Bajo la presidencia pro tempore de Bolivia, el viernes se celebró la reunión de la Plataforma Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

“Esta reunión permite a los países de Sudamérica coordinar acciones y ver el estado de cumplimiento respecto a la lucha contra la trata y tráfico (…). Es un tema de alta sensibilidad para nosotros que venimos trabajando y articulando a los ministerios de Gobierno, Justicia y Cancillería”, explicó el viceministro boliviano de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, citado en una nota institucional.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela además de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el rol de Secretaría Técnica, participaron de manera virtual del acto.

Bolivia

En el encuentro, la organización incluyó la presentación del proyecto de reglamento interno; el plan de trabajo; las propuestas de logos y un estado de situación de la interfaz digital de la plataforma. Ahora, las propuestas efectuadas por la representación boliviana se encuentran en consideración de los países miembros.

Los asistentes discutieron estrategias y acciones conjuntas para enfrentar ese tipo de ilícitos, intercambiando experiencias y mejores prácticas con el propósito de fortalecer la coordinación y articulación de las instituciones públicas regionales.

“Se espera que las conclusiones y acuerdos que se alcancen hasta la finalización de la gestión, contribuyan de manera efectiva a la erradicación de estos delitos, promoviendo un futuro más seguro y justo para todos en la región y una migración segura, ordenada y regular”, complementa la nota.

Luego de la accidentada sesión de la Asamblea Legislativa del jueves, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, desahució la tuición legislativa para cesar las funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017.

“El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional)”, dijo el magistrado, citado por el diario Correo del Sur de Sucre.

Hay una acalorada discusión sobre la legitimidad de esas autoridades a raíz de la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre del año pasado por el TCP, que amplió el mandato de las altas autoridades de ese tribunal y del TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, ante las fallidas elecciones judiciales y pese a que su vigencia constitucional es de seis años.

TSJ

Jaimes fue consultado sobre la jerarquía de la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados respecto de la decisión que tomó el jueves la sesión bicameral convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “Jurídicamente sí, aunque políticamente quieran hacer ver lo contrario”, respondió.

Diputados y senadores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fueron parte de la sesión plenaria de la Asamblea y modificaron el orden del día de la convocatoria, cuyo único tema era el decreto presidencial sobre indulto. Incluyeron el debate sobre el proyecto de ley 075, al que incluyeron el contenido del proyecto 073 sobre plazos procesales, y con ello anularon la prórroga del mandato de los magistrados.

Asimismo, igualmente por más de dos tercios de la votación, se aprobaron una resolución para la continuación de la preselección de postulantes con miras a las elecciones judiciales, y un crédito externo de $us 174 millones.

No obstante, a horas de la sesión, el Tribunal Constitucional suspendió la competencia de Rodríguez para su convocatoria al plenario, advirtiendo que cualquier determinación que emerja de la sesión no tendrá ningún efecto. Pese a ello, no se suspendió el debate de los asambleístas.

Pulseta

Esto ha derivado en un fuego cruzado entre los dos bloques del oficialismo: quienes respaldan al expresidente y jefe del MAS, Evo Morales (evistas), y los que apoyan al presidente Luis Arce (arcistas). Los primeros declararon legal la convocatoria de Rodríguez, delfín de Morales. Mientras que los segundos la tildaron de inconstitucional e incluso amenazaron con la apertura de un proceso por usurpación de funciones.

Es un capítulo más de la pulseta interna en el partido de gobierno, la que derivó en la no realización de las judiciales el año pasado, cuando los comicios no pudieron llevarse a cabo en medio de recursos planteados ante la Justicia y la declaratoria de nulidad por parte del Constitucional a la ley corta sobre el tema.

Este año, un acuerto entre oficialismo y oposición reencaminó el proceso, pero igual tropezó con recursos judiciales de inhabilitados y la consiguiente paralización por una acción popular.

Tras una reunión de emergencia y aún sin la confirmación de supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Pacto de Unidad y la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), al mando del expresidente y jefe del partido, Evo Morales, determinaron la realización del X Congreso Ordinario en el municipio de Villa Tunari de Cochabamba, el lunes 10 de junio.

“En esta reunión, ampliamente debatida, hemos decidido de consenso que sigue el congreso del MAS-IPSP, el 10 de junio, aquí en Villa Tunari, en el estadio Bicentenario. Está programado para las 08.00 la inauguración. Hemos demostrado que la convocatoria es legal y legítima”, dijo Morales.

Argumentó que la reunión de emergencia se realizó porque a mediodía se conoció la declinación de competencia de un juez de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, sobre el tema, después de admitir la demanda de acción de amparo constitucional del 21 de mayo.

Tras su decisión, la autoridad judicial remitió el caso a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La decisión “levanta muchas sospechas, no quiero pensar mal, pero sabemos que el Gobierno uso al magistrado autoprorrogado Olvis Egüez de Santa Cruz. Ha amenazado al juez: ‘Si realizas esa audiencia de amparo para garantizar el congreso del 10 de junio, va a ser procesado y encarcelado bajo una auditoría interna de su despacho’”, manifestó el exmandatario.

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Indicó que como partido se cumplió legalmente con la solicitud de supervisión y se presentó en La Paz una medida cautelar en la Sala Constitucional Primera para que autorice al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el acompañamiento del cónclave. 

“Si el juez de Cuatro Cañadas admitió la demanda (es) que tenemos razón, hemos cumplido con las normas. Lo otro era rechazar, no admitir la demanda, hubiera entendido. (Al) admitir, a último momento declinar competencia, levanta sospechas. Y otra vez seguimos haciendo la batalla legal para evitar cualquier conflicto o cualquier movilización radical del movimiento campesino”.

Ponciano Santos, dirigente del Pacto de Unidad evista, señaló que el congreso en Villa Tunari se lleva «sí o sí» y el TSE debe supervisarlo, “caso contrario va a tener serios problemas con el movimiento campesino indígena originario y serios problemas con la militancia”.

El equipo jurídico del MAS evista presentó la medida cautelar, demandando que la Sala Constitucional se la otorgue al igual que al bloque arcista, cuando ordenó al TSE que realice la supervisión, aunque luego el tribunal desconoció las decisiones del cónclave.

Tras la declinatoria de competencia de un juez de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, sobre la supervisión del TSE al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín al expresidente Evo Morales, el equipo jurídico de este bloque presentó una medida cautelar a la Sala Primera Constitucional de La Paz para que ordene el seguimiento al evento del 10 de junio en Villa Tunari, en Cochabamba. 

“El juez ha suspendido audiencia y ha declinado competencia a la Sala Constitucional Primera, en ese sentido hemos solicitado que nos otorgue una medida cautelar igual que les otorgó a esos señores que decían ser dirigentes del MAS (bloque arcista) y luego han sido desechados por el Tribunal Supremo Electoral, porque la única directiva que vale es la de Evo Morales”, señaló Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del ala evista.

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Chávez acusó a los funcionarios judiciales de maniobrar para que su solicitud no llegue a la Sala Constitucional y no se les conceda la medida cautelar. “Este equipo de abogados vamos a conducirnos al Tribunal Departamental de Justicia para que baje el memorial y la Sala, que ha sido tan pronta en atender al (arcismo), sea pronta igual con nosotros y de esta manera se supervise el congreso de nosotros programado en Villa Tunari”.

El MAS arcista también acudió a la Justicia, que obligó al TSE a acompañar su congreso en El Alto, empero, el cónclave fue rechazado por la Sala Plena, debido a que se incumplió con varios requisitos del estatuto del partido y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. 

Es el tercer intento del partido de gobierno de llevar adelante su congreso ordinario para elegir una nueva directiva. El primero fue en Lauca Ñ, en 2023, encuentro que fue rechazado por el Órgano Electoral. El segundo fue propiciado por el arcismo y, posteriormente, también rechazado.

Chávez invocó a la Justicia para que pueda emitir la solicitud de medida cautelar, por lo que esperan que se cumpla la autorización para que se realice la supervisión del congreso evista por parte del TSE.

Tras una polémica sesión de la Asamblea dirigida por el senador Andrónico Rodríguez, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, del bloque arcista del oficialismo, señaló este viernes que lo que se aprobó en la plenaria “no es válido, es ilegal e inconstitucional”.

“La sesión no debería llevarse. Andrónico sabía muy bien, pero está obedeciendo a Evo Morales y su entorno que lo está haciendo equivocar. El presidente nato de la Asamblea, (vicepresidente) David Choquehuanca, no estaba ausente, en ese sentido nuestro hermano Andrónico prácticamente se ha equivocado”.

El jueves, la convocatoria al pleno se cumplió pese a la sentencia constitucional que determinó su suspensión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

Con la participación de asambleístas de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, y del MAS evista, se aprobó por dos tercios los proyectos de ley 075, que cesa a los magistrados prorrogados, y 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi.

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Además, se dio el visto bueno a la continuidad de la preselección con miras a las elecciones judiciales, y el Decreto Presidencial 5137 referido a la “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.

Challco también acusó a la oposición y al bloque evista de no dejarla ingresar el jueves a la Asamblea. “Siempre hemos ingresado donde es el piso 18, pero ellos lo han cerrado y estaban dejando pasar solamente (a los de sus grupos)”.

Desde el ala arcista se habla de tomar acciones legales contra Rodríguez por ignorar la notificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dar continuidad a la sesión de la plenaria. En respuesta, el presidente del Senado desafió al arcismo a procesarlo.