Ministros de la gestión del expresidente Evo Morales alertaron sobre una “descomposición” de los cuatro órganos y las instituciones del Estado, y advirtieron que se encuentran “en una profunda crisis” por “operaciones políticas” del Gobierno.

“Estamos, pues, viviendo en momentos de profunda descomposición institucional de nuestro Estado atribuible principalmente a las acciones del gobierno de Luis Arce, David Choquehuanca y los ministros y ministras que, a diario, realizan cínicamente operaciones políticas (sic)”, dice parte de un documento publicado este martes.

Las exautoridades emitieron duras críticas contra las instituciones, de las que consideran que perdieron su legitimidad ante la población.

Apuntaron especialmente a la administración de Justicia y la Policía Boliviana que, según se lee en el pronunciamiento sin firmas, no cumplen su función institucional ni la sana convivencia entre bolivianos y atribuyeron ello a “la corrupción” que hay en ellas.

Ministros de Evo Morales

“El Gobierno no duda en profundizar la crisis institucional buscando sacar provecho particular y lograr proteger sus actos de corrupción y protección al narcotráfico, y entreguismo de nuestros recursos naturales a la voracidad extranjera”, añade el texto.

Incluso, acusaron al Gobierno de “promover y proteger” a actores como los vocales de salas constitucionales que “cometen groseras violaciones de la Constitución Política del Estado y las leyes”.

En su criterio, la administración del presidente Arce busca que las autoridades judiciales y electorales “queden blindadas” por el poder político y “se garantice su impunidad frente a las sanciones que merecen”.

En este caso, hicieron alusión a los magistrados y vocales electos en 2017 cuyo mandato de seis años fue prorrogado por la Sentencia 049/2023, emitida el 11 de diciembre de 2023. La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó esa ampliación a “intereses políticos” del Gobierno.

“Las organizaciones sociales y sindicales incluso algunas entidades de la sociedad civil organizada, y nuestro Instrumento MAS IPSP, hoy se plantean la necesidad de cambiar las cosas a objeto de derribar estas instituciones por ser inservibles o reformarlas radicalmente y convertirlas en instituciones más consistentes”, propone ese bloque político.

Una vez más, denunciaron una “persecución política” en contra de los militantes y dirigentes de la facción evista del MAS que cuestionó las políticas del otrora elogiado ministro de Economía de Morales.

“Estamos a las puertas de una rebelión popular que puede devenir en una convulsión social muy grave que pondrá de manifiesto la voluntad de la población de no permitir que se siga en el camino de desinstitucionalización estatal”, advierte el documento.

El documento salió a la luz en medio de fuertes cuestionamientos sobre la “independencia” de los órganos del Estado y la supuesta “intromisión” del Órgano Ejecutivo sobre los otros.

El senador evista del Movimiento al socialismo (MAS) William Torrez afirmó que el congreso arcista “fue una reunión de amigos”, en la que participaron organizaciones que “no son parte del MAS” y funcionarios del Estado. “No se lo puede llamar congreso”.

El congreso ordinario del MAS arcista se llevó adelante el 3, 4 y 5 de mayo en el coliseo Héroes de Octubre en la ciudad de El Alto. El dirigente campesino Grover García fue elegido como presidente del partido, en reemplazo del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá considerar su eventual validación o no.

El encuentro ocasionó polémica debido a que la supervisión del TSE fue obligada por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida por el vocal Israel Campero.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez rechazó la decisión del vocal Campero, a quien calificó de “funesto” por obligar al TSE que supervise el congreso.

En criterio del legislador, la Justicia está “deteriorada, cooptada y plagada de injerencias del Órgano Ejecutivo” y, además, apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, estar detrás de los operadores de justicia y la paralización de las elecciones judiciales.

“La parte cuestionable es aquella resolución del vocal Campero que raya en lo inaceptable”, reclamó.

La solicitud de supervisión al congreso arcista fue presentada por el Pacto de Unidad y, posteriormente, la Sala Constitucional Primera de La Paz la aprobó y ordenó aplicar la medida cautelar mencionada.

La resolución firmada por los vocales Israel Campero y Alexis Angles estableció: “Instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”.

En respuesta, el TSE denunció una intromisión del Órgano Judicial, aunque indicó que lo haría de manera “provisional” y excepcional.

Torrez aseguró que no existe la figura de “supervisión provisional” en la Ley de Organizaciones Políticas ni en la normativa del sistema electoral, menos en el estatuto orgánico del MAS. “Eso hace notar el vocal Francisco Vargas (presidente en ejercicio del TSE). Me parece digno”.

Indicó que el congreso no debe ser validado por el TSE y advirtió que de lo contrario sería un precedente “funesto” para la democracia y la institucionalidad del Estado. “La institucionalidad está siendo destrozada por el TCP”.

Lea también: García ratifica congreso estatutario del MAS y dice que trabajará haciendo caso al pueblo

El presidente electo del Movimiento al Socialismo (MAS), elegido en el congreso del ala arcista, señaló este martes que en la gestión que inicia al frente del instrumento político trabajará en comunión con el pueblo, sus bases y las nuevas generaciones.

También ratificó que en 90 días se llevará a cabo un congreso extraordinario para cambiar estatutos en el MAS, con el firme propósito de abrir las puertas a nuevos líderes.

“Entre las resoluciones que ha sacado el congreso magno está la que señala que es para cambiar estatutos y reglamentos. En 90 días habrá un congreso extraordinario con la participación de todas las organizaciones matrices”, expresó García.

“El anterior estatuto estaba solo para algunos, (para) concentrar el derecho (de algunos). No puede ser que Evo (Morales) concentre a unos cuantos ¿y la juventud y nuevas generaciones que buscan cambiar nuestro país dónde quedan?”, acotó el nuevo timonel del MAS.

El domingo, el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Vidal Gómez, adelantó que la comisión orgánica del MAS —presente en el congreso— encargó que se lleve a cabo un congreso estatutario en 60 o 90 días, para revisar y modificar el actual estatuto orgánico que rige en el partido.

Lea: El TSE informará en 10 días sobre la supervisión al congreso del MAS arcista

Congreso

El bloque arcista apunta a modificar dos artículos de la vieja reglamentación.

El parágrafo 15 del artículo 6 indica: “Respecto al liderazgo nato: La militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del MAS”.

El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.

García dijo también que todos los militantes tendrán derecho a participar en cualquier estructura dentro del partido siempre buscando la unidad y tomando en cuenta a todas las generaciones.

Reveló que, en la reconducción del MAS, escuchará todas las organizaciones sociales. Haciendo caso a cada una de las personas que quieran trabajar por el bien de su instrumento político. 

“Esta nueva directiva va a trabajar haciendo caso al pueblo, no nos vamos adueñar. Hay que reconducir este proceso de cambio y recuperar la dignidad; vamos a ver a nuevos líderes y reconducir la economía del país a la cabeza de nuestros gobernantes”, enfatizó. 

Requisitos

En cuanto a los requisitos que, según el bloque que apoya a Evo, no fueron cumplidos, García recalcó que antes de su realización, el Congreso cumplió con todos los requerimientos demandados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Para nosotros se ha cumplido con los requisitos y estamos en proceso de avance. Estamos esperando los resultados del tribunal”, exclamó.

Se estrelló contra Morales y quienes objetan la legalidad de la cita del último fin de semana en El Alto. Al aclarar que cuenta con toda la documentación al día para presentarse como candidato en el MAS.

El abogado del ala evista del MAS, Wilfredo Chávez, afirmó que el congreso carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial. Particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Entretanto, Evo Morales, anunció que agotará todos los recursos en una lucha legal para defender a su partido.

(07/05/2024)

Tras la conclusión del plazo para que las organizaciones sociales renueven sus directivas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuchi Quispe, anunció una “inminente” quinta ampliación. 

“En relación a los plazos evidentemente el domingo 5 de mayo se cumplió y feneció el plazo de los 180 días de la cuarta ampliación que hizo. Hemos ampliado en dos años cuatro veces. En las próximas horas, es inminente nuestra determinación como Sala Plena”, dijo Tahuichi en entrevista con Panamericana.

Reiteró que “corresponde una ampliación, (pero) la temporalidad está entre 90 a 120 días para que las organizaciones sociales puedan adecuar sus estatutos y renovar sus directivas de acuerdo a la Ley 1096 (De Organizaciones Políticas)”, dijo.

El domingo concluyó el plazo para que las organizaciones políticas nacionales y departamentales presenten a sus nuevas directivas elegidas en congreso. De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

En entrevista con La Razón, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, señaló que los que cumplieron plenamente con la renovación de sus directivas son Unidad Nacional (UN), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Lea más: Tras declaraciones de Campero, vocal del TSE exige respeto al Órgano Electoral

Mientras que Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) llevaron a cabo recientemente sus cónclaves, sin embargo, aún tienen que pasar por el filtro de la revisión de los informes, o sea, “están pendientes”. “Entonces son seis los partidos que ya eligieron a su directiva”, remarcó la autoridad.

En tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Para la Victoria (FPV) son las organizaciones que pueden ser amonestadas por el incumplimiento de esta regla que da la tarjeta de participación para las elecciones primarias y las presidenciales del siguiente año.

El vocal Tahuichi dijo que “está de buen tamaño” y que ya fueron “muy tolerantes” por lo que ahora se merece una “medida correctiva” y “resta por aplicar la ley”.

La autoridad descartó también la narrativa que el Órgano Electoral pretenda proscribir a un partido, “imagínese si aplicaríamos de inicio (la Ley 1096), esto desnuda esta falsa narrativa de que el TSE quiere proscribir, también hay que tener en cuenta ese aspecto”.

Tras el inicio del juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró la rebeldía de los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.

“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los acusados.

El jurista señaló que el juicio oral continúa y éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.

Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

Lea más: Comienza el juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador

Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.

Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.

“Los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.