El Gobierno nacional recordó que el precio de los combustibles en el mercado interno es subvencionado, por lo que los gobiernos subnacionales (municipios y gobernaciones) y los transportistas deben analizar de manera crítica si se incrementa el costo de los pasajes como demandan los choferes.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que si el Gobierno determinará levantar la subvención muchos sectores se verían afectados, por lo que pidió a ambas partes (gobiernos subnacionales y transportistas) analizar de manera equilibrada, seria y técnica la demanda de los choferes.

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“El Gobierno subvenciona al transporte con diésel y gasolina que eso es un componente, si lo soltamos sería más que lapidario para incrementar costos, entonces deben ser equilibrados de notar que se hace un esfuerzo a nivel nacional para que no se disparen los precios (de los combustibles y de otros productos)”, dijo a los periodistas.

Los choferes del país determinaron el viernes, en un ampliado del transporte urbano del país, que se exigirá estudios técnicos a cada municipio para el alza de pasajes y que el Gobierno nacional debe presionar para ello. Uno de los argumentos de los transportistas es el incremento de los costos de los repuestos y lubricantes.

Nivelación

Otro factor que impulsó a los choferes a pedir la “nivelación” del costo de los pasajes es el incremento de salario para esta gestión definido por el Gobierno.

Montenegro indicó que el Gobierno también subvenciona el Gas Natural Vehicular (GNV), por lo que se debe realizar un análisis muy detallado para determinar o no un incremento en el costo de los pasajes.

“Se subvenciona el gas natural porque muchos transportistas utilizan GNV. Le sería fácil al Gobierno utilizar (ese gas) y exportar y tener más dólares a costa de que el pueblo y los bolsillos de los bolivianos se incremente el costo”, indicó.

Tras las amenazas de un posible incremento del precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 0,80, el secretario ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, descartó esa posibilidad y ratificó que tienen un convenio vigente con el Estado.

Anteriormente, el representante de los panificadores artesanos de La Paz, Dandy Mallea, anticipó que su sector estaba a la espera de una posible elevación del costo de pasajes para asumir otra medida al respecto, la que contemplaba subir a Bs 0,80 el pan.

“Como sector tenemos un convenio por esta gestión de mantener el precio del pan, no tenemos negociaciones con el transporte, sí un convenio con el Estado de 50 centavos”, informó este lunes Ríos a RTP.

Sin embargo, el dirigente ratificó que los panificadores de Bolivia mantienen una negociación por un precio preferencial del azúcar y la manteca, insumos básicos para la elaboración del pan.

Dicho convenio regía hasta mayo de esta gestión, por lo que apuntan a llegar a nuevos acuerdos con el Gobierno para extenderlo por todo el año.

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Precio del pan

Sobre los comentarios de otros segmentos de panificadores, Ríos aclaró que habla a nombre de las federaciones afiliadas a su ente matriz, que tienen el compromiso de cumplir el acuerdo con el Estado, que subvenciona la harina para el pan.

“Son sectores independientes; como confederación, estamos afiliados siete federaciones en las que no se ha determinado ningún acuerdo del precio del pan. Tenemos un acuerdo que hay que respetarlo velando por la canasta familiar de Bolivia y vamos a mantener en 50 centavos porque estamos recibiendo harina subvencionada a nuestro sector; esos comentarios deben ser de sectores no afiliados a nuestro ente matriz”, acotó Ríos.

En relación a los costos, especificó que los artesanos panificadores valoran la situación económica del país y que a pesar de ello pidió a la población a tener la certeza de que el pan mantendrá su precio.

“En relación al costo del pan es de Bs 0,70, pero el sector ve la situación del país y apoyamos a la reactivación económica de Bolivia. La población debe tener la certeza de que vamos a mantener el precio en 50 centavos”, detalló el dirigente.

Entretanto, los transportistas aguardan un estudio de costos para definir si habrá incremento de pasajes; arguyen que la canasta familiar subió hasta un 150%. Así declaró el exdirigente de los transportistas y asambleísta departamental Mario Silva.

(13/05/2024)

El director general del Trabajo, Yecid Mollinedo, informó que solo 505.000 trabajadores recibirán el incremento salarial dispuesto por el Gobierno, de acuerdo con el registro hasta diciembre de 2023 del Ministerio de Trabajo.

El 23 de abril, el presidente Luis Arce, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico. Luego de conocerse la noticia, el sector transporte pidió la “nivelación” de pasajes en todo el país.

En entrevista con La Razón Radio, el funcionario explicó que el incremento está asegurado para la población registrada en planillas (medio millón de bolivianos), mientras que en los otros sectores se analizará el presupuesto para aplicar o no el incremento.

Las gobernaciones, alcaldías y universidades públicas del país podrán fijar el incremento salarial acorde y dentro los parámetros del decreto y sus presupuestos.

Además, Mollinedo señaló que el pago del retroactivo por el incremento salarial dispuesto debe ser cancelado hasta el 31 de mayo; luego de ello, los empleadores pueden ser sujetos a sanciones por parte de la cartera de Trabajo.

“A partir del 1 de junio, el ministerio estará disponible para recibir denuncias”, recordó.

Las empresas públicas y privadas tienen hasta el 31 de mayo para pagar el incremento salarial con retroactividad al 1 de enero de este año, así lo establece la Resolución 521/24 del 9 de mayo de 2024.

“Es razonable pensar que las empresas están en el papeleo”, dijo Mollinedo.

Reiteró que el alza salarial será inversamente proporcional únicamente para el sector salud. Significa que los que ganan menos recibirán una mayor alza salarial y los que ganan más tendrán un menor aumento. De todas maneras, el conjunto recibirá “en línea” 1,5% de incremento y el resto 1,5% será inversamente proporcional a los sueldos.

La norma indica que esa diferencia se aplicará para el personal de los centros de atención médica en salud bajo dependencia de los servicios departamentales de Salud (Sedes), el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), las Escuelas de Salud, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) y los programas nacionales administrados por el Ministerio de Salud.

Con ese propósito, el presidente Luis Arce entregó, el 1 de mayo en Cochabamba, los decretos 5154 y 5155 al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

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El 54% de los ahorros de los trabajadores está invertido en el sector privado financiero, según el informe de la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2024 de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) publicado el viernes.

El monto alcanzado a esa fecha fue de Bs 179.582 millones, lo que significa que se invirtieron unos Bs 96.974 millones en ese ámbito.

El documento también muestra otros tres ámbitos en lo que la administradora estatal invirtió esos recursos. En el sector estatal se invirtió el 31% (Bs 55.670 millones); en el privado no financiero, 13% (Bs 26.345 millones) y en el estatal extranjero, 2% (Bs 3.591 millones).

Asimismo, incluye un cuadro en el que se detalla la cartera de inversiones así como una lista de 15 destinos de los Bs 179.582 millones administrados por la Gestora.

Se destinaron Bs 90.599 millones (50,45%) a Depósitos a Plazo Fijo (DPF); Bs 48.864 millones (27,21%) a la compra de Bonos del Tesoro (BTS); en el caso de las Cuotas de Fondos Cerrados (CFC), la inversión alcanzó a Bs 15.551 millones (8,66%) de los recursos al 30 de abril de este año. (Ver cuadro).

En menor porcentaje, la Gestora también realizó inversiones, todas a través de la Bolsa de Valores, en Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), Bonos de Largo Plazo (BLP) y Cupones (CUP), entre otros.

El rendimiento de esos recursos, a abril de este año, alcanzó el 4,11%, según informó el gerente general de la Gestora Pública en el acto de rendición pública de cuentas del viernes, en La Paz.

“Esta estructura es similar a las que dejaron las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Conforme información publicada por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de abril de 2023, que fue el último cierre de mes administrado por las AFP, el Valor de los Fondos del SIP ascendía a Bs 168.329 millones”, respondió la Gestora ante una consulta de La Razón.

“En algún momento se nos ha indicado que, con la (implementación) de la Gestora, todo se iba a invertir en el sector estatal, pero eso es totalmente falso. Hemos estado invirtiendo en ese sector, pero estableciendo un equilibrio para que los recursos puedan rendir lo que se necesita”, aclaró el gerente general de la Gestora, Jaime Durán.

Asimismo, explicó que la entidad estatal recibió de manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones) que se incrementó a 179.582 millones ($us 26.178 millones), lo que representa un aumento de Bs 14.613 millones. “Es decir que, durante la administración de la Gestora, los fondos han crecido en $us 2.130 millones”, destacó.

El titular de la gestora también destacó el crecimiento de los aportes para la jubilación que, a un año de gestión, tuvo un crecimiento de Bs 41.620 millones, lo que significa un incremento de 3,5%.

Explicó que fueron incorporados 116.545 nuevos afiliados, entre trabajadores dependientes, independientes y consultores, por lo que el universo alcanzó un total de 2.690.397. En cuanto a los empleadores, la Gestora registró a 46.575.

“Es importante decir que los fondos, cada vez, están creciendo más. Por un lado, las inversiones y (por otro) que estamos ampliando la base de gente que está aportando y eso hace crecer los fondos y eso permite que más personas puedan acceder a la jubilación”, relievó Durán.

Pero existen factores que “contribuyeron” a que más personas naturales y empresas formen parte de la Gestora. Por ejemplo, entre los beneficios que ahora tienen los jubilados y los derechohabientes es el cobro de sus rentas mensuales a través de 39 entidades financieras que realizan el pago y el pago anticipado para todos los beneficiarios, que normalmente se realiza el último día de cada mes y no el primero, como se acostumbraba

A diferencia de las AFP, la Gestora Pública dejó de cobrar una comisión del 1,31% por la administración de los ahorros de los trabajadores. Esa eliminación, según explicó Durán, representaba un costo aproximado de Bs 9 millones mensuales y Bs 90 millones anuales.

La Razón consultó a algunos jubilados respecto de si conoce o no que la Gestora invierte los aportes de los trabajadores y consideran “justo” que el rendimiento positivo debiera ser “redistribuido entre los rentistas”.

“Finalmente, es el aporte de todos los jubilados lo que se invierte, lo correcto sería que, al existir un incremento, una utilidad que también se refleje en nuestras rentas”, dijo Rocío S., trabajadora jubilada de La Paz.

Indicó que su renta mensual es un poco más de Bs 3.200 y que tuvo incrementos Bs 0,50 y Bs 0,80 en anteriores gestiones.

Por otra parte, Roberto G., también jubilado de La Paz, dijo que no tiene conocimiento de las inversiones que realiza la Gestora, sin embargo, destacó que existan medidas que “hacen más fácil el cobro”.

Explicó que él recibe su pago mensual a través de la modalidad de abono en cuenta, opción que calificó como “segura”. “Además, nos pagan un día antes que termine el mes, entonces, en mi caso, me permite distribuir y programar mejor mis gastos”, celebró.

Uno de los objetivos de la Gestora, dijo Durán, es “animar” a los trabajadores independientes a que realicen sus aportes en esa entidad, “porque hay beneficios” como la edad de jubilación y los la cantidad de cuotas.

Invitó a ese sector a informarse sobre los beneficios que brinda la Gestora Pública.

En un año, la renta dignidad alcanzó a 1,17 MM de personas

Entre abril de 2023 y abril de 2024, 1.171.000 personas mayores de 60 años cobraron la Renta Dignidad en todo el país, según la Rendición Pública de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora).

El documento que contiene esa información fue publicado por la entidad estatal que comparó la cifra con abril de 2023. La diferencia entre ambas gestiones da un incremento de 41.620 beneficiarios.

El pago mensual de este beneficio para las personas que no tienen una pensión de jubilación es de Bs 4.550 (incluido el aguinaldo), a razón de un pago mensual de Bs 350. Ahora, para las personas que tienen una renta, el pago mensual, incluido el aguinaldo, es de Bs 3.900. Cada pago mensual es de Bs 300.

“Hay personas que prefieren acumular hasta seis meses antes de cobrar”, explicó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.

El mismo informe da cuenta que hasta abril de este año, la Gestora realizó 10.249 pagos por gastos funerales, esa cifra refleja una reducción de 234 pagos respecto de 2023.

En este caso el pago de Bs 1.800 por una sola vez, que puede solicitarse ante el fallecimiento de una persona beneficiaria de la Renta Dignidad.

La Razón consultó a la Gestora sobre cuál es la cantidad de personas que accedieron a esos beneficios y la distribución por departamentos, pero la respuesta contiene los datos hasta marzo de este año.

Así, se conoció que 1.229.439 personas fueron las beneficiarias. De ese total, el 31% se pagó en el departamento de La Paz, el 20% en Santa Cruz, el 18% en Cochabamba, 6% en Chuquisaca, 6% en Oruro, 9% en Potosí y el 6%, 4% y 1%, en Tarija, Beni y Pando, respectivamente.

Desde que la Gestora asumió la administración plena de los fondos, hubo un incremento de 17% en la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad y de los gastos funerales.

La Región de Antofagasta, en el norte chileno, acoge a 41.805 migrantes bolivianos, el 28,2% del total de connacionales que residen en el país vecino y que llegan a 148.059, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.

Al ser una región minera atrae cada año a cientos de bolivianos, algunos para el trabajo en las minas, otros para el área de servicios. Sus ciudades principales son la homónima Antofagasta, Calama y Tocopilla. Otras localidades importantes son Mejillones, Taltal, San Pedro de Atacama y María Elena. La colectividad boliviana reside principalmente en Antofagasta y Calama.

En segundo lugar, se ubica la Región de Tarapacá, con 34.354 residentes bolivianos (23,2% del total), según el “Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile”. La mayor parte de los compatriotas reside en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.

La economía de la región se basa principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente minería y pesca comercial. La actividad turística es también muy importante. Las connacionales trabajan habitualmente en las áreas de servicios, minería y agricultura.

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Bolivianos

En tercer lugar está la Región Metropolitana de Santiago, con 27.803 (18,8%) migrantes bolivianos. Aunque la colectividad boliviana representa apenas el 3% del total de personas extranjeras que residen en esa región del centro de Chile, su número es alto si se lo compara con los connacionales que radican en otras regiones del país vecino.

En cuarto lugar, se ubica la Región de Arica y Parinacota, donde viven 12.262 (8,3% del total) connacionales, la mayoría en la ciudad de Arica. Los bolivianos trabajan principalmente en servicios y en la agricultura (Valle de Azapa).

La presencia de los compatriotas no solo se restringe a estas cuatro regiones administrativas, también hay inmigrantes bolivianos en Atacama, O’Higgins, Valparaíso, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

Los connacionales viajan a estas regiones chilenas atraídos por la oferta de trabajo y los elevados salarios. Actualmente, el salario mínimo en Chile es de 460.000 pesos, unos 497 dólares (3.470 bolivianos) al tipo de cambio actual. A partir de julio de este año, la paga mínima se incrementará hasta los 500.000 pesos chilenos (540 dólares al cambio actual).

Los expertos coinciden en que el mayor flujo migratorio hacia el país vecino es porque “hay una gran demanda de mano de obra”.

La mayor parte de los bolivianos que migran hacia Chile son de Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en ese orden.

Rige acuerdo para migración regular

En septiembre de 2023, Bolivia y Chile firmaron un Acuerdo de Cooperación Migratoria que hace más expedito y simple el proceso de solicitud y entrega de residencias temporales a nacionales de ambos países y, además, elimina el costo de dicho trámite. El documento tiene validez por dos años.

En otras palabras, el acuerdo migratorio hará más expedita la posibilidad de obtener una residencia temporal recíproca de dos años en ambos países. Esta medida permitirá a los ciudadanos trabajar en territorio vecino de manera legal. El documento debe ser solicitado en el país de origen y será gratuito.

De acuerdo con el “Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile”, publicado en diciembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país vecino, en 2022, la población extranjera en situación irregular era principalmente venezolana, con 65,9%; seguida de Bolivia, con 11,3%; y Colombia, con 6,6%. “Estos tres colectivos concentran el 83,8% del total de la población extranjera en situación irregular estimada para 2022”, cifrada en 107.223 personas, señala el INE.

Esto quiere decir que de los 148.059 migrantes bolivianos, 12.095 se encontraban en situación irregular en la nación trasandina.

“Respecto a la variación relativa de los colectivos de la población irregular en el período 2018-2022, los mayores crecimientos se presentan por parte de Venezuela, que pasó de 1.072 a 70.647 personas (crecimiento relativo de 6.490%); Bolivia, que pasó de 881 a 12.095 personas (1.273%), y Haití, que pasó de 315 a 4.104 personas (1.203%)”, indica el INE de Chile en su informe.

En marzo de 2023, La Razón informó que en 13 años (2009-2021), la cifra de inmigrantes bolivianos en Chile pasó de 24.116 a 132.094.