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Suele criticarse a la élite neoliberal por “maquiavélica”, en el sentido vulgar del adjetivo. En realidad, su problema fue no serlo, si entendemos por “maquiavelismo” lo que éste realmente significa. La élite neoliberal no se atuvo a la razón de Estado (esto es, en los términos de Maquiavelo, a la preservación de la hegemonía que ganó tras el ajuste económico de 1985). Algunos de sus principales dirigentes presumían de “Maquiavelos criollos” por su astucia para incrementar el poder de sus partidos y el suyo personal, y para apartar del camino a toda clase de adversarios, pero estaban pensando en el Maquiavelo que no es. Sus acciones satisfacían apetitos, incrementaban sus arcas, les daban momentánea notoriedad, pero al mismo tiempo socavaban, con lentitud, pero seguridad, los cimientos de su dominio: les quitaban posibilidades para usar la coerción con éxito, por un lado, y los desprestigiaban ante el pueblo, disminuyendo su influencia y dominio sobre él. Porque la razón de Estado exige tomar en cuenta al pueblo, y por eso es una razón política y no puramente militar. El príncipe enseña que el poder nunca es absoluto. Un señor puede poseerlo, y en grandes cantidades, pero siempre habrá, junto a él, otros que también serán poderosos, aunque en menor medida. Estos son los candidatos más cercanos a desplazar al primero. Por eso la política, en tanto arte de lograr y conservar el poder, está orientada en primer lugar hacia ellos.

La lista de poderosos es muy grande: están los otros señores, que en lenguaje moderno equivalen a los dirigentes de los partidos rivales y de los gobiernos locales; están los grandes propietarios, que normalmente se aliarán al príncipe de turno, para que sus negocios no sufran, y, finalmente, está el pueblo. Maquiavelo hace hincapié en ello: este es mucho más fuerte que las demás partes en las que el poder se divide; por eso, hay que evitar perderlo o tenerlo en contra: “Al príncipe le es necesario tener al pueblo de su parte, porque si no, no tendrá remedio en las adversidades…”.

Esta no fue la convicción de la élite neoliberal. Esta llegó al poder después de una gran derrota de los dirigentes y de las ideas estatistas y de izquierda que representaban tradicionalmente al pueblo boliviano. Pudieron instalar y sostener sus primeros gobiernos con total libertad, casi sin ninguna contestación de la población y, al contrario, con la simpatía de esta, que agradecía y aplaudía a los partidos que la habían salvado de la hiperinflación. Por esta razón, estos príncipes le perdieron el respeto y el temor al pueblo, olvidaron que es el más poderoso de los sujetos políticos, aquel del que depende en gran parte la estabilidad y prosperidad del gobierno.

Tratándose de una democracia, de un periodo en el que se realizó más de una decena de elecciones nacionales y regionales, la anterior afirmación parece absurda. Pero no lo es. La élite neoliberal consideró al pueblo como un simple factor electoral, supuso que su capacidad de ejercer consenso y coerción sobre él era tan grande como la de las élites de los países occidentales desarrollados, con las cuales se identificaban más que con el pueblo, y por tanto que este ya no podía expresarse del modo que retrata Maquiavelo, quien lo hace responsable de la caída de muchos príncipes. La élite creyó que el pueblo ya solo se expresaría electoralmente y, luego, cuando vio que eso no ocurría y las manifestaciones violentas de masas iban en aumento, sobre todo desde 1997, no quiso aceptar lo que estas representaban; las atribuyó a “agitadores” y “conspiradores”, y las trató como disfunciones que era posible erradicar, cuando eran muestras de que la mentalidad colectiva había cambiado.

Los príncipes neoliberales introdujeron en la práctica política nacional la realización de mediciones más o menos periódicas y más o menos serias de la opinión pública, pero su propósito no era comprobar si las bases de su poder se hallaban tan bien asentadas como ellos creían; las suyas eran encuestas de orientación electoral que servían para recolectar y agregar las demandas de la gente. Los resultados que, pese a ello, mostraban la creciente enajenación de pueblo fueron ignorados o entendidos como datos electorales que indicaban que el voto se desviaría hacia candidaturas “anti-sistémicas”, es decir, extrañas a la élite. Esto preocupaba, pero se pensaba conjurar por medios también electorales: marketing político, inversión en campañas, coaliciones de varios partidos similares, etc.

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Entre 2000 y 2002 los estudios detectaron una enorme cantidad de “furiosos” por el estado de cosas, lo que era un resultado directo del comportamiento de los partidos de la élite durante los años anteriores y de la recesión económica que se vivía en ese momento. Pero este dato se interpretó mal. No dio origen a ninguna autocrítica.

La falta de atención y respeto por el pueblo impregnó todos los actos de la élite neoliberal: la venalidad con que administró la cosa pública, incurriendo en constantes escándalos de corrupción; la rebatiña y la repartición amañada de los mejores cargos públicos entre un grupo de funcionarios que formaba parte de esta élite y estaba ligado a las empresas privadas, a las cuales favorecía; el pago a estos funcionarios con jugosos sobresueldos, que se procuró disimular con una partida “reservada” de gastos, la cual en realidad no ocultó nada y en cambio volvió discrecional y sucia la administración de estos fondos, etc. Todo esto se hizo con la mayor alegría, despertando la envidia y la repulsa de la gente pobre que, entretanto, tenía que arreglárselas con las numerosas dificultades que las reformas neoliberales habían traído a sus vidas. Los que así actuaban presumían de “maquiavélicos”, pero en realidad desconocían y negaban al teórico florentino. Su comportamiento puso en peligro, primero, y luego anuló su ascendiente intelectual y moral sobre la población. “Los que llegan a príncipes por vías virtuosas adquieren el principado con dificultad, pero lo mantienen fácilmente”, recomendaba, en cambio, el autor de El príncipe.

(*)Fernando Molina es periodista y escritor

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La Participación Popular podría considerarse, luego de la revolución de 1952 , la más profunda e inconmensurable reforma en democracia de vocación descentralizadora y paradójicamente impulsada por un gobierno central, quién asumió la audaz decisión de compartir poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que hasta ese momento. se hallaban bajo custodia y absoluta decisión del poder central.

Caso curioso el boliviano, originado y agendado fuera del centro y del altiplano, pero anidado en mentes visionarias y con voluntad política desde el llano, para trasladarlas al plan de gobierno de un partido, que eventualmente paso a convertirse en una política pública, de la que hoy nadie reniega o pretende devaluarla, reconociéndola como una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en los planos político, fiscal, social y territorial de la historia de Bolivia.

El régimen de autonomías incorporado en la constitución del año 2009, se estructuró sobre la base de la descentralización del año 1994 con la participación popular, capitalizada por los actores territoriales en la promoción de liderazgos políticos locales, desarrollo de capacidades administrativas, esfuerzos tributarios, ampliación de servicios públicos sociales y económicos, participación vecinal e indígena en la planificación y destino de los recursos asignados, de naturaleza innovadora para la tradición concentradora del Estado.

Desafortunadamente, uno de los riesgos fue descentralizar un Estado tradicionalmente débil, con un país rural abandonado por la implacable urbanización y astillado en pequeños poblados silenciados por la marginalidad de territorios y sistemas de vida cada vez más vulnerables a fenómenos económicos y medioambientales.

La descentralización de base municipal desnudó al débil Estado capturado por un inmaduro sistema político que, en ausencia de normas y estructura institucional estatal, no puedo conducir ni responder a la impronta municipal desatada.

Con el régimen autonómico, el costo de administrar el Estado creció por la ampliación de dos gobiernos (nacional y municipal) a cinco (más el regional, departamental e indígena), aumentando significativamente la burocracia estatal, congestionando la gestión de servicios, como por ejemplo en salud y educación, que eran competencia exclusiva municipal, y la modificó a concurrente para justificar la presencia del gobierno central en el territorio, propiciando una competencia desleal ; sin ocupar la estructura descentralizada del Estado , creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar al territorio con programas de alcance nacional .

La tensión entre el impulso descentralizador del año 1994 y el ambivalente régimen de autonomías de 2010, no ha facilitado la gestión de municipalidades cada vez más debilitadas por la sobrecarga de competencias (bono discapacitados, fondo de fomento a la educación, sistema nacional de seguridad ciudadana entre otras materias) y asfixiados financieramente por la caída en las trasferencias de un modelo primario y monoproductor; en lo cotidiano, abandonados en un escenario mucho más complejo que el del inicio. Prueba de ello, la mayoría de los municipios que se hallaban en el año 1992 en quintil más pobre, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.

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Aún existen muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en el diseño como en la operación, el tiempo y los gobiernos centrales convirtieron por acción u omisión los conceptos en defectos respecto del modelo original; sin embargo, tres décadas después, a pesar de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, afortunadamente no alcanzaron a modificar su espíritu, el mismo que continua vigente y con mayor arraigo en los actores y sistemas predominantes en el territorio.

Nada podrá revertir el escenario de la descentralización municipal de 1994, más al contrario, además de convertirse en la piedra angular del Estado, es la caja de resonancia del trepidante escenario político nacional y también la redención, especialmente en ciudades grandes e intermedias, a la creciente demanda social, económica y de infraestructura pública en favor de los más vulnerables que hacen posible testimoniar y celebrar hoy aquel visionario modelo de descentralización.

Luego tres décadas, la resistencia a la autonomía y a una mayor descentralización, así como la forma más o menos conflictiva y trabada de su proceso, no es una característica y responsabilidad exclusiva del gobierno central, también responde a la debilidad institucional y falta de liderazgo de los gobiernos municipales para explotar el régimen de autonomías vigente y “jalar” finalmente la auténtica descentralización.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

El pasado domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano se enfrentaba a un referéndum con once preguntas orientadas a reformar la Constitución e impulsar políticas públicas. Lo había convocado meses antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguiendo la estela de sus predecesores, Guillermo Lasso y Lenin Moreno quienes convocaron también sendas consultas. El horizonte político de las tres consultas, al margen del contenido de las preguntas, compartía un mismo objetivo político: relegitimar en las urnas sus precarios gobiernos. Todos ellos, gobiernos logrados en segunda vuelta por escasos márgenes y todos gobiernos con minoría en la Asamblea Legislativa.

De las once preguntas planteadas, nueve referían a reformas judiciales, policiales o militares y tenían una clara orientación securitaria. Respecto a esas nueve preguntas se había creado un cierto consenso nacional, sólo roto en las últimas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, un hecho que forzó al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), a adoptar una posición de rechazo frontal a las propuestas del presidente. Eran por tanto preguntas sobre las que no pesaban dudas acerca del resultado.

Sin embargo, dos de las once preguntas escapaban a este esquema. En dos preguntas fundamentales Noboa consultaba, primero, sobre el retorno de una fórmula precarizadora del mercado laboral -contra la que él mismo se había pronunciado en campaña electoral-, el contrato por horas y, segundo, sobre la sujeción de Ecuador a tribunales internacionales en diferendos económicos. Estas dos eran las únicas preguntas sobre las que existía disputa política, las dos que atañían al modelo económico del presidente, dos preguntas que habían recibido un rechazo frontal desde el primer momento por parte de la oposición politica de la RC. En ambas preguntas la población dijo No. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron No al arbitraje internacional (64,9%) y No al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

En el resto de preguntas, como decimos, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana y de carácter incuestionable, el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría George Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correísta o anticorreísta.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parte- apoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Noboa fracasa, por tanto, en el objetivo de relegitimarse. Este resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente si quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por el contrario, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

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Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenin Moreno.

De hecho, en cierto modo, en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para emprender una furibunda carga contra éste. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, lo que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023: ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

(*)Sergio Pascual es analista político

El Punto Sobre la i

Esta semana, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, generó un nuevo incidente diplomático en la región, cuando acusó a Bolivia y Chile de tener en sus territorios a agentes terroristas iraníes. La aseveración motivó la protesta de ambos países. Bullrich presentó sus excusas antes Santiago, pero no ante el gobierno boliviano. Al presente, la referida ministra del país rioplatense anunció que mantiene sus fronteras en el norte y embajadas “con alerta alta”.

Si bien este es el más reciente episodio en el que se gatillan tensiones diplomáticas desde el gobierno de Javier Milei, no es ni por si acaso el primero. El mandatario ya sostuvo controversias y se refirió con adjetivos ofensivos a otros presidentes de América Latina. Tal fue caso con sus pares de Colombia, Brasil y México. Protagonizó además otro entredicho con China. Cabe señalar que Brasil, China, Chile y Colombia están entre los países más importantes en el intercambio comercial argentino.

En el caso de la ministra Bullrich, cabe además recordar que, en 2021, el Gobierno argentino “denunció penalmente el contrabando ilegal de armamento y municiones que el gobierno de (Mauricio) Macri envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019”, según indica una nota oficial del Ministerio de Seguridad. La acusación se dirigió contra la actual titular de esa cartera de Estado, el expresidente Macri y otros funcionarios.

El año pasado, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se presentó ante una comisión de la Cámara de Representantes de su país e informó en relación al denominado triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo”, aseveró la militar.

A principios del mes en curso, Milei y Richardson sostuvieron un encuentro en Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego. En la cita, acordaron la creación de una “base naval integrada” entre ambos países. Argentina se comprometió en la adquisición de equipo bélico estadounidense, incluyendo cazas F-16 mediante un subsidio de $us 40 millones, según indica una nota oficial de la Embajada de Estados Unidos en el país vecino del pasado jueves.

Conversamos respecto a estos temas con el destacado abogado, intelectual y exministro, Reymi Ferreira. El diálogo recorre diversos aspectos, comenzando por la acusación de Bullrich de la última semana, hasta abordar la situación de la región en un momento de transiciones geopolíticas de gran importancia.

– ¿Cómo se pueden entender estas tensiones diplomáticas que vienen siendo gatilladas desde el actual Gobierno argentino?

Es la nueva derecha, la nueva ola conservadora que está en América Latina, que en realidad llega a ser la segunda. La primera la trajo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Bolsonaro ha sido en realidad el pionero en América Latina, que trajo esa ola de los ultraconservadores de Estados Unidos, y en la que Javier Milei juega un papel. Un peón más de la estructura neoconservadora que ha llegado a América Latina; que no dejan de ser elementos disociadores que están al servicio de intereses extranjeros, están al servicio de las potencias imperiales. Y lo lamentable es el silencio, prácticamente la falta de condena contra este tipo de exabruptos y este tipo de políticas. Pero yo creo que es parte de una oleada continental que viene desde los grupos más tenebrosamente conservadores de Estados Unidos.

– ¿Cómo se puede entender la racionalidad política de estas controversias?

Milei es muy irracional. Yo creo que está haciendo poses, pininos para la opinión pública internacional. No creo que esté pensando en la Argentina, Él está pensando en la gente de afuera, a los que él sirve. Quiere quedar agradable a los grandes poderes del sionismo, de estos capitales transnacionales, de la ultraderecha norteamericana. Y así repite cosas que no tienen sentido. Ya ha tenido que disculparse con Chile y no lo ha hecho con Bolivia, cosa que es lamentable y terrible. Que, además, debe merecer la protesta del Gobierno boliviano porque es realmente una barbaridad que se vengan a armar ese tipo de acusaciones. Es evidente que no existe ese tipo de situaciones en nuestros países.

–¿Tiene esto alguna racionalidad en el ámbito internacional más grande?

Lamentablemente, no puede haber racionalidad en alguien irracional y en una política irracional. La política a Milei, como la de Trump y de Bolsonaro, son políticas irracionales. Entonces, pedir racionalidad a políticas irracionales no creo que vaya a dar muchos frutos. Básicamente es un actuar instintivo. Hitler no era nada racional, sus políticas eran lo más irracionales que había. Y eso terminó destruyéndolo y, de paso, destruyendo parte del planeta en un determinado momento. Milei es igual, un hombre puro hígado; que ha demostrado tener muy poca racionalidad y mucho hígado. Ese es el gran problema con este tipo de gobernantes. Cuando el cerebro es más chico que el hígado, acaban haciendo lo que está haciendo Milei: inventándose terroristas en Bolivia o en Chile, agrediendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, entrando en contradicción con el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también con Lula da Silva. Abriéndose enemigos gratuitos en todas partes, para recibir las palmaditas que se le dan a un cachorro por seguir las instrucciones. Declarando su apoyo a que la capital de Israel sea Jerusalén y cosas así. Cosas raras, realmente.

Milei sabe, a ciencia cierta y porque además él predica eso -el no cree en las ayudas ni los subsidios- que para Argentina no a haber ni ayudas ni subsidios de los organismos internacionales. Lo que sí puede haber son créditos leoninos e incluso eso, en su caso, es difícil. Esto es así porque, refiriéndonos a Argentina, el expresidente Mauricio Macri ya endeudó por 100 años a ese país. Hay una deuda intergeneracional enorme. Argentina no es en este momento un sujeto muy serio de crédito por las deudas que dejó Macri. Entonces, creo que lo que está haciendo se enmarca en esa actuación irracional, de una política internacional irracional, como la interna, que no tiene nada de racional.

– ¿Qué dice todo esto sobre la situación de América Latina en relación a un nuevo contexto internacional, con tensiones geopolíticas emergentes y diferentes a las del pasado reciente?

Bueno, no hay una nueva Guerra Fría, todavía. Actualmente hay una guerra, que es económica, con China. El gran enemigo o rival, en este caso, de Estados Unidos y de la Unión Europea, no es Rusia, es China. Ese es el trasfondo de la cuestión. Y en América Latina lo que se está viendo es eso, los intereses comerciales, económicos y financieros, de los norteamericanos y europeos que están en constante disputa de mercados y espacio con China. Eso es lo que hay. Secundariamente está el tema de la alineación que Estados Unidos antes tenía en la Guerra Fría con los países latinoamericanos, que hoy no la tiene.

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Entonces, quizás lo que le interesa a Estados Unidos en el plano geopolítico es tratar de generar un espacio como en el pasado, que permita que los estados de América Latina sigan las instrucciones de Washington. Por ejemplo, romper nexos o bloquear a Rusia; que eso hoy no lo tiene. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos, con raras excepciones, no se ha plegado a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Veo que los norteamericanos están trabajando en esas líneas: en la línea geopolítica, en relación al tema ruso, y en la línea económica, en relación al tema chino. Y ese, quizás, es el papel de Milei, haciendo que de alguna forma él trabaje en ese sentido. Aunque, Milei está más preocupado por el tema de Irán. Se ha pronunciado evidentemente a favor de Ucrania y todo eso, pero su principal preocupación, por sus declaraciones últimas, es básicamente Irán. Y en Estados Unidos igual, su conflicto con Rusia está pasando a un segundo plano. Ahora su principal preocupación está empezando a ser Irán.

– ¿Cómo está tensionando esto la relación entre los gobiernos de izquierda progresista en la región con esta segunda ola de gobiernos de derecha?

Yo creo que ahora esto se dará con mucha más fuerza, porque Estados Unidos, mientras hubo el conflicto con los países de Oriente Medio por el tema de Irak, los talibanes, Al Qaeda o del ISIS, había secundarizado su atención hacia la región, al no haber ya la Guerra Fría. Aminoró su atención hacia América Latina; se descuidó, de hecho, y se dedicó a otros lugares del mundo. Priorizó su lucha contra lo que denominó el terrorismo de los grupos islámicos. Ahora, al aparecer estos nuevos fenómenos, como el fenómeno iraní y el ruso, la presencia mayor de China, no como amenaza política y militar, sino económica, entonces está reorientando su mirada hacia América Latina. Un espacio que tenía como patio trasero, que de pronto empezó a tener autonomía y llegó a realizar importantes esfuerzos por su cuenta. Con el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos empezó a dirigir políticas muy bien orientadas para desestabilizar y derrocar gobiernos. Como pasó en Brasil, por ejemplo, como lo que pasó en Bolivia. Con una acción más radical contra Venezuela, al extremo de casi entrar a una invasión. Entonces, ese tipo de presiones, que vienen desde el tiempo del gobierno de Trump, por el cambio de orientación y al haberse aplacado la lucha con los grupos islámicos, hace que los norteamericanos se vuelvan a reorientar acá. Si bien hasta ahora no lo hacen de una forma tan agresiva, como seguramente va a empezar a ocurrir con el tema del nuevo escenario internacional, que ya tiende a convertirse en multipolar y en antagónico. Ya no es el mundo de hace 15 años ha cambiado. Es un mundo que se convierte amenazante y desafiante para Europa y para Estados Unidos. Ahí está el caso de Irán y el caso de Rusia, que son cosas que han movido el tablero. Y está en el fondo también China y está Corea del Norte, que son consideradas como verdaderas amenazas por los países occidentales.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político