Algo que se incrementa día a día en las grandes ciudades es la vida acelerada de sus habitantes. Una realidad que denota que la velocidad en la rutina urbana es un hecho relevante y digno de ser observado. Esto, porque allí se sobredimensiona, cada vez más, el valor del tiempo. Vale decir que éste se convierte en lo más remarcable de la ciudad contemporánea, debido a la vida en continuo movimiento de su gente.

Un escenario ya frecuente en la cotidianidad de las metrópolis más desarrolladas del planeta, donde predomina la ciudadanía joven. Lo interesante es que allí el espacio y el tiempo son extensivos, algo que se detecta mucho más en los lugares de mayor concentración de personas como los aeropuertos, los centros urbanos y las avenidas más importantes de las grandes urbes.

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Allí, los habitantes parecieran moverse en grupos, los cuales se desplazan por las amplias aceras como masas corpóreas que transitan a una velocidad que asombra. Una especie de exigencia que tiene la vida contemporánea de hoy y que forma parte de la riqueza de las metrópolis. De ahí que no sorprende que, con el paso del tiempo, éstas hayan terminado cualificadas por el movimiento de ese gentío que es parte de la rutina citadina.

Un contexto que muestra, sin embargo, que allí predomina la población joven, la cual busca enfrentar diariamente los grandes desafíos que exigen esas sociedades.

Entre esos retos que son parte de la transformación de la vida del habitante en las metrópolis está la formación tecnológica, una destreza que es exigida cada vez más para el desenvolvimiento de la población en diferentes áreas.

Así pues, se observa un sobredimensionamiento del tiempo en la cotidianidad del ciudadano. Algo que implica la aceleración de la dinámica urbana, que podría ser entendida como una especie de círculo de quién llega primero al otro extremo.

Pensadores contemporáneos afirman que esa situación lleva al habitante a olvidarse de sí mismo. Empero, también le exige aprovechar al máximo y apropiarse en el menor tiempo posible de conocimientos, especialmente tecnológicos. Un desafío que pareciera recordarle que el éxito es cíclico, aunque la vida no es lineal.

En ese orden de ideas, conviene no olvidar que el espacio y el tiempo son extensivos, pero también intensivos, especialmente para las realizaciones personales, las cuales recuerdan que los seres humanos también necesitan esparcimiento. Una realidad que no siempre se la evidencia en el hacer. Por tanto, ese esquema del tiempo cíclico pareciera ser del pasado, ya que hoy es una especie de conciencia contemporánea que exige —principalmente a la gente joven— una transformación permanente.

Dado que en las metrópolis la vida se desarrolla en permanente movimiento corporal, algunos escritores han llegado a asegurar que el pasado mediato exaltó la inmovilidad pensativa, mientras que la grandiosidad del mundo se enriqueció con un nuevo sentido, la velocidad.

Una situación que confirma que las multitudes en permanente movimiento, hoy representan mareas multicolores que dinamizan las grandes ciudades. Aunque no siempre sean apreciadas de ese modo por el resto de la población.

A pesar de todo, los tiempos que corren nos llevan a pensar que la vida en velocidad ha trazado singulares puentes, los cuales, sin embargo, parecieran confirmar que solo los grandes gimnastas cruzan los ríos de un salto.

(*) Patricia Vargas es arquitecta

Vivimos tiempos difíciles en el país por el desequilibrio radical de los términos de intercambio comercial de nuestras exportaciones tradicionales, la sequía de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería, la falta de dólares en el mercado local por estos fenómenos y la letanía de sustitución de importaciones que no se concreta; solo vivimos del comercio informal de un mercado interno que no puede sustituir, pese a sus esfuerzos, a los rubros tradicionales que fueron por décadas el “salario” del país. Tan informal es nuestra economía que en la gestión pasada casi el 50% del valor de las exportaciones mineras provino de la exportación de oro, producto de la minería informal e ilegal de los aluviones auríferos del norte del país. ¿Por qué no hay nuevos proyectos ni inversión privada pese al potencial minero y por qué solo la minería informal puede generar grandes excedentes para los operadores? Una de las razones viene de las reglas de juego impuestas por la Ley Sectorial 535 y por algunas regulaciones constitucionales que aprietan el cinturón de los operadores formales y dan rienda suelta a los operadores informales.

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Sin entrar en detalles, quiero referirme hoy al government take, concepto anglosajón usado comúnmente para referirse a la parte, generalmente porcentual, que toma un gobierno del valor bruto generado por un proyecto, de acuerdo con la tributación obligatoria para el operador determinada por la legislación vigente. En el caso de la minería formal se han hecho muchos ejercicios de cálculo de este rubro y los resultados son realmente poco alentadores para un inversor que quiera operar en Bolivia. Al margen de los impuestos regulares que todos debemos pagar (IVA, IT, etc.), la minería formal está sujeta a un régimen de pago de regalías sobre el valor bruto de la producción (RM) y a un régimen de impuestos a las utilidades presuntas y su alícuota adicional (IUE 25%+AIUE 12,5%) que constituyen una pesada carga que denomino “camisa de fuerza” y que ocasiona que los operadores piensen dos veces cuando intentan generar inversiones de riesgo en el país (exploración, prospección, etc.), y es la razón oculta que genera el aumento de operadores informales (cooperativas, minería artesanal, etc.), que tienen un régimen especial de regalías (2,5% del valor bruto y exenciones para lo que llaman minería marginal), no están obligados a pagar los impuestos mencionados y operan en el mercado, también informal, para acceder a materiales y suministros. Todo esto es obviamente una ventaja que hace que todos quieran ser informales y que la sequía de inversiones en proyectos se agudice cada día más en el país.

El sistema de regalías en Bolivia se calcula sobre el valor bruto de ventas con una escala de entre 3% y 7% para los metales comunes de nuestra producción (artículo 277 de la Ley 535), Argentina usa una escala de entre 0% y 3% sobre ventas; ahora se tiene una propuesta de subir la escala hasta 5%, que está siendo fuertemente rechazada por las instituciones de productores y comercializadores de ese país (clubminero.com, 30/05/24); Chile y Perú usan escalas sobre margen operativo (1,72% a 6,05% para Chile y 2% a 5,75% para Perú, según la información asequible). Resulta obvio que nuestro sistema es poco competitivo con los vecinos y no toma en cuenta el margen operativo de cada proyecto; no es lo mismo un margen operativo de 65% que otro muy marginal de 35%, este parámetro puede compensar el riesgo de la inversión si se lo aplica correctamente. Hay muchos incentivos que se pueden aplicar para atraer inversiones: estabilidad por 30 o más años, devolución de gastos de prospección y exploración, del IVA y de gastos de responsabilidad social empresarial (RSE), entre otros, que hacen que, por ejemplo, Argentina sea hoy un refugio preferido de nuevas inversiones mineras. Todo lo anterior complementado con un duro impuesto IUE+AIUE, más la alícuota por remesas de dividendos (12,5%), más la inédita regulación de coparticipación mayoritaria del Estado de las utilidades (55% mínimo para proyectos en áreas fiscales; artículo 148. I de la Ley 535), configuran, como veremos más adelante, un esquema de government take que inevitablemente ahuyenta nuevas inversiones como viene ocurriendo en el país en las dos décadas precedentes.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

El ajusticiamiento a mano propia no es algo nuevo en nuestro país. Sin embargo, en anteriores semanas, la población se asombró ante el linchamiento perpetrado por los comunarios de Ivirgarzama en el Trópico chochabambino, contra tres hombres acusados de secuestro y otro tipo de delitos.

Lo particular de este caso no se relaciona únicamente con la brutalidad de las agresiones contra esas personas, en el entendido de que a pesar de ser culpables —o no— de un hecho ilícito, ello no los despoja de sus derechos fundamentales, ni de las garantías establecidas por la ley para todo ciudadano. Lo alarmante fue el hecho de que se encontraban bajo la custodia de la Policía y fueron extraídas de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) mediante el uso de la fuerza física, que fue utilizada para reducir a los efectivos policiales, extraer a los detenidos y someterlos en vía pública a agresiones, humillación y, finalmente, al linchamiento.

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De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política, en su artículo 251, parágrafo I: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano.” Por ello, en el momento en que un grupo de comunarios —sea de cualquier lugar del país— sobrepasa a la institución estatal encargada de detentar la fuerza pública y se atribuye el ajusticiamiento y la sanción de manera tan abrupta, significa que en definitiva algo está fallando.

Sin bien la justicia comunitaria es válida y se practica hace mucho tiempo en el país, ha sido utilizada en diversas ocasiones para justificar la vulneración de derechos, ya que existen precedentes en los que se ha procedido al linchamiento de inocentes, constituyéndose como uno de los recovecos del ajusticiamiento por mano propia la alta probabilidad de cometer un delito y no así establecer justicia o la reparación sobre el daño causado.

A pocos días de lo sucedido en Ivirgarzama, en Tolata, otra de las poblaciones de Cochabamba, se produjo un nuevo linchamiento, con dos hombres sometidos a una brutal golpiza, uno de ellos falleció por las agresiones físicas. Estos dos últimos linchamientos en Cochabamba evidencian —una vez más— una clara ruptura entre la población y la administración de justicia en el país. Parece urgente comenzar con un análisis serio y buscar un abanico de  soluciones para posibilitar —de una vez por todas— el acceso oportuno a la Justicia en todas sus instancias, dado que en la actualidad, el ciudadano común prefiere arriesgarse a vulnerar derechos fundamentales (como el derecho a la vida, a la salud, entre otros) y enfrentarse a cualquier presunto o flagrante delincuente, antes que confiar o recurrir a cualquier institución competente para que se emita una sanción o reparación al daño causado.

Cumplir y hacer cumplir las diferentes competencias de las instituciones nacionales es primordial en el momento que uno o varios grupos de personas se atribuyen la potestad de sancionar o ejecutar sanciones con extrema celeridad, por encima de los órganos que por ley detentan esa atribución. Bajo las circunstancias en las que se dieron los mencionados linchamientos, no debería ser una opción guardar silencio y actuar como si los derechos fundamentales fueran parte de la ornamentación de un edificio contemporáneo. No solo es tarea de la Defensoría del Pueblo alzar la voz cuando se trata de la defensa de derechos y garantías. Mañana, cualquiera de nosotros podría ser sometido con o sin razón a un linchamiento.

(*) Pamela M. Quino Montenegro es abogada e investigadora

Partimos con una máxima indiscutible para toda sociedad, especialmente para aquellos países en desarrollo, como Bolivia, la educación es la fuerza transformadora más poderosa de los pueblos. Un pueblo con educación siempre luchará por su libertad y dignidad, y superará cualquier obstáculo.

En este propósito, las maestras y maestros tienen un rol fundamental. A pesar de las distintas dificultades y problemáticas de nuestro sistema educativo, de ellos depende en gran medida la formación de las generaciones presentes y futuras; por ello, merecen todo nuestro reconocimiento, por la digna labor que cumplen.

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El proceso histórico. Caiza «D» quizás es el lugar menos conocido en la historia de la educación boliviana. Sin embargo, entre 1926 y 1930, las primeras ideas de la Escuela Ayllu (nombre quechua) y el sistema de organización nuclear de la educación tuvieron sus primeros desarrollos en las escuelitas rurales de Chajnacaya, Kestuche, Tuctapari, entre otras; experiencias que posteriormente fueron implementadas ya de manera más organizada y sistemática en Warisata.

Warisata, el lugar donde afloró la idea de Escuela Ayllu, a partir de 1931, tuvo como objetivo principal transformar la educación boliviana y promover la educación indígena para la liberación de los pueblos originarios, a través de un enfoque comunitario y culturalmente relevante. Esta iniciativa buscaba romper con las estructuras coloniales, resistir la opresión y la explotación imperante hacia los pueblos indígenas en aquella época.

Estas experiencias sembraron las semillas iniciales de la educación intercultural bilingüe y el modelo socio-comunitario productivo mediante el desarrollo de cuatro cualidades de la persona: munay, yachay, ruway y atiy (querer, saber, hacer y decidir), además de recuperar de los pueblos indígenas el concepto de convivencia en armonía con la Madre Tierra.

La Transformación Educativa. Los ideales de Caiza “D” y Warisata, articulados con las nuevas teorías internacionales de la educación, permitieron proyectar un nuevo sistema educativo a partir del diálogo de conocimientos. Esto se plasma en la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación actuales, organizando el sistema educativo en tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional.

La histórica transformación de la formación de maestros en 2010, no solo cambió la estructura, constituyéndola como parte de la educación superior, sino que también incrementó los años de estudio de tres a cinco y jerarquizó la formación, de técnico superior a licenciatura. Además, le asignó al Estado la formación exclusiva de los maestros. De manera adicional, y no menos importante, se realizó una profunda reestructuración del diseño curricular de cada una de las especialidades de las escuelas superiores de formación de maestros, incorporando elementos como la descolonización, la despatriarcalización, conocimientos actualizados de cada una de las ciencias universales y el enfoque intra, intercultural y plurilingüe de la educación.

Con el paso de los años, se debe reconocer que todas estas importantes transformaciones fueron insuficientes para los grandes desafíos que se planteó el Estado Plurinacional, ya que la educación había dejado de ser prioridad de la política pública por décadas.

Hacia el futuro. Los procesos educativos siempre suelen ser cíclicos y existe la posibilidad de reencaminar los objetivos. No obstante, no se puede perder de vista que el maestro es uno de los actores fundamentales para la transformación educativa, como elemento central del desarrollo de todos los pueblos.

En este contexto, existe la necesidad imperiosa de abordar una segunda etapa en la transformación de la formación de maestros en el país, bajo tres elementos que deben guiar la integralidad del perfil del maestro:

1) Recuperar la gran experiencia construida desde Caiza «D», Warisata y la experiencia de la última década en cuanto al valor de las raíces culturales en la educación.

2) Actualizar y articular el conocimiento de las distintas ciencias universales, como las matemáticas, las ciencias naturales, entre otros, a la práctica cotidiana, más allá de las abstracciones teóricas aúlicas.

3) Aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que le han dado al mundo un nuevo rumbo, sin posibilidades de retorno, para hacer más y mejor educación.

Nuestro desarrollo, como pueblo y como país, dependerá en gran medida de la calidad que le otorguemos a la educación como a la formación de los maestros, y de que ésta se convierta efectivamente en la primera prioridad de nuestras políticas públicas..

(*) Diego Pary es licenciado en Pedagogía y exviceministro de Educación Superior de Formación Profesional (2008-2011)

La recolonización europea/americana partió por instalar en los territorios independientes repúblicas coloniales, capitalistas y confesionales, sus agentes fueron los criollos y mestizos autoproclamados republicanos independentistas; nos impusieron y las élites asumieron que fuimos y somos periferia de Europa y de los EEUU. Esa condición colonial y de dependencia también es cultural e ideológica.

La construcción de los Estados en los países de nuestra América tiene sus propias peculiaridades, pero con grandes similitudes, y es la importación del fascismo italiano del nazismo alemán, de la Falange española a nuestra región, e impuesta por los golpes militares impulsados por los EEUU para instalar no solo sistemas de terrorismo de Estado, sino para anular y en lo posible aniquilar a los movimientos de liberación que se fueron construyendo en el seno de las sociedades latinoamericanas.

Consulte: Las derechas periféricas

Nuestra historia en el siglo XIX se caracterizó por tener movimientos independentistas anticoloniales; en el siglo XX, la lucha contra las oligarquías y las dictaduras militares, la lucha de los pueblos, de los campesinos, del proletariado, de sectores urbano-populares; en el siglo XXI contra el neoliberalismo, fueron luchas por derechos principalmente políticos, sociales, culturales, colectivos. Los movimientos indígena-campesinos del anterior y del actual siglo se caracterizaron por luchas anticoloniales, por los derechos de los seres vivos: humanos, animales y de la Madre Tierra, por el reconocimiento de los pueblos como sujetos políticos de derechos.

Nuestras luchas de siglos fueron por la vida, la forma para validar nuestros movimientos era ser Estado, es decir, llegar a ser las autoridades políticas electas democráticamente para que dirijan los gobiernos. Cada uno de los gobiernos progresistas y de izquierda electos en este siglo fueron sujetos de presión externa constante, de golpes civil-militar-parlamentarios e intentos de golpes, derrocamiento y encarcelamiento de presidentes. Los gobiernos que no pudieron ser derrocados fueron sometidos hasta ahora a bloqueos inhumanos a nombre de la libertad y la democracia; el derecho a ejercer la soberanía nacional fue sancionada por las potencias imperiales con la complicidad de las élites políticas, oligárquicas, eclesiales, mediáticas criollas.

Europa dio un giro hacia la extrema derecha, en España Santiago Abascal, líder de Vox; en Francia, Jean-Marie Le Pen del Frente Nacional; Thierry Baudet, líder del partido Foro para la Democracia en Holanda; Viktor Orbán, primer ministro húngaro; el exprimer ministro polaco Jaroslaw Kaczyński; la primera ministra italiana heredera del fascismo de Mussolini, Giorgia Meloni; los herederos del nazismo en Alternativa para Alemania (AfD). En las elecciones parlamentarias europeas a realizarse en junio, la extrema derecha será una de las principales fuerzas, estos liderazgos y partidos son movimientos civiles políticos cada vez más influyentes. Lo común de estos movimientos es que son xenófobos, antimigrantes, racistas, anticomunistas, religiosos, expresan su superioridad por la blanquitud de su piel.

Estos movimientos también tienen su incidencia en nuestra región, los exponentes influyentes son Bolsonaro, que ha instalado el bolsonarismo más como forma de acción y reacción violenta en sectores urbanos con el apoyo de iglesias evangélicas; Milei, el outsider que reivindica la dictadura, niega los más de 30.000 desaparecidos y proclama su admiración a Margaret Thatcher; José Antonio Kast, del Partido Republicano de Chile, que disputó la segunda vuelta presidencial contra Boric, su plataforma es Pinochet; en El Salvador, Nayif Bukele fue reelecto presidente exhibiendo la violación de derechos humanos como plataforma electoral; en Ecuador, Daniel Noboa, el presidente millonario que ingresó militar y violentamente a la embajada mexicana en Quito violando la Convención de Viena; en Perú, Dina Boluarte, la presidenta luego de la represión y asesinato de decenas de peruanos, se mantiene en el poder con el sustento del fujimorismo.

La frecuencia y la forma con que se presentan estos hechos y temas que eran la imagen y recuerdo negativo de un tiempo: fascismo, nazismo, genocidio, desapariciones, racismo, violencia… se están constituyendo en cierta normalidad en esta coyuntura de manera indefinida.

En nuestro país, las derechas fueron absorbidas por la extrema derecha, sus ejes discursivos están en sintonía con los códigos ultraconservadores. La recolonización es una constante, las matrices ideológicas siguen siendo euroamericano-céntricas.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda