Economía

martes 19 oct 2021 | Actualizado a 14:04

BISA ejecuta boleta y Jindal dice que seguirá negociando

Garantía. Depositó los $us 9 millones en una cuenta del Estado

HIERRO. Una técnica de Jindal recoge mineral para realizar su análisis.

/ 27 de abril de 2010 / 05:00

El Banco BISA consumó ayer la ejecución de la segunda boleta  de garantía de Jindal, por $us 9 millones, monto que fue depositado en una cuenta fiscal. La firma india dijo que seguirá negociando la continuidad del contrato de explotación del Mutún.

El 15 de abril, el Juzgado 5° de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz aceptó la medida precautoria solicitada por Jindal para que el Banco BISA no haga efectiva la ejecución de la boleta.

«Banco BISA SA procedió  el lunes 26 de abril al depósito de $us 9 millones, correspondientes al pago de la boleta de garantía Nº 014182-0200, emitida por cuenta de Jindal Steel Bolivia (JSB), monto que ya se encuentra en la cuenta fiscal habilitada para este efecto», informó la entidad mediante un comunicado.

Explicó que la resolución  judicial que dictamina la medida precautoria le fue notificada el 16 de abril, «razón por la que tuvo necesariamente que mantener en suspenso dicho pago».

Según el comunicado, «una  vez que se procedió al levantamiento de las medidas precautorias por parte  del  Juez  5° de  Partido  en  lo  Civil y Comercial, mediante orden judicial del 23 de abril, el Banco BISA procedió a la transferencia de $us 9 millones a la cuenta del Tesoro General de la Nación (TGN)».

NEGOCIACIÓN. El gerente de Asuntos Legales de la JSB, Jorge Gallardo, dijo a La Razón que «nosotros nos reservamos el derecho de precautelar nuestros intereses. Para nosotros esto (la ejecución) no cambia nada; es lo mismo que cuando pagaron los anteriores $us 9 millones, vamos a seguir asistiendo a las negociaciones que nos convoquen».

Consultado si la empresa interpondrá otro recurso para revertir la ejecución, el ejecutivo de Jindal respondió: «No, en este asunto no, ya la medida precautoria estaría sin efecto».
El 18 de marzo, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) pidió la ejecución de la boleta del BISA y de otra del mismo valor emitida por el Banco de Crédito porque no fueron renovadas a tiempo.

Ambas representan el 3% de la inversión comprometida por la siderúrgica india en los dos primeros años de vigencia del contrato, de 600 millones de dólares. El presidente de la ESM, Sergio Alandia, recordó ayer que el proceso de solución de controversias, originado con la ejecución de la boleta, inició con un período —sin plazo establecido— de reuniones extraordinarias entre ambas partes. De no encontrar solución, acotó, los máximos ejecutivos de Jindal y la ESM tendrán 90 días hábiles para resolver el problema, caso contrario, tendrá lugar un arbitraje bajo normas bolivianas.

 «Creemos que Jindal ha venido (al país) con sanos propósitos, que va a meditar y va a hacer todo lo que hace un buen empresario, ir tras el negocio que inicialmente planteó», complementó Alandia.

Cuando se le consultó si la estatal iniciaría procesos legales internos con relación a las boletas ya ejecutadas, indicó: «Se ha mencionado en las instancias pertinentes que vamos a ver bien quién aceptó esas boletas  porque estaban totalmente fuera de contrato; si Jindal hubiera cuidado de renovarlas, jamás las cobramos, aunque incumpla sus dos años de inversión, eran de difícil cobro».

El contrato, precisó, establece que las garantías deben ser incondicionales y que las boletas presentadas por Jindal «no eran (ejecutables) a primer requerimiento y estaban condicionadas a que se cumplan ciertos temas en el contrato y a una auditoría previa».

Cívicos analizan medidas

Los cívicos de los municipios de Puerto Suárez, Quijarro y El Carmen realizaron ayer una asamblea provincial para decidir nuevas medidas de presión por el tema Mutún.

El domingo, el sector advirtió con el cierre de válvulas del gasoducto al Brasil si el Gobierno no atiende hasta hoy sus demandas para que el proyecto de explotación de hierro siga en marcha.

«Existe el pedido de cerrar la válvula del ducto que lleva gas al Brasil; eso lo vamos a definir el día de mañana (ayer)», afirmó a La Razón el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander.

«Si no tenemos respuesta (del Gobierno) hasta el día martes, desde las cero horas del día miércoles estaremos haciendo un nuevo paro cívico provincial», agregó el dirigente el domingo.

El sector pide además la mediación del presidente Evo Morales en el conflicto.

«Confío en su buen juicio (el de los cívicos) y confío también en el pueblo de Puerto Suárez que sabrá distinguir entre lo que es prudente y lo que no lo es; este es un tema entre la ESM y Jindal, es de cumplimiento de un contrato», dijo ayer el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Sergio Alandia.

En la asamblea, realizada ayer en el municipio de El Carmen, a 90 kilómetros de Puerto Suárez, se debía también tratar el pedido de destitución de Alandia. La empresa estatal solicitó la ejecución de las dos boletas presentadas por Jindal, por un valor de $us 18 millones, el 3% de la inversión comprometida en los dos primeros años de vigencia del contrato. La medida se concretó ayer, cuando el Banco BISA depositó la boleta a su cargo en una cuenta fiscal, al igual que lo hizo antes el Banco de Crédito.

Este medio intentó comunicarse con Santander para conocer el resultado de la asamblea, pero su celular se encontraba fuera de señal hasta el cierre de la presente edición.

 

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Cooperativistas de Potosí se abren al diálogo por la Ley 1386, pero no descartan

"Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país”, dijo el presidente de esa organización, Óscar Astoraique.

Foto: Captura de Radio Pio XII

/ 19 de octubre de 2021 / 10:18

La Federación de Cooperativistas de Potosí ratificó este martes su rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y advirtió con movilizaciones si el Gobierno no abroga esa norma.

«Como cooperativas generamos empleos directos e indirectos, nosotros podemos demostrar nuestros ingresos con las liquidaciones de venta que hacemos, pero hay mucha gente que está trabajando en informalidad y hay mucha gente que no podría demostrar los ingresos que tiene», afirmó su presidente, Óscar Astoraique, a Unitel.

Cuestionó que esa norma no sea consensuada “mirando las particularidades de cada sector”, sin embargo, consideró que debe existir una normativa que permita investigar a personas que se hayan “enriquecido de manera ilegal”.

«Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país; con la pandemia y el gobierno transitorio, hemos sido altamente perjudicados, hoy por hoy estamos queriendo reactivarnos económicamente”, dijo Astoraique.

Aseguró que su sector buscará el diálogo, pero “si el Gobierno o sus brazos operativos no nos hicieran caso, lo que nos quedaría es protestar contra esas normativas que afecta al sector cooperativo».

Varios sectores, como gremiales y choferes se sumaron al pedido de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, según ellos, afecta a sus derechos.

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Asfi: Robo a clientes del Banco Unión se debe al ‘hackeo’ de sus dispositivos móviles

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, explicó que este tipo de casos se habrían presentado también en otras cuatro entidades financieras.

Por Mauricio Diaz

/ 18 de octubre de 2021 / 10:54

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, aclaró este lunes que las denuncias por supuestos desfalcos a cuentas bancarias de clientes del Banco Unión se deben a “hackeos” de dispositivos móviles de los usuarios y no a operaciones de la entidad bancaria.

“(Según esa denuncia) habrían 14 casos de robo virtual en Banco Unión, es falso (…), no se trata de casos que hubieran ocurrido por aspectos atribuibles al Banco Unión”, dijo el funcionario en una entrevista con La Razón Radio.

Además, aseguró que la Asfi no tiene atribuciones para iniciar una investigación ante esas denuncias y que en las inspecciones que realizan no se han evidenciado acciones que dejen vulnerable la seguridad de los usuarios.

“Lo que compete a la Asfi es asegurar que los sistemas de información que tienen las entidades financieras estén adecuadamente estructuradas y no generen alguna vulnerabilidad”, afirmó.

Agregó que ese tipo de sucesos, denominado riesgo operativo, se presentaron también en al menos cuatro entidades financieras, y aunque no especificó cuáles, se conoce que las denuncias estarían en instancias del Ministerio Público.

“No es Banco Unión el único que tiene estos inconvenientes, ni son estas (otras cuatro) entidades financieras de Bolivia las que atraviesan este tipo se situaciones, sino que, a nivel internacional, existen personas y organizaciones dedicadas a realizar este tipo de trabajos irregulares de tratar de clonar celulares, de ‘hackear’ cuentas”, resaltó.

Acusó a “operadores políticos” de difundir ese tipo de información con el fin de desprestigiar a la Asfi y, mediante ella, al Gobierno.

Según esas denuncias, aproximadamente Bs 638.300 habrían sido extraídos de 14 cuentas de clientes del Banco Unión.

Por otra parte, aseguró que el sistema financiero en Bolivia se encuentra estable y destacó que el 85% de créditos diferidos el año pasado fueron cancelados, lo que en la visión de Yujra muestra “que la economía está en recuperación”.

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Ministro Montenegro plantea diálogo para resolver observaciones a la ley 1386

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó los anuncios de medidas de presión de políticos y advirtió de riesgos para la reactivación económica

Movilización, el lunes, en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Foto: Álvaro Valero

/ 17 de octubre de 2021 / 16:57

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, planteó un diálogo para tratar los cuestionamientos de sectores sociales y políticos a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Lo correcto es un diálogo racional, sentarse a una mesa y evaluar los elementos, creo que esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el estado de derecho, la vida de agentes económicos, más aún en una reconstrucción económica”, reflexionó en una entrevista con Bolivia Tv.

En Santa Cruz se formó el lunes el bloque de oposición política-cívica, formado por comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). El sábado, en un comunicado, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunciaron que se sumarán a las protestas convocadas por los gremiales.

Montenegro calificó de “ridiculez” las acciones de presión cuando el Gobierno hace esfuerzos por reconstruir la económica. “Creo que es un atentado contra la gente más humilde que vive el día a día, esto es político si ya no hay una voluntad de diálogo”.

Enfatizó en que el Gobierno siempre estará a favor del diálogo para evitar que posteriormente Bolivia sufra, como efecto de la falta de normativas de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, efectos negativos en operaciones de comercio exterior, giros o remesas, y los exportadores e importadores tengan dificultades para traer sus mercancías o hacer sus transacciones financieras.

La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de ley para abrogar la ley 1386 de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El proyecto de ley fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores.

Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo; para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, tiempo que corre desde el lunes; caso contrario, anunciaron un paro indefinido desde el jueves.

En tanto, el sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir de mañana en demanda de la abrogación de la Ley 1386.

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YPFB garantiza calidad en despacho de gasolina tras denuncia de gasolina mezclada con agua

Varios choferes denunciaron problemas en sus vehículos tras cargar gasolina en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz

La moto, con desperfectos mecánicos tras cargar gasolina mezclada con agua

/ 16 de octubre de 2021 / 16:40

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró la calidad de gasolina despachada de la Planta de Almacenamiento de Senkata y deslindó responsabilidades sobre el combustible que aparentemente estaba mezclado con agua en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz.

“La gasolina especial cuenta con la constancia de conformidad ya que es verificada como ‘producto despachado sin contenido de agua’ antes de salir de la planta. En ese sentido, una vez que el medio de transporte de combustible abandona las instalaciones de Senkata, es responsabilidad del propietario de la estación de servicio realizar el control y verificación correspondiente, previa a la descarga del combustible en sus tanques para la comercialización a los usuarios”, informó en un comunicado.

Al menos 15 choferes denunciaron desperfectos en igual número de vehículos que poco antes habían cargado combustible en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó el lugar e informó que se realizarán estudios para definir el origen del problema.

En la nota, YPFB garantizó la calidad de los productos que entrega y aclaró que cumple con la calidad y volumen establecidos en el despacho bajo la normativa vigente en el país. “En este sentido la planta de almacenaje de Senkata, operada por YPFB Logística, realiza todos los controles necesarios para la entrega de productos a las estaciones de servicio con las que trabaja”.

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Arce acusa a la oposición y afirma que ‘no dudará’ en hacer lo necesario por la reactivación

El presidente Luis Arce denunció que la “derecha golpista” intentó frenar la reactivación económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”

Luis Arce en La Paz Exporta. Foto: ABI.

/ 16 de octubre de 2021 / 12:21

El presidente Luis Arce aseguró que “no dudará en hacer todo lo que sea necesario” para mantener la reactivación económica, luego de denunciar que la “derecha golpista” pretendía poner en riesgo los avances en materia económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”.

“El Gobierno Nacional no dudará en hacer todo lo que sea necesario para mantener ese crecimiento que estamos logrando. La reactivación económica no para y seguiremos construyendo esa Bolivia que todos necesitamos”, afirmó en su cuenta en Twitter.

Al primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se expandió un 9,36% con relación a similar período de 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa está siete décimas por encima del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), que proyectó un crecimiento del 8,7%.

Arce denunció que los conflictos sociales alentados desde diferentes frentes de oposición en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas pretendían afectar los esfuerzos y logros en materia económica.

“Estamos reactivando la economía y esto se comienza a sentir en el bolsillo de las y los bolivianos. Ese avance estaba en riesgo porque la derecha golpista, excusándose en una ley, estaba llevando adelante medidas de presión y pretendía desestabilizar al país con paros”, sostuvo.

Cívicos, expresidentes, políticos de oposición, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) formaron un Santa Cruz un bloque de oposición cívica-política al gobierno de Arce. Una de las primeras acciones fue sumarse al paro convocado por los gremiales, y cumplido el lunes, en contra de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Para conseguir su objetivo, anunciaron para la próxima semana un nuevo paro, esta vez de 48 horas.

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