Alcaldías fijarán desde cuándo corre el plazo de autos viejos
Tarifas. El DS 0890 define también parámetros para que los gobiernos regionales fijen el costo de pasajes
El artículo 12, parágrafo II, numeral 2 del Decreto Supremo 0890, aprobado el 1 de junio, establece que «los operadores que prestan el servicio (de transporte público) deberán renovar sus unidades en el plazo de siete años (7), computables desde el inicio del período de regulación». La medida se adelanta a una disposición similar del proyecto de Ley General de Transportes.
El plazo se inicia cuando «los gobiernos municipales comiencen a emitir las normas» complementarias al decreto. «En siete años, los vehículos de servicio público con una antigüedad mayor a 12 años no van a poder circular», aseguró la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro.
La Razón intentó comunicarse con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Edwin Castellanos, pero el funcionario no pudo ser ubicado el domingo.
«No puede ser que (con la aprobación de la norma) nos estén relocalizando hasta a un 80% de los choferes», remarcó , por su parte, el secretario de Relaciones de la Confederación de Choferes de Bolivia, Sixto Sandy.
Según la disposición, «para la autorización de (funcionamiento) de las Unidades del Servicio de Transporte Público Automotor Intermunicipal y Urbano, se debe considerar que la antigüedad de las unidades no debe ser mayor a doce (12) años».
A decir de Sandy, «si el Gobierno sigue en contra de los choferes, (la renovación) no va a ser posible ni en 10 ni en 20 años, porque ¿qué ayuda tenemos de su parte? No tenemos seguridad jurídica, más al contrario siguen trayendo chatarra vieja al país».
Los transportistas, agregó, no pueden adquirir vehículos «actuales» porque no están autorizados para subir tarifas y sus costos de operación se incrementaron en los últimos años.
Para el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz, René Vargas, la disposición «es lapidaria» para el sector, por lo que se reunirán «el miércoles» en un ampliado nacional de emergencia en La Paz. En el encuentro, dijo, se analizará la norma y se definirán las acciones que tomará el transporte público contra la restricción.
La renovación «es un tema de calidad y seguridad en el servicio», indicó, a su vez, la Ministra de Planificación.
El Decreto 0890 establece también parámetros para que «la Autoridad Competente» (municipios y gobernaciones) fije nuevas tarifas en el sector. Las variables que se tomarán en cuenta están relacionadas con la eficiencia en la prestación del servicio; y la consideración de principios de solidaridad y compensación para grupos poblacionales vulnerables, entre otros.
«Las tarifas deben reflejar los costos que demande una prestación eficiente del servicio, considerando el poder adquisitivo de los usuarios del Servicio», señala el artículo 11 de la norma.
Los estándares de calidad se fijarán en función a la dimensión, cantidad máxima de los asientos, altura del vehículo y los horarios de trabajo de los choferes (los que deben guardar relación con la cantidad de unidades que circulan en una ruta y en la frecuencia establecida para el servicio).
El 15 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, indicó que los parámetros para que los municipios y gobernaciones fijen tarifas estarían contemplados en la nueva Ley General de Transportes.
Transporte se definirá por zonas
Los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos definirán los tipos de vehículos que sean más adecuados para la prestación del servicio en las rutas de transporte público de sus respectivas jurisdicciones, tomando en cuenta las condiciones de demanda, vialidad y superficie de rodamiento, así como las características de las zonas y las necesidades de los usuarios del servicio, señala el DS 0890.
El sector del transporte teme ser ‘relocalizado’
La Confederación de Choferes de Bolivia, que está en paro hoy en contra de la legalización de autos chutos, analizará los alcances del DS 0890, aunque el secretario de Hacienda, Raúl Alcoba, adelantó ya el rechazo de la norma.
El «Gobierno está queriendo relocalizarnos», expresó Alcoba al ser consultado por La Razón, pues según él estima, el 90% de los 160.000 vehículos públicos que hay en Bolivia «tendría que dejar de circular». Es decir, la mayoría del transporte público utiliza automotores de más de una década de antigüedad.
Aprovechando el paro de 24 horas de hoy, dijo Alcoba, los dirigentes convocarán a un ampliado de emergencia para considerar las nuevas disposiciones.
Cabe señalar que la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos está registrando vehículos de cualquier fecha de fabricación, lo que choca con lo que fija el Decreto 0890.