El Banco Mundial aprobó este lunes un crédito de $us 118,5 millones para un Programa de Resiliencia Climática del sector vial en Bolivia, que beneficiará a 165.000 habilitantes de los municipios de Chimoré e Ivirgarzama en Cochabamba, Guanay en La Paz y Monteagudo en Chuquisaca.

El programa servirá para fortalecer la gestión de riesgo climático en el sector vial y mejorar la resiliencia climática y la seguridad de puentes y tramos carreteros del país; además, de peatones, conductores privados y de transporte público de aproximadamente 9.000 vehículos que usan esas vías y puentes.

El monto aprobado corresponde a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con un plazo de vencimiento de 25 años y un periodo de gracia de 14 años.

Banco Mundial

El BIRF es una cooperativa internacional dedicada al desarrollo, propiedad de los 189 países que lo integran. Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco Mundial, proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia.

“Bolivia ocupa el décimo lugar en el Índice de Riesgo Climático Global y ha sufrido en los últimos años daños significativos debido a eventos climáticos extremos como altas temperaturas y precipitaciones intensas con consecuentes deslizamientos e inundaciones que generaron un impacto económico y social considerable”, indica un comunicado del BM.

 Asimismo, entidades nacionales involucradas en la gestión de activos viales y la seguridad vial -incluida la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ejecutora del proyecto- recibirán capacitación en temas como vulnerabilidad de la infraestructura y acciones de mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros.

“El Banco Mundial tiene experiencia global en el sector del transporte y en la mejora de la infraestructura vial para hacerla más segura y resiliente a los fenómenos climáticos. Esa experiencia nos dice que cuando las carreteras y puentes se construyen con un enfoque resiliente estamos salvaguardando la vida y el bienestar de los usuarios y poblaciones cercanas y evitando gastos de reconstrucción al país”, afirmó Camille Nuamah, representante residente del Banco Mundial en Bolivia.

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Carreteras

El proyecto tiene dos componentes principales. El primero apunta al desarrollo institucional y generación de capacidades en gestión del riesgo climático en el sector vial de Bolivia. Incluye un diagnóstico exhaustivo de los riesgos climáticos, las prioridades de resiliencia climática y las capacidades institucionales de todas las instituciones que administran la red vial nacional, y una estrategia para mejorar la respuesta eficaz a los retos actuales y futuros en este ámbito.

El segundo componente apoyará la implementación de tres subproyectos que serán construidos con un enfoque de resiliencia ante desastres climáticos para reducir el riesgo de posibles incidentes en tramos clave de la Red Vial Fundamental.

El primer subproyecto es la carretera Chimoré-Ivirgarzama (32 km) que se completará para hacerla una vía de doble calzada, incluyendo un nuevo puente y sus accesos, el reemplazo de alcantarillas, acceso a viaducto existente y puentes peatonales.

El segundo es el puente Guanay de dos carriles y alrededor de 200 metros de largo, minimizando las vulnerabilidades climáticas y maximizando las medidas de seguridad vial a fin de prevenir futuros incidentes tomando en cuenta el alto nivel de urbanización en la zona.

El tramo III Molino-Monteagudo de aproximadamente 13 km es el tercero, que incluye la rehabilitación de un tramo existente y la construcción de un nuevo camino rural (circunvalación) para evitar el área urbana. Se encuentra en una zona de riesgo de deslizamientos de tierra, donde los cortes de ruta, los daños y las interrupciones del tráfico son frecuentes y significativos.

Asimismo, el programa incluye obras y actividades a nivel municipal, en las que al menos la mitad de las inversiones se destinarán a prioridades definidas por las mujeres de las comunidades apuntando a promover su empoderamiento económico, inclusión social y prevención de la violencia de género.

La Policía Boliviana aprehendió en Cochabamba a un individuo que se hizo pasar por un “coordinador” de la Asamblea Legislativa e intentó recuperar un vehículo indocumentado en las oficinas de la Aduana Nacional.

“(Este sujeto) quiso hacerse pasar por este funcionario con la finalidad de amedrentar al funcionario que estaba justamente dentro de un proceso sancionador por un vehículo indocumentado”, dijo Hugo Domínguez, Gerente Regional de Aduana Cochabamba.

Domínguez explicó que el hecho ocurrió el jueves de la anterior semana. El individuo fue identificado como Denar Rodrigo Helguero Mercado, cuyos datos fueron verificados por los funcionarios aduaneros “en menos de dos minutos” en la plataforma de la Procuraduría General del Estado (PGE) y por contacto directo con la Asamblea Legislativa.

Incluso, según el jefe regional de Aduana, el falso funcionario dijo que acudió a esa oficina a nombre del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Falso funcionario

“En ese entendido es que se ha procedido con la acción directa en esta oficina de Gerencia Regional Cochabamba, a través del policía asignado y se ha procedido inmediatamente a su aprehensión”, relató Domínguez.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) se hizo cargo del individuo, que ahora está denunciado por suplantación de identidad, a instancias de la Aduana Nacional, que incluso pidió a la Asamblea Legislativa que se sume como parte acusadora en el proceso.

Domínguez defendió el derecho de los usuarios que tengan alguna observación, siempre y cuando éstos cuenten con los documentos necesarios.

“Pueden venir acompañados de asambleístas, pueden venir acompañados de otras personas, pero tiene que estar la persona que acredite el interés legítimo y si está acompañada de alguien”, agregó.

Aún se espera la audiencia de medidas cautelares, para definir la situación judicial del falso funcionario.

Los cooperativistas mineros que la mañana de este lunes instalaron un bloqueo en la localidad de Sayari, en la ruta que une Cochabamba con el occidente del país, levantaron la medida y dieron un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que apruebe hasta el miércoles las leyes pendientes, caso contario volverán a movilizarse.

“Nosotros hacemos conocer al Gobierno central que tiene hasta el día miércoles el plazo para promulgar esas cuatro leyes que ha emanado nuestro hermano Andrónico Rodríguez; y si no promulga, el miércoles estamos obligados a retomar las carreteras”, indicó uno de los dirigentes en Unitel.

Asimismo, aseguró que se trata solo de un cuarto intermedio y lo hacen porque hay niños y personas mayores que requieren viajar; además, hay animales que están pasando frío. Indicó que acordaron con la Policía para evitar enfrentamientos.

“Estamos levantando por humanidad, hay animales que están en el camino, con frío. Pero cualquier momento estamos en las carreteras. Pedimos que se cumpla la carretera Doble Vía”, complementó.

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Bloqueo

El sector exige al Gobierno que se promulgue la ley que otorga un crédito para la construcción de la doble vía Confital – Bombeo; y que fue aprobada en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 6 de junio y que fue presidida por Andrónico Rodríguez.

Exigen, además, que se dé curso a leyes a favor del sector cooperativizado como contratos mineros, una estación de servicio y la normalización en la venta de combustible.

El bloqueo provocó la suspensión de viajes desde las terminales de buses de La Paz y El Alto hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, tras el anuncio de inmediato se reanudaron los viajes.

El 6 de junio, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, “asumió” la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde se aprobó leyes para cesar a los magistrados prorrogados, la continuidad de las elecciones judiciales, el decreto de indulto y un crédito de $us 176 millones para el tramo Confital-Bombeo.

Sin embargo, el sector arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra Rodríguez por esa sesión.

Frente al incremento de precios de algunos productos básicos de la canasta familiar, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que solo las alcaldías de Cobija (Pando) y Sucre (Chuquisaca) decidieron cumplir con sus tareas de control de precios en mercados populares, a diferencia de otras.

En las últimas semanas, la población ha manifestado su preocupación por el incremento de precio de algunos alimentos, pero, particularmente, de la cebolla, el tomate y el arroz.

Vendedoras de los distintos mercados de La Paz coincidieron en señalar que la elevación de costos ocurre desde hace semanas y es producto, según ellas, de la baja producción debido al clima y el contrabando.

Según el Gobierno, las intendencias de las alcaldías deben realizar controles para evitar el alza de precios en cada departamento.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva destacó que los gobiernos municipales de Cobija y Sucre son los únicos que han hecho operativos en el marco de sus competencias. Explicó que, por ejemplo, en Cobija publicaron una lista precios de carne, huevo y otras verduras.

En cuanto a la capital del país, cuenta con una lista de precios, que se emite quincenalmente, de 50 productos de la canasta familiar, aproximadamente. “No vemos lo mismo en el resto de los municipios”, cuestionó Silva.

“En Sucre funciona esto porque se conformó un comité de control de precios en el que participan las juntas vecinales, productores y otras autoridades (…). Es un tema de decisión y voluntad política”, detalló.

Recomendó a los gobiernos municipales establecer un “techo” de precios para evitar precios abusivos. Anunció que el Viceministerio de Defensa del Consumidor se va a reunir con la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, para coordinar acciones.

Al ser consultado sobre una posible reunión con el alcalde de La Paz, Iván Arias, Silva dijo que espera que la Alcaldía acepte la invitación al diálogo. “Ellos anteponen un convenio, pero no debería ser un requisito para reunirnos. Si ponemos el convenio de antesala, es complicado atender temas urgentes como los precios”.

Por otro lado, aseguró que el costo de las frutas y verduras sube y baja de acuerdo a la temporada. Admitió que el tomate se disparó hasta Bs 18 el kilo debido al contrabando y la escasa producción como consecuencia de los fenómenos climatológicos.

Sin embargo, aseguró que el precio del tomate ya comenzó a bajar y se pudo evidenciar que los comerciantes ofrecen 3 libras en Bs 10. “No es el precio ideal, pero vamos a seguir trabajando para que baje”.

“La cebolla va bajando. La haba y arveja aún está (con costo) alto por las heladas. Bajó ya la naranja, la mandarina y apareció 25 (unidades) en Bs 18 y Bs 15. La papaya y la palta están baratas porque es su temporada”, detalló.

Admitió que hubo un excesivo incremento del arroz e indicó que eso se debe a un tema de agio por parte personas que buscan llevar el grano a otros países para venderlo a un precio más alto.

“Hay galpones llenos de arroz. Parece que van a llevar a Brasil”, contó.

Días atrás, se informó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) subirá mensualmente a más de 65.000 quintales, fraccionados en arroba, la oferta de arroz para atender la sobredemanda y frenar la especulación.

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El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó este lunes que mejoró el abastecimiento de arroz en el mercado nacional y lo atribuyó a tres acciones del Gobierno.

“Ya está regularizándose la venta de arroz y la provisión en el mercado interno (…). Las familias se han ido abasteciendo con el arroz en cada uno de los departamentos”, dijo en una conferencia de prensa en La Paz.

Flores aseguró que incluso la demanda de arroz en las tiendas de Emapa en todo el país se redujo en un 30%, es decir, “de 100 personas que atendíamos, ahora ya solo atendemos a 70”.

La primera acción que describió el funcionario es “la previsión y el acopio” en la anterior cosecha. “Para esta contingencia, Emapa ha dispuesto la cantidad de 43.180 toneladas de arroz para mitigar esta incidencia, esta contingencia en cuanto al ocultamiento y especulación”.

Arroz

Otra de las acciones que implementó su despacho es el horario de atención en las sucursales de Emapa, que recibió al público entre las 07.00 y 21.00, además de la producción en planta que se extendió a 24 horas de trabajo, en tres turnos.

“Este grano de arroz se está haciendo distribuido en todos los departamentos, en todos los almacenes que tenemos en las capitales de departamento y en las provincias”, remarcó Flores.

Finalmente, la tercera acción tiene que ver con la requisa en ingenios arroceros, donde incluso, según informó, se encontraron unas 50.000 toneladas de ese producto, en el municipio de Montero, en Santa Cruz.

Flores recordó a los ingenios arroceros que, antes de exportar su producto, deben garantizar el abastecimiento del mercado interno; de no hacerlo, advirtió, serán sancionados.