La Alcaldía declara alerta naranja en La Paz y suspende movimientos de tierra
La resolución instruye a las unidades ediles mantenerse en estado de apronte y disponer de su personal ante cualquier emergencia. Este martes la lluvia inundó calles y avenidas.
Un deslizamiento provocado por las lluvias. Foto: AMUN
Antel el aumento de las lluvias, la Alcaldía de La Paz declaró este martes alerta naranja en el municipio y dispuso la “suspensión temporal” de autorizaciones nuevas para realizar movimientos de tierra.
La Resolución Municipal 0028/2024 explica que hay “excepción en aquellas zonas que cuenten con declaratoria vigente de alerta roja”.
Además, instruye a las unidades ediles el “estado de apronte” en temas de logística, equipo pesado y personal. Remarca que las subalcaldías urbanas y rurales deben disponer de su personal técnico, obrero y maquinaria para coadyuvar y coordinar con la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades.
La normativa pide a la Entidad Descentralizada Municipal de Maquinaria y Equipo (EDMME) gestionar la dotación de maquinaria pesada y equipo requerido a todas las dependencias municipales, para trabajos de prevención y atención de emergencias, ante la eventualidad de suscitarse un evento mayor.
Asimismo, indica que la prohibición de movimiento de tierra “no alcanza a las empresas prestadoras de servicios básicos cuya intervención estará sujeta a adecuación de los planes de contingencia que deben incluir en todas sus solicitudes”.
La Alcaldía habilitó la Red 114 para que la ciudadanía comunique cualquier emergencia, línea telefónica que está disponible las 24 horas del día.
Este martes, una intensa lluvia inundó varias calles y avenidas del centro y la zona Sur de la ciudad de La Paz. El agua ingresó a viviendas y negocios.
Las calles Genaro Sanjinés, Yanacocha y Colombia, la avenida Mariscal Santa Cruz y El Prado se convirtieron en ríos en el centro de la urbe.
Lo propio ocurrió en la zona Sur, en Achumani el agua llenó las calzadas en varios sectores. Asimismo, se reportó la crecida del río Choqueyapu.
Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informaron que las lluvias continuarán hasta el 27 de enero.
Con múltiples quemaduras en el cuerpo falleció este lunes un adulto mayor en la ciudad de La Paz. De acuerdo con el reporte, el anciano no pudo escapar del incendio que se desató en la habitación en que vivía; se busca a sus familiares.
“El hombre estaba con quemaduras de tercer y cuarto grado y murió por estas circunstancias”, informó el jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, René Tambo.
La víctima aún no ha sido identificada. El lamentable hecho sucedió en la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz. En su habitación se desató un incendio por causas que aún son investigadas. No se descarta que un problema con la garrafa de gas tuvo que ver en este siniestro, no obstante siguen las diligencias para verificar esta hipótesis.
Si bien el fuego pudo ser sofocado, el anciano no pudo escapar a tiempo y las autoridades encontraron su cuerpo entre las cenizas. La FELCC hizo el levantamiento del cadáver, mientras que se empezó una investigación para determinar las causas del incendio. En tanto, se activó la búsqueda de los familiares de la víctima.
“Pedimos a las personas o familiares que conocen a esta persona puedan acudir a la Morgue Judicial (de la ciudad de La Paz). Se conoce que los vecinos lo conocen como el señor Gróver”, aseveró Tambo.
El comandante departamental de la Policía de La Paz, Édgar Cortez, confirmó este lunes que tras el motín de algunos reclusos en el penal de Chonchocoro el sábado, Misael Nállar y otros reos del mismo pabellón están aislados e investigados.
“Hemos ingresado y controlado la situación en el penal. Llevamos a las personas que encabezaron la gresca. Está el sujeto Nállar y otros del mismo pabellón, al menos seis aislados, porque eran los cabecillas”, informó Cortez.
Las investigaciones preliminares de la Policía y de Régimen Penitenciario señalan que el incidente comenzó en el pabellón J, donde Nállar habita, y que al menos 64 personas comparten ese lugar.
Misael Nállar está preso desde 2022 por el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo a la Policía (GACIP) en Porongo, Santa Cruz. También enfrenta otros procesos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico.
Su abogado denunció que fue objeto de torturas dentro del recinto después de la trifulca.
Cortez también dijo que, por los hechos violentos, son 26 los privados de libertad investigados.
Los reos se agredieron mutuamente en ese pabellón, así comenzó la gresca y que derivó en tres guardias heridos en primera instancia. Posteriormente, las fuerzas policiales ingresaron al sector y controlaron la situación.
Cortez dio el dato actualizado que contempla dos efectivos heridos. “Ambos han sido derivados a nosocomios de La Paz; uno de ellos será intervenido el día de hoy. Esta persona estaría grave pero el recinto se encuentra en calma total”, informó el jefe policial.
Se conoció, además, que el personal policial empleó gases lacrimógenos para contener la pelea y a los presos más exaltados.
En ese recinto carcelario está recluido el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, al que acusan en el caso Golpe de Estado I.
Camacho agradeció por el apoyo brindado de parte de la oposición y del pueblo boliviano. “Quiero dar las gracias a los líderes de la oposición democrática y al pueblo boliviano por las muestras de respaldo, ante los sucesos del fin de semana en la cárcel de Chonchocoro. Su apoyo y sus oraciones nos fortalecen”, posteó en la red social X.
La trifulca en el penal requirió de apoyo policial la tarde del sábado así lo confirmó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien poco después del hecho manifestó que “está bajo control”.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, advirtió este domingo que la bóveda del río Choqueyapu sufrió “serios daños” y dice que requiere créditos para repararla.
“Estamos terminando la inspección de la bóveda del río Choqueyapu. Los primeros informes que tenemos son muy preocupantes”, dijo Arias sin detallar los daños que presenta la bóveda.
Afirmó que, desde hace 15 días, los obreros municipales trabajan en la bóveda para reparar algunos daños causados por las lluvias.
La bóveda se extiende desde la Cervecería Boliviana Nacional, en la avenida Ismael Montes, hasta el Parque Urbano Central (PUC).
“La tormenta ha causado realmente mucho daño a la bóveda, que no la vemos porque está debajo”, acotó Arias.
Sin embargo, dijo que las reparaciones requieren de recursos financieros para cubrir esos trabajos. “Los recursos (de la Alcaldía) son insuficientes. Entonces necesitamos acceder a créditos, porque son inversiones importantes para hacer. Una próxima temporada, si no hacemos reparaciones en esta bóveda, podría ser complicado”, explicó.
El alcalde anunció que este lunes realizará una inspección para luego dar un informe sobre los detalles del deterioro de la bóveda.
Feminicida de Jhoselin es sentenciado a 30 años de prisión; el hombre intentó tapar el delito
Jhoselin tenía 25 años de edad. Trabajaba como taxista para mantener a sus hijas de siete y nueve años de edad. El reclamo a su expareja por asistencia familiar derivó en el crimen.
Waldo Chura, sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de su expareja Jhoselin.
José Waldo Chura Quiroga (26) cumplirá 30 años de prisión sin derecho a indulto por ser el autor confeso del crimen a su expareja Jhoselin Carballo (25). El feminicida intentó tapar su crimen como un suicidio.
Jhoselin tenía 25 años de edad. Trabajaba como taxista para mantener a sus hijas de siete y nueve años de edad. El reclamo a su expareja por asistencia familiar derivó en el crimen.
El hecho ocurrió el lunes 4 de junio. Luego de percatarse del hecho, vecinos de la comunidad Melga, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, reportaron sobre el hallazgo de una mujer que estaba colgada en un árbol.
La Policía llegó al lugar y realizó el levantamiento del cuerpo. En una primera instancia se calificó el hecho como suicidio. Sin embargo, el rostro de la víctima tenía hematomas y sangre. Entonces, el médico forense confirmó que la mujer había sido golpeada antes de morir.
Otro elemento probatorio es que la madre de Jhoselin recibía mensajes al WhatsApp del celular de su hija, a pesar de que sus familiares ya sabían que estaba muerta.
Según el relato de las tías de Jhoselin, sus hijas comentaron que su madre se encontró con su padre el pasado fin de semana y ella, la víctima, le reclamó al padre de sus hijos por la asistencia familiar acumulada de siete años.
El hombre reaccionó de mala forma e intentó golpearla, según el relato de las niñas. El lunes, Jhoselin se despidió de su madre a las 14.00 cuando salió a trabajar, pero nunca más regresó.
En tanto, José Waldo se fue a su casa, en Sacaba, donde vive con otra pareja. Allí alisó su ropa y dinero para fugar, pero la Policía logró aprehenderle luego de dos días.
Ya detenido, el feminicida fue puesto a disposición de la Justicia que dictó apara el hombre 30 años de cárcel.
“En la audiencia cautelar se presentaron todas las pruebas colectadas en contra del agresor, quien admitió el hecho, renunció a los plazos procesales y se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado”, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.
En medio de congoja, tristeza y llanto, familiares, amigos vecinos, entre otros, acompañaron a Jhoselin hasta su última morada.
Con este hecho son 37 los feminicidios en el país.
Con padrinazgos, regalos, auspicios, aportes solidarios y más, así el empresario Harold Lora ganó espacio ante el alcalde de La Paz, Iván Arias, y algunos concejales, entre oficialistas y opositores, además de su otrora aliado político Rafael “Tata” Quispe.
Un sinnúmero de fotografías vincula a algunos legisladores de La Paz, Arias y Quispe con el empresario, encarcelado de forma preventiva en el penal de San Pedro, acusado por estafa múltiple y legitimación de ganancias ilícitas.
En una de las imágenes se observa una invitación de una fiesta de 15 años de la hija de la actual presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, en la que señala que Lora fue el padrino. La Razón no pudo contactarse con ella.
Otras fotografías muestran al empresario con los concejales Pierre Chaín, Javier Escalier y Óscar Sogliano; a este último se lo ve recibir un cheque simbólico de $us 2.000 para una supuesta ayuda solidaria.
También se presume que Lora entregó departamentos en edificios Las Loritas a Rafael Quispe, Óscar Sogliano y otros. La Razón vio que el “Tata” Quispe frecuenta una propiedad en Bajo Següencoma, donde aparentemente vive su hijo, y celebró su cumpleaños con Lora. La Razón intentó hablar sin éxito con Sogliano y Quispe.
Las víctimas, más de 150, invirtieron dinero que oscila entre $us 10.000 y $us 60.000. Algunos obtuvieron préstamos, otros entregaron los ahorros de toda una vida de trabajo para tener un inmueble propio e hicieron pagos adelantados o totales a la empresa.
Pero, ¿con qué fin se acercó Lora a Arias y a su entorno, en el Concejo Municipal? Pues ya no es un secreto que el empresario intentó con dádivas legalizar y expandir sus construcciones.
¿Cómo? Con la aprobación de normas municipales impulsadas desde el Ejecutivo y que pretendían buscar apoyo en el Legislativo.
Además, el 18 de diciembre de 2022, La Razón publicó un reportaje que revelaba cómo la gestión de Arias benefició a Las Loritas desde que llegó a la Alcaldía
El 3 de mayo de 2021, el recién posesionado alcalde Arias, movilizó a futuros secretarios y funcionarios ediles para eliminar una publicación relacionada a las irregularidades en 10 edificios Las Loritas en distintas zonas de la ciudad.
Este diario accedió al informe oficial en el que se detalla los sucesos que empujaron a la eliminación del comunicado, al día siguiente de la posesión de Arias.
El comunicado es de abril de 2021. En éste se informa a la población que los edificios de Las Loritas, de Harold Lora, “no cuentan con las autorizaciones de construcción que otorga el Gobierno Municipal de La Paz a través de la Dirección de Administración Territorial y Catastral (DATC)”.
“En fecha 26 de abril de 2021 por instructivo SMPD-DES Número 01/2021, el secretario municipal de Planificación para el Desarrollo (SMPD) instruyó a la DATC emitir un comunicado oficial alertando a la población que los inmuebles denominados Loritas no cuentan con autorización municipal y/o solicitudes en proceso de revisión”, dice el informe que envió el 10 de mayo de 2021 Patricia Daroca, entonces directora de Administración Catastral, a Vladimir Ameller, exsecretario de Planificación para el Desarrollo, en relación a los edificios y el comunicado.
En cumplimiento, el 3 de mayo, el personal de la DATC difundió el “Comunicado importante sobre los edificios de Las Loritas” a través de las redes sociales de la institución, en el plan comunicacional “Plan La Paz 2040”.
El informe detalla que, al día siguiente de haberse publicado el comunicado, el 4 de mayo, cerca de las 09.30, “el señor Gabriel Valencia se presentó en la Dirección de Administración Territorial y Catastral (DATC) sin ninguna acreditación como servidor público municipal, solicitando que se dé de baja el comunicado respecto a las edificaciones de Las Loritas”.
Según el informe, el hombre, en tono prepotente, alegó que poseía autoridad, ya que “representaba al nuevo Concejo Municipal y que, por una instrucción del nuevo alcalde, imponía que se retire inmediatamente el comunicado señalado; citando textualmente: El Negro está furioso (en referencia a Arias)”.
Predio donde se iba a construir Las Loritas.
Ante el incidente, ese mismo día, el comunicado que señalaba irregularidades de Las Loritas fue eliminado de las redes sociales.
No conforme con ello, a las 12.30 de ese día, “los señores Ronald Velasco y Rodney Miranda (ndR: ahora subalcalde Centro) llegaron a las oficinas de la Secretaría de Planificación, solicitando mayores explicaciones respecto al contenido y publicación del comunicado”, detalla el informe.
Ante ello, y justificando la publicación del comunicado, desde el despacho de la DATC se les informó que “se debe alertar a la población sobre construcciones que no cumplen parámetros de construcción establecidos en la LUSU (Ley de Uso de Suelos Urbanos), considerando que los edificios Las Loritas no cuentan con ninguna autorización de permiso de construcción ni solicitudes en curso para su autorización en las plataformas desconcentradas de servicios municipales o SERMAT (Servicio Municipal de Administración Territorial y Catastral)”.
Además, el documento especifica que los interpelantes no mostraban satisfacción ante la explicación desde la DATC, ya que exigían respaldos físicos que dieron origen al comunicado.
No obstante, se les explicó que el anuncio surgió “de las denuncias de vecinos preocupados por sus inversiones y los riesgos que generan estas edificaciones clandestinas”.
Es una fracción del reportaje publicado en 2022, que demuestra el vínculo entre Lora, Arias y parte de su entorno.
Luego de la detención de Lora, surgieron varios cuestionamientos en contra de Arias. Así se conoció que el empresario apoyó al alcalde en la campaña para las elecciones subnacionales, aunque Arias lo negó durante una rueda de prensa.
Entonces ¿(Lora lo apoyó) en campaña?, le consultó un periodista. Arias respondió: “Se dice, no tenemos nada de eso”.
Un edificio de Las Loritas sin concluir.
Pero además de fotografías que desvirtúan los dichos de Arias, también la concejala de Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SP) Yelka Maric dijo a este diario que Harold Lora estuvo en la campaña para las elecciones subnacionales de 2021.
CAMPAÑA. “Harold Lora ha estado presente en la campaña, claro que sí; no solamente lo evidencian fotos, también videos. El tema está en que, si ha aportado o no a la campaña, es una pregunta que no puedo contestar, porque no he sido jamás parte de los administradores del dinero de la campaña. Así es que esa pregunta corresponde que responda Iván Arias o Rafael (Tata) Quispe”, señaló la concejala a La Razón.
Maric señaló que las construcciones fuera de norma no solo corresponden al empresario Lora, pues hay otra importante cantidad de construcciones que incumplieron normas, que se edificaron en la gestión del exalcalde Luis Revilla y en la actual.
“Eso de sacar un comunicado los últimos días, por no decir el ultimo día, tampoco habla muy bien de ellos. Ahí debía haber procesos de fiscalización que tenían que hacerse”, dijo la legisladora.
Ya asentada la gestión municipal, la Alcaldía intentó hacer aprobar cuatro normativas para legalizar las edificaciones fuera de norma. Ellas son la Ley 467, para legalizar las edificaciones fuera de norma sin límite de pisos infractores a cambio de multas netas irrisorias que oscilaban entre el 7,5% y el 15% del costo variable de construcción. Estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
Luego la Ordenanza Municipal 046, para construcciones irrestrictas. Esta disposición alteraba las cartillas de los parámetros de construcción en 10 áreas de la ciudad. Según Maric, por las características, fue diseñada para favorecer los intereses de Las Loritas, pues nueve de las 10 áreas coincidían con alguna de sus edificaciones y/o proyectos. Esta norma fue abrogada antes de que algún administrador pueda acogerse a ella.
En julio de 2023 surgió el tercer intento de regularizar las edificaciones ilegales. El proyecto de ley tenía el nombre de “Proyecto de Ley de Viabilidad Legislativa al derecho de Edificabilidad”.
“En realidad, no era más que la versión 2.0 de la Ley 467, pero con multas aún menores”, explicó Maric. Este proyecto aún está el Concejo sin tratamiento. Sin embargo, la concejala considera que se constituye en un riesgo potencial.
Finamente, el Ejecutivo emitió el Decreto Municipal 034 el 7 de diciembre de 2023, que establece casi lo mismo que la Ley 467, pero modifica valores de la fórmula de conversión de la sanción de demolición a sanción en multa pecuniaria de la reglamentación de la Ley 233, de Fiscalización Técnica Territorial. Pero hubo errores de fondo que inviabilizaron su ejecución.
Otro tema que fiscaliza Maric es la demolición de casas patrimoniales para la construcción de edificios. Recordó que una de ellas está ubicada en la avenida 20 de Octubre y Romecín Campos, donde se demolió un inmueble que contaba con ficha de catalogación patrimonial.
DEMOLIDA. Sin embargo, no es el único caso, pues la legisladora denunció que en la zona de Obrajes se demolió otro inmueble también con ficha de catalogación patrimonial B y que fue destruida para dar paso a la construcción de otro edificio de Las Loritas. Empero, esa no contaba con autorización de demolición por ninguna de las gestiones ediles.
“Cuando hice la denuncia, dije claramente que aquí se abre una caja de Pandora con el tema de la demolición de la 20 de Octubre y Romecín Campos. Ese inmueble ya contaba con catalogación patrimonial, motivo por el cual ya no podía haber sido demolido y en la resolución que anula obrados, anula obrados de 15 otros inmuebles con fichas de catalogación.
Entonces estoy procediendo con la verificación ocular de esos 15 inmuebles y ya habría identificado uno más que habría corrido con la misma suerte, estamos todavía en ese proceso”, dijo Maric.
La Razón escribió a Miranda, pero no respondió vía WhatsApp.
