Fiscalía de Brasil arremete contra Rousseff, Lula y élite política por fraude a Petrobras
Una avalancha de pedidos de investigación realizados por el fiscal general de la República en la noche del martes sacudió al país a apenas una semana del probable inicio de un juicio político contra Rousseff en el Senado y su suspensión del cargo por hasta 180 días, mientras dure el proceso.
De la presidenta Dilma Rousseff a Lula y el jefe de la oposición, gran parte de la élite política brasileña es blanco de la investigación del megafraude en Petrobras, con la notable excepción del vicepresidente Michel Temer, a punto de acceder al poder.
Una avalancha de pedidos de investigación realizados por el fiscal general de la República en la noche del martes sacudió al país a apenas una semana del probable inicio de un juicio político contra Rousseff en el Senado y su suspensión del cargo por hasta 180 días, mientras dure el proceso.
Hasta ahora Rousseff no es blanco de ninguna acusación de corrupción.
El fiscal general Rodrigo Janot pidió a la corte suprema permiso para investigar a Rousseff, al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y al abogado general del Estado, informó la prensa brasileña.
¿Las razones? Intento de obstruir la enorme investigación mediante la designación de Lula como ministro, el plan para nombrar a un juez de apelaciones con la meta de liberar a presidentes de constructoras presos y la tentativa de impedir la confesión a la justicia de Delcidio Amaral, exlíder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado e involucrado también en el escándalo.
Janot también denunció a Lula por obstrucción de la justicia al intentar comprar el silencio de un director corrupto de la estatal Petrobras. Si el Supremo Tribunal Federal (STF) acepta su denuncia, el líder histórico de la izquierda pasará de investigado a reo en el megaescándalo que defraudó a Petrobras durante una década, a un costo de más de 2.000 millones de dólares, para beneficiar a decenas de políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera.
La fiscalía pidió al STF el martes autorización para investigar por asociación para delinquir, lavado de dinero y corrupción a Lula y tres ministros de su gobierno, al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y a 26 personas más. El día anterior había hecho lo mismo con el jefe del partido opositor PSDB, Aecio Neves.
«Esa organización criminal jamás podría haber funcionado por tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del gobierno federal sin que el expresidente Lula participase de ella», dijo Janot en su pedido, citado por la prensa.
Gran parte de las sospechas del fiscal se basan en declaraciones del senador Amaral a la justicia que se han filtrado a la prensa, mediante las cuales el exaliado de Rousseff busca reducir su pena.
Las denuncias de Amaral «son absolutamente livianas y sobre todo mentirosas», dijo Rousseff a periodistas el miércoles, en su primera reacción al pedido de investigación de la fiscalía.
«Estoy segura de que la apertura de la investigación mostrará que el senador, una vez más, faltó a la verdad (…) Creo que su credibilidad es bastante precaria», añadió.
Todo indica que el 11 o 12 de mayo el Senado suspenderá a Rousseff e iniciará su procedimiento de destitución debido a acusaciones de que utilizó préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios.
El senador opositor Antonio Anastasia, responsable del informe de la comisión que analiza el impeachment, se manifestó el miércoles, sin sorpresas, a favor de la instauración del juicio político en el plenario.
Temer, exaliado de Rousseff y a quien el gobierno acusa de traición, asumirá su cargo de forma interina, y si finalmente dos tercios del Senado la consideran culpable, hasta el fin de su mandato en 2018.
Pese a que según el senador Amaral el vicepresidente Temer estuvo involucrado en la trama de corrupción en Petrobras, para sorpresa de muchos la fiscalía no lo incluyó en sus numerosos pedidos de investigación.
En la delación de Amaral «solo hay menciones al nombre del vicepresidente Michel Temer que no ameritan un pedido para abrir una investigación sobre el», dijo una fuente de la procuraduría general a la AFP.
Acusado por Rousseff de tramar un «golpe parlamentario» en su contra, Temer, del partido de centro PMDB, prepara ya su nuevo gobierno y discute abiertamente quiénes serán sus próximos ministros.
Constitucionalmente, una vez que sea presidente interino no se le podrá juzgar por supuestos delitos cometidos antes del inicio de su mandato.
El elegido de Temer para liderar el ministerio de Planificación es un senador de su partido investigado en el marco del megafraude a la estatal. «Entiende mucho de economía y de presupuesto, es un excelente funcionario. Si fuera a esperar que se declare su inocencia, el gobierno termina», dijo Temer al diario O Globo.
