Víctimas de ‘esterilizaciones forzadas’ en Perú denuncian nuevas demoras en emblemático juicio
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, en el gobierno de Fujimori.
Mujeres víctimas de «esterilizaciones forzadas» entre 1996 y 2000 en Perú, bajo un programa del entonces presidente Alberto Fujimori, denunciaron el miércoles nuevas trabas para el avance de este emblemático proceso, debido al repentino cambio del juez encargado.
«Desde el principio hemos sido maltratadas», afirmó Victoria Vigo, de 59 años y esterilizada en la norteña Piura en 1996, una de las 1.317 demandantes en este proceso iniciado en 2002 que ha sido archivado y reabierto varias veces.
Cuando las víctimas esperaban que el juez Rafael Martínez Vargas emitiera su veredicto preliminar de llevar o no a juicio penal a siete denunciados, entre ellos Fujimori, el Poder Judicial sorpresivamente lo sacó de la causa y designó en su lugar al magistrado Littman Ramírez Delgado.
«Lo único que queremos es que esta tortura acabe», dijo la abogada María Ysabel Cedano, de la ONG Demus, quien ofreció una rueda de prensa para denunciar las nuevas demoras junto a Victoria Vigo y a la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador.
«No más demora en el derecho a la verdad», expresó Dador.
Se estima que unas 270.000 peruanas pobres, muchas de ellas indígenas que no hablaban español, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder.
La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las trompas.
El programa de Fujimori buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.
El expresidente -de 83 años y quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos- no ha participado en las audiencias, pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en un proceso de extradición desde Chile iniciado en septiembre de 2007.
«Voces secas»
El fiscal Pablo Espinoza había presentado los cargos ante el tribunal en marzo pasado. Y desde septiembre, a lo largo de ocho audiencias, el juez Martínez venía exponiendo los fundamentos de su esperada resolución.
Ahora, las demandantes, abogados y activistas temen que el cambio de juez implique una demora de varios meses.
«Un juez no puede resolver algo de lo que no sabe», expresó Cedano.
«Estamos pidiendo justicia, no estamos pidiendo venganza. Nuestras voces están secas de contar nuestras historias», dijo Vigo, quien relató que fue esterilizada sin que lo supiera.
Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (legislador fujimorista), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros tres exfuncionarios acusados.
Fujimori y sus colaboradores están denunciados como «autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos».
«Jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño», dijo el fiscal Espinoza en marzo.
«Se van a ir muriendo»
En un país con tradición de machismo, algunas mujeres sufrieron además el rechazo de sus maridos, entre ellas Nancy Sánchez Guerrero, de 48 años, quien relató hace un tiempo a la AFP que su pareja, antes de abandonarla, le decía que «ningún hombre (la) iba a querer, porque era una mujer que no servía, porque no podía tener hijos».
Sánchez contó que esperaba que Fujimori, quien nunca se ha disculpado por las esterilizaciones, «pida perdón públicamente». «Que él y sus ministros reconozcan que se han equivocado con nosotras, que somos humanos».
Además de las eventuales condenas a los denunciados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000.
Sin embargo, por las demoras en el proceso hay temor de que este caso quede impune.
«Se van a ir muriendo las víctimas y no va a haber justicia», dijo la abogada Cedano, quien indicó que si no hay avances en los tribunales peruanos llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
