El operativo en Challapata fue planificado a finales de 2010
Fiscal de Distrito lamentó que los contrabandistas hayan gritado vivas a Chile
El operativo en contra de los contrabandistas de vehículos a medio uso (chuteros) fue planificado en Oruro en noviembre de 2010 por las autoridades originarias, municipales, cívicas y “todos quienes estaban comprometidos con restablecer el orden legal en esta ciudad intermedia”, según declaró a La Razón el fiscal de Distrito, Gonzalo Martínez.
Complementó que a esas reuniones también asistieron las autoridades de la Policía, Diprove, FELCN y Migración. “Fue un trabajo que se ha socializado, hasta se ha planificado la forma de incorporar a Challapata acciones para evitar el contrabando y el narcotráfico”. Aseveró que la participación de Migraciones en las reuniones fue para controlar las acciones de gente extranjera y de algunos bolivianos que querían convertir a esta población en una ciudad sin ley. “El contrabando y el narcotráfico sólo beneficia a unos cuantos”.
Con estas fundamentaciones, la autoridad justificó el operativo iniciado el martes y que provocó la muerte de dos personas y heridas a otras siete, entre civiles y militares. Martínez dijo que en 2010 se lanzó la idea de intervenir y que únicamente faltaba la decisión del Ejecutivo, porque el Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad.
“Si hubiésemos tenido la capacidad de tener el mando de dirigir, lo hubiésemos hecho, pero pasa por una decisión gubernamental el poder atacar a esos sectores que hacen mucho daño a la economía del país”.
Recordó que se ha precintado un número indeterminado de garajes, en cuyo interior se encontraron 60 vehículos indocumentados, dato que será dado a conocer por la comisión de fiscales que se halla en Challapata. Los motorizados ya se encuentran a disposición de la Aduana Regional Oruro, afirmó Martínez.
Remarcó que en estas acciones conjuntas se han encontrado billetes falsos en dólares y bolivianos y documentación adulterada para legalizar los vehículos internados ilegalmente, como rosetas, SOAT, placas clonadas.
Lo más llamativo, agregó, fue que esos ciudadanos que han sido afectados por el operativo han comenzado a gritar “Viva Chile”. Si son bolivianos, eso se llama alta traición al país y estas actitudes son sancionadas por la ley, afirmó la autoridad.
En el caso de agresiones a periodistas cuando realizaban cobertura al operativo, dijo que los miembros de la prensa tienen todo el derecho de denunciar estos atropellos. “Vamos a sancionar a todos los elementos que han hecho abuso de autoridad, como también a aquellas personas que provocan y quieren romper con el orden establecido”, advirtió.
En esa línea, la defensora del Pueblo, Clotilde Calancha, informó a este medio que se ha pedido a la comisión del operativo “Pichay” que Challapata debe volver a la normalidad y que, sin desestimar el trabajo del Ejército, se respete los derechos humanos, la dignidad, las garantías personales y que se evite la violencia.
Alcalde pide audiencia con Morales
Pueblo
El Alcalde de Challapata, junto a una comisión interinstitucional, pidió una audiencia con el Presidente así como el cese del control militar y policial en esa población.
García anuncia presencia militar en fronteras
El vicepresidente Álvaro García anunció mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas a las zonas fronterizas del país para enfrentar a grupos de narcotraficantes y garantizar la soberanía territorial. Agregó que los militares ayudarán también a restablecer la institucionalidad y la legalidad en zonas donde haya una débil presencia estatal.
“Las áreas fronterizas y lugares estratégicos de la Amazonía son lugares donde debe haber una presencia militar creciente, para garantizar control territorial, soberanía territorial de los bolivianos en esas áreas tan especiales”, sostuvo García.
La autoridad señaló que el despliegue de militares a las fronteras, especialmente a la Amazonía, se da desde hace tres años, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, que tiene un flujo desde Perú hasta Brasil, pasando por el norte de Bolivia.
En las zonas donde hay una débil presencia estatal, explicó que los militares tienen la misión de restablecer el orden en esas zonas, como Challapata (Oruro) y Mallku Khota (Potosí). Cuando cumplan ese objetivo, añadió, dejarán el control a la Policía.