Durante la última semana, se dio a conocer un proyecto de decreto supremo que proponía cambiar la responsabilidad de la gestión de un elemento de la infraestructura de internet en Bolivia que se llama Punto de Intercambio de Tráfico (PIT). Actualmente, el PIT es una entidad civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, no depende de ninguna instancia estatal. El proyecto de decreto pretendía que la administración se cambie a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de información y Comunicación (AGETIC) para sentar soberanía sobre este recurso de infraestructura de telecomunicaciones.

Una buena administración del PIT logra que la velocidad de respuesta de internet se incremente, es decir, que en Bolivia tengamos un internet más rápido. La forma en que hace esto es que las solicitudes de información que cada usuario y usuaria hacemos, digamos buscar una página en Wikipedia, no van hasta internet porque no es necesario, sino a una copia de Wikipedia alojada en Bolivia. De esa manera, las solicitudes no deben viajar grandes distancias, se resuelven localmente. Cuando me enteré de esto hace varios años, me sentí timada, pensé: “en realidad, no navegamos en internet, sino en una copia desactualizada”. Sí, exactamente, pero pocas veces necesitamos conectarnos a la versión actualizada hasta el último segundo de internet y también es verdad que el PIT en Bolivia aún no abarca el mayor flujo de internet.

El senador Rodrigo Paz Pereira denunció la existencia de este proyecto de decreto, mencionando que con este cambio se pretendía “controlar las redes sociales”, es decir, los contenidos que se publican en éstas.

Frente a esta declaración, en las comunidades de tecnología se preguntaron cómo podía ser algo así si los contenidos de redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y otras) están alojados en las empresas de telecomunicaciones del país, no en el PIT, y tienen encriptación de extremo a extremo, es decir, nadie puede leer sus contenidos mientras se transportan. No hay forma alguna para que ese cambio le permita al Gobierno ejercer control sobre lo que se publica en redes sociales.

No es la primera vez que se denuncia la voluntad del Gobierno de “controlar los contenidos de las redes sociales” sin ninguna base de entendimiento técnico. El decreto fue finalmente desestimado por razones técnicas y no estoy argumentando a favor de cambiar el PIT a manos del Gobierno o no hacerlo, lo que quiero mostrar aquí es que esta falta de información de parte de los y las legisladores/ras acerca de temas tecnológicos les hace denunciar situaciones imposibles y, en otras ocasiones, ignorar cambios que sí pueden atentar contra los derechos ciudadanos en internet.

La era digital ha generado nuevos espacios para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, al mismo tiempo que ha promovido otros espacios de violencia y violación de los derechos humanos. En reacción a esto, el derecho internacional afirma que la protección de los derechos humanos debe aplicarse tanto en línea como fuera de línea, y esto incluye a todos los derechos en línea, y por supuesto a los que protegen a las mujeres de todas las formas de discriminación y delitos contra sus personas.

Por otro lado, como en el caso de todos los derechos humanos, el Estado es el garante del ejercicio y el resguardo de los derechos y libertades de las personas, por el contrario, en la práctica son a menudo los propios Estados quienes practican la violencia contra las mujeres al negar la atención a denuncias de violencia digital porque consideran que “no es nada, solo son mensajes”, o incluso a través de acciones de vigilancia permanente en línea y filtrando sus datos personales sin consentimiento.

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El Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, debe servir también para visibilizar estos abusos y la necesidad de reivindicar los derechos humanos en línea como parte del desarrollo integral de las mujeres como personas.

Una de las razones que explican las autoridades para negar la aceptación de la denuncia y brindar servicio a las mujeres ante violencias digitales es que no existe una ley que tipifique esos casos y que, por tanto, los sistemas informáticos no tienen la categoría para aceptar las denuncias en la Policía o el Ministerio Público, mientras tanto las mujeres sufren amenazas, uso de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación y robo de identidad, fraudes en línea, extorsión, captación para trata y tráfico, ciberacoso, discriminación y negación de acceso a servicios por falta de identidad digital o acceso a internet, entre otras violaciones y abusos, con total impunidad de parte de los perpretadores.

Es evidente la necesidad de un marco normativo —sea una ley, decreto u otra normativa— que trate seriamente estos aspectos. En el pasado, se ha iniciado un par de veces debates con la sociedad civil y entidades estatales, y se han hecho consultas para reformar la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, de manera que se puedan añadir estos aspectos digitales que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres, pero estas iniciativas no han avanzado.

De existir voluntad política y el entendimiento de la gravedad de estos problemas, sería posible avanzar en mejorar los servicios de recepción de denuncias y acciones de cuidado con reglamentos ministeriales y otras normas menores.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. Blog: www.internetalaboliviana.word-press.com

El 2024 será un gran año electoral en el mundo y es la antesala para nuestras elecciones presidenciales de 2025. Cerca de 100 países celebrarán comicios, de los que la mitad serán presidenciales. En América Latina, ya tuvimos elecciones presidenciales en El Salvador, en febrero, y para los siguientes meses están México, Venezuela, Uruguay, República Dominicana y Panamá. Además, Estados Unidos también irá a las urnas.

Este dato preocupa a muchos porque varias de las últimas elecciones han inspirado actos violentos, polarización, campañas de desinformación y atentados contra los procesos e instituciones democráticas. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio que probablemente fue lo que inspiró acciones violentas similares en Alemania con el asalto al Bundestag y en Brasil, el asalto al Congreso Nacional, que han puesto nerviosos a más de uno y han dejado impávidas a las fuerzas de seguridad que quedaron en offside.

Probablemente, el fenómeno que resulta más retador es la desinformación durante las elecciones, aunque también acompañan a otros eventos de importancia social como las dos guerras que estamos viviendo en estos días: la de Ucrania y la de Gaza. Tal su importancia que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado en varias ocasiones que el principal problema de las democracias actualmente es la desinformación.

Cuando la desinformación (o las noticias falsas, como calificábamos al fenómeno en los inicios de su salto a la popularidad, allá por 2011) toma el espacio informativo, la desconfianza y el tremendo sentido de ambigüedad dan paso a la credulidad de teorías conspirativas y finalmente de las “posverdades”. Entonces, las personas nos refugiamos en ecosistemas informativos más pequeños, incluso barriales o construimos unos propios, como ocurrió en la crisis de 2019 en Bolivia, cuando los grupos de WhatsApp barriales, de edificio, de rotonda, de plataforma ciudadana, se convirtieron en la principal fuente informativa para muchos, llevando a la extrema desvalorización de la función periodística.

La circulación de desinformación sucede en redes sociales, servicios de mensajería y medios de difusión masiva tradicionales, es una vorágine que toma por asalto nuestras interacciones sociales, las digitales y las presenciales. Sin duda, hay varios actores a quienes hay que reclamar soluciones, están los gobiernos, el OEP, los partidos políticos, las y los candidatos, las empresas de marketing político que venden servicios sanos e insanos, los medios, las y los influencers y líderes de opinión, y claro, también las usuarias y los usuarios. Todos y todas tenemos una gran tarea en frente, en la preparación de las elecciones del 2025.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata.

Parte del candente debate acerca de la Inteligencia Artificial (IA) es su regulación, se trata de un debate descentralizado, con diversidad de actores, algunos conectados y otros desarticulados. Como sucede con el resto de regulaciones de aspectos de internet y tecnología, Europa alberga el debate más nutrido e intenso aunque también hay iniciativas en Estados Unidos, China, Corea del Sur, India, Brasil, entre varios otros países. Naciones Unidas también ha ingresado en la deliberación y en las propuestas de regulación, liderada principalmente por Unesco.

Las últimas dos semanas han estado plagadas de avances al respecto, probablemente la que tiene más probabilidades de obtener resultados es la orden ejecutiva emitida por Joe Biden que establece un conjunto de normas y directrices que lograrían incrementar la transparencia de los modelos de IA, con etiquetados y marcas de agua. Su preocupación central es la seguridad del Estado y el incremento de la certeza del carácter oficial y no ficticio de los documentos y comunicaciones estatales del gobierno estadounidense. Aunque aún no está claro cómo se ejecutará ni tiene un carácter obligatorio para las empresas, ha sido recibido de manera positiva por empresas grandes como Google y OpenAI.

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Mientras, en América Latina y El Caribe, el 24 de octubre 20 países firmaron la Declaración de Santiago, para promover una Inteligencia Artificial (IA) ética en la región en el marco del Foro sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe y la Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades. Sin duda, un gran avance que los gobiernos de los países se comprometan a principios éticos en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, el 30 de octubre, los líderes del G7 acordaron principios rectores en la Inteligencia Artificial y un código de conducta para desarrolladores tecnológicos, dentro del proceso de Hiroshima, y el 31 de octubre se aprobó, con el 94 de los votos, la resolución internacional sobre armas autónomas en la Asamblea General de Naciones Unidas en el convencimiento que las IA no deben tomar decisiones de vida o muerte, es decir, poniendo un límite claro a estas tecnologías. Finalmente, el 1 de noviembre, 29 países firmaron la Declaración de Bletchley sobre los riesgos de la IA en la biotecnología, ciberseguridad y desinformación.

Sin duda, todas son buenas señales para la inclusión de estándares de derechos humanos en el desarrollo tecnológico de las IA, pero no podemos olvidar que, por otro lado, hay una carrera por el monopolio de este mercado en el que quien llegue primero tiene las de ganar, y en esa carrera los derechos humanos no importan.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com

Las atrocidades que se están cometiendo en la Franja de Gaza tienen una serie de ángulos, todos terribles y de urgente necesidad humanitaria. Con tristeza e impotencia por las enormes injusticias podemos mencionar los ya 4.200 muertos, de los que un tercio son niños y niñas; el bombardeo a un hospital donde los palestinos se refugian queriendo creer que son lugares algo más seguros, aunque al final no lo son; y el bloqueo de ingreso de comida, medicinas y combustible, el corte de electricidad y agua además del bloqueo de la entrada de camiones humanitarios.

El ángulo que me interesa explorar es el digital, en la línea del tema central de esta columna. En primer lugar, la infraestructura de telecomunicaciones está siendo destruida, al igual que el tendido de electricidad. Quienes reportan desde Gaza tienen suerte de contar aún con conexión y cargan las baterías de los celulares con generadores propios a los que se conectan un máximo de dos horas por día hasta que se acaben los combustibles. La conexión a internet es absolutamente precaria y no está disponible para la mayor parte de las personas en Gaza.

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Internet es un otro campo de guerra. Los palestinos están siendo vigilados, asediados por internet, censurados, acallados, desinformados, estigmatizados y etiquetados como terroristas en redes sociales, tal como sostiene el comunicado público promovido por la ONG Access Now y firmado por una serie de organizaciones de sociedad civil y activistas que demandan el cese a los ataques en la Franja de Gaza y en internet.

Se ha reportado que en Instagram algunas cuentas que están informando acerca de la situación en Palestina ya no son posibles de encontrar a pesar de continuar siendo activas y que ya no es posible interactuar con sus contenidos, el algoritmo las invisibiliza. También se han reportado cuentas de periodistas que han sido borradas sin ninguna explicación.

En Facebook, la traducción de descripciones de cuentas palestinas que contienen la frase “orar a Alá” es “palestinos terroristas”. Facebook se ha disculpado y ha dicho que es un error del sistema, pero no ha dado más explicaciones.

Mientras que la Comisionada de la Unión Europea ha enviado cartas a Meta, X, TikTok y YouTube acerca de la difusión de desinformación exigiendo medidas rápidas para borrar los contenidos contra Israel, pero sin mencionar a los que atacan a Gaza.

En momentos como estos de una crisis humanitaria tan desgarradora es fundamental garantizar que la población civil tenga acceso a internet de manera estable y segura, para ejercer sus derechos de informarse y expresarse libremente, comunicarse con servicios humanitarios y con sus seres queridos, y recibir alertas que les salven la vida.

(*) Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com