El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este lunes la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia, después de que el Congreso estadounidense diera su aval a la medida como represalia por la invasión rusa de Ucrania.

La medida fue aprobada por unanimidad. Implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días tras su firma; también supone la entrega de unos $us 2.700 millones para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio.

No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense.

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Importación de uranio

«Hoy, Biden ha promulgado una serie histórica de acciones que fortalecerán la seguridad energética y económica de nuestra nación al reducir (y en última instancia eliminar) nuestra dependencia de Rusia para la energía nuclear civil», ha declarado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a través de un comunicado.

En este sentido, ha considera que «esta nueva ley restablece el liderazgo de Estados Unidos en el sector nuclear, al tiempo que «ayuda» a proteger el sector energético «para las generaciones venideras. Además, ha considerado que el paquete financiero asignado «impulsará una nueva capacidad de enriquecimiento» en el país; así, «enviará un mensaje claro a la industria de que estamos comprometidos con el crecimiento a largo plazo del sector».

«Esta ley también cumple con los objetivos multilaterales que hemos establecido con nuestros aliados y socios. Incluido el compromiso de invertir colectivamente $us 4.200 millones para ampliar la capacidad de enriquecimiento y conversión en nuestros países. Me enorgullece decir que con estos fondos hemos superado con creces esa promesa», ha manifestado Sullivan.

Por último, ha aprovechado la ocasión para destacar la «cooperación bipartidista», que «demuestra el impacto e innovación que se puede lograr». «Continuaremos trabajando juntos para hacer realidad nuestros objetivos en seguridad climática y energética», ha concluido.

La Administración Biden ha negado este lunes que se esté produciendo un genocidio en la Franja de Gaza, donde cerca de 35.100 palestinos, la mayoría civiles, han muerto por la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino a raíz de los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre.

«Creemos que Israel puede y debe hacer más para garantizar la protección y el bienestar de civiles inocentes. No creemos que lo que está sucediendo en Gaza sea un genocidio. Hemos dejado constancia de que rechazamos firmemente esa propuesta», ha dicho el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

En este sentido, ha recordado que es «una guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás, cuya misión es aniquilar a Israel y matar a tantos judíos como puedan». Sullivan ha subrayado que los civiles palestinos están «atrapados» en medio del conflicto y que han sufrido un trauma «inimaginable».

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Genocidio en Gaza

«Seguimos creyendo que sería un error lanzar una operación militar a gran escala en el corazón de Rafah; pondría en riesgo a un gran número de civiles sin una ganancia estratégica clara», ha agregado Sullivan en rueda de prensa.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó en enero a Israel «tomar todas las medidas posibles» para prevenir un genocidio en la Franja de Gaza y garantizar de manera «urgente» que la población palestina reciba la ayuda que necesita. La decisión se produjo tras una denuncia elevada por Sudáfrica ante el tribunal.

Dos meses después, dictó nuevas medidas provisionales por la situación de crisis humanitaria provocada por la ofensiva contra el enclave. Sudáfrica solicitó la pasada semana de manera urgente a la CIJ medidas provisionales adicionales contra Israel por riesgo de genocidio en Gaza, así como una revisión de las anteriores, dada la operación militar sobre la ciudad de Rafah.

Más de 1.000 delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el mayor sindicato de los trabajadores del sector público en Argentina, se reunirán este lunes para debatir la posibilidad de celebrar un nuevo paro esta misma semana para reclamar un aumento salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos.

«Esta semana tenemos que seguir movilizados y en la calle para reclamar un aumento salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos», ha defendido el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

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Paro en Argentina

En el pleno de este lunes, los delegados discutirán cómo darle continuidad al plan de acción en el sector público, después de varias movilizaciones en abril y tras sumarse al paro nacional del pasado jueves 9 de mayo, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, y al que se adhirieron trabajadores de todos los sectores.

Según la ATE, este último paro «golpeó fuerte al Gobierno», por lo que ha instado a «profundizar el plan de lucha» para frenar el ajuste. Así como evitar que desmantelen el Estado con despidos, cierre de organismos y privatizaciones.

«En estos días enfrentamos una eutanasia social y si no queremos morir, tenemos que revelernarnos». Eso expresó Aguiar, para mostrar nuevamente su rechazo a la Ley Bases o ley ómnibus. Que está siendo debatida estos días en el Parlamento de Argentina y que incluye, entre otras medidas, la privatización de algunas empresas públicas.

(13/05/2024)

Cuarenta y nueve empleados de los Museos Vaticanos han amenazado con demandar al «Governatorato» del Vaticano, el organismo que administra el Estado de la Ciudad del Vaticano, ante lo que consideran unas condiciones laborales «que socavan la dignidad».

Los trabajadores, -47 conserjes, un restaurador y un trabajador de la librería (de un total de 700)-, enviaron una carta formal al cardenal Fernando Vèrgez Alzaga, presidente del Governatorato; el órgano que ejerce el poder ejecutivo en la ciudad-estado y del que dependen también los trabajadores del Museo. Amenazan con llevar al Vaticano ante los tribunales; si no se modifican algunas normas fundamentales que rigen el trabajo dentro de la Santa Sede; según adelantó el diario italiano ‘Il Corriere della Sera’ y ha confirmado Europa Press de fuentes jurídicas.

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De llevarse a cabo, sería la primera demanda colectiva de la que se tiene noticia en el Vaticano, donde que no existen sindicatos que representen a los trabajadores.

En la misiva, que ha sido tramitada a través de la conocida abogada italiana Laura Sgrò -la misma que ha conseguido que se reabriera la investigación sobre la desaparición de la joven Emanuela Orlandi en 1983-; los empleados vaticanos se lamentan por ejemplo de tener que realizar horas de trabajo extra pagadas a tarifas más bajas; o de controles exhaustivos cuando se han cogido la baja laboral por enfermedad que incluyen, por ejemplo, visitas domiciliarias cuando estaban en el médico.

«Eminencia Reverendísima, las condiciones de trabajo atentan contra la dignidad y la salud de cada trabajador. Es evidente la mala gestión; que sería aún más grave si obedeciera a la única lógica de obtener mayores beneficios», señalan en la misiva.

Las inundaciones que afectan desde hace días la región brasileña de Río Grande del Sur han provocado ya al menos 143 muertos, según el último balance oficial publicado este domingo por Defensa Civil.

Las muertes han sido contabilizadas en 44 localidades donde además se han sumado 806 heridos y 131 desaparecidos; según el balance recogido por el diario ‘Folha de Sao Paulo‘. Este mismo domingo se han recuperado once cadáveres más.

Además, hay 81.285 personas sin hogar cuyo domicilio quedó destruido y 538.284 desalojadas que tuvieron que abandonar sus casas provisional o definitivamente, casi el doble que en el último boletín. En total son 2.115.704 las personas afectadas.

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Mientras, los servicios de rescate y cuadrillas de voluntarios continúan con las labores de rescate en localidades como Sao Leopoldo; uno de los 446 municipios afectados en el estado, que tiene en total 497 localidades.

Asimismo, hay 303.000 abonados sin servicio eléctrico tras la recuperación del servicio en algunas regiones y hay 208.000 inmuebles sin suministro de agua potable. Se han suspendido las clases en las 2.338 escuelas de la red estatal; por lo que hay 338.000 alumnos afectados.

Mientras, continúan las precipitaciones que hicieron que el lago Guaíba haya registrado una nueva crecida; y podría llegar a los 5,5 metros por encima del nivel máximo, lo que supondría un nuevo récord, según el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur.