Tras pedido del Defensor del Pueblo al presidente nato de la Asamblea Legislativa de convocar a sesión para evitar la “crisis judicial”, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, señaló que el Defensor “tiene una interpretación distorsionada” sobre las elecciones judiciales, pero además descartó que se ingrese a una crisis.

“Una pena que el Defensor esté desconociendo sus funciones, sus roles y peor aún que un hombre de derecho desconozca las normas y los procedimientos. Simplemente para orientarle, que lea el artículo 202, numeral 6 de la Constitución Política del Estado, con referencia a las resoluciones de la naturaleza que se tomó en una sala constitucional del Tribunal del Departamento de Pando”, dijo el legislador.

Tras el fracaso de la reunión de las tres fuerzas políticas de la Asamblea para encaminar el proceso de la preselección para judiciales en la Vicepresidencia, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió al Vicepresidente David Choquehuanca convocar a sesión para evitar la “crisis judicial” e indicó que “es deber constitucional de la Asamblea garantizar un proceso democrático para la elección de autoridades judiciales”.

Sobre esas declaraciones, Jáuregui descartó que se venga una crisis judicial, esto en razón a que la Asamblea, además de la Constitución, tiene los suficientes mecanismos para poder resguardar estos escenarios en los cuales existe demora por parte de un órgano para cumplir sus funciones.

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“La fase de preselección de estas altas autoridades de la administración de justicia aún no está concluida, es decir, no ha muerto aún este proceso de preselección. El vicepresidente ha activado y está activando los recursos que en derecho corresponde para poder remediar aquella decisión de la Sala Constitucional de Pando que, dicho de paso, nosotros no compartimos”, dijo.

El legislador dijo que se está en camino de remediar estas actuaciones de la justicia y no en esa labor política de discursos, pronunciamientos y emisión de resoluciones camarales como hizo la Cámara de Senadores.

“Hemos tomado la ruta que en derecho corresponde para poder remediar lo que se ha hecho y esperemos que en el transcurso de los siguientes días se pueda remediar esto y podamos reconducir, reanudar esta labor y garantizar la renovación de estas altas autoridades”.

Tras seis horas de debate, el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista ratificó a Evo Morales como “único candidato” para las elecciones generales 2025 y exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorice la supervisión del décimo congreso nacional de esa facción, a realizarse el 10 de julio en Villa Tunari de Cochabamba.  

“Ratificar a nuestro líder nato e histórico, hermano Evo Morales, como único candidato del bicentenario a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia para el periodo 25-30, rechazando los intentos de su inhabilitación desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, autoprorrogados y el Tribunal Supremo Electoral”, señala el punto 8 de la resolución.

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También el ampliado exige al TSE que autorice la supervisión al X congreso a llevarse en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, “no aceptaremos las maniobras ilegales de las salas inconstitucionales que pretenden robarse la sigla del movimiento político, siendo que el MAS-IPSP ha cumplido en cabalidad su estatuto orgánico y la Constitución, no existiendo ninguna causal jurídica legal para coartar el derecho a ejercer la verdadera democracia interna”.

En el ampliado, la facción evista se declaró en emergencia “permanente” y «apronte», por lo que se instruyó a organizar a sus bases para futuras movilizaciones si “los derechos del movimiento indígena son vulnerados”. Se señaló que su respuesta será contundente con el bloqueo de las carreteras.

Se advirtió que en caso de proscribir al MAS-IPSP, al tratar de expulsar del sistema democrática o trasferir su sigla “a los usurpadores”, o en caso de inhabilitar a Evo Morales “se activará de manera inmediata una movilización nacional por las organizaciones sociales del pueblo indígena y demás sectores sociales”.

La Procuraduría General del Estado informó que la Fiscalía imputó al exsubprocurador en el gobierno de Evo Morales, Juan Kaleff Clemor Vargas, por el delito de uso indebido de influencias.

“El Ministerio Público emitió resolución de imputación formal contra Juan Kaleff Clemor Vargas, exprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE)”. Eso señala el comunicado de la Procuraduría.

Clemor Vargas fungió como autoridad nacional en esa entidad estatal durante la gestión de Wilfredo Chávez Serrano. Quien también fue citado como testigo para la misma investigación.

Al exsubprocurador lo acusan de uso indebido de influencias, delito sancionado en el artículo 146 del Código Penal.

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Exsubprocurador

La Fiscalía considera que se encontraron elementos de “convicción” para sindicarlo en ese delito penal en base a la revisión del cuaderno de investigaciones. Así como las evidencias recolectadas durante la investigación preliminar en “grado de autor directo”.

Según se supo, el Ministerio Público señala que la oficina de abogados del imputado se vio favorecida por los contactos que tenía Clemor Vargas con autoridades del Estado. Principalmente del Órgano Judicial.

No es la primera acción contra la exautoridad, en febrero de 2023 la diputada de Comunidad Ciudadana, Gabriela Ferrel, informó que recibieron una denuncia contra Juan Kaleff Clemor Vargas. Todo por presunto acoso sexual y psicológico hacia una mujer.

(18/05/2024)

El presidente Luis Arce advirtió este sábado que “la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año” y ratificó que hay un boicot económico contra su administración, en medio del bloqueo a créditos externos en la Cámara de Senadores y un encuentro de opositores en Estados Unidos que levantó polémica y discutió una alternativa de unidad contra el MAS.

“Esto sucede en un marco complicado, porque la derecha se está afilando para las elecciones del próximo año. Muchos quieren acortar el mandato, todos quieren hacer todo; y lo único que estamos haciendo es trabajar por el pueblo boliviano y devolverle a las organizaciones sociales su instrumento político. No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando”, dijo Arce.

El mandatario emitió estas declaraciones en la entrega de ocho obras en Icla, Chuquisaca. “No le gusta a mucha gente que sigamos avanzando y resolviendo los problemas de los más humildes, de los que siempre han sido marginados”, remarcó. “Hay un boicot hacia el Gobierno nacional, un estrangulamiento que se quiere hacer a la economía del pueblo”.

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Arce y la derecha

Créditos de organismos internacionales que son demandados por el Gobierno se encuentran estancados en el Senado. Allí, el Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda a Evo Morales (evistas); junto a las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos les han puesto trabas; exigiendo que se debata las leyes 073 y 075 contra los magistrados prorrogados.

El Gobierno y los legisladores del MAS que apoya a Arce (arcistas) denunciaron que hay una nueva coalición entre evistas y opositores, que le ponen zancadillas a las propuestas legislativas del Órgano Ejecutivo. Esto ha ahondado la división interna en el partido oficialista, que también libra una pulseta para la realización de congresos que definan a su nueva directiva nacional.

Esta semana también se reveló una reunión de representantes opositores, como Zvonko Matkovic (Creemos), el diputado Carlos Alarcón (CC) y Samuel Doria Medina, empresario y extitular de Unidad Nacional (UN), la cual tuvo un cariz netamente “político”, tal como indicó Matkovic, afirmando que estos encuentros apuntan a tantear la “unidad” en la oposición.

En los actos por el aniversario de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, el vicepresidente David Choquehuanca señaló este sábado que las organizaciones sociales son el motor del proceso de cambio, por lo que pidió “unidad”, debido a que en el pasado “se han cometido muchos errores y toca” repararlos.

“Hermanos, son el motor del proceso de cambio y ese motor del proceso de cambio nunca tiene que detenerse. Los dirigentes tienen que garantizar que ese motor no se detenga y que nuestro proceso siga adelante. En el pasado se han cometido muchos errores. Hoy nos toca reparar a nosotros.  No se ha tenido una visión estratégica, por ejemplo, del desarrollo industrial del país”.

Recordó que en el pasado se tuvo un auge económico y altos niveles de ingresos por las materias primas, pero no se invirtió en la industrialización. “Hoy día, hermanos, necesitamos apostar a la industrialización”.

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Agregó que, así como la industrialización, también se debe apostar por el acercamiento y la hermandad y dejar de lado el “chantaje y el sabotaje”. “Sabotear es dañar hermanos, es herir, es lastimar, es humillar. No podemos seguir saboteándonos entre nosotros. Por eso es importante apostar al acercamiento, a la hermandad, al diálogo”

El Vicepresidente dijo que el “chantaje y sabotaje” crearon “muchos problemas”, no solo ante una ausencia de visión estratégica de un país industrializado, sino también en la administración de Justicia, que creó problemas

“Esa justicia colonial se está cayendo a pedazos hoy día. Este sistema de justicia tiene que cambiar de raíz. Necesitamos un nuevo sistema de justicia”.

Además, la autoridad pidió que se mantenga la unidad, porque así se garantiza que se escuche a las organizaciones sociales y se las respete. “Los operadores del divisionismo y del chantaje tienen miedo a la unidad. Solo con la unidad vamos a garantizar la construcción de ese Estado Plurinacional, cada vez más transparente, más democrático, más influyente, más participativo. Necesitamos salvar a Bolivia de la división, del egoísmo, del racismo, de la confrontación”.