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“Vengo acumulando muchas dudas sobre el contenido de esta especie de testamento que tantas veces me han inducido a publicar; he decidido finalmente hacerlo. Me dicen: tiene el deber de terminarlo, la gente joven está desesperanzada, ansiosa y cree en usted, no puede defraudarlo… Sí, escribo esto sobre todo para que los adolescentes y jóvenes, pero también para los que, como yo, se acercan a la muerte, y se preguntan para qué y por qué hemos vivido y aguantado, soñado, escrito, pintado o simplemente, esterillado sillas. Quizás ayude a encontrar un sentido de trascendencia en este mundo plagado de horrores, de traiciones, de envidias; desamparos, torturas y genocidios. Pero también de pájaros, que levantan mi ánimo cuando oigo sus cantos, de los héroes anónimos que nos demuestran que no todo es miserable, sórdido y sucio en esta vida…”. Este pensar inicia el texto que Ernesto Sábato publicaría en 1998 con el nombre de Antes del fin. “No quiero morirme sin decirles estas palabras” les dice Sábato a los jóvenes. Sus frases encierran un grito, a momentos desesperado, pero siempre profundamente reflexivo: hay que hacer algo para salvar al mundo de la barbarie, la desolación, la soledad, el desarraigo y el capitalismo indolente. “El mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad, y es no resignarse”.

En el transitar entre el momento de la vida y aquel que marca el fin, señalado por la muerte, el hombre presencia incalculables inicios y finales, algunos imaginados y creados en el empezar o concluir, y otros, los más tal vez, insospechados en su extensión y formas de acabar. Son los ciclos de la vida misma, que se trasladan o reflejan en todas las actividades por donde mujeres y hombres enclavan su pisada. La idea de un tiempo perpetuo, interminable, sería un absurdo. “La vida es un breve periodo de existencia que navega entre dos grandes inexistencias”, se ha escrito. No es entonces para nada obvio que el tiempo transcurra. Iniciamos algo imaginando que en el fin podremos dejar unas anotaciones de lo aprendido, y que al exponerlas dejarán espacio para que alguien las recoja y con su mejorada reflexión afinarlas necesariamente.

Antes del principio y después del fin qué, me pregunto constantemente. De seguro que en el tiempo de reflexión que llega encontraré las respuestas, aunque un listado numeroso de ellas ya se han puesto delante mío. De lo aprendido en el discurrir de los últimos tres años y medio de mi vida, tengo intención de marcar, públicamente, algunas conclusiones iniciales para ayudar a que se comprenda la importancia de disociar lo profundo de lo superficial. Las iré listando y detallando para dejar esclarecida la importancia de todas y cada una de ellas:

1. Entendí que las sociedades no pueden comprenderse por medio de un número. La complejidad de los acontecimientos que hoy signan la vida de los bolivianos en sociedad no está representada por una estadística referencial y menos por una cifra. Antes que eso prevalece la pregunta: ¿por qué ocurre aquello y por qué hacemos lo que hacemos como sociedad, Estado y gobierno? Está también la otra pregunta imprescindible de ¿qué nos determina y qué nos moviliza? De forma solapada se gobierna, desde hace tantas décadas, con un marcado desinterés del sentir diario de la sociedad, como si fuera de los espacios de decisión, oficiales, opositores y privados, importara nada el destino y las esperanzas de esos miles que bullen por las calles y que son la gente a la que refieren para salvar una repentina interpelación conciencial.

2. Los grupos de adulones tienen una rareza que los caracteriza: son extraordinariamente rápidos para florecer y su velocidad es absolutamente proporcional al daño que producen. Cercan a los decisores, los desconectan de la realidad y los mantienen anestesiados mientras ellos estrujan su espacio de poder. Entonces acá la reflexión, cuando todo resuena a crisis, a dificultades que no desaparecen, a complejidad y sensaciones de fracaso, es el momento de andar y caminar entre la gente, lejos de los comensales de la mesa chica. Pegarse al hombre y a la mujer de la calle, hablar con algún jubilado, conversar con los jóvenes, mirar los rostros de aquellos que si no entienden qué pasa, sí viven lo que sucede. Si quieres encontrarte no te separes de la gente, podría aconsejar. Hasta tal vez, como dicen, incluso te es permitido alejarte de los libros circunstancialmente, pero no te pierdas de la mujer que subsiste y del hombre que llega a casa con las manos vacías después de buscar trabajo. Observa y pregúntate el porqué de la angustia en los ojos de la gente.

3. Los dogmas tienen siempre el mismo final. El dogmático, en lo poco que conoce y sabe, cae preso de una rigidez que lo conduce a la obcecación, cautivo de dos ideas solo divisa en su paisaje político lo blanco o lo negro, el amigo o el enemigo, el mercado o el estatismo. Un maniqueísmo envenenado que encorseta a su actuar y al Estado en la imposibilidad de explotar el arte de la política: construir dialogando, dialogando para adaptar. Una frase muy borgiana advertía hace décadas: “sólo los muertos y los tontos no cambian”. La infalibilidad y la arrogancia no guardan proporción con las lógicas societales que van mutando y modificando las realidades.

4. La democracia polarizada de hoy debe dejar de lado los apellidos que la desvalorizan sostenidamente -liberal, popular, capitalista, burguesa- para construir con perseverancia inagotable la democracia que iguala los derechos, las participaciones y la representación. Este es un camino valedero para que los poderes fácticos, económicos y las dirigencias eternas no puedan anquilosarse en el poder político generando marginalidades de siempre.

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5. La democracia más fuerte es una democracia de diálogos y acuerdos entre quienes representan la diversidad de una sociedad plural. La construcción de consensos asume un nuevo significante: hoy se comprende como gobernabilidad. El número de asambleístas preciso y necesario, entendiendo que quien lo tiene gobierna plácidamente y quien lo carece lo sufre de forma angustiante, es la instauración de la lógica de extorsiones y boicots. La plurinacionalidad debe expresarse ahora en una democracia de voces diversas, capaces de construir una convivencia pacífica entre bolivianas y bolivianos que van cambiando de forma permanente siendo la diversidad su esencia. Dialogar, concertar y acordar es el camino que requerimos con urgencia inmediata.

6. La economía posible para el tiempo venidero y para solventar el mal momento por muchos señalado, está en la reconducción y en el perfeccionamiento del modelo económico. Será permitido avanzar en un gran consenso nacional si pensamos en la necesaria asociación de mercado y regulaciones imprescindibles, empresas privadas y empresas nacionales estratégicas, seriedad fiscal y macroeconómica y reformas institucionales profundas en la organización del Estado. No es posible dialogar cuando te hablan desde la superioridad simplificadora. La economía de hoy es un mapa con rumbo necesario, una economía participativa y complementaria. De incentivos y entre todos.

La dicotomía estatismo y mercadismo está agotada. Se transformó en un debate sin fin, sin camino hacia la prosperidad y convivencia aceptable. Entre ambos modelos en disputa, emerge hoy el tercer y principal protagonista que los va a desplazar en importancia: la sociedad, que exige, necesita y demanda condiciones dignas tanto colectivas como propias de su condición humana. Eso, simplemente eso, es lo que hace y define a alguien como socialista. No el mercado, no el estatismo.

Antes del fin ya próximo, hay que mirar con calmo asombro cada crisis, a cada quien que busca el colapso de todo. Frente a ello, no es que existan caminos varios, solo uno: enfrentar con firmeza cada situación grave, una detrás de otra, nunca comprometiendo los principios, sino valiéndose de ellos. Afirmándose en las palabras y los hechos que ellos demuestren templanza y decencia, esa que en tiempos difíciles no debe desaparecer.

(*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Estamos al medio de una severa crisis política que amenaza la gobernabilidad del país y que reúne una multiplicidad de factores, principalmente políticos y sociales. Para empezar, la crisis interna del MAS y la fragmentación de la oposición, la inmediata parálisis política de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el inaudito retraso de las elecciones judiciales, las enormes dificultades provocadas por falta de dólares y su correlato en los precios de productos que dependen de la importación como medicinas, insumos productivos, repuestos de automotores y que están llegando a la canasta familiar, etc. Y, como si lo anterior no fuera suficiente, están previstos bloqueos de carreteras por parte de gremialistas, transporte pesado y hasta por vecinos a raíz de caminos locales o el costo de los pasajes urbanos, con lo que se termina de exacerbar la difícil situación.

Este coctel de conflictos multiplica las expectativas especulativas, dependiendo del peso específico del actor o sector y del costo de oportunidad. Las principales expectativas son las políticas, alentadas por el foco mediático, un calendario electoral adelantado y una generalizada mediocridad; las del dólar paralelo en las calles pendiente de las malas noticias; las del contrabando de combustible camino a las fronteras junto a los inducidos correteos a los surtidores o las del narcotráfico violento en alza en varios lugares, en una combinación que nos lleva al riesgo de pasar de la crisis al caos. Analizar esta confluencia de factores que amenaza la gobernabilidad a menos de año y medio de las elecciones generales, es fundamental porque el principal supuesto de la democracia es que las diferencias políticas se resuelven en las urnas y que el país no gana con un desbarajuste mayor; todos, como conjunto, perdemos. Analicemos lo político y lo social como elementos centrales de esta coyuntura crítica y reflexionemos sobre lo que a cada uno le toca hacer para impedir mayores perjuicios al país.

El principal factor de la crisis es político y con unos sujetos a los que en democracia se entrega la responsabilidad de enfrentar los problemas y asumir los desafíos comunes pero que, lamentablemente, a falta de ideas y planteamientos solo encuentran sentido en el enfrentamiento, los insultos y las tergiversaciones. La crisis está latente, aunque, por el momento, a cargo de alfiles de tercer nivel en el lado evista, porque el clima se aflojó dado el rechazo y modificación de Evo Morales de las principales decisiones de su último ampliado partidario: Una, la de no aprobar en el Legislativo los créditos de financiamiento externo dirigidos a importantes obras de infraestructura y que, al mismo tiempo, son flujos de divisas y oportunidades de generación de empleo. Dos, el rechazo a la expulsión partidaria de los primeros mandatarios para no cerrar la puerta a algún acuerdo, aunque sea al pie del estribo. Y tres, como corolario de la mano extendida, la renacida convicción de Morales de la necesidad de un Congreso partidario de unidad que resuelva la crisis partidaria. Enorme acierto de Evo, en temas que no son de coyuntura y menos partidarios como los créditos que tienen dimensión estatal. Ningún país del mundo se desarrolla sin créditos y menos sin los de origen multilateral o, más aún, nadie puede pretender gobernar luego de que el año anterior les echaste la puerta en la cara. Obviamente, Evo, fiel a su estilo, casi de inmediato y a pesar del acierto de sus decisiones partidarias, publicitó la demanda al Tribunal Supremo Electoral por una indemnización de casi 2 millones, cuando sabemos que en el sector público no hay doble sueldo.

A este mejor clima, al medio de una vertiginosa serie de acontecimientos y malos presagios, surgió, cómo buena noticia, el rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional de la tutela otorgada por una sala constitucional de Pando y que paralizó por más de mes y medio las elecciones judiciales. Por supuesto, ninguna oposición y ni el mismo gobierno reconocen que esta actuación jurisdiccional es el sentido institucional y legal de la auto prórroga de las autoridades judiciales, porque resolvieron el impasse al estar vigentes. Sin autoprórroga, la tutela otorgada en Cobija habría permanecido hasta el año 2027 y nos echaba al caos porque habríamos tenido que esperar el nuevo periodo constitucional para aprobar otra ley de convocatoria y recién elegir nuevas autoridades. Felizmente, no llegamos a ese extremo que con tanta dedicación busca la articulación opositora, porque nos introduce al desbarajuste de un tribunal departamental que sentencia sin que haya tribunal superior que confirme o corrija, quedando la decisión en la incertidumbre por más de dos años y con unos plazos procesales suspendidos de facto. ¿Este era el plan? Si, para el evismo, el descabezamiento judicial implica que no haya tribunal que resuelva judicialmente la cuestión de la sigla y la candidatura y, para el resto de la oposición, el potencial caos institucional podría permitirles abonar su consigna del modelo agotado y, por defecto, sostener que les toca probar suerte.

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En la vereda social y ciudadana de las expectativas especulativas están las de muchos sectores que, con legítima razón o preocupación y en otros aprovechando la debilidad gubernamental, se movilizan para defenderse de medidas gubernamentales o las crecientes dificultades de acceso a los dólares que necesitan en sus actividades cotidianas y que es una preocupación generalizada que se comparte. Empecemos por las preocupaciones y movilizaciones inducidas y claramente especulativas; un ejemplo: El decreto supremo que reglamentó -como corresponde al Órgano Ejecutivo- la Ley de derechos reales y que perseguía modernizar un conjunto descoordinado de cuando menos 30 sistemas informáticos y que funcionan, precisamente, como resquicios para la corrupción en el crítico sistema de registro de la propiedad privada, especialmente inmobiliaria. Toda la oposición se convirtió en adalid de la propiedad privada y se dispuso a movilizar el país ante esa amenaza a la sacrosanta propiedad privada, base de la civilización. Sin duda, para la campaña en contra ayudó el recuerdo de la ilegal intervención de la AGETIC como terminal informática en las elecciones generales del 2019. Si, evidentemente, pero al final perdimos todos porque esa modernización es impostergable y la interoperabilidad de las plataformas informáticas públicas transparentan al estado y mejora la confianza ciudadana en las instituciones públicas, base imprescindible de una mejor salud democrática.

En cuanto a las razonables y legítimas expectativas respecto del precio del dólar o la enorme susceptibilidad por la falta de combustible, hay que reconocerlas reales y que nuestra insuficiente industrialización y falta de apoyo al sector productivo privado -aclarando, por ejemplo, que la economía campesina es de este sector- nos tiene presos de una economía crecientemente importadora y por lo tanto dependiente de la disponibilidad de los dólares. Pasa lo mismo con el combustible, que empezando de la gasolina se ha convertido en una permanente alerta citadina que vía whatsap logra que los propietarios de vehículos corran desesperados a los surtidores y hagan larguísimas colas que acaban sin otra cosa peor que haber perdido el tiempo. Acá llama la atención la limitada sino deficiente capacidad de intervención de la ANH que tiene el carguío informatizado -uno entra al surtidor e inmediatamente validan nombre y placa- y sin embargo regularmente informa de acopios enormes e ilegales con el uso del mismo vehículo. Otra cosa es la falta de diésel para el sector productivo sea del transporte internacional o las faenas productivas, sobre todo agropecuarias. Esto si es delicado y ahí el gobierno y YPFB debiesen dedicar el mayor de los esfuerzos porque estas actividades son parte central de la economía del país.

Con este repaso debemos preocuparnos todos, gran parte de la crisis se monta sobre la base de expectativas y enfrentamiento políticopartidarios y tienen un efecto negativo en contra de la certidumbre y la tranquilidad ciudadana, con daño enorme sobre la estabilidad del país y la democracia. Vivimos tiempos convulsos a escala planetaria -este año casi la mitad del planeta tiene elecciones generales-, guerras en varios frentes y otras varias en ciernes que tienen en jaque las economías de todos los países, pero debemos guardar la serenidad y cada actor público y social debe asumir su cuota parte de responsabilidad ante las difíciles situaciones que estamos viviendo. Lo otro es apostar por el caos y el desastre, donde algunos podrán ganar monedas, pero el país pierde una fortuna.

 (*)José de la Fuente Jería es abogado

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Las tarifas para el pasaje en el transporte público local deben ser definidas con base en un estudio de costos del servicio y en el principio de equidad, de forma transparente y participativa.

Se debe tener en cuenta que la sociedad civil organizada de transportistas no es de naturaleza sindical. Los mal llamados sindicatos, las federaciones y confederación de transportistas son organizaciones de empresarios del transporte. Los asociados son sobre todo los dueños de los buses, trufis, etc. Si bien aglutinan también a sus trabajadores (los choferes asalariados) lo hacen, en especial, para evitar que estos hagan su propia organización sindical que naturalmente se enfrentaría a la de ellos en defensa de sus derechos laborales.

Al ser empresarios, la demanda por nuevas tarifas no es precisamente por mejores salarios para quienes trabajan todos los días prestando el servicio. Así suban las tarifas, a ellos les seguirán pagando lo mismo. Los bloqueos son por una mayor rentabilidad del negocio del transporte de pasajeros. Con esto, no se pretende decir que esté mal. Es igualmente una demanda legítima.

Asimismo, es importante recordar que el servicio público de transporte de pasajeros es subsidiado. Esto porque el negocio del transporte local no se lo hace en el espacio privado, sino en el público. Cuando se usa el espacio público para un negocio particular, se debe pagar un alquiler. Esto es la patente (Ley 2492, art. 9.III). Los empresarios del transporte local tendrían que pagar una patente al municipio, pero no lo hacen. Tampoco pagan los impuestos nacionales (el IVA y el IU). A cambio de este subsidio, ellos deben mantener una tarifa accesible para la ciudadanía, de modo que incluso la gente de escasos recursos pueda acceder al servicio. Es por esa razón que, a diferencia de otros rubros, el gobierno municipal debe aprobar las tarifas (CPE, art. 302.I.18; Ley 165, art. 22.d).

Dado que no se puede decidir las tarifas de forma arbitraria —porque eso iría contra algo llamado “debido proceso sustantivo”—, es indispensable realizar previamente un estudio de costos del servicio, uno que sea confiable y adecuado. Para su confiabilidad, los aspectos específicos a ser analizados deben definirse de forma participativa y abierta al público, así como el catálogo de precios unitarios con el que se trabaje, de modo que permita a la ciudadanía, a la academia, a los fiscalizadores (concejos municipales) y a los propios transportistas, verificar los resultados (CPE, art. 232; Ley 165, art. 6.i).

Por otro lado, las tarifas deben definirse con base en el principio de equidad social. Esto implica aplicar la proporcionalidad con las necesidades, de modo que se permita lograr igualdad de condiciones en el acceso al servicio de transporte (CPE, arts. 8.II y 76.I; Ley 165, art.6.a). No existe mucha diferencia en los gastos de mantenimiento y de repuestos para buses locales (micros), trufis y taxi-trufis. Sin embargo, la capacidad de pasajeros y, por tanto, la de ingresos, varía entre esos tres tipos de vehículos. En consecuencia, la tarifa no puede ser la misma para los tres.

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A su vez, por lo general las periferias de las ciudades están habitadas por personas en situación de pobreza. A pesar de la distancia, no se puede incrementar la tarifa, ya que eso implicaría subir el costo para los sectores más pobres, cuando debiera ser al revés. Pero eso sería complicado. Por ello, la mejor forma es que, así se vaya una cuadra o de extremo a extremo de la ruta, el costo sea el mismo, para que el pago igual por la distancia corta compense el costo de la distancia larga. En el caso de los estudiantes y de las personas con discapacidad y adultas mayores, es ya costumbre aplicar la equidad: existen tarifas reducidas para ellos, desde hace tiempo. El estudio de costos debe considerar la proporcionalidad en todos estos aspectos, para con base en eso establecer las nuevas tarifas, siendo diferenciadas según el tipo de vehículo. Por último, en épocas preelectorales, los transportistas suelen organizar bloqueos generales con el propósito de fortalecer sus liderazgos internos para una virtual candidatura de dirigentes. Si se logra el incremento de tarifas, quien sale fortalecido es el dirigente. Es ya costumbre ver a los transportistas hacer muchos bloqueos en épocas preelectorales, y luego ver a sus dirigentes como candidatos al Senado o a Diputados. Ocurrió con Lucio Gómez y con los anteriores dirigentes del autotransporte.

Por su lado, en ese mismo contexto preelectoral, a los alcaldes, políticamente, no les conviene aprobar un incremento en las tarifas del pasaje, dado que los vecinos, comerciantes y otros sectores suelen oponerse con vehemencia. Si bien no es atribución de los alcaldes aprobarlas, sino de cada concejo municipal —debido a la reserva de ley de las obligaciones (CPE, arts. 14.IV, 109.II y 116.II)—, reiteradas veces los alcaldes suelen demostrar que los concejales del oficialismo hacen lo que ellos mandan. Así que la gente sabrá que no fueron los concejos los que aceptaron el incremento, sino que culparían a los alcaldes.

Para solucionar esa contraposición de intereses políticos, ayudaría que las tarifas sean proporcionales con el tipo de vehículo y con las necesidades sociales. De esta manera, podría resultar que el costo del pasaje para el trufi se mantenga, para el taxi-trufi se incremente un poco y para los buses locales incluso se lo baje. Por ende, no habría precisamente una subida de pasajes y los transportistas y los usuarios del servicio verían que se está siendo justo con ambos, siendo lo anterior beneficioso para los tres actores en pugna (transportistas, usuarios y gobiernos municipales).

(*)Carlos Bellott es constitucionalista

El Punto sobre la i

La política mundial dio un giro a partir de la década de 2010, dejando en el retrovisor las certidumbres que ofrecían las viejas ideologías del Siglo XX. Nuevos movimientos se vienen conformando desde todas partes del espectro político. Destacan en ese panorama, de manera particular, los conservadurismos radicales o nuevas derechas, que hoy pululan por el mundo y se marchan a paso de parada rumbo a las próximas elecciones europeas.

Como decía Walter Benjamin, detrás de cada fascismo hay una revolución fallida. No se ha cumplido ni la promesa liberal ni la socialista y lo que se observa es la reacción frente a esto.

No se trata meramente de grupos agitados en las calles. Líderes de extrema derecha están al mando de países como Italia, Hungría, Argentina, India, Países Bajos, entre otros. Trump se apresta a volver a la Casa Blanca, frente a un alicaído Biden.

Según Michael C. Williams, internacionalista y coautor del libro “World of the right: radical conservatism and global order” (Mundo de la derecha: conservadurismo radical y orden mundial, 2024), “la derecha contemporánea es nacionalista, es local, pero también es global. Y es global tanto conceptual como organizativamente”.

En criterio del académico, para comprender el fenómeno, primero que nada, hay que despejar algunos prejuicios que se tienen frente a estos grupos. “Se tiene la idea que, de algún modo, todo esto es sólo una cuestión de tecnología, internet, la era digital y todo ese tipo de cosas. Sin duda, pero eso no es suficiente. La segunda es que todo esto es sólo económico. Esto es, la narrativa de que los grandes sucios se están levantando contra sus señores supremos, en una especie de repetición de horcas medievales y gente portando antorchas. El tercer prejuicio que tenemos que superar es, y este es el que más se da en la universidad, lamentablemente, que la derecha es estúpida. Que estos son básicamente un grupo de vagabundos que deambulan haciendo cosas terribles. El problema con esto es que, si bien esos tres elementos capturan ciertas cosas sobre la derecha contemporánea, en realidad no capturan gran parte de lo que está sucediendo, lo cual creemos que es mucho más complicado y, de hecho, en un nivel, es mucho más sofisticado”.

“Es un proyecto que lleva ya unos 50 años en marcha. Intentamos rastrearlo a través de un dato que probablemente no se esperaría. Se trata de un marxista italiano fallecido hace mucho tiempo llamado Antonio Gramsci”.

Williams explica la idea gramsciana de que “el poder político nunca fue simplemente una cuestión de coerción. Siempre fue una combinación de coerción y consentimiento. Y que en este proceso de producción del consentimiento la cultura era vital. Por tanto, cualquier orden hegemónico dependía de una comprensión del mundo que se había naturalizado. Y lo que era crucial, por lo tanto, para cualquier orden contrahegemónico era comprender la naturaleza de su enemigo, para poder crear una estrategia contrahegemónica; un mundo intelectual y un conjunto de instituciones contrahegemónicas. Esto es lo que, allá por los años 1970, el pensador francés de extrema derecha Dominique Venner llamó un gramscianismo de derecha. Y eso es lo que intentamos rastrear aquí y la forma en que se ha globalizado”.

“Un argumento es, efectivamente, que este gramscianismo de la derecha depende de un argumento central sobre la política contemporánea, la vida social y, de hecho, la globalización. Y es que el mundo en el que vivimos es un mundo dominado por el gerencialismo. ¿Qué entendemos por gerencialismo? El gerencialismo es una idea antigua. Proviene de la izquierda de la década de 1920 y de la izquierda antiestalinista, pero en realidad es más adoptado por miembros de la derecha estadounidense como James Burnham en la década de 1950. Y es la idea de que el siglo XX es el siglo del gobierno de los expertos, que cada vez más, el mundo está dominado por una clase de expertos, técnicos”.

“Una de las cosas cruciales en la globalización de la derecha es la forma en que ha podido trazar lo que Gramsci llamó equivalencias, entre posiciones en todo el mundo frente a esta nueva clase gerencial global. Y es esta oposición a ellos la que realmente proporciona uno de los fundamentos conceptuales centrales de la derecha contemporánea y uno de los principales dispositivos de movilización”.

Rita Abrahamsen es igualmente internacionalista y coautora del citado libro. Ella indica que, “en términos del proyecto civilizacional, lo que podríamos decir es que lo que cree la derecha radical es que el mundo está formado por diferentes culturas o diferentes civilizaciones. Y ese es realmente el verdadero valor del mundo: sus civilizaciones, sus culturas. Y lo que ha hecho el liberalismo global es aplanar y arruinar todo eso. Por eso quiere y busca un mundo más civilizado. Las civilizaciones son entonces inconmensurables, son incompatibles, pero ninguna es universal, ninguna es superior. Todos son iguales pero diferentes. Y esto les permite hacer alianzas, esas equivalencias transversales de Gramsci, les permite hacer alianzas con personas que también sienten que sus culturas están siendo destruidas o arruinadas por el universalismo liberal”.

“Sobre la multipolaridad, lo que ellos creen no es la multipolaridad de unidades similares y una especie de equilibrio de poder. Se trata de una multipolaridad de estados civilizacionales o regiones civilizacionales. Así tendríamos un mundo formado por diferentes culturas, diferentes civilizaciones que cooperarían cuando fuera necesario. Pero no avanzaríamos hacia un mundo en el que todos acabarían suscribiéndose a la misma cultura o los mismos valores”.

Es evidente la intención que tienen con esto las nuevas derechas: cada quien en su región, sin grandes flujos migratorios que pongan en cuestión las narrativas nacionalistas donde anclan sus repertorios.

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Lo señalado por los dos académicos estudiosos del tema de los conservadurismos radicales o extremas derechas emergentes permite hacerse una idea del estado de la cuestión. Ahora bien, ¿qué pasa con estos movimientos en nuestro país? Claramente, hay actores que intentan representar esto en Bolivia, aunque actualmente con una audiencia limitada.

Llevamos nuestra consulta al respecto al politólogo tarijeño Carlos Saavedra. Desde su perspectiva, “en el caso boliviano, el proyecto que se impuso a la derecha tradicional y representó la corriente de nueva extrema derecha que se posicionó a nivel regional fue aquel liderado por Luis Fernando Camacho”.

“El camachismo en su momento tuvo una virtud y un gran defecto. Como virtud tuvo la capacidad de simbolizar el espíritu de rebeldía ante el error histórico político de Evo Morales de repostularse el 2019 a pesar de su derrota el 21 de febrero del 2016. Camacho, con la gorra atrás, andando en moto, liderando masas con un fuerte simbolismo religioso que lo mostró como casi mesiánico tuvo la capacidad de tomar las banderas de la rebeldía y hacer clic con los jóvenes que no se sentían representados en la derecha conservadora boliviana”.

“Uno de los grandes defectos políticos que tuvo el camachismo fue que su sentimiento nacionalista fue muy regional; Camacho como líder político logró representar la Santa Cruz tradicional, que era la que detentaba la hegemonía política local, pero jamás fue capaz de trascender el espacio territorial del cruceñismo para abrazar el sentimiento nacionalista boliviano. Esa mirada muy localista de la política le impidió a Camacho constituir un proyecto de poder nacional que haga frente al MAS y desplace a las derechas conservadoras y tradicionales”.

El politólogo añade que “Camacho no tuvo la capacidad de articular, de verdad con los movimientos de rebeldía de nueva derecha en los distintos departamentos del país para hacer de su liderazgo y de su proyecto político un movimiento nacional”.

“En el escenario política actual, pareciera que el espacio de una nueva derecha 2.0 está vacío y son las expresiones tradicionales las que intentan ocupar, por el momento sin éxito ese espacio que el camachismo dejó”, concluye Saavedra.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político