El niño recorre feliz los campos sobre la espalda de su padre, cual si fuera el lomo de un corcel, con la diferencia de que las manos cruzadas hacia atrás hacen de estribo. Abrazado del hombre bueno de cerca de 40 años, desde las alturas, el pequeño tiene una vista privilegiada: un horizonte de cerros blancos, el bofedal, la planicie de espinas, thola y yareta; el camino polvoriento, los pasos y al fondo, Llallagua, la serranía azul en forma de conos, tendidos por la naturaleza lado a lado.

Van camino a la cantera en Cantuyo, a picar piedra a punta barreno, combo y cincel. Maestro de profesión, el joven padre había decidido mejorar sus ingresos con la venta de piedra caliza, cotizada por los constructores del pueblo para los cimientos y la base de las casas. Pilas y filas de pesadas piedras, algunas pulidas finamente y otras brutas, esperaban a los camiones.

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Acompañado de su hermano mayor, un flaco moreno y con el ceño siempre fruncido, pero capaz de domar toros bravos y montar el yugo para el barbecho o la siembra, el pequeño supo que las piedras eran la gallina de los huevos de oro, aunque para su edad ser picapedrero resultaba inalcanzable. Era una inspiración de mil oficios.

Un día, el niño fue confinado, un decir, a la estancia de su tío Esteban. Partió con el encargo de ayudar en tareas pecuarias, al cuidado de ovejas y llamas. Ha debido ser su primer oficio.

Al llegar a Qutaña, las primas lo esperaban con un asado. Luego, serían las compañeras de faena y de juegos.

Pero el chiquillo no aguantó la ausencia y a los pocos días decidió volver a casa. Tomó la misma ruta, aunque tuvo que —entre lágrimas y temor— armarse de valor para cruzar praderas y pajonales, escarpados caminos y desoladas rocas. La reprimenda que lo esperaba.

Meses después, otras tareas le abrieron los ojos. Con la intercesión de su padre, llegó a la pensión de don Gilberto, un tipo dicharachero y hasta matón. Solo la sazón de las comidas de doña Rogelia pudieron retenerlo por un par de vacaciones escolares. Y los dos panes de yapa diarios que don Pedro le daba al recoger el saco.

¿Puede un niño “cobrar” como salario tres revistas deportivas del mismo número? Así fue. Eran del homenaje a la Academia Tahuichi, campeona del primer Sudamericano Infantil de Clubes en Argentina. Aquel memorable equipo de Rolando Aguilera (+), Eduardo “Zorro” Rivero o de Francisco Takeo, Joaquín Ardaya, Rolly Paniagua y otras pequeñas figuras descollantes.

Pero sus expectativas mejoraron cuando fue “contratado” como el vendedor de la cooperativa comercial del pueblo. Uno a uno, los socios le encargaban su turno a cambio ropa, dinero o una cámara fotográfica instantánea Polaroid.

¡Qué gran emolumento resultó este novedoso aparato con el que logró su independencia laboral! El Carnaval era la época propicia para sus ganancias, aunque el dolor de hacerle un retrato a su primo fallecido a las horas de nacer, Sócrates, y no uno a su abuela Micaela lo marcó.

Con más experiencia en los negocios, aprovechó cada campeonato de fútbol y básquet del pueblo para sellar números y nombres de los clubes a plan de soplete, pintura y gasolina. Era todo un oficio, desde dibujar y cortar moldes con Guillete, hasta plagiar logotipos de Nike o Adidas.

Artista, tuvo que incursionar en el dibujo a lápiz y a marcadores Faber Castell para sus compañeras de la promoción, que le pagaban cómodos precios por un cuadro o unas carátulas.

Pero el radio Philips de la abuela y la simulación de comunicación con un hilo y dos vasos a cien metros de distancia, en el colegio, fueron la inspiración de su oficio de vida: periodista.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

¿Futuro hídrico seguro o incierto?… en plena era de la inteligencia artificial. Uno de los mayores retos de la humanidad es la seguridad hídrica de todos los seres vivos, sin agua no es posible ningún tipo de vida. Si bien dos de los sistemas hídricos de agua dulce más grandes del planeta nacen en Bolivia, las cuencas de la Amazonía y del Plata muestran cada vez más realidades de extrema sequía; sus habitantes son cada vez más vulnerables a sus impactos.

En un mundo azul, en 2023 la escasez del agua fue la gran protagonista. En plena Amazonía, Ecuador experimentó una crisis energética que continua, sus hidroeléctricas quedaron sin agua. En Brasil, el río Negro, un afluente del río Amazonas, deja de ser navegable, y el déficit hídrico junto al calor extremo en el lago Tefé provoca la muerte de un centenar de delfines.

Consulte: Bosques en pie

La tragedia ambiental también golpeó a Bolivia, más de 160 municipios en emergencia ante la falta de agua, ciudades como Santa Cruz, Villamontes y San Matías con olas de calor superiores a los 40°C, con aumentos en cuadros de deshidratación, calambres e insolaciones. La falta de lluvias fue implacable con la fauna y la flora silvestre, dejando un rastro desolador de muerte de animales que perecieron ante la falta de agua.

Una ruleta de condiciones extremas nos golpea; mientras las sequías son más extremas, las inundaciones arrasan sin piedad. La fuerza del agua avanza sin límites cuando ya no están los bosques ribereños. Esta semana, las inundaciones nos dejan un rastro de devastación; en el sur de Brasil, cientos de desaparecidos y decenas de personas muertas. En Yapacaní, los márgenes del río Ichilo están bajo el agua, con comunidades altamente impactadas.

Junto a otros países amazónicos, Bolivia es vulnerable a los efectos del cambio climático que va agudizando sus impactos a medida que aumentan la deforestación, los incendios y la contaminación de sus aguas (minería, lixiviados agropecuarios, basura, etc.). El agua disponible en ríos, lagunas y acuíferos requiere de infraestructura apropiada para que sea segura para el abastecimiento en calidad y cantidad.

Según parámetros de la disponibilidad de agua, una persona es vulnerable cuando su acceso al agua es menor al estándar internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) de al menos 20 litros al día por persona, que equivalen a 7,3 metros cúbicos al año. Sin embargo, si solo consideramos actividades como bañarse y cocinar, el consumo mínimo varía entre 27 y 200 litros diarios per cápita. Existen regiones y comunidades en el país que solo cuentan con entre 20 y 50 litros de agua por día para una familia entera, que deben acarrear desde distancias lejanas para cubrir esta necesidad mínima.

Nos quedan solo seis años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estamos muy retrasados para lograr como mínimo las metas relacionadas con el agua. Miramos y evaluamos a las sequías, junto a las olas de calor, como eventos climáticos pasajeros y no logramos avanzar en la preparación para afrontar un mundo con menos agua, y con más riesgos climáticos. Necesitamos dar pasos rápidos para alcanzar la seguridad hídrica. Experimentamos un quiebre en la historia humana: ¿el cambio climático y la inteligencia artificial serán capaces de impulsar la innovación para lograr la gobernanza hídrica planetaria?

(*) Marlene Quintanilla es directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la FAN

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que Bolivia es el país con mayor trabajo informal del mundo, con aproximadamente el 80% de su fuerza laboral, lo cual la sitúa inclusive ampliamente por encima de la informalidad de América Latina y el Caribe, que tiene un 53,7%, según los últimos datos al 2022.

En recientes días, el Gobierno dispuso para este año un aumento del 5,85 % al salario mínimo y un 3% al haber básico.

Consulte: Bonos verdes o inversión privada

A fines del año pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) de Bolivia fue de 6,9 millones de personas. De este universo, solo 1.053.470 personas tienen un trabajo formal. Pero, si solo considerásemos como empleo formal a aquellos que tienen determinada calidad medida en un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, beneficios sociales, cobertura médica, estabilidad laboral, derechos laborales satisfechos y otros, la población con un empleo formal y de calidad, solo estaría rondando un 5% de toda la fuerza de trabajo del país.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó de manera clara que el 1 de mayo no solo deberían ser homenajeados los trabajadores, sino también quienes permiten que se establezcan fuentes de trabajo legales. Los mayores empleadores en el país son los micro, pequeños y grandes empresarios.

El mismo día que se conocía el acuerdo Gobierno-COB sobre el aumento salarial, el INE expuso que en los dos primeros meses de este año el país registró un déficit comercial de $us 295 millones.

Los grandes, medianos, pequeños y micro empresarios lamentan la unilateral determinación del Gobierno de elevar el salario mínimo nacional y el haber básico, muy por encima de la inflación registrada el año pasado y sin evaluar la realidad empresarial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechazó la propuesta de la COB, porque considera que este aumento es “insostenible para el sector empresarial, provocará el cierre de unidades productivas y una mayor precarización del trabajo formal”.

Considerando la coyuntura económica actual, es inviable el incremento acordado entre el Gobierno y la COB. El 3% al haber básico tiene un efecto multiplicador en las planillas salariales.

El empresariado boliviano, respaldado por leyes nacionales, ha pedido una negociación tripartita entre Gobierno, trabajadores y empresarios, como claramente lo establece el Convenio 131 de la OIT, ratificado en Bolivia por la Ley 2120 “que instruye la consulta exhaustiva e igualitaria a los trabajadores y a los empleadores antes de definir el salario mínimo nacional”.

El Gobierno, junto con los empresarios, busca encontrar una salida a problemas como la caída de los ingresos nacionales, la escasez y encarecimiento de dólares y, por tanto, el incremento en el precio de productos básicos. Todo ello debe llevar al Ejecutivo nacional a velar por la estabilidad del sector privado, que puede ser su aliado para el mejoramiento integral del país. En síntesis, debemos dejar de pensar en los resultados cortoplacistas y tener una visión de estadista.

Entendemos que el incremento salarial es una demanda social genuina de los trabajadores, sin embargo, debe ser consensuado con el empresariado.

Las estadísticas sobre el incremento salarial en el país nos muestran que entre 1991 y 2005 el aumento del Salario Mínimo Nacional fue de 267%, mientras que entre 2006 y 2022 la cifra subió a 350%.

Los dirigentes de la COB parecen olvidar que las empresas no solo deben cumplir con el porcentaje de aumento salarial dispuesto, sino que a esto se suman otras obligaciones que incrementan sus erogaciones.

(*) Rolando Kempff Bacigalupo es economista, licenciado en la UMSA, académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL

Seguramente éste como otros días, muchas personas acudirán a los centros de salud y hospitales, y se lleven la sorpresa de que algunos trabajadores del sector salud vienen cumpliendo paros con el argumento del rechazo al proyecto de Ley 035/23, que propondría supuestamente una jubilación forzosa a los 65 años, generando perjuicio a la población.

Es evidente que mucha gente adulto mayor de nuestro país ya cuenta con la edad para jubilarse, pero no lo hace por temor o desconocimiento de la norma, siendo que se trata de un derecho que les asiste por disposición de la misma Constitución Política del Estado, la cual establece que el Estado garantiza el derecho a la jubilación.

Revise: De la política, su judicialización

De esta manera, a través de este espacio, quiero compartir con los lectores algunos aspectos relacionados a los requisitos de acceso a la jubilación, entre los que se encuentran la edad y otros datos, para que se comprenda por qué es importante ejercer el derecho a la jubilación.

La vigente Ley 065 de Pensiones, promulgada bajo los lineamientos de la Constitución aprobada en 2009, implementa como una de sus innovaciones que las y los bolivianos puedan jubilarse a la edad de 58 años y con tan solo 120 aportes, en el caso de mujeres pueden reducir la edad en tres años, uno por cada hijo o aumentar su densidad.

Por lo que en Bolivia ya se tiene prevista una edad de jubilación que se otorga al trabajador mediante una pensión vitalicia y con un número mínimo de aportes (10 años), siendo una de las más bajas en Latinoamérica, respecto a Uruguay, Brasil, Argentina, entre otros países de la región.

Ahora bien, se ha visto en la población una confusión con el actual planteamiento del Gobierno que propone la edad de 65 años para que el trabajador ejerza el derecho a la jubilación, para lo cual paso a brindar un razonamiento personal de los alcances de la discutida disposición adicional de proyecto de Ley 035/23, que tendría como objeto que los trabajadores se acojan y ejerzan el derecho a la jubilación a los 65 años, derecho que se enmarca en la misma Constitución, en resguardo de la salud y bienestar del trabajador de la tercera de edad, no encontrando contravención al texto constitucional y entendiendo que lo que se pretende es que el derecho a la seguridad social se vea efectivizado con la jubilación a la edad citada.

Habrá que comprender que la jubilación, por definición es un medio de subsistencia generado desde la seguridad social, no comparable a un salario, que tiene su origen en lo laboral; ambas materias tienen naturaleza y propósito distinto, aspecto que ciertos dirigentes y opinadores aprovechan para confundir a la población. La seguridad social es universal porque beneficia a médicos, profesores, choferes, trabajadoras del hogar y otras ocupaciones sin distinción y en igualdad de condiciones, y no es obligatoria cuando se trata de determinar una edad para su ejercicio objetivo, aspectos que están protegidos por la Constitución.

Pues habrá que pensar un momento para evaluar si la posición de algunos sectores que buscan protagonismo puede truncar con paros el ejercicio de los derechos del resto de la población que es la mayoría, como ser el acceso a la salud, educación, y también a una seguridad social oportuna.

(*) Richard Silva Gutiérrez es abogado

Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.

Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.

El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.

Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.

No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.