Una mujer de 75 años de edad, de nombre Justa Villarroel Peña, falleció la mañana de este miércoles luego de presentar complicaciones en su salud tras ser operada por el falso médico chileno Christian Gosen Cachich.

Los familiares de la mujer afirmaron que el deceso ocurrió luego de la operación que le practicó Gosen. Como a todos sus pacientes, el falso médico le dijo a la paciente que padecía de úlcera y, luego de hacerle análisis, propició la intervención quirúrgica. La víctima no mejoró y este miércoles perdió la vida.

“La víctima falleció por las malas indicaciones de este falso médico. La mujer llegó a manos de Gosen por publicaciones en redes sociales. Ya en el consultorio, le dijo que se haga una endoscopia, le mostró los mismos resultados (que a todos los pacientes). Le dijo que tenía que hacer una cirugía. Le hizo la operación y esta mañana murió por una supuesta úlcera”, relató el abogado de las víctimas, Fabricio Ortiz.

Los restos de la adulta mayor fueron enviados a la morgue, donde se hizo la autopsia. Aún se aguarda los resultados de ese examen.

El martes apareció la esposa de la primera víctima fatal de Gosen. La mujer contó que acudieron donde el falso médico luego de ver una promoción en las redes sociales. Se trataba de un examen de endoscopía a bajo costo.

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«A mi esposo le hicieron endoscopía y luego de salir del consultorio se puso peor, no podía hablar. Lo llevé a otro centro de salud, pero no pudieron estabilizarle. Lloraba de dolor, ya no tomaba agua ni comía. Comenzó a vomitar sangré y en octubre falleció. Pedimos justicia», relató la mujer.

DENUNCIA

Ante la denuncia de víctimas sobre mala praxis, se realizó una minuciosa investigación y en un operativo Gosen Cachich, descubierto en flagrancia, fue aprehendido.

El falso médico huyó de la Justicia de su país, Chile, hace aproximadamente tres años. Allí, desde 2010, ejercía de forma ilegal la profesión de psicólogo y otros oficios. Luego de pesquisas en el vecino país, huyó a Bolivia, donde finalmente cayó.

Eligió la ciudad de Santa Cruz como lugar de residencia. Allí se hizo pasar como gastroenterólogo y engañó a al menos 15 pacientes, a quienes cobraba hasta Bs 21.000 por tratamientos médicos y cirugías.

En la requisa, cuando fue aprehendido, el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz secuestró documentos falsificados, incluidos licencias de funcionamiento emitidas por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Luego de la imputación formal del Ministerio Público, la Justicia determinó enviarlo a la cárcel de Palmasola por tres meses.

A pesar de las advertencias del Ministerio de Educación respecto de la prohibición del incremento de las pensiones escolares, los colegios privados no retrocederán en el ajuste. Afirman que lo harán de acuerdo al contrato suscrito con los padres de familia.

“En el contrato de los servicios educativos se colocó una cláusula. En ella decía, claramente que, si hay incremento salarial, necesariamente tiene que haber un incremento en el costo educativo”, señaló el representante de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop), Antonio Villena.

El Gobierno oficializó este miércoles que el incremento salarial para esta gestión es del 5,85 al mínimo y 3% al básico.

Luego de un ampliado en pasados días, la Andecop había anunciado que, de concretarse ese porcentaje de incremento salarial, el aumento en las pensiones escolares oscilará entre el 3% y el 8%.

“El incremento (en las pensiones) será proporcional al incremento que oficialice el Gobierno. Estamos analizando el porcentaje”, dijo Villena.

El Ministerio de Educación ratificó el martes que no está permitido un incremento de pensiones escolares en esta gestión. Pese a que colegios privados ya lo advirtieron. La cartera de Estado no descartó un acercamiento con los representantes de la Andecop, pero descartó que actualmente exista una autorización para un aumento.

“Tenemos que generar espacios de acercamiento. Pero recordamos que en ningún caso hay una disposición, de parte del ministerio, en sentido de modificar los costos de pensiones dentro de los colegios privados. Esto ya está establecido en la Resolución Ministerial 0001/2024”, dijo el viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, según una nota institucional.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

En su artículo 87, la Resolución Ministerial 001/2024 establece que: “Con la finalidad de precautelar el derecho a la educación, y velando por la economía financiera de las familias, queda establecido que, para la Gestión Educativa 2024, no deberá existir incremento de pensiones escolares en las unidades educativas privadas del Subsistema de Educación Regular” (sic).

El vocero de la Andecop dijo que el pago mensual de la educación privada no se ajusta desde 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Acotó que, en 2020, 2021 hubo descuentos.

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Villena afirmó que en 2022 no hubo incremento en las cuotas educativas. En 2023, algunos colegios lograron el aumento, pero en porcentajes mínimos. Ante esa situación, señaló, que la situación económica de los colegios privados es insostenible “ya que ellos también deben cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores. Es decir el incremento salarial”.

Desde el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor se advirtió que aquellos colegios privados que incrementen las pensiones escolares en la presente gestión recibirán sanciones pecuniarias del 10% de sus ingresos mensuales.

Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, precisó que el Gobierno hará cumplir la resolución 001/2024 que establece el no incremento de pensiones.

“La educación es un derecho humano y prioridad del Estado. Entonces emitir una resolución así amerita una sanción. En el caso de que alguna unidad educativa no respete la resolución ministerial se la va a sancionar con el 10% de sus ingresos mensuales”, afirmó.

La autoridad exhortó a los padres de familia a coadyuvar con las denuncias si son objeto de esas vulneraciones.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la resolución del Ministerio de Educación. Pero va a depender mucho de los padres de familia. Porque en pasadas gestiones íbamos por la misma vereda y no faltaban familias que no hacían respetar las normas”, acotó.

DENUNCIAS

Silva señaló que las familias tienen el derecho a denunciar estos incrementos ante las autoridades pertinentes, sin la necesidad de presentar memoriales ni identificarse.

“Lo que se tiene que hacer es denunciar a la unidad educativa y para ello no se necesita memoriales ni identificarse los padres por temor a represalias con sus hijos, pero sí hacernos conocer que están incumpliendo para hacer remitir al ministerio esta denuncia”, enfatizó el viceministro.

La postura de los privados consiste en que el incremento salarial anunciado por el Gobierno representa más importes para las unidades educativas.

“Se incrementa más del 3%, casi triplicando, es por eso que estamos obligados a un incremento. Porque ha sido un golpe muy duro para la mora de ingresos, aunque no pague el padre de familia también tenemos que cumplir con impuestos”. dijo Villena.

Ante esa perspectiva, el representante de los colegios privados descartó la retención de libretas. Así como impedir que los alumnos ingresen a las aulas si sus padres no acatan los aumentos de pensiones.

Luego de la marcha emprendida por dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, el Gobierno convocó a los movilizados a una reunión para el lunes 6 de mayo próximo, a las 17.00, para atender su pliego petitorio.

«Informar que nuestro hermano presidente, Luis Arce, a través de la hermana Ministra de la Presidencia (María Nela Prada) ha respondido a la Fejuve de El Alto. Se trata de una convocatoria para el lunes 6 de mayo a las 17.00», informó en conferencia de prensa el viceministro de Transportes, Enrique Ponce de León.

El encuentro se realizará en el Ministerio de Obras Públicas. El objetivo es abordar las demandas planteadas por la Fejuve y tratar de hallar soluciones y respuestas a sus pedidos.

MARCHA

Cerca de un centenar de dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto emprendieron una marcha el domingo desde la población de Ayo Ayo. La protesta es por la falta de atención a sus demandas.

Ponce de León destacó la importancia de escuchar las demandas del pueblo alteño. Señaló que varias de ellas, contenidas en el pliego petitorio, ya están siendo solucionadas.

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Aseguró que la invitación reafirma el compromiso del Gobierno de atender las preocupaciones de la ciudadanía. También promover un diálogo constructivo para avanzar en la resolución de los problemas planteados.

«El pliego de la Fejuve de El Alto es amplio. Lo que les estamos pidiendo es que puedan asistir en respuesta a la invitación que ha cursado nuestra hermana ministra, este próximo lunes. Los vamos a recibir siempre con la política de puertas abiertas y vamos a escuchar cada una de sus demandas», aseguró el viceministro, según ABI.

La dirigencia también demandó la atención de la Alcaldía de El Alto y la Gobernación de La Paz.

Luego de su arribo a la ciudad de La Paz, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, se dirigió a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para visitar a Luis Fernando Camacho, sin embargo, la autoridad afirmó que se le negó el ingreso.

«Saliendo del aeropuerto, fui directo para Chonchocoro, pero no tuve la oportunidad de conversar con el gobernador. Llegué hasta la malla, presenté mi carnet de identidad, hice la solicitud. Esperé la comunicación desde el interior de Chonchocoro para ver si pasaba o no pasaba. En una ocasión llegué a pasar hasta la garita de control para hacerme el registro. Hoy (martes) no, no conseguí pasar”, dijo Aguilera en contacto con los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre el impedimento para ingresar al penal responde a una disposición de la dirección de ese recinto carcelario o de Camacho, la autoridad respondió “no sabría decir”.

Aguilera reemplaza a Camacho en sus funciones desde el 26 de enero de este año. Fue por decisión del Tribunal Constitucional que, a través de la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4, revindicó el Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal.

ENCARCELADO

Encarcelado Camacho por el caso Golpe de Estado I, de hechos que antecedieron al derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019, ejerció su mandato desde prisión hasta esa fecha. El artículo 25 del estatuto departamental prevé la suplencia temporal ante la ausencia del gobernador.

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Aguilera llegó el martes a la sede de gobierno para participar en el Consejo de Autonomías, convocada por el Gobierno nacional. Desde que juró a sus funciones, Camacho no se había presentado a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías.

El encuentro contó con la participación de autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores de todo el país. Allí se evaluó el avance de la etapa poscensal, entre otros.

Otro caso de abuso sexual ocurrido dentro del colegio Alemán de La Paz salió a la luz este martes, luego de que una madre denunció un hecho similar con su hija de cuatro años de edad.

La víctima tiene 14 años de edad, fue abusada por su compañero de curso en agosto de 2023. El caso está en etapa de juicio. Pero los padres de la menor de edad decidieron hacer público el caso por “el encubrimiento de parte de la dirección del establecimiento educativo”. Además de otras irregularidades.

El abogado de la familia de la víctima, Fabricio Góngora, informó a La Razón que el hecho ocurrió en el baño del colegio. En un espacio destinado a personas con capacidades diferentes.

Denunció que luego de conocer el hecho, el director del establecimiento educativo llamó a los padres de familia del colegio a una reunión de emergencia. Allí contó sobre lo sucedido, “pero dijo que el hecho ocurrió de mutuo consentimiento”.

“Luego de 25 días de ocurrido el hecho, la dirección convoca a reunión a los padres de familia, donde señala que el hecho ocurrió con el consentimiento de ambas partes y recomienda a los padres de familia tener más control sobre su comportamiento. Los padres indignados denunciaron luego a la Defensoría de la Niñez”, relató el jurista.

RETARDACIÓN DE JUSTICIA

Góngora denunció que entre otras irregularidades es la retardación de justicia, toda vez que el 23 de febrero de este año, la Fiscalía presentó ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia la acusación formal, y dos meses después no hay convocatoria para el juicio oral.

Acusó de encubrimiento a la dirección el colegio Alemán porque se negaron a facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento educativo.

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“El director, la psicóloga han ido a declarar a la Fiscalía donde alegaron que es un hecho normal, que no ven un delito, por tal motivo la Fiscalía pidió la ampliación de la denuncia contra el colegio”, relató el abogado.

Los padres de ambas víctimas consideran que el colegio “mueve sus influencias” para obstaculizar las investigaciones y evitar que se llegue a la sentencia.

El jurista dijo de forma extraoficial que existe al menos seis casos más de abuso sexual en ese establecimiento educativo.

En pasados días se conoció sobre el abuso sexual a una niña de cuatro años de edad, el autor es el portero del colegio, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro.