Una crisis política
Queda la evidencia de que no siempre es aconsejable politizar los desastres.
Lo que comenzó como un potencial desastre ambiental y que motivó una pronta declaratoria de alerta sanitaria, con el paso de los días fue mutando a una crisis política, o al menos esa pareció ser la intención de un alcalde y un dirigente vecinal que creyeron que con sus acciones dañarían la imagen de la gestión del gobierno municipal de La Paz. No lo lograron del todo.
En efecto, es bien sabido que la acción política, que tan sencilla parece a simple vista, especialmente entre quienes tienen algún mandato dirigencial, a menudo requiere estrategias que no solo contemplen el fin buscado, sino sobre todo los posibles giros y efectos no planificados. La decisión del Alcalde de Achocalla de bloquear el ingreso al relleno sanitario de Alpacoma luego del derrame de miles de toneladas de residuos sólidos y millones de litros de lixiviados, apoyada luego por el dirigente de una de las federaciones de juntas vecinales paceñas, solo sirvió para distraer la atención sobre los asuntos que realmente importan.
Gracias a los recursos de comunicación de crisis puestos en juego por el gobierno municipal paceño, la gravedad de lo sucedido no fue evidente desde el primer momento, incluso a pesar de las imágenes (pocas) que se publicaron en medios de comunicación; luego, con el bloqueo orquestado desde la vecina localidad de Achocalla y como figura principal su alcalde que, además de haberse arrodillado delante del Presidente del Estado en un acto público, demostró que en su jurisdicción no existe manejo de la basura, el comentario público se concentró en señalar a La Paz, y a su gobierno local, como víctimas de un complot político.
El oficioso dirigente vecinal, claramente coaligado con el oficialismo gubernamental, que se tomó el trabajo de bloquear una solución parcial ofrecida por las autoridades del gobierno municipal de El Alto para disponer que temporalmente la basura que se acumulaba en las calles paceñas sea enviada al relleno sanitario de Villa Ingenio, tampoco ayudó, pues se mostró adverso a las necesidades de la población de la sede de gobierno.
Diez días después de iniciado el desastre, y luego de la intervención de la Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la solución parecía estar clara (lo que no significa que sea sencilla) y el Alcalde paceño se mostraba deseoso de firmar un convenio que ponga fin al conflicto. Los referidos Alcalde de Achocalla y dirigente vecinal decidieron no avenirse a un acuerdo, seguramente para prolongar la crisis, hasta que, finalmente, el Mandatario tuvo que intervenir y facilitar la firma del convenio.
Queda, pues, la evidencia de que no siempre es aconsejable politizar los desastres, pues las verdaderas responsabilidades terminan perdiéndose de vista y lo inmediato ocupa el lugar que debiera tener lo verdaderamente importante. También queda la certeza de que la correcta disposición de la basura es un asunto de la mayor importancia para la salud pública y que las soluciones de largo plazo debieran tener dimensión metropolitana.