La Policía investiga si el recluso Misael Misael Nallar, recluido en Chonchocoro, acusado por narcotráfico y por el asesinato de tres policías en Santa Cruz, comenzó la trifulca ocurrida el sábado en ese recinto carcelario.

El comandante general de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez, confirmó este domingo que el conflicto ocurrió en el pabellón J, donde Nallar guarda detención.

“Los hechos han ocurrido en el pabellón J donde sí, evidentemente, está privado de libertad Misael Nallar. Estamos investigando si él tuvo que ver con la trifulca. Ya tenemos personas identificadas”, señaló el jefe policial.

Tres policías quedaron heridos tras recibir golpes durante la reyerta. Dos reciben atención en el Hospital Arco Iris de La Paz.

La trifulca en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro requirió de apoyo policial la tarde del sábado. El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que el hecho “está bajo control”.

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Videos que circularon en redes sociales a varias patrullas e incluso personal de la unidad de Bomberos ingresaron al recinto carcelario para reforzar la seguridad.

Se conoce, además, que el personal policial empleó gases lacrimógenos para contener la trifulca.

Un reporte de Bolivia Tv da cuenta que el origen de la alerta se produjo por una pelea entre reclusos del mismo penal.

En ese penal se encuentra recluido el gobernador electo del penal de Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, acusado en el caso Golpe de Estado I. Una publicación en sus redes sociales, administrada por sus familiares, señala que la esposa del líder político y su hijo menor estaban de visita en el recinto de Viacha.

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca no aludió al expresidente Carlos Mesa por las masacres de 2019, sino por aquella que ocurrió en 2003, cuando entonces renunció el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

En la crónica sobre la trifulca verbal que el legislador sostuvo con el dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales, el sábado en la plaza Murillo, el periodista de La Razón malinterpretó los hechos relativos a las “masacres” y entendió que la referencia era a las de 2019, Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

En 2003, Sánchez de Lozada renunció a su mandato luego de la masacre de al menos 69 personas en El Alto, La Paz y en el área rural. Entonces, Mesa era vicepresidente y renunció al gobierno, no así a sus funciones, en señal de oposición a la represión con violencia y muertes.

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El sábado, Morales cuestionó que Roca, siendo disidente de CC, no renuncie a su curul.

El diputado le respondió: “A ver, dile eso a Carlos Mesa cuando estaban masacrando gente”.

Además, Roca no mandó “a la mierda” a Morales, sino que lo retrucó.

“Ándate a la mierda con los izquierdistas”, desafió el dirigente de Conade ante la alusión de “izquierdista” de parte de Roca. Y éste retrucó: “Yo, con ellos no voy ni a la mierda”.

Morales volvió con la frase. “No me jodas, Miguel; ándate a la mierda”, espetó.

Roca también insistió en su réplica: “Con vos ni a la mierda ni al cielo”.

La Razón expresa sus disculpas al diputado Roca por la malinterpretación de esas frases y lamenta que ese error le haya causado inconvenientes.

Una trifulca en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro requirió de apoyo policial la tarde de este sábado. El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que el hecho “está bajo control”.

Hasta el momento, no hay un reporte oficial del incidente, pero videos que circulan en redes sociales muestran cómo varias patrullas e incluso personal de la unidad de Bomberos ingresaron al recinto carcelario para reforzar la seguridad.

Se conoce, además, que el personal policial empleó gases lacrimógenos para contener la trifulca.

Un reporte de Bolivia Tv da cuenta que el origen de la alerta se produjo por una pelea entre reclusos del mismo penal.

En ese penal se encuentra recluido el gobernador electo del penal de Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, acusado en el caso Golpe de Estado I. Una publicación en sus redes sociales, administrada por sus familiares, señala que la esposa del líder político y su hijo menor estaban de visita en el recinto de Viacha.

“Exigimos al gobierno de Luis Arce y a las autoridades penitenciarias que de manera inmediata informen a los familiares y al pueblo cruceño y boliviano sobre la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. En estos momentos su vida corre peligro y es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de él y su familia que estuvo de visita”, se lee en la publicación.

Algunos medios informaron sobre reclusos heridos en ese hecho. Se espera que en las siguientes horas la autoridad de Penitenciarías emita información oficial al respecto.

Martín Camacho, abogado del exlíder cívico cruceño, informó a Unitel que su defendido fue trasladado de su celda a otro sector, por motivos de seguridad.

Por su parte, más tarde, el comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, informó de tres efectivos policiales policontusos en el operativo.

“A esta hora de la noche, ya ha vuelto a la normalidad. Estamos analizando las causas (del hecho) y se va a identificar a los responsables, para generar las acciones que amerite”, dijo a Unitel.

La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó que las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se denuncian entre ellos por la supuesta comisión de varios delitos, sin embargo, “ninguno va preso”.

La exmandataria se refirió al fuego cruzado entre evistas y arcistas, que va desde supuestos hechos de corrupción de parte de funcionarios y autoridades designadas por el presidente Luis Arce, hasta denuncias de “desestabilización” por parte del bloque afín al líder del MAS, Evo Morales.

Sin embargo, el caso al que hizo alusión la otrora senadora tiene que ver con un video en el que el diputado Rolando Cuéllar, cercano al jefe de Estado, explica cómo los seguidores de Morales fabrican armas artesanales.

Jeanine Áñez

“Los masistas se denuncian entre ellos y ninguno va preso. Así atacaron al país por instrucción de Evo Morales en 2019, luego huyó y siguió organizando la violencia armada contra el pueblo boliviano. Aquí explican su forma de proceder en Senkata y Sacaba”, publicó Áñez en su cuenta de X.

El diputado oficialista explicó que algunos movilizados utilizan la bandera del MAS para “camuflar” armas con proyectiles “de calibre 12”.

Según afirmó, esas armas de fabricación casera son utilizadas por miembros de protestas convocadas por Morales; con el fin de herir o causar bajas e inculpar al Gobierno “para pedir la renuncia” del mandatario.

Según Áñez, esa fue la forma de operar de los movilizados en las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019. Entonces, primero, el 15 de ese mes 10 personas murieron en represiones policiales y militares, todas a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.

Violencia

La segunda jornada violenta ocurrió el 19 de ese mes, pero en la zona de Senkata, en El Alto. La misma cantidad de personas perdieron la vida, por impacto de bala, en medio de la represión policial.

En total, según informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entonces se registraron 37 fallecidos en la crisis poselectoral de 2019; 20 de ellos en las masacres de Sacaba y Senkata.

Policías y militares actuaron irrumpieron las movilizaciones, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades ante el posible uso excesivo de la fuerza.

Los manifestantes exigían el “respeto a la democracia”, pues Áñez asumió el poder ipso facto luego de la renuncia del entonces mandatario Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de ese año.

Presidencia

Dos días después, la legisladora opositora asumió, primero, la titularidad de la Cámara de Senadores y luego la presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario ni la presencia del MAS, que ostentaba la mayoría en ambas Cámaras.

Por estos hechos, en el caso denominado Golpe de Estado II, fue sentenciada en 2021 a 10 años de prisión. Está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

Si bien guarda detención desde el 14 de marzo de 2021, el 10 de junio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a prisión en ese caso.

Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2023.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) pidió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca sumarse al “consenso” de la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado jueves.

“Pido al Pdte. Arce y al VP Choquehuanca se sumen al consenso alcanzado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa (sic)”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Así se refirió el exmandatario a la sesión bicameral que cesó a los magistrados y consejeros electos en 2017, aprobó la resolución para la continuación de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, y a la sanción de un crédito externo de $us 174 millones. Además, elevó a rango de ley un decreto presidencial sobre amnistía e indulto de reclusos.

Asamblea Legislativa

En criterio de Rodríguez, los mandatarios deben respaldar ese acto para “acordar el inicio de una reforma estructural del sistema judicial y adoptar medidas y políticas en materia económica, salud y educación”.

“Es una oportunidad para salvar las crisis y corresponder al pueblo con madurez y responsabilidad democrática”, complementó el exjefe de Estado.

Hay una serie de criterios que cayeron sobre la sesión convocada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que se declaró titular de la Asamblea Legislativa ante la suplencia del presidente nato, David Choquehuanca, que asumió las funciones de Luis Arce, de viaje a Rusia.

Miembros de la facción evista y el bloque de oposición aprobaron por más de dos tercios esas normas, ante la ausencia de los diputados y senadores del ala arcista del MAS, que tildaron de “ilegal” e “ilegítima” la actividad.

Eduardo Rodríguez Veltzé

Ellos consideran que Andrónico Rodríguez no estaba facultado para el llamado, por lo que anunciaron proceso contra el legislador representante del Chapare.

Sin embargo, a penas terminada la sesión, el jueves, Rodríguez y sus correligionarios brindaron una conferencia de prensa en la que atribuyó las decisiones al pleno bicameral.

“Como directiva (de la Presidencia de la Asamblea), a la cabeza de mi persona, hemos puesto a consideración el pedido y la demanda del pleno de la Asamblea. El pleno de la Asamblea es el responsable de haber iniciado y terminado con éxito esta sesión; en consecuencia, se vendrán amenazas, cedulón y notificaciones”, indicó Rodríguez.

Entretanto, Choquehuanca pidió al Tribunal Constitucional (TCP) un pronunciamiento respecto de las decisiones de la Asamblea Legislativa, para ver si las valida o no.