El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, descartó este lunes que se esté vulnerando los derechos a la visita del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, recluido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

“No hay ninguna vulneración de derechos, más bien creo que hemos sido personas que hemos respetado absolutamente sus derechos y el derecho sobre todo a la visita de su familia (para) que puedan acompañar (en) la privación de libertad (de Camacho)”, dijo Limpias.

La mañana de este lunes se conoció una carta enviada por Camacho a Limpias, en el que pide se “exime el cese a vulneraciones a derechos por parte su autoridad”.

En el documento, el gobernador encarcelado señala que “siendo esta la tercera vez que denuncio ante su autoridad la tortura blanca a la que estoy siendo sometido, pongo en conocimiento que no voy a permitir mayores vulneraciones a mis derechos y hago conocer a su persona sobres acciones ordinarias e internacional en su contra”. 

Ante estas declaraciones de Camacho, el director de Régimen Penitenciario recordó que, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un pronunciamiento de cómo está y vive el gobernador cruceño en el centro penitenciario de Chonchocoro. “Nos ha dicho que esas medidas que ha admitido la administración penitenciaria son medidas asertivas y que continuemos esas medidas”.

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Respecto a los exámenes clínicos de la autoridad cruceña, limpias también señaló que desde la administración penitenciaria fueron serios, esto en razón que no solo fue elaborado por esta entidad, sino que participaron médicos externos del Hospital Alto Sur de El Alto y del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, cuyos miembros no son “funcionales” a Régimen Penitenciario, por el contario pertenecen a la gobernación y municipio.

“Entonces son médicos que han venido y que han valorado todo lo que corresponde los exámenes periciales que se han realizado. El IDIF que es una instancia investigativa pericial ha estado viendo todo lo que se ha hecho. Creo que en base a todo eso la CIDH se ha manifestado que bueno hay una atención del Estado a un privado de libertad”, manifestó.

Camacho cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

Desde su aprehensión el pasado 28 de diciembre de 2022, a la fecha, son seis los procesos abiertos en su contra y ya cuentan con una acusación formal los casos Golpe I, Decretazo y Carro bombero, según los antecedentes que maneja su abogado Martín Camacho.

Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y detenido en Chonchocoro, se refirió a la situación interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya ala arcista eligió una nueva directiva, el domingo, en su congreso nacional.

“Evo está tomando una cucharada de su propia sopa (…), lo que ayer (domingo) le hicieron a Evo Morales usando a la justicia sometida, él nos lo hizo a los bolivianos el 2016. Pero a él le quitaron un partido; a nosotros, en cambio, nos robó la democracia”, criticó el lunes en su cuenta de X.

El 2016, Morales convocó a un referéndum para consultar a la población si se debía modificar el artículo 168 de la Constitución para su eventual tercera relección.

En dicha ocasión, el No a la modificación se impuso por un estrecho margen, 51,3% de los votos frente al 48,7% del Sí.

Sin embargo, Morales y el MAS acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con su sentencia de noviembre de 2017, permitió al entonces presidente postularse como candidato en 2019, consideradas luego “fraudulentas”. En medio de una convulsión social, Morales tuvo que renunciar a la presidencia y salir del país el 10 de noviembre de ese año.

El congreso arcista concluyó el domingo y renovó la directiva del partido, que había estado precedida por Morales desde 2017. Fue supervisado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de una instrucción directa del Órgano Judicial, pese a que el Tribunal Electoral había rechazado en reiteradas oportunidades la convocatoria.

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El ala evista y Morales fustigó este hecho, denunció que Arce gobernaba a través de la Justicia. Advirtió con tomar medidas legales y medidas de presión.

“Morales y sus militantes anuncian resistencia en las calles y en las carreteras; los bolivianos que amamos la democracia salimos con nuestras pititas a las calles y las rotondas contra el fraude que él nos hizo”, recalcó Camacho, líder de Creemos.

Justamente, a raíz de esos hechos en 2019, Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro, La Paz, desde 2022, como principal acusado del caso denominado Golpe de Estado I. El caso investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

Durante esa crisis social y política, el otrora gobernador cruceño tuvo un rol protagónico, como él mismo reconocería posteriormente. Convocó a cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares y policías, e irrumpió en Palacio Quemado con una Biblia en mano.

“Cuando hay injusticia, la indignación es un combustible que anima a la protesta y la resistencia. Hoy la realidad seguramente le hará entender (a Morales) que nuestra lucha era lo único que nos quedaba ante el abuso”, afirmó.

Asimismo, Camacho considera que las pugnas que vive el partido de gobierno son una prueba de que su “hegemonía se está deteriorando”. Avista un posible cambio en la política y en el modelo de Estado y, en su criterio, los bolivianos están cansados del MAS.

En enero, el gobernador electo fue relegado de la Gobernación al ser sustituido por el vicegobernador Mario Aguilera.

En marzo, el Comité pro Santa Cruz criticó a los “camachistas” y afirmó no tener “patrones”.  Y el pasado viernes, Zvonko Matkovic, fiero aliado de Camacho, fue sustituido en la presidencia de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz Antonio Talamás.

El abogado del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilfredo Chávez afirmó este lunes que el congreso de ese partido, convocado por las organizaciones que respaldan al presidente Luis Arce para el fin de semana pasado, carece de legalidad.

“Indicar que la ilegalidad y el tono en que se ha actuado en ese pseudo congreso es alarmante por la forma en que se conducen estas personas y la forma en que el sistema judicial, particularmente una sala constitucional, rompió todo el esquema previamente debatido”, dijo en una entrevista con radio Éxito.

Asimismo, advirtió que la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso del ala arcista del MAS, no quiere decir que ese encuentro haya sido aprobado, porque aún se debe esperar el informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).

MAS

“Eso no implica que ya hay un reconocimiento al congreso al cumplir una decisión judicial, pero todavía tiene que haber un informe por parte del Sifde, que no podría ser otro que el de no aprobar de ninguna manera ese congreso, porque no ha cumplido ningún parámetro legal”, agregó.

Por su parte, la facción evista del MAS se declaró en emergencia. Anunció un ampliado para el 18 de mayo; en él definirán medidas de presión luego de que el ala arcista eligió a un nuevo jefe de ese partido.

Por su parte, el líder de esa facción, Evo Morales, anunció que agotará una lucha legal para defender a su partido; eso luego de la elección de un nuevo jefe en el congreso arcista del 3, 4 y 5 de mayo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que busca una reunión entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa para definir el rumbo de las elecciones judiciales.

“Estamos a la espera (de la confirmación), en estos días de la semana, para una reunión conjunta y tomar una decisión entre las tres fuerzas políticas y ambas cámaras para decidir el rumbo y el destino de las elecciones judiciales”, dijo en una conferencia de prensa en La Paz.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

La medida fue emitida por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán.

La preselección se encontraba en la fase de evaluación de méritos de los 404 postulantes que esperaban rendir sus exámenes oral y escrito.

Elecciones Judiciales

Rodríguez, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que también buscará una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues luego de remitida a ese órgano una lista de 192 profesionales habilitados, es el encargado de organizar los comicios.

“Los plazos y el cronograma se han agotado. Si hay todavía alguna posibilidad de coordinación con el TSE, veremos la posibilidad de si se retoma la última fase o se revisa todas las etapas y fases”, enfatizó.

Según los plazos previstos en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el 6 y 7 de mayo debió remitirse al TSE la lista de los habilitados, para que, en un plazo de 180 días, se realice la elección, pero la decisión judicial frenó todo el proceso.

Además de la acción popular de Pando, la preselección enfrentó al menos 12 amparos constitucionales por la supuesta vulneración de los derechos de postulantes que fueron rechazados en el proceso.

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El expresidente de Bolivia y de la otrora Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió abrir “un momento constituyente», espacio en el que la población plantee ajustes institucionales o legales sobre el funcionamiento del Estado, ante la evidente crisis institucional en los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial).

El país atraviesa por un “desorden institucional” del Estado. En criterio de analistas, ello proviene de la fractura interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) que vive una de sus crisis más profundas, que incide en la democracia del país.

En los últimos días, actores políticos y la población en general manifestaron su preocupación por la desinstitucionalización del país, luego de que una sala constitucional de Pando frenara las elecciones judiciales y trabara el trabajo de la Asamblea Legislativa.

Otro caso similar ocurrió días después, cuando una sala constitucional de La Paz ordenara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del MAS arcista luego de que ese órgano haya rechazado el acompañamiento en reiteradas ocasiones. Por ello, la Sala Plena del TSE denunció una intromisión del Órgano Judicial.

De este modo, analistas advirtieron el riesgo que implica el utilizar la Justicia en decisiones políticas que interfieran con las decisiones de otros órganos.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Rodríguez recomendó a las disidencias del oficialismo y la oposición que deben dejar sus fricciones internas de lado y pensar con mayor interés en el Estado, “esa voluntad constituyente que les dio un mandato».

Planteó un acuerdo político para una eventual reforma constitucional por la vía que corresponda. «Sin ello, el país estará enredado en trampas con cinco autoprorrogados y decisiones de salas de debatible legalidad”.

El expresidente consideró que el TSE «cedió» espacio a la jurisdicción judicial que invadió sus competencias. Aseguró que ahora la población necesita un árbitro que sepa hacer valer sus propias decisiones y no sentirse intimidado por fallos de autoridades judiciales prorrogadas.

En su criterio, la Asamblea Legislativa debe hacer lo mismo y tener una posición firme respecto de sus funciones y competencias. “Será necesario tomar decisiones hasta de confrontación institucional”.

Advirtió que, frente a la desinstitucionalización de los poderes, la democracia del país está en riesgo porque —según dijo— no hay certidumbre, ni certezas. Y, eso responde al «control judicial» por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Cuestionó el poder que tiene el TCP en el país y recordó que esa instancia interpretó la Constitución Política del Estado para habilitar la candidatura presidencial del expresidente Evo Morales y, años después, avaló la sucesión de Jeanine Áñez.

En 2017, el TCP habilitó a Morales a través de una sentencia constitucional y explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.

El fallo se produjo debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.

Ya en 2019, el TCP “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México. El 12 de noviembre de ese año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.

Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).

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