Horas antes de la masacre de Senkata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un periodista especuló en sus redes sociales sobre la posibilidad de la “voladura” de una planta en El Alto, cuyo impacto alcanzaría unos cinco kilómetros a la redonda. La posibilidad causó impacto en los medios y en la población. El relato se instaló en el imaginario.
Bastó un link de Wikipedia para generar pánico antes de la represión policial del 19 de noviembre de 2019. Miles de alteños se encontraban movilizados contra el gobierno recién inaugurado de Jeanine Áñez y por la vuelta del dimisionario Evo Morales.
El Gobierno denunció que la intención de los movilizados tenía ese objetivo: volar la planta. Luego de días de bloqueos de la zona, que impedían la salida de carburantes para el abastecimiento de las ciudades de La Paz y El Alto, no tardó en señalar que la protesta era sediciosa y terrorista.
Al amparo del Decreto Supremo 4078, las Fuerzas Armadas, con el resguardo de la Policía, movilizó sus contingentes a la zona de conflicto, como lo había hecho cuatro días antes en Huayllani, en Sacaba (Cochabamba). El saldo de la intervención en ambas zonas de movilizaciones fue una treintena de fallecidos, centenares de heridos y familias devastadas.
Hace unos días, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, repitió el relato: “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”.
Lo mismo había dicho el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien incluso culpó de las muertes a los propios manifestantes, que, en su criterio, se dispararon entre sí. Otro relato.
No hay instancia del Estado seria que valide la apreciación ni hay posibilidad de que las investigaciones tengan éxito, salvo resultados de instituciones externas, como la CIDH, que concluyeron que en ambos casos hubo represión del Estado, con el saldo lamentable, que el Gobierno se resiste a aceptar.
Si no hubo intervención policial-militar que hubiera tenido tan triste desenlace, ¿por qué Áñez firmó el decreto que liberaba de acciones penales a los militares? Basta leer el fin de la norma ahora abrogada.
Entonces, el Gobierno afirmó que había propiciado la “pacificación” del país. Cierto, las movilizaciones cesaron, pero el miedo comenzó a cundir, como la necesidad de justicia o el esclarecimiento de las muertes.
Casi nueve meses después, la historia se repite. Esta vez, el relato es la falta de oxígeno a causa de los bloqueos de la COB y el Pacto de Unidad. Cierto, las protestas impidieron el traslado del insumo medicinal para pacientes con COVID-19 en La Paz, Cochabamba y Oruro.
Pero oxígeno, como medicamentos, no había desde principios de julio, cuando las familias comenzaron a comprar balones y hacer filas en tiendas del elemento vital, y el Gobierno declaró prioridad nacional su provisión el 31 de julio, tres días antes de que los bloqueos comiencen.
Este último conflicto, contra la postergación de las elecciones, terminó con una ley sancionada en la Asamblea Legislativa y luego promulgada por Áñez. Sin embargo, la mandataria, que nunca se había reunido con los movimientos en conflicto, se atribuyó la solución de la crisis. Otro relato.
Ahora, Áñez, como sus ministros, dice que fue la “segunda pacificación”. Y el ministro Murillo afirma que esa resolución de la crisis tampoco fue con un solo tiro.
¿Vamos a creernos los relatos? Que las obsesiones no nos nublen; los asuntos sensibles suelen tener un efecto falso, pero potente, para esconder la realidad.
Mientras el mismo presidente Luis Arce se propuso impulsar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi le recordó dicho encuentro no está validado.
En las últimas horas, el mandatario asiste a congresos partidarios regionales. El sábado estuvo en Tarija y este domingo, el Sapahaqui, donde asistió al congreso de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.
En ambos eventos, Arce reivindicó el congreso convocado por el Pacto de Unidad para los días 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto y afirmó que será la oportunidad para “recuperar” al MAS.
Consultado por La Razón sobre el papel del Presidente en la promoción del congreso, el vocal Tahuichi respondió vía WhatsApp. “Es como casarse sin oficial de registro civil”.
La convocatoria a dicho encuentro sufre la ausencia del aval de la dirección nacional del MAS, presidida por Evo Morales, extremo que observó en la solicitud el TSE. Al contrario, el congreso llamado por el MAS evista para el 10 de julio, en Villa Tunari, no cuenta contras las tres organizaciones sociales matrices: las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).
El TSE considera una respuesta ante las enmiendas planteadas por las dos facciones del MAS. “El trámite sigue su curso legal”, dijo Tahuichi, aunque consideró que en esta semana será resuelta la situación.
Hasta el 5 de mayo tienen plazo las organizaciones políticas para la renovación de sus directorios. Solo cuatro de 11 partidos de alcance nacional cumplieron con la obligación.
Congreso
Consultado sobre si el TSE va a disponer de una quinta ampliación para el trámite, el vocal respondió: “De manera general, tenemos plazo hasta el 5 de mayo. En ese interín habrá novedades”.
A raíz de las diferencias entre las facciones evista y arcista del MAS, sus dirigentes cruzaron de manera sucesiva solicitudes y resoluciones con el TSE. “Ellos (MAS-IPSP) viven intensamente su democracia interna y el TSE solo aplica la legalidad.
Ante el fallido congreso del MAS evista de Lauca Ñ, de octubre de 2023, el TSE amplió el mandato de la dirección nacional presidida por Morales. Se prevé que esa ampliación termina el 5 de mayo.
Rózsa: su célula, su fallido propósito y sus nexos sepultados
Testigos del caso informaron que Eduardo Rózsa Flores se contactó en persona para negociar la compra de armas a intermediarios acusados en la investigación.
Una camioneta de la Policía Boliviana traslada los restos de Rózsa y compañía en 2009.
Cerca de las 22.00 del 15 abril de 2009, el entonces director de Régimen Interior, Luis Clavijo, simulaba su hospedaje en el mismo hotel en el que fueran abatidos, horas después, tres extranjeros. Era el episodio previo del ahora sepultado caso Terrorismo.
El funcionario tenía “el objetivo de verificar que los supuestos terroristas extranjeros se encontraban en ese centro hotelero”, describe el informe conclusivo Terrorismo separatista en Bolivia, difundido en noviembre de 2009 por la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados.
“Una vez que comprobó la presencia del grupo, abandonó el hotel, reportando a los organismos de seguridad del Estado”, complementa el documento.
Cerca de las 00.30 de ese día, un atentado con explosivos a la casa del cardenal Julio Terrazas, en la calle Seminario, en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, había consternado al país.
Entonces, en un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) rechazó “vehementemente el atentado criminal” y el gobierno de Evo Morales y la oposición terminaron culpándose de los acontecimientos.
El Gobierno “condena y repudia de manera enfática el ataque terrorista”, afirmó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
Aunque ese día se informó que la Policía Boliviana no tenía pistas sobre el hecho, informes de Inteligencia apuntaban a la “célula terrorista” de Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-húngarocroata que había llegado al país a mediados de septiembre de 2008.
Sin embargo, algo más complejo ocurrió horas después. Cerca de las 03.30 del 16 de abril, un contingente policial de élite tomó el control del hotel Las Américas con el fin de detener a los sospechosos del atentado.
La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos.
Los ahora fallecidos, “horas antes del operativo policial que pretendía aprehenderlos por la comisión de los delitos investigados, pero éstos, por la peligrosidad y la gravedad de los delitos cometidos intentan hacer uso de sus armas de fuego y resistir al arresto, viéndose los policías en la necesidad de hacer uso de las armas de reglamento, llegando a abatir a los tres fallecidos lamentablemente”, señalaba el informe del entonces fiscal del caso, Marcelo Soza.
En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.
Las portadas clave de La Razón luego de la toma del hotel Las Américas.
La Policía elimina a tres sicarios y advierte que hay blancos políticos, tituló La Razón su reportaje del día siguiente. Hay indicios de que los tres hombres fueron ejecutados, remató en otra nota.
Ante el viaje de Morales a Caracas, Venezuela, el entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, según reportó este diario, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Quemado que los sospechosos están “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.
Sin embargo, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se apuró en señalar que el operativo “es un burdo montaje y un show”.
“Realmente, es deplorable que tomen represalias muy bien montadas. Pareciera que (lo hicieron) para que parezca (culpable) la derecha, la oligarquía o el golpe cívico- prefectural”, advirtió.
No hay registro de la llegada de Rózsa a Bolivia, a diferencia de los otros integrantes de su célula, salvo intercambio de comunicación con sus pares o la confesión en una entrevista con el periodista húngaro Adrás Kepes.
Se presume que llegó a Bolivia el 15 de septiembre de 2008, unos días después de la Masacre de Porvenir, que dejó 13 personas fallecidas, la mayoría campesinos, en el conflicto en Pando, cuyo prefecto, Leopoldo Fernández, de oposición al gobierno de Morales, era protagonista. Entonces, la Asamblea Constituyente ingresaba a la recta final de la construcción de la nueva Constitución.
¿Irás como turista?”, preguntó Kepes a Rózsa en esa entrevista del 8 de septiembre de 2008.
Eduardo Rózsa Flores (+) en imágenes de su archivo personal.
“No, no. Sería demasiado evidente, pues, aunque se guarda el secreto, hasta ayer solo sabían cinco personas de mi llegada”, respondió el excombatiente de la Guerra de los Balcanes.
Contó que el “plan” era que le manden el billete de avión, y que lo pagan “ellos”, para llegar a Mato Grosso (Brasil) y de allí cruzar a Bolivia “con personas contrabandistas conocidas por mis contactos” y de allí, en coche, a “un alojamiento preparado”.
“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, afirmó Rózsa.
Además, admitió que “los recursos financieros existen” y que el “consejo cruceño” fue el que se hará cargo de sus acciones.
El 22 de abril de 2009, el diario La Razón publicó una entrevista con el periodista húngaro Tomas Seviesqui, quien reveló “sin nombres, que lo buscaron. Quienes le fueron a buscar con fines políticos (le dijeron que), demostrando fuerza, consiguieran la independencia de Santa Cruz”.
Entre el 3 y 14 de abril de 2009, Rózsa estuvo hospedado en el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido junto con Magyarosi Arpád y Michael Dwyer.
La investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).
Y quien pagó los pasajes de llegada y vuelta (en algunos casos), fue Alejandro Melgar, entonces prófugo de la Justicia. Coincidentemente, todos llegaron de Madrid (España) a Santa Cruz en aviones de la empresa boliviana AeroSur: Michael Dwyer, Magyarosi Arpád, Elöd Tóásó, Mario Tadic, Gaspar Daniel, Dudor Gabor, Ivan Pistovcak, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy, Révész Tibor y Tamas Lajos Nagy.
La mayoría de ellos llegó a Bolivia en noviembre de noviembre de 2008 y algunos dejaron el país en marzo de 2009.
Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral.
La investigación legislativa concluye que Rózsa y su célula, financiados y apoyados logísticamente, coordinaban acciones con el grupo “La Torre”, del “Consejo Cruceño” o “Consejo Supremo”.
COORDINACIÓN.
El mismo Rózsa admite la existencia de ese espacio. “Querido camarada. Mañana, o sea lunes, no estaré todo el día en la ciudad. Voy a preparar el fin de semana ya sabes a donde. No te olvides de hablar a Zvonko sobre mi pedido de ayuda en el lugar. Otra cosa, si mañana quieren hacer la presentación para mi primo y para el guevon de tomaleche, quisiera pedirte que no se haga en la torre, sino en otro lugar menos quemado”, escribió el 8 de marzo de 2009 a su interoluctor [email protected].
Por eso, recomendó al Ministerio Público investigar a Branko Marinkovic, Rubén Costas, Eduardo Paz, Mauricio Roca, Germán Antelo y Guido Nayar.
Luego de la intervención del hotel Las Américas, la Policía Boliviana encontró armas almacenadas en el stand de Cotas en la Feria Exposición de Santa Cruz, atribuidas a la célula “separatista”.
En 2020, en el gobierno de Jeanine Áñez, el caso Terrorismo dio un giro inesperado: el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso. La Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.
La convocatoria a elecciones judiciales por parte de la Asamblea Legislativa fracasó en 2023 y fue reencaminada por la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Frenado por recursos del ciudadano Miguel Ángel Balcázar —que consideró que los requisitos exigidos violaban la libertada de expresión— y el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso recayó en el TCP, que atendió, a instancias de la Cámara de Diputados, una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de Elecciones Judiciales, aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de 2023.
El TCP declaró inconstitucional el proyecto de ley a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que, a su vez prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, y conminó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones judiciales.
Elecciones judiciales
Los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y los consejeros del Consejo de la Magistratura fueron elegidos por voto popular en 2017 y asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018. Su mandato constitucional de seis años debía terminar el 2 de enero de este año, pero fue prorrogado por el TCP.
Ahora continúan en sus funciones, hasta que las elecciones judiciales arrojen a sus sustitutos.
Los comicios no terminan de reencaminarse en la Asamblea Legislativa debido a otro recurso constitucional, ahora interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, que frenó el proceso de evaluación oral y escrita de los 404 aspirantes.
Los plazos se acortan. La Ley 1549 prevé 80 días calendario para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa; faltan solo ocho días para dicho fin.
Aprobada la lista de 192 postulantes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá 150 días para organizar los comicios judiciales.
La agenda urgente de la Asamblea Legislativa quedó estancada debido a las disputas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente, y la oposición. Créditos y leyes se encuentran postergados sin fecha en razón de las divergencias.
El miércoles, la Cámara de Senadores rechazó uno de los créditos pendientes de resolución, de $us 62 millones; fue otorgado el 24 de noviembre de 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café del teleférico hacia la zona de Pampahasi, en La Paz.
De los nueve créditos derivados por la Cámara de Diputados, que hacen un total de $us 970 millones, Senadores aprobó cuatro (vía de ocho carriles Senkata-Apacheta, carretera Faja Norte y dos programas de electrificación rural), dos los devolvió y uno lo rechazó el miércoles.
Algunos proyectos de ley datan de enero de 2023 y tuvieron que ser encaminados, sin mucho éxito, por el acuerdo bicameral y tripartidario del 2 de febrero.
Debate
Dicho acuerdo señalaba que, una vez aprobada la Ley de Elecciones Judiciales (ahora Ley 1549), inmediatamente la Cámara de Diputados debía aprobar “al menos cuatro créditos” antes de “tratar” los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cesación de funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados a través de Declaración Constitucional 049/2023, de diciembre de 2023.
Todo ese trámite debió ser resuelto en ambas cámaras hasta el 9 de febrero. Sin embargo, desde esa fecha poco se ha movido, incluso los créditos fueron aprobados en medio de bochorno y escándalo en Diputados.
Otro proyecto de ley que no pasó la prueba de las disputas entre las facciones arcista y evista del MAS fue el de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, enviado por el presidente Luis Arce el 12 de mayo de 2023 al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de titular nato de la Asamblea Legislativa.
Asamblea Legislativa
Sin embargo, la decisión más compleja que enfrentó la Asamblea Legislativa fue la convocatoria a elecciones judiciales que, en 2023 fracasó en dos ocasiones debido a sendos recursos y las disputas en el MAS y la oposición. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Declaración Constitucional 049/2023, tuvo la palabra final del proceso.
En la Cámara de Diputados, algunos legisladores cuestionaron la parálisis de sus tareas respecto de asuntos complejos. “En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes.”; denunció Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba; no es conveniente”, justificó el martes el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari.
Agenda
En esa cámara legislativa se encuentra paralizado el debate de los proyectos de ley 073 y 075; la Comisión de Constitución los había rechazado. El ala evista del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
El senador arcista del MAS Rubén Gutiérrez atribuyó el estancamiento de la agenda legislativa a las pugnas internas en su partido y también en la oposición; además, a la temprana “electoralización” del debate político.
“No existen los dos tercios (para llegar a acuerdos); ni siquiera se logra la mayoría absoluta”, lamentó ayer en La Razón Radio.
Bajo esa situación, las elecciones judiciales están de nuevo en vilo debido a los plazos.
Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.
Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.
Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.
El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.
El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.
Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.
Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien “se ha perdido” una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.
Sin embargo, advirtió de la existencia de una “mano negra” en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.
Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.
Dato
Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.
La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.
Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.
Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.
