La exploración minera es como todo en este mágico país, un reto que solo los más aventureros han podido emprender y salir victoriosos del empeño. Desde tiempos ancestrales, el hombre busca minerales y metales para usarlos en su evolución y en el desarrollo de la humanidad, no pretendo entrar en el detalle histórico sino puntualizar algunos aspectos característicos del país que hacen la diferencia cuando una empresa o un aventurero buscan desarrollar un emprendimiento minero. Desde tiempos precoloniales, la tarea de buscar minerales se delegaba a la masa popular que trabajaba para el Inca. Siempre acudo a la leyenda quechua para referirme al Cerro Rico de Potosí, la acumulación de plata más grande del planeta y que los nativos llamaban Sumaj Orcko (Cerro supremo, en traducción libre); se dice que los súbditos del Inca Huayna Cápac ya explotaban, alrededor de 1462, plata en la montaña hasta que un día una voz tronó y exclamó: “No saques más plata de esta montaña, está destinada a otros dueños”. Cuando los españoles llegaron a América en busca del oro que los nativos usaban en ritos religiosos y como ornamento personal, la acumulación del metal en el Incario permitió pagar el rescate del Inca Atahuallpa (más de 6 toneladas de oro), monarca del Kollasuyo que había sido secuestrado por los españoles durante las luchas por el control de estas tierras. Tiempo después (1545), el coloniaje llegó a tierras hoy potosinas y se escribió la historia centenaria más espectacular de explotación minera, y su correlato comercial y de poder que encumbró a España como la potencia mayor de Europa gracias a la plata del Cerro Rico de Potosí. Ese pareciera ser el sino que persigue a los bolivianos que siempre vivimos la coyuntura y estamos esperando al dueño de las riquezas.

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Siglos después y pese a la Guerra de la independencia de los países americanos, el nacimiento de la República en 1825, pasando por el auge de la minería de la plata y el salitre del siglo XIX, la nacionalización en 1952 y la fundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que auguraba el dominio soberano de la industria, seguimos viviendo esa paradoja. Pese a los vaivenes entre posiciones políticas nacionalistas y liberales, el país no halló nunca la receta salvadora, se probaron reestructuraciones de todo tipo, hasta se llegó a probar nuevas estatizaciones en las décadas precedentes, empero, su situación hoy es en extremo delicada, todos pretenden acceder a su patrimonio con diferentes propuestas, que es todavía muy grande y se incrementó substancialmente con los proyectos de exploración, las estatizaciones y la declaratoria de áreas exclusivas para la Comibol, que manda el DS 1369 del 3 de octubre de 2012, que añadió a su patrimonio cerca de 40.000 cuadrículas mineras (1 cuadrícula = 25 hectáreas) distribuidas en 26 zonas altamente prospectivas del territorio nacional y seleccionadas en base a resultados del boom de exploraciones de los años 90 de varias empresas Junior de ultramar que llegaron al país en esa época de apertura al capital privado. Este patrimonio no se desarrolla por las limitaciones económicas, técnicas y tecnológicas de la Comibol para hacerlo por cuenta propia, ni por empresas privadas por la “camisa de fuerza” que representan las regulaciones de la Constitución y la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Así las cosas, y como a principios del siglo anterior, nos consideran “un mendigo sentado en una silla de oro”. Hablando de oro: ¿Sabemos quién es dueño del oro? Solo vivimos el momento, controlando las migajas que su explotación inmisericorde deja para el Estado, viendo nacer reyes chiquitos y nuevos burgueses, dejando para las calendas griegas rescatar los intereses del país y el control de los pocos recursos que todavía tenemos. El origen de todo este caos todavía no resuelto es querer manejar una estructura de negocios corporativos de alcance internacional con lineamientos de una empresa social; no funcionó antes, no funciona ahora y no funcionará en el futuro.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

La aparición de Kari Lake en la Universidad Estatal de Arizona hace fue anunciada como una reunión pública, pero no lo fue, porque solo los representantes de grupos jóvenes conservadores podían preguntarle cualquier cosa. Solo una pregunta, de Danise Rees, presidenta del capítulo universitario de Students for Life, fue desafiante. Como señaló Rees, Lake había adoptado posiciones contradictorias sobre la prohibición del aborto en Arizona en 1864. Rees quería claridad sobre dónde se encontraba Lake.

Lake no tuvo una respuesta concisa. Se hizo eco de Donald Trump sobre la necesidad de excepciones en casos de violación e incesto, que la prohibición de Arizona no tiene. Sugirió que si los republicanos dejaran que la ley se mantuviera vigente, impulsaría los esfuerzos liberales para aprobar una iniciativa electoral que consagrara el derecho al aborto en la Constitución estatal. Habló sobre su propio amor por la maternidad y los méritos de la política familiar en Hungría, un guiño al enamoramiento del movimiento MAGA por el hombre fuerte húngaro Viktor Orban.

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Pero el núcleo de su argumento era la elegibilidad. “Hay mucho en juego en esta elección”, dijo. «O salvamos a nuestro país, o los demócratas (yo los llamo comunistas) nos llevarán al suelo». Dado lo que está en juego existencialmente, insistió Lake, los republicanos no pueden permitirse quedar “atrapados” en cuestiones conflictivas como ésta. Fue un argumento curioso proveniente de Lake, quien más tarde ofreció un soliloquio contra el compromiso de los principios del movimiento conservador. Pero fue una señal de lo difícil que ha sido para el Partido Republicano equilibrar la demanda de su base de prohibir el aborto con la repulsión pública cuando se promulgan esas políticas.

El Partido Republicano, por supuesto, sigue siendo en gran medida el partido de la prohibición del aborto. En una entrevista con la revista Time, Trump dijo que no intentaría impedir que los estados procesen a las mujeres que han tenido abortos y se negó a decir si vetaría una prohibición nacional del aborto. Si gana en noviembre, los conservadores tienen planes de utilizar la Ley Comstock, una ley federal de la misma época que la prohibición de Arizona, para restringir el aborto en todo el país. Ahora, sin embargo, el Partido Demócrata está unido en la defensa del derecho al aborto: la vicepresidenta recientemente hizo historia al visitar una clínica de abortos, y son los republicanos quienes se agitan mientras enfrentan una reacción violenta a favor del derecho a decidir.

La semana pasada, en el Capitolio de Arizona, cuando los opositores al aborto llenaron la cámara de la Cámara para protestar por su voto para eliminar la prohibición estatal, pocos culparon a Trump o a Lake, y algunos ni siquiera se dieron cuenta de que el expresidente se había opuesto a la ley. Sin embargo, después del evento de Lake, Rees dijo que estaba decepcionada con los republicanos. «No creo que sea justo esperar que los pro-vida se presenten por ti la segunda vez cuando adoptas un enfoque completamente no intervencionista en cuestiones pro-vida», dijo. Aun así, reconoció que personas como ella no tienen otra opción. «Creo que probablemente habrá otras razones por las que los pro-vida salen a votar, pero creo que será una votación muy reticente».

(*) Michelle Goldberg es columnista de The New York Times

El martes 23 de abril, el Gobierno firmó el acuerdo de incremento salarial al Salario Mínimo (SM, 5,8%) y al Haber Básico (HB, 3%), ambas cifras sorprendieron por su magnitud y los sectores empresariales salieron a cuestionarlas. ¿Cuáles son los aspectos que cuestionaron y qué es lo positivo que no reflejan del incremento salarial?

El primero, la acusación de acuerdo político. Los empresarios señalan que no existen condiciones económicas para aplicar el aumento salarial y que el móvil sería un acuerdo político para asegurar el apoyo de los trabajadores. Sin embargo, lo real es que el crecimiento económico del país fue en 2023 del 3%, y la inflación llegó a un 2,12%.

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La política salarial del Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha brindado incrementos reales, ya que igualar el margen de inflación es reposición, y no lograr un incremento real acorde al crecimiento económico sería permitir la concentración de la riqueza en pocas manos. Por ello, un incremento acorde al crecimiento económico es un parámetro real y posible en la economía.

Por otro lado, el incremento al SM es mayor para proteger a las familias de trabajadores con menores ingresos, es un tema de justicia social que representa un menor incremento cuantitativo respecto a quienes ganan más. Por ejemplo, un trabajador de aseo urbano gana un SM y recibirá un incremento de Bs 138, mientras que un médico institucionalizado que gana Bs 21.000 recibirá Bs 630 de incremento. Un mayor aumento en el mínimo ayuda a mejorar la condición de vida de los trabajadores de menos ingresos.

Respecto al cuestionamiento de productividad, que se habría estancado en el país, no se considera que varios aspectos en la mejora de la productividad dependen de los empresarios, como la infraestructura, las metodologías de trabajo, organización de procesos, planificación y gestión de tiempo, equipamiento técnico y tecnología, e innovación.

En este aspecto, los incentivos tributarios a la importación de bienes de capital han sido un apoyo a la mejora de la productividad, y el incremento salarial puede permitir al trabajador un mejor acceso a bienes y servicios, y formación continua, que hoy tiene mayor participación en educación técnica y superior universitaria que hace 20 años.

Respecto a la inflación, durante varios años se ha dicho que existe un proceso de inflación que se manifiesta con cada incremento salarial. Sin embargo, el aumento es superior a los niveles de inflación cada año, y el modelo económico ha logrado mantener niveles controlables de inflación.

Con relación a qué segmentos se benefician, es importante tener en cuenta tanto a los directamente beneficiarios como a los indirectos. Los directos son los trabajadores asalariados cuyo incremento lo podrán disponer en bienes y servicios en el país. Los indirectos son todos aquellos que proveen esos bienes y servicios, desde gremiales, transportistas hasta bancos e industrias productivas. Lo que se busca es que crezca la demanda interna, y el salario de los trabajadores es un factor importante para lograrlo.

Respecto a los apoyos que recibe el sector productivo e industrial, está el programa Consume lo Nuestro, que aparta algunos ingresos de los trabajadores del Estado para que solo puedan disponerse en la compra de productos hechos en Bolivia. También las compras públicas por catálogo electrónico, para que todas las entidades públicas del país compren con prioridad productos hechos en Bolivia en sus procesos de contratación.

Además, están los incentivos tributarios vigentes con la aprobación de la ley del presupuesto 2024, que liberan de impuestos a la importación de bienes de capital, favoreciendo a la industria (y a la productividad), así como el impulso al sector privado, pequeño, mediano y grande, a través de la inversión pública.

Si se logra que el incremento salarial apoye la producción nacional, se conseguirá mayor crecimiento del país. En eso ayudará que todos los niveles de gobierno, como gobernaciones, municipios, inclusive universidades y el sector privado, se sumen al Consume lo Nuestro y que, como país, prioricemos la compra de productos hechos en Bolivia. Así seguiremos avanzando en el crecimiento económico con justicia social.

(*) Edmundo Juan Nogales Arancibia es abogado y analista político

El mundo asiste al drama criminal que se ha vuelto cotidiano y normal; ojo, no es un eufemismo el genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino.

Decenas de millones de hombres y mujeres en los cinco continentes, en cientos de ciudades importantes del mundo, universidades europeas, latinoamericanas y ahora norteamericanas… hay multitudinarias movilizaciones de condena al genocidio perpetuado por el ejército israelí, de rechazo al apoyo económico, militar y la protección diplomática que otorgan republicanos, demócratas y el gobierno de EEUU al gobierno sionista.

Consulte: Rózsa

Hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Natenyahu por “genocidio en la Franja de Gaza”, presentada por Sudáfrica y a la que se sumaron Brasil, Colombia y otros países; más de 250 juristas españoles le exigen al gobierno de Sánchez sumarse y varios gobiernos rompieron relaciones diplomáticas.

En febrero, los países árabes presentaron una resolución ante la ONU para el “cese de fuego” en Gaza y la ayuda humanitaria; en el Consejo de Seguridad, 13 países apoyaron la moción, Reino Unido se abstuvo y EEUU la rechazo, fue el tercer veto a ese tipo de iniciativas en menos de tres meses.

Argelia presentó un proyecto de resolución en representación de la Liga Árabe con respaldo de más de 60 países, para que Palestina sea reconocido como miembro pleno de derechos de la ONU: el país que vetó, como siempre, fue EEUU.

En la sesión del Consejo de DDHH de la ONU, la relatora y experta en materia de DDHH, Francesca Albanese, dijo que lo que “está sucediendo en la Franja de Gaza es genocidio”, funcionarios del Departamento de Estado y de la oficina de Democracia, Derechos Humanos para Medio Oriente de EEUU renunciaron porque no están de acuerdo con el apoyo militar a Israel y la negativa a reconocer el genocidio por el gobierno de Biden. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestó: “en lo que respecta a Estados Unidos, no estamos viendo ninguna acción que constituya genocidio”.

Según denunciaron organismos internacionales, cerca de 35.000 palestinos murieron, la mayoría niños, es decir, desde la invasión militar del ejército israelí, por día 158 personas fueron asesinadas.

Toda trama política, militar requiere de una narrativa que justifique sus acciones, pero a su vez una línea discursiva para atacar a quienes critican o rechazan su accionar.

La narrativa que impusieron fue “en defensa legítima ante la incursión de Hamás en nuestro territorio”, para justificar la invasión militar y el genocidio; la línea discursiva: los movimientos que critican al gobierno, al presidente y al pueblo israelí son “antisemitas”. Sobre estas dos líneas generales, los gobiernos y políticos de derecha, extrema derecha, multimedias transnacionales, justifican el apoyo a Netanyahu y niegan el genocidio.

Me adhiero a la opinión de millones en el mundo: “no somos antisemitas”, somos respetuosos del pueblo judío descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé; somos respetuosos de su historia, su espiritualidad y tradición religiosa; condenamos al nazismo criminal que asesinó y exterminó a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo es la manifestación de violencia racial contra la comunidad judía.

Lo que representa hoy el gobierno israelí y Netanyahu es el “sionismo”, que según la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos No. 33 de la Universidad de Sevilla, es una ideología caracterizada por tres aspectos clave desde sus comienzos: el nacionalismo, el racismo y el colonialismo; convergió ideológicamente con la extrema derecha europea, americana y los movimientos xenófobos.

Esta afirmación no es una acusación, sino la identificación y caracterización del régimen sionista, por ello sus formas de manifestación política son los mismos métodos del fascismo y el nazismo.

Investigadores judíos identificaron que el origen del sionismo es antisemita, convergió previo al Holocausto con corrientes de extrema derecha antisemita europea. La descripción de M. Shaid Alam, docente pakistaní en universidades norteamericanas, es precisa: Hitler proscribió todas las organizaciones judías, excepto las que tenían objetivos sionistas, por ello la Federación Sionista Alemana ofreció colaboración al nazismo, porque compartían los mismas valores raciales y nacionalistas.

Lo que hoy está en el poder israelí son judíos sionistas ideológicamente de extrema derecha, que están empleando métodos nazistas y fascistas, y consideran al pueblo palestino una raza inferior que deben exterminar.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

En la tradición católica, Eva es la primera mujer creada por Dios y lo hace a partir de la costilla de Adán, el primer hombre, para que le haga compañía. Una historia que refleja siglos de pensamiento dominante, que quitándole lo religioso se afianzó en la Ilustración, y desde esa vieja Europa se ha trasladado a todas sus colonias, perviviendo hasta ahora en todas las manifestaciones sociales. Incluso en los congresos del dividido partido que gobierna Bolivia y la política en general del país.

Evo Pueblo es el nombre “comercial” y político que como eslogan se usa desde quienes apoyan a Evo Morales para que lo represente públicamente y para que, a su vez, él represente al pueblo, a ese pueblo que le sigue y que se lo muestra con rostro fundamentalmente indígena, pobre, marginado y también luchador y reivindicativo. Un pueblo que es fundamentalmente masculino, aunque hay también mujeres en calidad de costillas, de acompañantes de segunda línea, pese a que en las luchas suelen estar también en la aguerrida delantera.

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Pasa lo mismo con todas las tiendas políticas que mostraron intención de presentarse a las próximas elecciones generales de 2025. No hay nada oficial, pero hace meses se habla de 14 posibles candidatos (J.L. Exeni 18/20/2024 La Razón), todos varones, no mujeres. Aunque surge, todavía tímidamente, alguna mujer: la alcaldesa Eva Copa o la economista Amparo Ballivián como posibles candidatas, y también se habla de alguna acompañante, como la diputada Luisa Náyar, que podría ir de vicepresidenta de Carlos Mesa. “Puntos de color” en el panorama masculino.

El escenario político actual está pendiente de lo que pasa con el partido de gobierno, el MAS-IPSP, dividido en al menos dos fracciones lideradas por Evo Morales, por un lado, y el presidente Luis Arce, por el otro. Este último grupo, este fin de semana, eligió la nueva directiva del partido presidida por, evidentemente, un varón: Gróver García. Con relación a este hecho, en un diario como La Razón, en dos días hacen declaraciones o se mencionan nombres de solo hombres: el senador William Tórrez; los vocales Israel Campero, Alexis Angles, Francisco Vargas y Tahuichi Tahuchi; el ministro Iván Lima, el dirigente de los interculturales Vidal Gómez; el secretario de Cámara Fernando Arteaga… y así, hombre tras hombre en representación de todo el pueblo o la parte de éste que les toque.

Que no haya mujeres no es porque no estén en la vida política. Generalmente las mujeres ocupan gran parte de la base de toda entidad de la sociedad civil y de la política haciendo, eso sí, las labores menos visibles y, generalmente, las menos agradecidas. Que la ley obligue a las tiendas políticas a que haya paridad de género en el parlamento hace posible que ellas estén allí, generalmente a pesar de ellos, y es entonces que pareciera que aceptan incluir a las menos problemáticas, a las que puedan controlar. Hay ejemplos de que a las rebeldes las marginan o les hacen la vida muy difícil.

Esta lógica de entender la representación pública encarnada naturalmente en lo masculino es parte de la construcción de lo que es ciudadanía, que llega desde las conquistas de la Revolución Francesa y los derechos “universales”, donde todos son iguales siempre que sean hombres y no sean pobres y, en el caso de Bolivia, que no sean indios. Pese a las conquistas feministas de los años transcurridos, aún queda mucho por superar: en ciertos espacios se mantiene muy fuerte la idea de que lo racional es masculino y por ello también el espacio público, mientras que lo natural e irracional es lo femenino, por lo que se debe mantener en el espacio doméstico.

Por esa tradición, el ciudadano tiene también un aire más elitista, ya que llega con la idea de alguien con cierta ilustración y posición, además de ser hombre, mientras que el pueblo es una imagen vaga pero llena de gente de todo tipo, incluidas las mujeres. Pero estas mujeres de pueblo cumplen roles que les toca: madres, esposas y cuidadoras del hogar y la familia. Las que no están allí, son consideradas excepciones temporales.

Hay mujeres que lideran en política, son pocas y les ha costado llegar, y les cuesta mantenerse o subir a primerísima línea. Falta mucho por hacer y, en el caso de hombres, privilegios por dejar. A la sociedad y la historia les queda dejar atrás esa idea de costilla y asumir lo que es: mujer creadora y protagonista. Ya toca unas Eva Pueblo, María Gente o Juana Ciudadanía.

(*) Drina Ergueta es periodista y antropóloga