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La Participación Popular podría considerarse, luego de la revolución de 1952 , la más profunda e inconmensurable reforma en democracia de vocación descentralizadora y paradójicamente impulsada por un gobierno central, quién asumió la audaz decisión de compartir poder político, ceder responsabilidades administrativas y transferir recursos financieros que hasta ese momento. se hallaban bajo custodia y absoluta decisión del poder central.

Caso curioso el boliviano, originado y agendado fuera del centro y del altiplano, pero anidado en mentes visionarias y con voluntad política desde el llano, para trasladarlas al plan de gobierno de un partido, que eventualmente paso a convertirse en una política pública, de la que hoy nadie reniega o pretende devaluarla, reconociéndola como una de las escasas reformas estatales con mayor trascendencia en los planos político, fiscal, social y territorial de la historia de Bolivia.

El régimen de autonomías incorporado en la constitución del año 2009, se estructuró sobre la base de la descentralización del año 1994 con la participación popular, capitalizada por los actores territoriales en la promoción de liderazgos políticos locales, desarrollo de capacidades administrativas, esfuerzos tributarios, ampliación de servicios públicos sociales y económicos, participación vecinal e indígena en la planificación y destino de los recursos asignados, de naturaleza innovadora para la tradición concentradora del Estado.

Desafortunadamente, uno de los riesgos fue descentralizar un Estado tradicionalmente débil, con un país rural abandonado por la implacable urbanización y astillado en pequeños poblados silenciados por la marginalidad de territorios y sistemas de vida cada vez más vulnerables a fenómenos económicos y medioambientales.

La descentralización de base municipal desnudó al débil Estado capturado por un inmaduro sistema político que, en ausencia de normas y estructura institucional estatal, no puedo conducir ni responder a la impronta municipal desatada.

Con el régimen autonómico, el costo de administrar el Estado creció por la ampliación de dos gobiernos (nacional y municipal) a cinco (más el regional, departamental e indígena), aumentando significativamente la burocracia estatal, congestionando la gestión de servicios, como por ejemplo en salud y educación, que eran competencia exclusiva municipal, y la modificó a concurrente para justificar la presencia del gobierno central en el territorio, propiciando una competencia desleal ; sin ocupar la estructura descentralizada del Estado , creando instituciones paralelas y disponiendo de recursos especiales para llegar al territorio con programas de alcance nacional .

La tensión entre el impulso descentralizador del año 1994 y el ambivalente régimen de autonomías de 2010, no ha facilitado la gestión de municipalidades cada vez más debilitadas por la sobrecarga de competencias (bono discapacitados, fondo de fomento a la educación, sistema nacional de seguridad ciudadana entre otras materias) y asfixiados financieramente por la caída en las trasferencias de un modelo primario y monoproductor; en lo cotidiano, abandonados en un escenario mucho más complejo que el del inicio. Prueba de ello, la mayoría de los municipios que se hallaban en el año 1992 en quintil más pobre, treinta años después, continúan en el mismo sitial sin que nada haya logrado mejorar sus condiciones de exclusión y extrema pobreza.

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Aún existen muchas asignaturas sin la debida atención, tanto en el diseño como en la operación, el tiempo y los gobiernos centrales convirtieron por acción u omisión los conceptos en defectos respecto del modelo original; sin embargo, tres décadas después, a pesar de una nueva Constitución y una Ley Marco de Autonomías, afortunadamente no alcanzaron a modificar su espíritu, el mismo que continua vigente y con mayor arraigo en los actores y sistemas predominantes en el territorio.

Nada podrá revertir el escenario de la descentralización municipal de 1994, más al contrario, además de convertirse en la piedra angular del Estado, es la caja de resonancia del trepidante escenario político nacional y también la redención, especialmente en ciudades grandes e intermedias, a la creciente demanda social, económica y de infraestructura pública en favor de los más vulnerables que hacen posible testimoniar y celebrar hoy aquel visionario modelo de descentralización.

Luego tres décadas, la resistencia a la autonomía y a una mayor descentralización, así como la forma más o menos conflictiva y trabada de su proceso, no es una característica y responsabilidad exclusiva del gobierno central, también responde a la debilidad institucional y falta de liderazgo de los gobiernos municipales para explotar el régimen de autonomías vigente y “jalar” finalmente la auténtica descentralización.

(*)Vladimir Ameller Terrazas es economista

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Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

El pasado domingo 21 de abril el pueblo ecuatoriano se enfrentaba a un referéndum con once preguntas orientadas a reformar la Constitución e impulsar políticas públicas. Lo había convocado meses antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, siguiendo la estela de sus predecesores, Guillermo Lasso y Lenin Moreno quienes convocaron también sendas consultas. El horizonte político de las tres consultas, al margen del contenido de las preguntas, compartía un mismo objetivo político: relegitimar en las urnas sus precarios gobiernos. Todos ellos, gobiernos logrados en segunda vuelta por escasos márgenes y todos gobiernos con minoría en la Asamblea Legislativa.

De las once preguntas planteadas, nueve referían a reformas judiciales, policiales o militares y tenían una clara orientación securitaria. Respecto a esas nueve preguntas se había creado un cierto consenso nacional, sólo roto en las últimas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, un hecho que forzó al partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), a adoptar una posición de rechazo frontal a las propuestas del presidente. Eran por tanto preguntas sobre las que no pesaban dudas acerca del resultado.

Sin embargo, dos de las once preguntas escapaban a este esquema. En dos preguntas fundamentales Noboa consultaba, primero, sobre el retorno de una fórmula precarizadora del mercado laboral -contra la que él mismo se había pronunciado en campaña electoral-, el contrato por horas y, segundo, sobre la sujeción de Ecuador a tribunales internacionales en diferendos económicos. Estas dos eran las únicas preguntas sobre las que existía disputa política, las dos que atañían al modelo económico del presidente, dos preguntas que habían recibido un rechazo frontal desde el primer momento por parte de la oposición politica de la RC. En ambas preguntas la población dijo No. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron No al arbitraje internacional (64,9%) y No al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

En el resto de preguntas, como decimos, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana y de carácter incuestionable, el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría George Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correísta o anticorreísta.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parte- apoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Noboa fracasa, por tanto, en el objetivo de relegitimarse. Este resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente si quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por el contrario, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

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Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenin Moreno.

De hecho, en cierto modo, en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para emprender una furibunda carga contra éste. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la Embajada de México, el pasado 5 de abril, lo que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023: ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

(*)Sergio Pascual es analista político

El Punto Sobre la i

Esta semana, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, generó un nuevo incidente diplomático en la región, cuando acusó a Bolivia y Chile de tener en sus territorios a agentes terroristas iraníes. La aseveración motivó la protesta de ambos países. Bullrich presentó sus excusas antes Santiago, pero no ante el gobierno boliviano. Al presente, la referida ministra del país rioplatense anunció que mantiene sus fronteras en el norte y embajadas “con alerta alta”.

Si bien este es el más reciente episodio en el que se gatillan tensiones diplomáticas desde el gobierno de Javier Milei, no es ni por si acaso el primero. El mandatario ya sostuvo controversias y se refirió con adjetivos ofensivos a otros presidentes de América Latina. Tal fue caso con sus pares de Colombia, Brasil y México. Protagonizó además otro entredicho con China. Cabe señalar que Brasil, China, Chile y Colombia están entre los países más importantes en el intercambio comercial argentino.

En el caso de la ministra Bullrich, cabe además recordar que, en 2021, el Gobierno argentino “denunció penalmente el contrabando ilegal de armamento y municiones que el gobierno de (Mauricio) Macri envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019”, según indica una nota oficial del Ministerio de Seguridad. La acusación se dirigió contra la actual titular de esa cartera de Estado, el expresidente Macri y otros funcionarios.

El año pasado, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se presentó ante una comisión de la Cámara de Representantes de su país e informó en relación al denominado triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo”, aseveró la militar.

A principios del mes en curso, Milei y Richardson sostuvieron un encuentro en Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego. En la cita, acordaron la creación de una “base naval integrada” entre ambos países. Argentina se comprometió en la adquisición de equipo bélico estadounidense, incluyendo cazas F-16 mediante un subsidio de $us 40 millones, según indica una nota oficial de la Embajada de Estados Unidos en el país vecino del pasado jueves.

Conversamos respecto a estos temas con el destacado abogado, intelectual y exministro, Reymi Ferreira. El diálogo recorre diversos aspectos, comenzando por la acusación de Bullrich de la última semana, hasta abordar la situación de la región en un momento de transiciones geopolíticas de gran importancia.

– ¿Cómo se pueden entender estas tensiones diplomáticas que vienen siendo gatilladas desde el actual Gobierno argentino?

Es la nueva derecha, la nueva ola conservadora que está en América Latina, que en realidad llega a ser la segunda. La primera la trajo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Bolsonaro ha sido en realidad el pionero en América Latina, que trajo esa ola de los ultraconservadores de Estados Unidos, y en la que Javier Milei juega un papel. Un peón más de la estructura neoconservadora que ha llegado a América Latina; que no dejan de ser elementos disociadores que están al servicio de intereses extranjeros, están al servicio de las potencias imperiales. Y lo lamentable es el silencio, prácticamente la falta de condena contra este tipo de exabruptos y este tipo de políticas. Pero yo creo que es parte de una oleada continental que viene desde los grupos más tenebrosamente conservadores de Estados Unidos.

– ¿Cómo se puede entender la racionalidad política de estas controversias?

Milei es muy irracional. Yo creo que está haciendo poses, pininos para la opinión pública internacional. No creo que esté pensando en la Argentina, Él está pensando en la gente de afuera, a los que él sirve. Quiere quedar agradable a los grandes poderes del sionismo, de estos capitales transnacionales, de la ultraderecha norteamericana. Y así repite cosas que no tienen sentido. Ya ha tenido que disculparse con Chile y no lo ha hecho con Bolivia, cosa que es lamentable y terrible. Que, además, debe merecer la protesta del Gobierno boliviano porque es realmente una barbaridad que se vengan a armar ese tipo de acusaciones. Es evidente que no existe ese tipo de situaciones en nuestros países.

–¿Tiene esto alguna racionalidad en el ámbito internacional más grande?

Lamentablemente, no puede haber racionalidad en alguien irracional y en una política irracional. La política a Milei, como la de Trump y de Bolsonaro, son políticas irracionales. Entonces, pedir racionalidad a políticas irracionales no creo que vaya a dar muchos frutos. Básicamente es un actuar instintivo. Hitler no era nada racional, sus políticas eran lo más irracionales que había. Y eso terminó destruyéndolo y, de paso, destruyendo parte del planeta en un determinado momento. Milei es igual, un hombre puro hígado; que ha demostrado tener muy poca racionalidad y mucho hígado. Ese es el gran problema con este tipo de gobernantes. Cuando el cerebro es más chico que el hígado, acaban haciendo lo que está haciendo Milei: inventándose terroristas en Bolivia o en Chile, agrediendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, entrando en contradicción con el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también con Lula da Silva. Abriéndose enemigos gratuitos en todas partes, para recibir las palmaditas que se le dan a un cachorro por seguir las instrucciones. Declarando su apoyo a que la capital de Israel sea Jerusalén y cosas así. Cosas raras, realmente.

Milei sabe, a ciencia cierta y porque además él predica eso -el no cree en las ayudas ni los subsidios- que para Argentina no a haber ni ayudas ni subsidios de los organismos internacionales. Lo que sí puede haber son créditos leoninos e incluso eso, en su caso, es difícil. Esto es así porque, refiriéndonos a Argentina, el expresidente Mauricio Macri ya endeudó por 100 años a ese país. Hay una deuda intergeneracional enorme. Argentina no es en este momento un sujeto muy serio de crédito por las deudas que dejó Macri. Entonces, creo que lo que está haciendo se enmarca en esa actuación irracional, de una política internacional irracional, como la interna, que no tiene nada de racional.

– ¿Qué dice todo esto sobre la situación de América Latina en relación a un nuevo contexto internacional, con tensiones geopolíticas emergentes y diferentes a las del pasado reciente?

Bueno, no hay una nueva Guerra Fría, todavía. Actualmente hay una guerra, que es económica, con China. El gran enemigo o rival, en este caso, de Estados Unidos y de la Unión Europea, no es Rusia, es China. Ese es el trasfondo de la cuestión. Y en América Latina lo que se está viendo es eso, los intereses comerciales, económicos y financieros, de los norteamericanos y europeos que están en constante disputa de mercados y espacio con China. Eso es lo que hay. Secundariamente está el tema de la alineación que Estados Unidos antes tenía en la Guerra Fría con los países latinoamericanos, que hoy no la tiene.

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Entonces, quizás lo que le interesa a Estados Unidos en el plano geopolítico es tratar de generar un espacio como en el pasado, que permita que los estados de América Latina sigan las instrucciones de Washington. Por ejemplo, romper nexos o bloquear a Rusia; que eso hoy no lo tiene. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos, con raras excepciones, no se ha plegado a las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Veo que los norteamericanos están trabajando en esas líneas: en la línea geopolítica, en relación al tema ruso, y en la línea económica, en relación al tema chino. Y ese, quizás, es el papel de Milei, haciendo que de alguna forma él trabaje en ese sentido. Aunque, Milei está más preocupado por el tema de Irán. Se ha pronunciado evidentemente a favor de Ucrania y todo eso, pero su principal preocupación, por sus declaraciones últimas, es básicamente Irán. Y en Estados Unidos igual, su conflicto con Rusia está pasando a un segundo plano. Ahora su principal preocupación está empezando a ser Irán.

– ¿Cómo está tensionando esto la relación entre los gobiernos de izquierda progresista en la región con esta segunda ola de gobiernos de derecha?

Yo creo que ahora esto se dará con mucha más fuerza, porque Estados Unidos, mientras hubo el conflicto con los países de Oriente Medio por el tema de Irak, los talibanes, Al Qaeda o del ISIS, había secundarizado su atención hacia la región, al no haber ya la Guerra Fría. Aminoró su atención hacia América Latina; se descuidó, de hecho, y se dedicó a otros lugares del mundo. Priorizó su lucha contra lo que denominó el terrorismo de los grupos islámicos. Ahora, al aparecer estos nuevos fenómenos, como el fenómeno iraní y el ruso, la presencia mayor de China, no como amenaza política y militar, sino económica, entonces está reorientando su mirada hacia América Latina. Un espacio que tenía como patio trasero, que de pronto empezó a tener autonomía y llegó a realizar importantes esfuerzos por su cuenta. Con el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos empezó a dirigir políticas muy bien orientadas para desestabilizar y derrocar gobiernos. Como pasó en Brasil, por ejemplo, como lo que pasó en Bolivia. Con una acción más radical contra Venezuela, al extremo de casi entrar a una invasión. Entonces, ese tipo de presiones, que vienen desde el tiempo del gobierno de Trump, por el cambio de orientación y al haberse aplacado la lucha con los grupos islámicos, hace que los norteamericanos se vuelvan a reorientar acá. Si bien hasta ahora no lo hacen de una forma tan agresiva, como seguramente va a empezar a ocurrir con el tema del nuevo escenario internacional, que ya tiende a convertirse en multipolar y en antagónico. Ya no es el mundo de hace 15 años ha cambiado. Es un mundo que se convierte amenazante y desafiante para Europa y para Estados Unidos. Ahí está el caso de Irán y el caso de Rusia, que son cosas que han movido el tablero. Y está en el fondo también China y está Corea del Norte, que son consideradas como verdaderas amenazas por los países occidentales.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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¿Está el Proceso de Cambio en agonía? Posiblemente ese cuestionamiento, de compleja respuesta, sea uno de los factores estructurales para comprender en la dimensión correcta los niveles de energía del hecho histórico más importante del tiempo democrático. Juan José Sebrelli, filósofo argentino, observa con acierto y define con sencillez lo que aprecia, “la realidad humana es transformación permanente, pero no hay cambios sin algo que permanezca, ni discontinuidad sin continuidad, ni presente que no esté condicionado -aunque no determinadopor un pasado que limita sus posibilidades. Cada periodo histórico es singular e irreversible, el pasado no se repite nunca en el presente, aunque en toda acción o idea nueva es inevitable partir de lo anterior que se quiere cambiar”. La realidad sociopolítica es una construcción humana y su transformación se produce dentro de, a momentos, ininteligibles procesos sociológicos que tienen una extensión temporal, que, en el caso de nuestro país, suelen girar alrededor de los 18 años.

El agotamiento del orden oligárquico que antecedió a la Revolución Nacional, una sociedad marginal y periférica en relación a la economía nacional y, una representación política signada por castas sociales que convirtieron el Estado en su espacio de natural dominio, fueron, en gran medida, los factores que condujeron a cuestionar y enfrentar posteriormente a la oligarquía dominante. El pueblo triunfante inició el proceso revolucionario que se extendió por 12 años, que removió positivamente las sedimentadas estructuras del conservadurismo excluyente y que empezó a agotarse cuando, como describe Huáscar Cajías, inició la demencial “anulación del sistema jurídico y especialmente de las garantías constitucionales”: «Todo esto se justificaba y practicaba en nombre de la patria, de la justicia social, del progreso económico». A ello se adicionó la obsesiva fijación de Paz Estenssoro por reformar la CPE, algo que hizo en 1961 para permitirse una nueva reelección, dejando de lado el compromiso de alternancia suscrito tácitamente entre los líderes de la Revolución.

Siguieron al hecho histórico 18 años de militarismo no democrático: 1964- 1982, con breves y esforzados intentos por reencauzar el país por los márgenes constitucionales para que, en 1982, finalmente, el horizonte de convivencias democráticas vuelva a escribir su historia. Las debilidades del proceso que se iniciaba abrieron paso a la construcción de las mayorías pactadas. El tiempo de la democracia de coalición, de sumas congresales y consensos construidos sobre el reparto y parcelación del Estado se constituyó en el primer ciclo político de la joven democracia. El Pacto por la Democracia, que fue el pacto Paz Estenssoro/ Hugo Banzer dio inicio a una construcción de alianzas políticas que modelaron sobre el final de su vigencia un Estado de marginalidades, abusos, no representaciones políticas correctas y aprovechamientos económicos, sociales y políticos inaceptables. Construyó un Estado y una sociedad injusta que implosionó en octubre de 2003. Tras 18 años, el ciclo político de la vieja partidocracia o de la democracia pactada se desmoronó.

2006: Bolivia inicia un nuevo ciclo político en esa constante sustitución circular de élites y construcción de sentidos comunes, pero siempre bajo un perfil de hegemonía dominante. El Proceso de Cambio reemplaza a la Democracia Pactada, iniciando el proceso de construcción del Estado Plurinacional y el tiempo histórico más importante de inclusiones sociales y representaciones políticas correctas. Pero hoy, ese proceso del bloque social y popular está resquebrajado, agrietado, hendido y con elementos conductuales y formas políticas que ya lo determinan, -y esta vez vale el casi- casi inexorablemente. Entonces la respuesta a la pregunta inicial es sí, el Proceso de Cambio agoniza.

La esquizofrenia reeleccionista y de poder.

En 2019, de forma inesperada, sucede un hecho que se entendió como el fin de un ciclo, del ciclo masista como se decía con pronunciación peyorativa en aquel momento. Con entusiasmo indisimulado, se repetía incansablemente en los espacios más conservadores y radicales del país “el MAS nunca MAS”. Y el MAS volvió, con sus capacidades de movilización territorial refortalecidas y su conexión con la corporatividad social y popular en estado pleno. Sin embargo, lo que pudo ser un proceso de revitalización y oxigenación se convirtió en un retomar el vicio más antiguo: burocratización de dirigencias matrices, instrumentalización del poder, pensamiento de hegemonía dominante, desconsideración por la institucionalidad y las formas recomendadas de la buena cohabitación democrática. El país había cambiado con el remezón del golpe de Estado, pero el MAS, en sus estamentos cupulares, leyó el apoyo obtenido en el proceso electoral como un “vale todo”, un forzado entender que los ciudadanos pueden aceptar lo que venga si la prensa les entrega titulares de optimismo. A ello, la esquizofrenia reeleccionista incluso a costo de pulverizar el proceso histórico y entregar el Estado Plurinacional a la posibilidad de un regresionismo involutivo que nos retraiga a las injusticias sociales y políticas de los años ´90. Inaceptable.

Con una interna de daños irreparables y con el olvido de la razón, esa que posibilite recuperar la sensatez, se avanza a fragmentar la homogeneización de la corporatividad social y popular que hizo invencible en tiempos electorales al proyecto social popular. Siendo esta una realidad, se suman a ello, otros factores que exponen el final de ciclo. Las formas de hacer política en el movimiento popular exteriorizan hoy conductas de odio, de posibilidades evidentes de la intención de destruir al otro, así sea este de la misma familia política; muestran que la repetida unidad es solo una palabra de ocasión, no un fin irrenunciable. Unidad es la palabra dicha, destrucción del otro es la acción cotidiana. La unidad de convicción en el proyecto político de horizontes posibles, de sueños y utopías ya prácticamente no es factible. Solo queda una unidad, pobre, disminuida, recortada, una unidad de circunstancia para el momento electoral. Esa unidad es sinónimo de crisis política, ingobernabilidad y caída económica. En los tiempos que hoy condicionan al Proceso de Cambio, es el preludio del final. Algo así como el tiempo que tomó al militarismo no democrático el perder definitivamente el poder. Algo así también como el tiempo transcurrido entre octubre de 2003 y enero de 2006. El tiempo último de la crisis.

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La candidatura única no salva tampoco el final de ciclo, pues son las prácticas políticas del rutinario vivir, que no son tolerantes, incluyentes y día lógicas lo que han deteriorado la paciencia social. La ortodoxia sobre el trato conferido a los actores políticos y también al modelo económico excluye la posibilidad de construcción de unanimidades imprescindibles. En un escenario de futuras y previsibles debilidades legislativas, la ausencia de adhesiones despedaza las legitimidades obtenidas en lo electoral. El resultado en consecuencia es la permanencia de un escenario de crisis.

Sin la unidad que construya un proyecto utópico de horizontes de expectativas, sin que la codiciada candidatura única revolucione y aleje las formas desagradables de hacer política, irritantes para la sociedad toda, y que revelan una manera ya distintiva de concebir la política y porque lo discursivo carece de visión de país, proyecto de Estado y sociedad hasta reducirse a meras construcciones de relatos sin fondo; sin todo ello, el final de ciclo ya resuena en el país.

(*)Jorge Richter Ramírez es politólogo