El expresidente Carlos Mesa celebró la abrogación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales. Afirmó que se trata de una victoria contra la arbitrariedad del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, consideró que la abrogada norma ponía en riesgo la propiedad privada en el país.

“(Es) Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Al mediodía de este martes, el presidente Luis Arce informó la abrogación del decreto que buscaba transparentar y agilizar los trámites en Derechos Reales, dar claridad a la recaudación de recursos por ese concepto y, además, crear una base interinstitucional de datos única.

El mandatario, en su justificación, dijo que tomó la decisión con el fin de evitar una convulsión que, en su criterio, busca usar “ese u otros temas” para generar movilizaciones y perjuicio.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, apuntó.

En días pasados, varios sectores se pronunciaron sobre el decreto en cuestión. Especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

Luego del rechazo de sectores y algunos actores políticos, el jefe de Estado dijo que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

“Lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, agregó el mandatario.

Por su parte, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó la abrogación como una “derrota” del presidente y una “señal de esperanza”.

“En todas las regiones del país hubo una respuesta contundente a una medida inconstitucional y antidemocrática. La unidad es el camino para recuperar la democracia y las libertades ciudadanas”, escribió en X.

El presidente Arce brindó su conferencia de prensa rodeado por miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que simpatizan con él.

De hecho, la decisión la comunicó luego de una reunión con ellos.

Al respecto, Camacho afirmó que “disimuló su derrota”.

Finalmente, Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde diciembre de 2022, acusado en el caso Golpe de estado I, negó el plan de convulsión que advirtió Arce.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi recordó que este martes se cumple el plazo de siete días para que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) presente su informe respecto de la supervisión del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista.

“Hoy vence el plazo, según el reglamento. Vamos a leer el contenido y los hallazgos de ese informe y en función a ese informe, la sala plena va a adoptar una decisión”, dijo el vocal a los periodistas en La Paz.

Ese plazo comenzó a correr el lunes de la anterior semana y, al cumplirse los siete días, esa oficina debe entregar el informe sobre el cumplimiento o no del reglamento en el evento celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Ya con ese documento, la Sala Plena del TSE debe analizar si registra o no las resoluciones del cónclave ante el Órgano Electoral.

El ala arcista del MAS, con la convocatoria del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, eligió a Grover García como presidente de ese partido, en reemplazo de Evo Morales, que ocupa la presidencia de esa organización política desde 2017.

Por su parte, el ala evista del MAS calificó de “trucho e ilegal” el congreso de El Alto, porque advirtieron que su convocatoria no cuenta con la firma de la directiva nacional vigente y anunciaron un “dura batalla legal” si el TSE reconoce la actividad.

Hay otra convocatoria que lanzó la facción que defiende a Morales, para el 10 de julio de este año en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, pero el TSE aún no se pronunció al respecto.

Luego de conocer el informe del Sifde, la Sala Plena del TSE tendrán tres días para la emisión de una posición final. Así, se prevé que hasta el viernes tenga resultados.

El presidente Luis Arce decidió abrogar el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, luego de reclamos de algunos sectores que especularon acerca de su contenido y advirtieron una supuesta intromisión del Estado en la administración de las propiedades.

“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo, para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos nosotros es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales y que ello fue distorsionado y manipulado”, justificó.

En criterio del jefe de Estado, hay grupos que utilizaron “elementos sensibles para confundir” a la población respecto de esa norma y, así, generara su rechazo.

En ese sentido, advirtió que “hay un plan de convulsión, para las siguientes semanas, que está en marcha” y que sus promotores buscan utilizar ese y otros temas para justificarlo y ejecutarlos.

Luis Arce

La decisión fue asumida luego de una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, señaló que fue un pedido de sus organizaciones afiliadas, aunque dijo que se generó por una “mala información y la cizaña” de algunos actores.

Esa norma se creó con el fin transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de derechos reales y desburocratizar el procedimiento que, incluso, tardaba entre dos y hasta tres años, en algunos casos.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de ese decreto y dijo que buscaba “transparentar” la administración de derechos reales, varios ámbitos, por ejemplo, la recaudación de recursos por los trámites en esas ventanillas. “hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.

Desde su promulgación, varias autoridades explicaron el contenido sobre el contenido y alcance de la ahora norma abrogada, entre ellos, la viceministra de Justicia Jessica Saravia y su par de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

La bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados se solidarizó con el presidente de ese órgano camaral, Israel Huaytari, por el proceso que enfrenta en un caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

Asimismo, dijo que la Justicia debe definir la situación jurídica del también legislador del ala arcista del MAS; también defendió el debido proceso para que se procese al titular de Diputados.

“Pedimos que no crucifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre, todavía, su culpabilidad. Él tiene que acudir al llamado de la Justicia. Eero exigimos y pedimos que haya el debido proceso y la presunción de inocencia y que no justifiquemos a un ciudadano sin que se demuestre su culpabilidad”, dijo Mercado a los periodistas en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Mercado declaró así sobre la investigación que abrió el Ministerio Público a instancias de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un supuesto incremento injustificado en el patrimonio de los investigados.

El caso también involucró a dos miembros de la Policía Boliviana. Se trata de Raúl C. P. y Rolando G. T. A., además Lizeth P.C.P., ésta es hermana de uno de ellos.

“Estos servidores policiales están siendo investigados por la Ley 101, con la Fiscalía Policial, en el Departamento de Investigación Interna en Santa Cruz”, confirmó el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez.

La presunta irregularidad atribuida a Huaytari está contenida en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, del 8 de diciembre del 2023; fue remitido a la Fiscalía el 9 de enero de este año.

Si bien el caso fue abierto en La Paz, ahora radica en Santa Cruz, debido a un incidente de declinatoria de competencia; ese recurso fue presentado por uno de los policías.

Ante el crecimiento del hacinamiento en las cárceles del país, el Gobierno impulsa la descongestión de los recintos carcelarios con dos medidas principales: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó a La Razón sobre ese plan y detalló que, en el primer caso, pidió al presidente Luis Arce un decreto presidencial de amnistía e indulto. Por otro lado, señaló que ya existen los recursos, otorgados por el Ministerio de Economía, para la construcción de nuevos pabellones en las cárceles y que éstos serán edificados por los mismos reclusos.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar, cuyo tratamiento se encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

La pertinencia de ese plan de liberación de cárceles radica en el crecimiento de la población privada de libertad, que hasta abril de este año alcanzó a 30.659 personas, distribuidas en las 46 cárceles del país, según reportó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a este medio.

Lea: Régimen Penitenciario descarta vulneración de derechos de Camacho en el penal de Chochocoro

Cárceles

Si se toma en cuenta que la capacidad real de los recintos penitenciarios está prevista para 10.521 personas, con la población actual existe un hacinamiento del 191%.

La anterior semana, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, que contiene un nuevo tipo penal para casos de robo flagrante y un procedimiento sumarísimo, que permitirá que el Ministerio Público emita, directamente, una imputación contra delincuentes acusados de robo en flagrancia.

El tipo penal que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno se llama apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

Dato

Respecto de la aplicación de esa norma, el mismo Del Castillo explicó que, cuando un delincuente sea encontrado en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Eso permitirá, según dijo, que las autoridades judiciales no emitan una imputación, sino una acusación penal. “La primera y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a siete años”, sostuvo.

“Esta problemática del hacinamiento carcelario no va a incrementar directamente se apruebe este proyecto de ley, en atención a que la gestión anterior se ha detenido preventivamente a 2.900”, indicó Del Castillo, consultado por la incidencia de esas sentencias rápidas en el crecimiento de la población carcelaria.

 En criterio de la autoridad, las acciones como el indulto, la construcción de nuevos pabellones y el uso de las manillas electrónicas permitirán, primero, que se reduzca el hacinamiento en las cárceles del país y lograr revertir el estado de causa de los privados de libertad, que hasta ahora contempla el 62,5% de detenidos preventivos y el 37,5% de sentenciados.

“Estamos trabajando desde este momento hacia adelante para que no tengamos un hacinamiento carcelario al interior de nuestras cárceles en nuestro país, que sea un problema actual.

Actualmente, el robo y robo agravado es el tercer tipo penal más cometido por los reclusos, pues son 4.004; o sea, el 13,06% de la población carcelaria.

(14/05/2024)