto. Desahució la posibilidad de construir una cementera y un aeropuerto en la capital, al considerar que son inviables, no rentables ni funcionales, respectivamente.

/ 27 de julio de 2015 / 06:31

— ¿Va a reunirse con los dirigentes de Comcipo?, ¿va a firmar los acuerdos?

— Yo me he reunido varias veces con ellos, con los cívicos. Me reuní en el Palacio de Gobierno con (Jhonny) Llally, ustedes son testigos. En Potosí, dos o tres veces. Pero el gran problema de los dirigentes de Comcipo (Comité Cívico Potosinista) es que una cosa se acuerda y otra cosa se habla, mentira tras mentira. Yo tengo algo de ética; le dije a Celestino Condori (anterior líder de Comcipo) que hablemos la verdad: de lo que hemos acordado, se habla, y de lo que no hemos acordado, también. Hay coincidencias y no, y de lo que se acuerda, se habla otra cosa. A Llally le dije que sepamos comunicar a los medios y hablemos la verdad.

Segundo, revise la historia: cuando hay conflictos, Evo no está en el diálogo, y no va a estar en el diálogo, quiero que sepa. Yo no soy quien tiene que resolver (las demandas), son los ministros que tienen que ir al diálogo. Tercero, cuando dicen “Evo o nada”, no puedo permitir que se piense que los ministros no sirven y solo Evo sirve. Los ministros sirven y están para eso. También niegan diálogo al vicepresidente (Álvaro García). No puedo descalificar al Vicepresidente y los ministros. Al contrario, para que sean parte de los hechos históricos de Bolivia (la adjudicación de la construcción de una planta de sales de potasio), he invitado a los dirigentes a que vayan a Uyuni, donde arrancamos con la industrialización. Tenemos una planta piloto que costó como $us 20 millones y ya tenemos un laboratorio, y científicos que investigan. Ahora, los que tienen experiencia en litio ya no nos chantajean diciendo que nos van a ayudar a extraer materia prima y después llevársela. Quieren ser socios, se ruegan.

No es un problema de reivindicación, sino uno político. Lamento mucho que la ciudad de Potosí esté engañada bajo mentiras y fines políticos. Que Llally, ahora y Condori, antes, coincidan en la demanda de federalismo con Manfred Reyes Villa, llama la atención.Y con Mario Cossío o Rubén Costas.

— En este conflicto no es la demanda.

— Pero llegan marchando y pidiendo federalismo. ¿Cómo que no hay nada? Durante la marcha siempre hablaron de federalismo, y siguen haciéndolo, coincidiendo con aquellos políticos. Y lamento que sea con dos corruptos que escaparon de Bolivia, Cossío (Paraguay) y Reyes Villa (Estados Unidos). Además, los ministros fueron a resolver las demandas, no hay nada que atender. El pliego ha sido respondido oportunamente. Hubo comisiones de trabajo y varias delegaciones enviadas a Potosí. Como decía el ministro de Gobierno (Carlos Romero), tienen derecho como Reyes Villa de lanzar su propuesta de federalismo, aunque perdió. El Comcipo de antes, que luchaba contra los partidos neoliberales, ahora lucha con la derecha y los corruptos. Afirmar que no hay trasfondo político es una gran mentira. Cuando alguien me miente, pierde autoridad; solo por respeto lo saludo.

— Se lo siente enojado con el movimiento cívico.

— No es con el movimiento cívico, sino con las personas que lo conducen. Decía qué marcha, si se han venido en carro. De Caracollo a La Paz son ocho días de marcha, con un día de descanso en Achica Arriba. Creo que desde Challapata llegaron en cuatro o cinco días. ¿Qué marcha? Cómo mienten al pueblo boliviano. Quien roba y quien miente, pierde autoridad; a veces no tengo ganas ni de saludarlos.

— ¿A qué se refiere cuando dice que hubo acuerdos y desacuerdos? Por ejemplo, ellos reivindican el aeropuerto y la cementera, que usted prometió.

— Nosotros siempre dijimos que tiene que haber un estudio. Y el Gobierno ha estudiado sobre si la fábrica de cemento puede ser rentable o sostenible; tienen que entender que cualquier industria tiene que generar divisas para el Estado, sino no sirve esa industria. Que yo sepa, por ejemplo, solamente tomando en cuenta el mercado interno, va a ser suficiente una sola fábrica del Estado, que está en Caracollo (Oruro), y otra, en estudio, en Santa Cruz. Con eso vamos a copar el mercado, y no creo que el Estado gane exportando cemento. En La Razón informaron, por ejemplo, que Soboce tiene pérdidas de 40% (las utilidades en 2014 se redujeron en 48,7%), sin que hayan dos fábricas de cemento. Y no es cuestión de suministro de gas, que siempre se puede resolver. ¿Qué mercado va a haber? Espero no equivocarme, la tonelada de cemento se vende entre $us 160 y $us 190. Por eso estamos apostando, por ejemplo, al litio (cloruro de potasio), cuya tonelada vendimos en $us 400 y empieza a subir a $us 600. Industrializada, tonelada de $us 160 o $us 600, ¿a cuál hay que apostar? Se trata de cuestión económica, y estamos hablando de solamente una parte de la explotación de litio. Me sorprendió que con esa planta ya hemos procesado cloruro de potasio y vendido en Santa Cruz, en el mercado interno, y falta todavía. Por eso estamos empezando con la gran industria. Y no por una industria que no va a rentar. Ni van a ser 500 fuentes de empleo, quizás 300.

— ¿Y el aeropuerto?

— Peor todavía. Yo tuve dos problemas serios al despegar de ese pequeño aeropuerto. Para entender, estaba abandonado y le dimos funcionalidad. Me acuerdo que cuando Santos Ramírez (reo en San Pedro) era presidente de YPFB pusimos una avioneta de la Fuerza Aérea. Llevaba cuatro o cinco pasajeros para empezar. A partir de las 16.30 no se puede levantar vuelo, ese viento cruzado quiere llevarse al avión. Soy medio sereno, pero me asusté. Es mejor salir de Potosí por Sucre. Pedí informes a la Fuerza Aérea Boliviana y no recomienda la construcción. Cómo habrán construido ese aeropuerto. Yo les dije, hace un año o dos, que consigan un terreno para el nuevo aeropuerto, como Uyuni, que vamos a hacerlo. No tienen, y no hay uso del aeropuerto, y hay que retirarlo porque ni el potosino quiere usarlo, siempre usa Sucre para volar al interior. Hemos tenido que cerrar los vuelos, había uno, dos o tres pasajeros.

— Entonces, ¿son inviables los dos proyectos?

— Totalmente inviables, demostrados técnicamente y económicamente. El exgobernador de Potosí hizo un estudio que decía que hay que tumbar un cerro a un costo de $us 56 millones. Con ese dinero haríamos tres aeropuertos como Uyuni, que cuesta $us 14 millones. Por más que se haga con recursos departamentales o locales, ese aeropuerto no va a tener funcionalidad, estoy convencido de eso. No creo que las empresas aéreas entren a operar, y la que estaba operando, creo Aerocon, ya ha cerrado. Seguramente, no es rentable ni operable. Y saben los potosinos eso; el problema es que hay capricho. Dicen “cómo Uyuni va a tener aeropuerto y nosotros no”. La Alcaldía de Potosí no dispone de un lugar para un aeropuerto. Si consiguen, lo hacemos, se los dije oportunamente.

—¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Usted va a participar de la solución?

— Para eso están los ministros. Y otra mentira, dijeron que Gonzalo Sánchez de Lozada firmó acuerdos… La única vez cuando inauguró una reunión en 1994, nada más.

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Autoridades de Turco denuncian avasallamiento de tierras por parte de Curahuara

“Nos sentimos avasallados territorialmente, queremos denunciar públicamente” este extremo dijo el alcalde de Turco, Jonás Mollo, en conferencia de prensa en la plaza Murillo de La Paz.

El alcalde de Turco, Jonás Mollo, acompañado de autoridades originarias y pobladores.

/ 29 de mayo de 2024 / 17:10

Autoridades municipales y originarias de Turco, de Oruro, denunciaron el “avasallamiento territorial” de parte de algunos pobladores de Curahuara.

Ambos municipios de la provincia Sajama, del departamento de Oruro, reavivaron el conflicto a raíz de un problema sobre el servicio de transporte interprovincial propiciado por vecinos e Lagunas, comunidad de Curahuara.

Por una semana, Tambo Quemado, en el hito 18 del municipio de Turco, fue bloqueado por transportistas de Curahuara, que pretenden monopolizar el servicio e instalarse en la localidad turqueña fronteriza con Chile.

“Nos sentimos avasallados territorialmente, queremos denunciar públicamente” este extremo dijo el alcalde Turco, Jonás Mollo, en conferencia de prensa en la plaza Murillo de La Paz.

La autoridad reivindicó la soberanía del territorio de Tambo Quemado, en el distrito Chachacomani de Turco, y de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el que genera el conflicto. El INRA “quiere hacernos pelear”, afirmó.

“Somos el centinela de la patria” desde tiempos ancestrales dijo, por su lado, la autoridad originaria del ayllu Jach’a Salli Capurata de Chachacomani, Óscar Canqui.

En la línea del alcalde Mollo, el hilacata (autoridad originaria) reivindicó la pertenencia de Tambo Quemado al municipio de Turco e informó que desde hace medio siglo está urbanizada la localidad. “Tenemos una población de hace 50 años, urbanizada, atendida en salud y educación por la Alcaldía de Turco”, afirmó.

Puede leer: Entregan al 100 por ciento el recinto multipropósito de la Aduana en Tambo Quemado

Al respecto, el alcalde informó que el gobierno municipal de Turco, a lo largo de décadas, atendió las necesidades de Tambo Quemado a través de obras de infraestructura urbana, como colegios, centros de salud, alcantarillado, parques y enlosetado, entre otras obras.

Destacó la última obra en esa localidad con apoyo del gobierno del presidente Luis Arce, el Recinto Multipropósito de Frontera de Tambo Quemado-Oruro, sobre una superficie de 28 hectáreas concedidas por el municipio de Turco.

La infraestructura fue entregada a principios de abril de este año y tuvo una inversión de Bs 295.208.260.

Mollo lamentó que el conflicto se haya reavivado con la georreferenciación del Censo de Población y Vivienda, y anunció medidas legales para la “defensa” del territorio de Turco. “Tenemos la documentación necesaria”, dijo.

En tanto, Canqui afirmó que los pobladores de Tambo Quemado cuentan con documentos de transferencia territorial ancestrales. Dijo que las familias Apaza, Gómez, Villanueva o Canqui son los sayañeros (propietarios) de las tierras del lugar.

“Nunca vamos a abandonar nuestras tierras” y Tambo Quemado “nunca ha sido ni va a ser” de otro municipio que no sea Turco, advirtió.

La autoridad originaria denunció que durante la semana de bloqueos propiciados por transportistas de Curahuara, los comunarios de Tambo Quemado y de Turco fueron maltratados en su intento de llegar a la comunidad o viajar a La Paz.

“A la hora que han querido” los transportistas de Lagunas, Curahuara, han bajado de los vehículos a profesores y su familia que volvían a la comunidad, como forma de amedrentamiento.

“Queremos vivir en paz”, no son todos los curahuareños, dijo Canqui.

Tambo Quemado se encuentra a 285 kilómetros al sudoeste de la ciudad de La Paz y 270 kilómetros de Oruro. La localidad colinda con Chungará, en Chile.

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Judiciales estancadas: la Asamblea está atada de manos por la crisis política

El dilema radica en continuar o no con el proceso de preselección

Una sesión en la Asamblea Legislativa.

/ 29 de mayo de 2024 / 06:59

Cada quien por su lado, la Asamblea Legislativa se encuentra atada de manos para reencauzar las elecciones judiciales, cuyo proceso está suspendido desde hace 44 días. A la vista, no hay iniciativa viable y las posiciones políticas se hallan parapetadas.

Cuando se preveía la continuidad del proceso de preselección de postulantes en su fase de evaluación oral y escrita como consecuencia de la Sentencia Constitucional 0191/2024-S2, del 23 de mayo, las tensiones y desacuerdos siguen latentes entre, especialmente, las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esa sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a instancias de la presidencia de la Asamblea Legislativa, revocó la resolución 004/2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando, que dejó en fojas cero el proceso de preselección de postulantes y declaró inaplicable la Ley 1549, de Elecciones Judiciales. Sin embargo, no otorgó la tutela del proceso a los legisladores recurrentes.

Con este miércoles, el proceso de preselección de postulantes se encuentra paralizado 44 días.

El 16 de abril, a solicitud de la abogada Margarita Medrano, que resultó inhabilitada como postulante a las elecciones, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz dispuso la suspensión de las tareas de las comisiones de Constitución y Justicia Plural. Y el 30 de abril, a instancias de la abogada Yeny Dury, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando frenó el proceso.

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Asamblea

A una semana de la última sentencia del TCP, no hay forma cómo se reencauce el proceso de evaluación oral y escrita de los postulantes, fase en la que había quedado suspendido.

La mañana de ayer, en la transmisión digital La Razón Radio, la senadora de Chuquisaca Silvia Salame consideró que, si bien la sentencia del TCP es “solo una opinión” de magistrados “autoprorrogados” de la que hay que hacer “abstracción”, las comisiones mixtas deberían continuar con su trabajo desde la fase que fue suspendida. “Al impedido por causa justa, no le corresponde término”.

Similar criterio expresó la semana pasada en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado. Esos días de suspensión del proceso “es tiempo muerto”, afirmó.

Sin embargo, Salame sugirió la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de una resolución de interpretación de la Ley 1539 para reencaminar el proceso. Desahució cualquier posibilidad de que las comisiones puedan tomar una decisión por su cuenta.

El sábado, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, negó la posibilidad de continuar con la fase de preselección pendiente. Afirmó que, ante los plazos vencidos el 5 de mayo, la Asamblea Legislativa perdió competencia sobre los comicios.

Parálisis

Ante el estado de parálisis legislativo sobre las elecciones judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, demandó ayer la reanudación del trabajo de comisiones.

Similar posición fue expresada el lunes por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca.

En respuesta, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador evista Miguel Rejas, instó ayer a Choquehuanca a convocar a sesión bicameral.

“No podemos estar sobre el aire (para trabajar). Tenemos que tener una resolución con los plazos establecidos”, afirmó.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, propuso el lunes un “diálogo judicial” bicameral y tripartidario. Como Salame, consideró que la última sentencia del TCP “no tiene efecto jurídico”.

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Morales propone renta de dos salarios mínimos solo a expresidentes electos por voto

Evo Morales planteó la reducción como parte de su campaña

Álvaro García y Evo Morales, en su mandato

Por Rubén Atahuichi

/ 27 de mayo de 2024 / 06:47

Con un dejo de campaña electoral, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, planteó ayer la reducción de las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes. Consideró que solo exautoridades electas reciban ese beneficio.

“Los expresidentes de Bolivia tienen derecho a tener una renta, pero ésta debe ser de máximo dos salarios mínimos. Ése es mi compromiso ante el pueblo boliviano si llegó a la presidencia”, escribió ayer el exmandatario en sus redes sociales.

Actualmente, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, el equivalente de 10 salarios mínimos, que con el último ajuste es de Bs 2.500.

Sin embargo, Morales condicionó el pago de ese beneficio a solo las exautoridades electas por voto. “De los expresidentes que quedan, ninguno ganó elecciones y fueron elegidos por el Congreso, por sucesión. Solo los electos por el voto del pueblo deberían tener una renta de dos salarios mínimos”, propuso Morales.

Revise: Evo Morales pide juicio a cinco vocales del TSE que lo inhabilitaron en 2020

Expresidentes

Actualmente, no hay exmandatario cuyas funciones hayan derivado de una votación directa en una elección. A saber: Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, sucedió al dimisionario Carlos Mesa (2003-2005), que a su vez reemplazó en la magistratura al renunciante Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Jorge Quiroga (2001-2003) sucedió al renunciante Hugo Banzer (1997-2001) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), que resultó tercero en las elecciones de 1989 (luego de Sánchez de Lozada y Banzer), fue elegido en el antiguo Congreso Nacional. Jeanine Áñez, a la que se le atribuye haber gestado el “golpe de Estado” de 2019 y por el que fue sentenciada a 10 años de prisión, no goza la renta a pesar de haberla reclamado.

También reciben ese beneficio los exvicepresidentes Álvaro García y Víctor Hugo Cárdenas.

La renta fue establecida en la Ley 376, de Reconocimiento Pecuniario a Expresidentes y Exvicepresidentes Constitucionales, del 15 de mayo de 2013.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, electos en 2020, también serán beneficiarios de la renta vitalicia al concluir su mandato.

(27/05/2024)

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Evo Morales pide juicio a cinco vocales del TSE que lo inhabilitaron en 2020

Entonces, a través de Twitter, Evo Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó.

Los vocales del TSE que anunciaron en 2020 la inhabilitación de Evo Morales.

Por Rubén Atahuichi

/ 26 de mayo de 2024 / 19:23

Evo Morales pidió un juicio penal contra los cinco vocales que en 2020 lo inhabilitaron como candidato a senador por Cochabamba. “Cometieron un acto inconstitucional”, afirmó.

El exmandatario planteó esa iniciativa como respuesta a las reacciones en su contra por su interés de ser indemnizado con Bs 1.912.933,59 en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, del 7 de mayo de 2021.

“Nunca hemos pedido dinero como compensación a esa injusticia. Lo dije en marzo de 2022, en un Twitter, que no teníamos intención de cobrar plata”, escribió Morales la tarde de ese domingo en redes sociales.

El jueves, el abogado Wilfredo Chávez recordó que Morales reclamó esa indemnización por razones de justicia, “por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el TSE”.

https://x.com/evoespueblo/status/1794852792823070857

El 20 de febrero de 2020, a través de la Resolución Jurisdiccional 010/2020, el TSE inhabilitó a Morales como candidato a una senaturía por Cochabamba. Entonces, los vocales alegaron que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), radicado en Argentina, no contaba con el requisito de residencia.

Puede leer: Propuesta electoral de Morales: reducir renta de expresidentes ‘a dos mínimos’ salariales

En conferencia de prensa, el vocal Salvador Romero comunicó la decisión, acompañado por sus colegas Francisco Vargas, Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.

Entonces, a través de Twitter, Morales consideró que la decisión del TSE “es un golpe contra la democracia”. “Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS”, afirmó entonces.

Meses después, el 20 de septiembre, el entonces presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó la medida. “El TSE ya se pronunció sobre la residencia del candidato de Evo Morales e hizo toda una evaluación y se pronunció en una resolución, que está de acuerdo al Tribunal Supremo, apegado a lo que disponen la Constitución y las leyes”, afirmó.

En su mensaje de este domingo, Morales consideró que quieren callarlo con esa indemnización. “No estamos aquí por plata, estamos para hacer justicia, no quiero que nunca más mis hermanos menores, líderes políticos, indígenas sean inhabilitados por el TSE”, justificó.

En su criterio, “han comenzado a tergiversar la información” con el “único interés de dañar” su imagen. Esto, “para pretender que la ciudadanía considere que nosotros somos platistas, falseando la verdad y también la realidad”, dijo. El sábado, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi afirmó que, con esa indemnización, Morales “quiere hacerse rico”. Su colega Francisco Vargas calificó el viernes de “exagerado” el reclamo del exmandatario y consideró que el TCP “se extralimitó” con el fallo a favor de Morales.

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Otro frente de conflicto: El dilema ahora es continuar o no con la preselección

Iván Lima apunta a Miguel Rejas y Roberto Padilla como responsables.

Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución

Por Daniel Zenteno y Rubén Atahuichi

/ 25 de mayo de 2024 / 01:53

Liberada la preselección de postulantes para las elecciones judiciales a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el arcismo y el evismo se encuentran enfrentados ahora en el dilema de continuar o no con el proceso suspendido.

Quien puso reparos sobre la situación fue el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, el senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Padilla, quien adelantó que el Órgano Legislativo perdió competencia sobre el proceso debido al vencimiento —en su criterio— de los plazos.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita, nosotros, ya no tenemos competencia”, afirmó ayer el legislador a radio Global de Sucre.

Preselección

“Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, justificó.

Hasta ayer, 24 horas después de la decisión del TCP sobre la continuidad del proceso, ninguna de las comisiones había convocado a una sesión sobre el caso.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, demandó la atención de Padilla y de Miguel Rejas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución. “Ambos son los presidentes de las comisiones y deben liderar este proceso que, a partir de la sentencia del día de ayer, no tiene ningún obstáculo para llegar a buen puerto”, dijo.

Los responsabilizó del futuro del proceso electoral. “Si Rejas y Padilla hacen su trabajo, vamos a tener elecciones judiciales; si continúan negociando los cargos para llevar a sus padrinos —perdón, a sus ahijados— a las candidaturas, claramente no las vamos a tener. Si dejan de negociar y empiezan a trabajar vamos a tener elecciones judiciales”, espetó.

Elecciones judiciales

Lima se refirió a unos audios que la red DTV difundió a finales de marzo. “Van a ir a visitarte, por fa, ¿ya? Ya ahí hablamos y cualquier candidato que tengas, Miguel, empezá a mandármelo, ¿ya? Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina todo y con confianza Miguel porfa ¿ya?”, se escucha decir a una mujer, supuestamente en conversación con el senador Rejas.

En la entrevista de ayer, el senador expuso otro argumento y criticó la decisión del TCP. “El TCP fácilmente dice que continuemos, pero también nos dice el problema de las postulantes mujeres indígenas (…), nuevamente nos van a paralizar, nos van a decir ‘están haciendo ilegal’; ya no confiamos”, arguyó Rejas.

“Mientras existan estos magistrados autoprorrogados el proceso de preselección sigue corriendo riesgo”, cuestionó el senador.

Plazos

La Ley 1549, de Elecciones Judiciales, otorga 80 días calendario Asamblea Legislativa para el trabajo de preselección de postulantes, en todas sus fases, y 150 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural comenzaron su trabajo el 16 de febrero con la convocatoria a postulantes y el 19, con el registro.

El proceso debía terminar el 5 de mayo, pero dos recursos lo impidieron: el 16 de abril, una sala constitucional de Santa Cruz falló a favor de Margarita Medrano y el 30 de abril, otra sala constitucional, esta vez de Pando, dejó en fojas cero el proceso y declaró inaplicable la Ley 1549 a instancias de Jeny Dury. Precisamente, el TCP anuló esta última decisión.

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