Enterrando la basura y la mezquindad
¿Racismo ambiental? Aludidos, ni por asomo. No hay gestión edil que haya redistribuido mejor los recursos.
Como la opinión pública conoce, a las 17.51 del 15 de enero se produjo un deslizamiento de magnitud en la macrocelda 4 del relleno sanitario de Alpacoma. Los desechos tardaron casi cuatro horas en llegar a la quebrada colindante con la parte baja del relleno, la cual fue inmediatamente intervenida con maquinaria para evitar que los lixiviados lleguen al río Achocalla, ubicado a dos kilómetros del lugar.
Si bien las causas de lo sucedido se determinarán a través de una auditoría ambiental, se sabe preliminarmente que una de las razones fue la saturación de la masa de residuos por líquidos al interior de la celda.
Este es el diagnóstico de los expertos internacionales del relleno sanitario de Bogotá (Colombia) y de San Pablo (Brasil), que llegaron por invitación del GAMLP, con el apoyo de la Cooperación Suiza.
A base de esta evaluación, que coincide con la del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA), el 25 de enero se decidió cerrar definitivamente el relleno sanitario, que recibió los residuos de los paceños desde que el exalcalde Juan del Granado habilitara el mismo en 2004 y firmara contrato con TERSA por 20 años, en un época en que no se pensaba en proyectos de industrialización de la basura y cuando, como sucede en muchas ciudades del mundo, el entierro de la basura es la única opción. Claro, hace 14 años casi nadie discutía la problemática ambiental y menos la corresponsabilidad ciudadana.
En medio de la crisis y, mientras desde el GAMLP trabajábamos para impedir un desastre ambiental, el oportunismo político se abrió paso y las aseveraciones irresponsables tomaron los micrófonos de los medios vociferando que “se dañaron sembradíos”, que “se afectaron animales” o que “hubo riesgo de malformaciones”. Incluso, sin revisar archivos propios, el MMAYA dijo que el relleno estaría operando sin licencia porque ésta habría vencido en 2017.
Nada más falso, pues luego de varias licencias provisionales otorgadas entre 2004 y 2010 por la Gobernación, el 27 de octubre de 2010, el propio Viceministerio de Medio Ambiente aprobó la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA)-Licencia Ambiental, con una vigencia de 10 años, es decir hasta 2020, en cumplimiento del artículo 15 del D.S. 28592.
Esta fue solo una de las tantas aseveraciones precipitadas, equivocadas y hasta mal intencionadas que se dijeron sobre lo sucedido en Alpacoma.
Quizás la más imprudente de ellas fue que el “río Achocalla fue contaminado”, afirmación que provino no solo de fuentes políticas sino también periodísticas.
Los reportes sucesivos del Laboratorio del Gabinete Municipal de Monitoreo Ambiental —acreditado por IBMETRO y evaluado anualmente—, y que tomó muestras en la quebrada Alpacoma y en el río Achocalla, no dan cuenta de la presencia de lixiviados.
A la misma conclusión llegaron los expertos. “La actividad emergencial de contención de lixiviado se ha realizado a tiempo y de forma adecuada”, dice el informe, lo que garantizó el control del deslizamiento y evitó la contaminación aguas abajo de la quebrada de Alpacoma.
“No hay mayor peligro”, refirió el propio jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, la mañana del 18 de enero, sobre la supuesta contaminación del agua, aunque en menos de cuatro horas y, quién sabe, jalón de orejas de por medio, el propio funcionario volvió sobre sus pasos.
Ninguna de las aseveraciones trágicas sucedió, como lo corroboraron autoridades locales y parlamentarias en una visita al relleno, verificando además que el mismo no se encuentra en un área urbanizable.
Es acá donde las razones y argumentos técnicos se mezclan con la intención política, y la expresión más clara es el haber sostenido un bloqueo por 13 días en el ingreso al relleno, totalmente comprensible desde el punto de vista vecinal de Achocalla, pero no cuando éste persistió por decisión política a pesar de las garantías ofrecidas y el anuncio de su cierre definitivo.
El oportunismo mezquino acentuó cuando operadores políticos incidieron para evitar que los residuos acumulados en la ciudad sean depositados en Villa Ingenio de El Alto, una medida solidaria, de lealtad y coordinación institucional con la alcaldesa Soledad Chapetón. Este oportunismo desnudó de plano las actitudes penosas de quienes son capaces de hundir en basura a la ciudad, solo por granjearse palmadas de los jefes.
Nuestras acciones estuvieron apegadas a la responsabilidad, como sucedió en la crisis del agua, cuando trabajamos para salir de la dificultad, no para ahondarla. De igual forma, ahora nos preocupamos por quienes podían resultar los más afectados: familias de agricultores pobres en Río Abajo. Por ellos asumimos la primera tarea de emergencia, como fue la construcción de diques para evitar que el río Achocalla, afluente del río La Paz, quedara contaminado.
Clara muestra de que el río no está contaminado es que hoy están vendiendo sus productos en nuestra ciudad.
¿Responsabilidad en la administración y seguimiento? Sí, y por eso las multas y los ajustes internos, y en la justa medida que definirá la auditoría ambiental, no en la de los políticos oportunistas que hoy se han transformado en geólogos, ingenieros y especialistas “basurólogos”.
¿Racismo ambiental? Aludidos, ni por asomo. No hay gestión pública que haya redistribuido mejor los recursos de La Paz desde hace 18 años, invirtiendo en todos, independientemente de si vivimos en la ladera o el centro, construyendo barrios de verdad, viaductos, parqueos, obras millonarias de prevención de riesgos para que las casas de los más pobres no se caigan; construyendo hospitales de excelente servicio —como coincidimos alguna vez con el Vicepresidente— ya sea en La Portada, Cotahuma o Los Pinos; finalmente, invirtiendo para que la gente tenga un transporte digno. Nosotros entendemos las necesidades de la gente y no las valoramos por su tez más blanca o morena, por el poncho o la corbata, sino por su calidad de seres humanos.
Como fuere, la emergencia nos deja aprendizajes para todos, una lección y una oportunidad para dar un salto cualitativo a la industrialización de los residuos, con un enfoque metropolitano a largo plazo, que de seguro llegará a mejor puerto si el Gobierno nacional, más allá de las tentaciones de confrontación institucional, se involucra activamente. De esta manera, habrá una solución integral y definitiva a la problemática de los residuos para bien de todos y de nuestros hijos.