La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó este sábado que Bolivia fue elegida como miembro de del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la gestión 2024-2027.

“Bolivia fue electa como Miembro del Consejo de Administración de la OIT para las gestiones 2024-2027”, escribió en su cuenta de X.

La canciller agradeció “el amplio apoyo recibido por los Estados Miembros” de esa organización internacional y ratificó su “compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales”.

El Consejo de Administración de la OIT es el órgano ejecutivo de la de esa organización. Se reúne tres veces por año: en marzo, junio y noviembre.

Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige al director general.

Ese consejo está compuesto por 56 miembros titulares: 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Además, por 66 miembros adjuntos: 28 gobiernos, 19 empleadores y 19 trabajadores.

Diez de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial. Ese bloque está compuesto por Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.

Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la conferencia cada tres años. Los miembros empleadores y trabajadores son elegidos en su capacidad individual.

Las últimas elecciones fueron celebradas en junio de 2014, según la página web de esa organización.

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El diputado Miguel Roca consideró que el presidente Luis Arce debe terminar su mandato constitucional, aunque cuestionó que haya incumplido su compromiso electoral de estabilidad “económica y reconciliación” entre los bolivianos.

“El presidente Arce tiene que terminar su mandato y para eso tiene que responder a la ciudadanía (…). Él ofreció estabilidad económica y reconciliación, pero le ha dado al país todo lo contrario: una profunda crisis económica y confrontación con todos, hasta con su partido”, dijo en rueda de prensa en la plaza Murillo, este sábado.

Disidente de Comunidad Ciudadana (CC), el legislador opositor aseguró que la facción que lidera Arce en el Movimiento Al Socialismo (MAS) “es la minoría” y que ello se evidenció en la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa del jueves.

En esa accidentada y maratónica sesión no participaron diputados y senadores arcistas, que la tildaron de “ilegal”. Al contrario, el evismo y la oposición tradicional aprobaron varias normas. Decidieron cesar a los magistrados y consejeros electos en 2017, aprobaron una resolución para la continuación de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, elevaron a rango de ley un decreto de indulto penitenciaron y sancionaron un crédito externo de $us 174 millones.

“Por eso es minoría, y se ha visto con claridad que es minoría en el parlamento y es minoría en las calles”, agregó el legislador paceño, que dijo lo mismo el jueves en la Asamblea Legislativa.

Además, cuestionó al mandatario que, según lo anunciado, llega al país este sábado, luego de su visita a Rusia, “impone su capricho” y “gobernar bien hasta el último día” de su mandato constitucional.

“Tiene que dejar su cantaleta y su mentira sobre que no hay crisis económica (en el país); dejar de sonreír ante las cámaras y ponerse serio”, reclamó Roca.

Varios políticos han expresado su posición en sentido de que Arce debe acortar su mandato y autoridades del Órgano Ejecutivo denunciaron intentos de golpe de Estado.

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibiera la notificación por parte del Juzgado de Garantías del municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, el vocal Tahuichi Tahuichi pidió al juez que decline competencia respecto de la solicitud de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre la supervisión a su congreso nacional.

“Hemos sido notificados, como parte accionada dentro del proceso de medida cautelar presentada por (la dirigente) Elizabeth Paco en un tribunal de Cuatro Cañadas. Ante eso, como parte accionada, he solicitado al juez la declinatoria de este caso, dado que no correspondía con las formalidades que exige este tipo de procesos”, dijo el vocal electoral en entrevista con DTV.

Hay expectativa en esa facción del MAS por su encuentro partidario. Incluso, sus dirigentes advirtieron con movilizaciones si el Órgano Electoral decide no supervisar la actividad.

“El Órgano Electoral se rige bajo la legalidad y el tecnicismo, no aceptamos ninguna presión política. Nuestras decisiones son sólidas como la roca. Cualquier presión, de donde venga, es como pedir a la luna que venga a la tierra”, sostuvo.

Supervisión

Todas las organizaciones políticas de alcance nacional y subnacional deben realizar sus congresos con el visto bueno del TSE, que, a través del Sistema intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), revisa el cumplimiento de su estatuto interno y de la Ley de organizaciones Políticas.

En el antecedente, el TSE, basado en un informe del Sifde, decidió no registrar las resoluciones del congreso de la facción arcista. El acto celebrado a principios de mayo en El Alto, debido a incumplimientos “insubsanables”.

Entonces, el TSE también fue obligado a supervisar el congreso por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.

Entretanto, el viernes, el líder del MAS, Evo Morales, anunció la realización de su congreso “con o sin supervisión” del TSE.

Bajo la presidencia pro tempore de Bolivia, el viernes se celebró la reunión de la Plataforma Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

“Esta reunión permite a los países de Sudamérica coordinar acciones y ver el estado de cumplimiento respecto a la lucha contra la trata y tráfico (…). Es un tema de alta sensibilidad para nosotros que venimos trabajando y articulando a los ministerios de Gobierno, Justicia y Cancillería”, explicó el viceministro boliviano de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, citado en una nota institucional.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela además de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el rol de Secretaría Técnica, participaron de manera virtual del acto.

Bolivia

En el encuentro, la organización incluyó la presentación del proyecto de reglamento interno; el plan de trabajo; las propuestas de logos y un estado de situación de la interfaz digital de la plataforma. Ahora, las propuestas efectuadas por la representación boliviana se encuentran en consideración de los países miembros.

Los asistentes discutieron estrategias y acciones conjuntas para enfrentar ese tipo de ilícitos, intercambiando experiencias y mejores prácticas con el propósito de fortalecer la coordinación y articulación de las instituciones públicas regionales.

“Se espera que las conclusiones y acuerdos que se alcancen hasta la finalización de la gestión, contribuyan de manera efectiva a la erradicación de estos delitos, promoviendo un futuro más seguro y justo para todos en la región y una migración segura, ordenada y regular”, complementa la nota.

Luego de la accidentada sesión de la Asamblea Legislativa del jueves, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, desahució la tuición legislativa para cesar las funciones de los magistrados y consejeros electos en 2017.

“El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional)”, dijo el magistrado, citado por el diario Correo del Sur de Sucre.

Hay una acalorada discusión sobre la legitimidad de esas autoridades a raíz de la Declaración Constitucional 049/2023, emitida en diciembre del año pasado por el TCP, que amplió el mandato de las altas autoridades de ese tribunal y del TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, ante las fallidas elecciones judiciales y pese a que su vigencia constitucional es de seis años.

TSJ

Jaimes fue consultado sobre la jerarquía de la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados respecto de la decisión que tomó el jueves la sesión bicameral convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “Jurídicamente sí, aunque políticamente quieran hacer ver lo contrario”, respondió.

Diputados y senadores del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos fueron parte de la sesión plenaria de la Asamblea y modificaron el orden del día de la convocatoria, cuyo único tema era el decreto presidencial sobre indulto. Incluyeron el debate sobre el proyecto de ley 075, al que incluyeron el contenido del proyecto 073 sobre plazos procesales, y con ello anularon la prórroga del mandato de los magistrados.

Asimismo, igualmente por más de dos tercios de la votación, se aprobaron una resolución para la continuación de la preselección de postulantes con miras a las elecciones judiciales, y un crédito externo de $us 174 millones.

No obstante, a horas de la sesión, el Tribunal Constitucional suspendió la competencia de Rodríguez para su convocatoria al plenario, advirtiendo que cualquier determinación que emerja de la sesión no tendrá ningún efecto. Pese a ello, no se suspendió el debate de los asambleístas.

Pulseta

Esto ha derivado en un fuego cruzado entre los dos bloques del oficialismo: quienes respaldan al expresidente y jefe del MAS, Evo Morales (evistas), y los que apoyan al presidente Luis Arce (arcistas). Los primeros declararon legal la convocatoria de Rodríguez, delfín de Morales. Mientras que los segundos la tildaron de inconstitucional e incluso amenazaron con la apertura de un proceso por usurpación de funciones.

Es un capítulo más de la pulseta interna en el partido de gobierno, la que derivó en la no realización de las judiciales el año pasado, cuando los comicios no pudieron llevarse a cabo en medio de recursos planteados ante la Justicia y la declaratoria de nulidad por parte del Constitucional a la ley corta sobre el tema.

Este año, un acuerto entre oficialismo y oposición reencaminó el proceso, pero igual tropezó con recursos judiciales de inhabilitados y la consiguiente paralización por una acción popular.