La tragedia del litio continúa. Cuando en 2010 se creó la Gerencia de Recursos Evaporíticos en la Comibol, era poco lo que se sabía sobre el litio, más allá de aquella información de su existencia anunciada por una agencia francesa y que llevó a que las transnacionales mostraran su interés. Había que empezar de cero, con empeño y sacrificio; se logró elaborar un proyecto que luego de sucesivas fases: conceptual, laboratorio y pilotaje, mostró su viabilidad técnica y económica, lo que fue demostrado y aprobado en instancias gubernamentales: VIPFE, UDAPE, Conapes y finalmente en el gabinete de gobierno, el que aprobó y dispuso que el Banco Central (BCB) financiara el proyecto, es decir, recursos netamente nacionales.

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El proyecto se convirtió en una estrategia de Estado, por cuanto no se trataba solo de extraer el litio, sino de su industrialización, hasta lograr poner en el mercado baterías made in Bolivia. El proyecto era ambicioso, en La Palca (Potosí) se instaló el Centro de Investigaciones y las plantas piloto de materiales catódicos y de baterías de ion litio. Conscientes de las dificultades, se recurrió a ayuda extranjera para hacer la ingeniería a detalle de las plantas industriales, lo propio para su construcción, se preveía convenios con extranjeros para la fase industrial, que más allá de tecnología, garanticen mercado. En 2018 se entregó en funcionamiento la Planta Industrial de Cloruro de Potasio y se firmó el contrato para la construcción de la Planta de Carbonato de Litio, que preveía su entrega en dos años y medio. Mientras tanto la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos asumía la tarea de garantizar la provisión de energía eléctrica, gas, agua y construir las piscinas de evaporación. Todas las labores estaban financiadas con el BCB, que tenía un tope autorizado de $us 886.271.552: la industrialización es un reto enorme que vale hacerse realidad, y por el cual hay que sacrificarse.

En 2019 se dio el golpe de Estado. La gestión de Áñez se caracterizó por el cierre del proyecto y comenzó a naufragar la utopía: se pretendió anular el contrato para la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, se paralizó el proceso productivo dañando las piscinas, las que requieren un proceso continuo para cosechar sales (halita y silvinita), y evacuar las sales complejas a otras piscinas; si no se realizan estos trabajos se las exponen al sol y/o cristalizan en forma sólida. Ésta fue la conducta de la dictadura de Áñez; cuando el Procurador expresa que la planta se encontraba en un estado lamentable y deplorable, no dice quiénes la entregaron; hacía más de un año que Echazú y Montenegro habían sido despedidos. Tampoco señala qué hicieron para rehabilitarlas desde 2021.

Al contrario, en enero de 2021, el ministro de Hidrocarburos declaró que el Gobierno cambió de estrategia para ir por una vía más rápida y eficiente (EDL), y no hizo referencia al proyecto en marcha, que tenía plazos perentorios; así se anunció la conclusión de la planta de carbonato de litio, con un retraso de dos años, ni este tiempo suplementario fue usado para adecuar las piscinas, ni garantizar la provisión de agua y de gas; por estas razones, el acto de inauguración programado para agosto de 2023 se suspendió y, confirmando la molestia, se destituyó al gerente. En diciembre, al inaugurarse la planta, se anunció que su funcionamiento llegaría a 3.000 toneladas, es decir una quinta parte de su capacidad, ¿la razón?: no hay materia prima. Y ahí surge la auditoria de las 18 piscinas, que no funcionaron como muchas otras por falta de mantenimiento. En la gestión Echazú-Montenegro se construyeron 96 piscinas, de las cuales solo funciona la mitad y según el proyecto se requieren 160 para producir a plena capacidad, y no hay más remedio que construirlas.

La acusación es por Bs 140 millones, el proyecto es de 4.971 millones. Pende sobre la cabeza de quienes asumieron la conducción de YLB desde noviembre de 2019 la responsabilidad de concluir el proyecto y mostrar su eficiencia, tal cual fue concebido por quienes fueron echados y nunca convocados ni para aclarar o asumir responsabilidades. La planta piloto de carbonato de litio había costado $us 20 millones y sus ventas hasta hoy superaron 10 veces su valor.

En medio de la consternación del momento, mi homenaje al ingeniero Juan Carlos Montenegro Bravo, boliviano íntegro, luchador contra las dictaduras y por la justicia social, soñador del desarrollo industrial de Bolivia, capaz de correr riesgos en la aventura de plasmar sus ideas, pero incapaz de soportar la humillación de imberbes de último momento.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

La crisis de los hidrocarburos nos golpea a todos, es una preocupación real, la solución no es lamentarse, sino buscar soluciones realistas y factibles. La Ley 3058, dictada el 17 mayo de 2005, tiene propósitos específicos: recuperar un recurso natural en boca de pozo y el uso de su valor en favor del pueblo boliviano. Su promulgación fue mandato de un referéndum, en medio de dudas, que llevaron al presidente de entonces a negarse a firmarlo; estas “dudas” estaban referidas a la capacidad nacional de sustituir a las transnacionales en la parte operativa y a que nos cierren la expansión de la actividad hidrocarburífera, con suspensión de inversiones y transferencia tecnológica. Era un desafío que había que afrontar ante el saqueo y la indignación del pueblo. La tendencia estatista avanzó cuando el 1 de mayo de 2006 se promulgó el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, que subió la participación del Estado de un 50% a 82%; visiones que se consolidan con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional en 2009.

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La rememoración viene como reflexión a la declaración del ministro de Hidrocarburos y Energías que señala que la Ley 3058 se constituye en “una dificultad para avanzar en una mayor exploración hidrocarburífera”, anunciando la socialización de una nueva ley. ¿En qué aspectos perjudica la ley?, no lo dice, sin embargo, suponemos se refiere a la participación del Estado en la renta y la propiedad de los hidrocarburos, elementos que están inscritos en la CPE y no pueden ser modificados por una ley. El cuestionamiento es al carácter del Estado, que dejó de ser neoliberal y asumió un norte de potenciamientos del país con la industrialización de los recursos naturales; sin duda, hay un problema existencial en el ministro. El problema no es nuevo, en la gestión de Evo Morales se trató de dar incentivos como el reconocimiento de un plus sobre los precios internos y los gastos de inversión, sin resultado alguno. Por otro lado, en esta gestión se han firmado siete contratos de operación que han sido mostrados como solución a la sequía del petróleo, empero, no dieron resultados, al igual que 17 contratos que están vigentes. ¿Por qué se mantiene y amplían los contratos si no les interesa? Más allá de la subida de sus acciones en la bolsa, lo hacen las compañías para presionar el cambio de las normas y, al final, el cambio del modelo de Estado y de gobierno.

La misma ley y la CPE establecen que, para ser independientes, debemos fortalecer la empresa estatal YPFB: “es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización”. Esta entidad, convertida en rematadora de contratos en el neoliberalismo, pasaba a ser una empresa productiva, transición nada fácil; surgieron dificultades como los sueldos, elevándolos por encima de lo ganado por el Presidente, se buscó elevar el nivel técnico de los profesionales dando becas en el exterior. Se emprendió procesos de industrialización, como la planta de urea que no tiene el personal ejecutivo para darle continuidad a las operaciones, ni sortear las dificultades cotidianas; no se avanzó en la producción de plásticos. Si bien crece el consumo doméstico del gas, la sustitución energética se ha parado y hay incertidumbre de su provisión al futuro. No tiene rumbo YPFB.

En cuanto a la exploración en el período 2006-2019, YPFB invirtió directamente $us 4.378 millones, cifra nada despreciable, sin los resultados esperados; no es cuestión de suerte, la ingeniería es una labor científica que identifica los problemas y los soluciona, acción que se deriva de un personal capaz, dotado de los instrumentos necesarios. La actual administración programó para la presente gestión cerca de $us 400 millones; la noticia del fracaso de la exploración del pozo Astillero 1, donde se invirtió $us 67 millones, señala que Chaco Exploraciones contrató a una empresa extranjera para realizar el trabajo, es decir, no tiene la capacidad para realizar sus tareas específicas por su cuenta.

Nuestra independencia la lograremos creando nuestras propias capacidades, pero el colonialismo pende sobre nuestras cabezas; en la comprensión de esta realidad buscamos un mundo multipolar, por eso hablamos de integración de los pueblos del sur, de la alianza con los BRICS; pero este discurso se queda en lo declarativo y no se aprovecha para superar nuestro rezago tecnológico y económico.

La urgencia del momento no puede dejarnos extraviar con discusiones parlamentarias. ¡A trabajar, potenciando las capacidades de YPFB, humanas, técnicas y económicas!

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El pasado 21 de marzo, un día antes de cumplir 86 años, murió Octavio Carvajal, dirigente minero de la vieja guardia sindical. Su vida laboral comenzó en 1954, cuando —con 16 años— ingresó a trabajar en la Empresa Minera Catavi, con el cargo de peón en la sección Fundición. Fueron las épocas gloriosas del pueblo boliviano: se había nacionalizado las minas, dictado la reforma agraria, se inauguraría el voto universal en 1956 que institucionalizó la revolución, poniendo orden: reorganización del ejército, racionalización en las minas, devaluación monetaria, inversión extranjera en el petróleo, cierre de las minas de Pulacayo, Kami, Bolsa Negra, supresión de la pulpería, etc., medidas resistidas por los sindicatos de Siglo XX y Catavi. La mayoría de los sindicatos consideraba que las medidas eran necesarias y el sacrificio era pasajero, así se impulsó el retorno de Paz Estenssoro, acompañado por Juan Lechín. El enroque no sirvió para nada, Lechín fue enviado al exilio dorado, mientras se imponían las recomendaciones del informe Ford & Bacon.

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Las minas se convirtieron en un hervidero de ideas; las asambleas fueron escuelas donde se discutía los problemas de la clase obrera: ¿a quiénes beneficia la explotación de los minerales?, ¿qué hacen con el estaño los países que compran?, ¿es difícil fundir?, ¿por qué baja el precio de los minerales?, ¿qué es el costo de producción?, ¿dónde van las divisas que genera la Comibol?, ¿qué es el tipo de cambio del dólar y cómo se fija?, ¿por qué se rechaza la oferta soviética de una fundición de estaño? Las respuestas estaban a la vista; condenados por el primer mundo a ser proveedores de materias primas, se imponía un desarrollo autoritario: el plan Bohan, el estudio Ford & Bacon, el Plan Eder-Siles, el código Davenport, el Plan Triangular; por último, un “grupo asesor” —extranjero— a la cabeza de la Comibol.

Octavio se formó con ideas y en la lucha, defendiendo los derechos sociales: los contratos de trabajo, la pulpería barata, los sistemas de salud y educación, desarrollando y cohesionando su identidad minera con las radios mineras, el deporte y la cultura. Defendiendo la democracia sindical, apoyaron a los trabajadores de Huanuni para darse su propia dirección; ante la detención de sus dirigentes, tomaron rehenes norteamericanos. La insumisión tuvo una respuesta: el golpe preventivo de Barrientos en noviembre de 1964, dando inicio a la era dictatorial. Octavio a esas alturas (1963-1965) era dirigente del Sindicato de Catavi en la cartera de Prensa y Propaganda, estando bajo su mando la Radio 21 de diciembre. Cuando se impuso el Sistema de Mayo (1965) con el cerco a las minas, la dirigencia sindical emprendió la retirada. Unos asumieron la lucha clandestina y armada, otros buscaron el asilo y otros aceptaron el exilio. Bajo la conducción de los secretarios generales de Siglo XX y Catavi, Irineo Pimentel y Francisco Taquichiri, 50 mineros salieron al exilio en Argentina, entre ellos estaba Octavio, confinado a Puerto Madryn en la Patagonia; allí sobrevivió con trabajos de albañil. Octavio y otros fueron apresados en Villazón cuando buscaban retornar al país. La apertura democrática (1969-1971) permitió su reincorporación al trabajo, siempre en la sección Fundición con el cargo de mecánico dos, luego sería mecánico uno y finalmente encargado de mantenimiento fundición. En la dictadura de Banzer era secretario general del Sindicato de Catavi y en el congreso de Corocoro (1976) fue elegido secretario de conflictos de la FSTMB; en junio de ese año fue exiliado a Chile, la dictadura pinochetista lo residenció en Muermos, un poblado del sur chileno; salió a Francia, de donde se trasladó a Venezuela para ingresar clandestinamente a Bolivia, impulsando la huelga de hambre de enero de 1978 donde se logró la amnistía general.

El parto de la democracia fue largo y doloroso. En el golpe de García Meza (1980), Octavio fue apresado y exiliado a Perú; desde Lima planificaron el retorno a Bolivia; este grupo de dirigentes coordinó acciones para viabilizar la salida del dictador en agosto de 1981 y dirigió la huelga de Huanuni (noviembre de 1981) que logró la vigencia sindical, inicio de la recuperación de la democracia en Bolivia.

El fracaso del gobierno de la UDP trajo las políticas de relocalización (1985). Octavio resistió la embestida en su distrito, planteando la reactivación de Catavi; finalmente se impuso la liquidación de la Comibol en 1993. Desde entonces apoyó los planes de sobrevivencia del municipio de Llallagua, siendo presidente del Comité de Defensa de los Intereses de Catavi. Como dirigente, dedicó su vida a la lucha con las bases.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Entre el optimismo de algunos analistas y el estado de emergencia de los cooperativistas, llega a mi pantalla el DS 5134, la creación de una nueva empresa estatal para la producción y comercialización del oro.

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La parte considerativa es amplia en las referencias a la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Minería (535) y la Ley de la Empresa Pública (466): “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”; “será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera” (CPE); “la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en calidad de empresa pública estratégica corporativa, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica con sujeción a la Ley 466 ejercerá, en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias” (Ley 535); y finalmente, “las nuevas empresas públicas que se creen se sujetarán al Estatuto del Funcionario Público y mantendrán esa regulación hasta que soliciten al Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) el ingreso a la Ley General del Trabajo” (Ley 466).

En su parte resolutiva dispone:

Art. 1. a) Crear la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro). b) Autorizar el aporte de capital con recursos del TGN. Art. 2-II La Epcoro es una empresa filial de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con personería jurídica y patrimonio propio, duración indefinida, autonomía de gestión técnica, financiera, administrativa, legal y comercial. Aquí el primer comentario: si una empresa es filial tiene dependencia, es decir, no puede tener autonomía, al contrario, debe responder a un plan de la empresa matriz, en este caso la Comibol; surgirán conflictos de intereses, como existe actualmente con sus filiales, que gracias a su autonomía disponen como les parezca.

Art. 4-I. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar un aporte de capital con recursos provenientes del TGN a favor de Comibol para Epcoro por un monto de hasta Bs 102.900.000 destinados a la comercialización del oro. II. Los desembolsos del monto señalado en el parágrafo precedente, estarán sujetos a disponibilidad del TGN. Aquí vale la pena puntualizar que el aporte de capital es un recurso para iniciar sus operaciones, en este caso de producción y comercialización, pero la limitante de su uso —comercialización— impide que se desarrolle el conjunto de la cadena productiva, saltando a la parte final del proceso, lo que convierte a la empresa en acopiadora de oro, rol que viene desarrollando el Banco Central.

Art. 5. El directorio de la Epcoro, como máximo organismo de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales, estará conformado por: un representante del Ministerio de Minería y Metalurgia, tres representantes del MEF y un representante del Ministerio de Planificación. Acá se ve el marginamiento de la Comibol, por lo tanto, el directorio no responde a una política empresarial sino directamente a las circunstancias de las finanzas nacionales.

Disposición final segunda-I. El directorio de Comibol disolverá el programa Empresa Boliviana del Oro (EBO). II. La Comibol asignará los saldos presupuestarios, los activos y documentación de la Empresa Boliviana del Oro, a la empresa filial Epcoro. Acá la madre del cordero es simplemente el cambio de nombre, con los mismos recursos y las mismas dificultades de la EBO: competencia desleal de las comercializadoras, avasallamiento de las cooperativas, burocracia sin responsabilidad, falta de acompañamiento desde el Estado a un proyecto estratégico, etc. y la molicie de la Comibol que prefiere alquilar sus minas de oro antes que explotarlas.

Al presente no existe la empresa corporativa Comibol como dispone la Ley 466, con funciones esencialmente productivas rentables. La misma ley se puso un candado: “el inicio de la conversión se realizará a partir de la fecha que para el efecto fije el Coseep”, ya que este organismo no existe; por lo tanto, pervive la vieja Comibol, creada por el neoliberalismo para arrendar sus yacimientos. El oro es un recurso estratégico, habrá que seguir insistiendo en su aprovechamiento para los intereses nacionales.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El convenio del Gobierno con los empresarios privados se ha mostrado como una solución ante la ausencia de dólares y sus efectos en la economía nacional. ¿Será una solución?

El problema no es nuevo, ni la propuesta la única ensayada para solucionarlo: acelerar la extracción del litio, ahorro en dólares de las remesas, ley del oro, tipo de cambio diferencial, etc.; alternativas que no han dado resultados: todas tienen la lógica de ser atractivos desde la demanda en el mercado de las divisas. Hoy se trata de lo mismo: libre exportación, pagos acelerados de Cedeim, bonos en dólares, apoyo a la producción agrícola, facilidades en el transporte, etc., medidas para que los empresarios aumenten su producción y traigan sus dólares al país o los retiren del mercado negro. Estas nuevas medidas corren el riesgo de no ser atractivas frente al destino actual que se les da: los depósitos e inversiones en el exterior y el ingreso de los dólares en el mercado negro siempre resultan más atractivos que los señuelos propuestos.

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Al final de 2022, el presidente Arce declaró: “récord histórico (en las exportaciones) de 13.653 millones de dólares, con un 23,2 por ciento de incremento respecto a 2021”, sin embargo, ese mismo año las reservas de divisas bajaron $us 847 millones. El hecho muestra que exportar es sacar el producto y no precisamente ingresar divisas: esto se deriva de la lógica neoliberal de la libre exportación de bienes y capitales, “exportar es desarrollo”.

El Modelo Económico Social Comunitario y Productivo (MESCP) busca aumentar la producción, en base a muchos esfuerzos realizados: infraestructura caminera y aeroportuaria, aumento de la capacidad energética, subvención a los combustibles, divisas baratas, provisión de insumos (fertilizantes), liberación para la importación de bienes de capital (maquinaria), programas de riego, etc., estos son los esfuerzos que han logrado un crecimiento de la economía, expresada en la evolución del PIB, que se triplicó de 2006 a 2022..

Sin embargo, el hueco que deja el MESCP es lo social y distributivo, que se logra direccionando el uso de los recursos nacionales, lo contrario da como resultado la concentración de la riqueza, que lamentablemente viene ocurriendo, ante la incapacidad del Estado de controlar el flujo financiero.  Hay sectores empresariales que han sabido concentrar este desarrollo para su beneficio: los empresarios mineros, los agroexportadores, los banqueros, comerciantes, etc., los que, como antes en el capitalismo de Estado, crecen a costa de los recursos captados por el Estado, acumulando, eso sí, su riqueza en el exterior. Mientras tanto el Banco Central de Bolivia (BCB) solo dispone de las divisas captadas por las empresas estatales —hidrocarburos y minería— y carga sobre sí la demanda nacional; agrava la situación el achicamiento de las empresas estatales, que no salen de su condición de rentistas para ser productoras, sin encarar el desafío de desarrollar toda la cadena productiva desde la exploración hasta la industrialización.

El análisis de la estructura del sector exportador nos muestra que todos sus componentes tienen como origen la explotación de los recursos naturales: hidrocarburos, minerales y metales, madera, joyas, aceites y torta de soya. Su fragilidad es grande por las fluctuaciones del mercado y la dependencia de la bondad o el capricho de la naturaleza, eventualidades que solo se pueden superar con la agregación de valor vía la industrialización.

Así se impone la obligatoriedad de entrega de divisas al BCB, para que éste distribuya las mismas, según las políticas de desarrollo nacional. Su utilización puede determinar el rumbo de la política del desarrollo del país, como el cambio de la matriz energética, alentando el cambio de vehículos a combustión por eléctricos y a gas; evitando la importación de productos suntuarios o los que produce la industria nacional; pero también apoyando proyectos estratégicos de industrialización, como lo ha hecho en época de bonanza a proyectos como el litio, la fábrica de fertilizantes y el teleférico. Se trata del control del comercio exterior, como una constatación de la soberanía económica. La obligación es la única manera de lograr el ingreso de divisas al país. Dejarlo a la buena fe de los empresarios, como manifiesta el ministro de Economía, es desconocer la lógica del capital que buscará lucrar en cualquier espacio y lugar que se le presente.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero