El sector gremial liderado por el dirigente César Gonzales partió desde El Alto hacia La Paz. Exige una reunión con el presidente Luis Arce, a quien solicita la abrogación de un decreto y otras demandas.

Decenas de gremiales se concentraron el coliseo Multifuncional de la Ceja y comenzaron a recorrer la avenida Naciones Unidas que une El Alto con la sede de Gobierno.

“Nos estamos concentrando (…). Nos toca ingresar a la sede de gobierno. El Presidente no nos ha enviado ni una nota; es importante que el Presidente se reúna con el pueblo: Dese un baño de pueblo”, dijo el dirigente a los medios alteños.

Los movilizados piden la abrogación del Decreto Supremo 4732 y la anulación de la resolución 102111 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Además, exigen la del director del SIN, Mario Cazón, y de la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.

Liderados por Gonzáles, los gremiales comenzaron una marcha el martes 11 desde el municipio de Patacamaya, distante a 97 kilómetros de la ciudad de La Paz. Entre sus demandas, también piden una solución a la escasez de dólares en la economía nacional.

La dirigencia anunció la radicalización de su protesta y no descartó un eventual bloqueo de calles y caminos en el país. “Compañero Presidente, recíbanos, escuche al pueblo, tenemos alternativas de solución”, instó Gonzáles.

En contraposición, varios sectores marchan por las principales calles y avenidas del centro de La Paz en apoyo al gobierno del presidente Arce.

Advierten de un “grave intento de desestabilización” por parte de algunos sectores, de los que, según ellos, “responden” al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.

Aún no se conoce si el mandatario recibirá o no a los movilizados.

El dirigente del transporte cooperativizado Orlando López pidió que los ingresos y gastos de su sector sean controlados por el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) bajo la Ley General de Cooperativas.

“Hay algunos gastos que no se toman en cuenta y hemos tenido problemas con las facturaciones electrónicas. También, sobre la Aduana, tenemos que coordinar muchos temas. Vamos a ir reuniéndonos con las autoridades”, explicó en entrevista con La Razón Radio.

Anunció que su sector se reunirá este martes con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente del SIN, Mario Cazón, para analizar los pendientes impositivos y las políticas tributarias.

“Con la Aduana tenemos programada una reunión la siguiente semana, todavía tenemos que entregar carpetas. Con ellos vamos a estar en constante coordinación”, acotó.

López afirmó que su organización, Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencotrans), concentra a al menos 200.000 asociados a nivel departamental y nacional, y que todos sus miembros están a la expectativa de la atención a su pliego.

“Nosotros pagamos un impuesto similar a los empresarios, ésa es nuestra queja. Algunos ítems no son vinculantes para nuestros descargos (de facturación)”, reclamó.

Sin embargo, el dirigente espera que en las próximas semanas su sector sea atendido por las autoridades.

Además, anunció que su organización presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para ser controlados por la Ley 356.

El Gobierno y la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) acordaron suspender el bloqueo nacional de caminos anunciado para este lunes e informaron que en 90 días volverán a reunirse para resolver los temas pendientes.

El domingo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acompañado de su colega de Economía, Marcelo Montenegro; de los viceministros Ríos; y de Transporte, Enrique Ponce, además de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo; de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó que, luego de la reunión con Arce, el paro de transporte pesado indefinido fue suspendido.

Al respecto, López destacó que diálogo tuvo “avances considerables” en el pliego presentado ante el Gobierno. Indicó que uno de los puntos “más delicados” tiene que ver con el tema impositivo y, aunque no hubo acuerdo, “el presidente ya marcó la línea de trabajo”.

En su criterio, el plazo de evaluación de 90 días “es prudente”.

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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que esta semana se instalarán las mesas técnicas de trabajo para atender las demandas del sector transportista, que busca dotación de carburantes, normalización de la circulación de dólares y solución a temas impositivos y aduaneros.

“Lo que haremos esta semana es trabajar en las mesas para mostrar resultados”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El Gobierno y la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) acordaron suspender el bloqueo nacional de caminos anunciado para este lunes e informaron que en 90 días volverán a reunirse para resolver los temas pendientes.

El domingo, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acompañado de su colega de Economía, Marcelo Montenegro; de los viceministros Ríos; y de Transporte, Enrique Ponce, además, de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo; de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez; informó que, luego de la reunión con Arce, el paro de transporte pesado indefinido fue suspendido.

En la transmisión, el viceministro Ríos afirmó que espacio de diálogo del Gobierno logró frenar el bloqueo de caminos, luego de una reunión de 13 horas, en la que se firmó un acta para continuar trabajando.

“Un bloqueo solo perjudica a toda la familia boliviana y te genera mayores problemas”, criticó.

Contó que cinco de los siete puntos del pliego petitorio de los representantes del transporte ya se están atendiendo y que algunos de ellos, como la exigencia de destitución de algunos ministros y autoridades, están descartados.

Asimismo, ratificó el abastecimiento de carburantes al país y las medidas que tomará el Ministerio de Economía para traer dólares.

La semana pasada, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó el normal abastecimiento de combustibles líquidos al sector del transporte del departamento de Santa Cruz.

En las últimas semanas, distintos sectores han anunciado movilizaciones para que el Gobierno tome medidas frente a la situación económica complicada que atraviesa el país. Por ello, el Ejecutivo ha estado reuniéndose con distintos sectores, como gremiales y médicos.

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Moisés Murillo, gerente de Inversiones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, afirmó este lunes que las inversiones de la estatal en los bonos de Estados Unidos son las más seguras.

“La inversión en Estados Unidos es la más segura, siempre la deuda soberana de Estados Unidos se considera el activo libre de riesgo. Es un parámetro que se mide en mercados internacionales”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

La explicación del funcionario ocurre en medio de cuestionamientos por la inversión de $us 50 millones que realizó la Gestora en esos bonos, cuyo rendimiento, a tres años de plazo, será de 4,6%, según ratificó Murillo.

“Pudimos haber invertido en otros países (de categoría) triple A, pero las tasas de interés no son tan atractivas. La coyuntura económica mundial es de inflación. Estados Unidos toma medidas y emite bonos con tasas más atractivas. Hace unos años, las tasas en Estados Unidos eran muy bajas”, explicó.

Gestora

El 7 de junio, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, Informó de esa inversión y otra de $us 200 millones en los bonos en dólares del Banco Central de Bolivia (BCB), a tres años y con una tasa del 6,5% de rendimiento.

Pero no es todo, la Gestora invirtió Bs 1.715 millones en bonos del Tesoro General de la Nación, a tres años y con una tasa de 12,8%. Esta operación es de corto plazo.

Confirmó que la tasa de rentabilidad de esas inversiones “a corto plazo” es del 7%.

Luego del reclamo de varios sectores, principalmente jubilados, funcionarios de la Gestora explicaron en qué consiste las inversiones de los ahorros de los trabajadores.

Al respecto, Murillo explicó que la Gestora trabaja con tres premisas: “garantizar el pago de la renta (de los aportantes), cada mes; diversificar la cartera de inversiones y buscar un rendimiento, acorde con el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir”.

El funcionario pidió a los jubilados y a los aportantes “tranquilidad”, pues garantizó el pago normal de sus rentas y aseguró que las inversiones “permitirán el crecimiento de las mismas”.

La empresa Energía Argentina SA (Enarsa) y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron la novena adenda al contrato de compra venta de gas natural firmado en 2006.

El nuevo acuerdo establece que Bolivia le enviará hasta 4 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas natural durante agosto y septiembre de este año. El anterior acuerdo establecía hasta un 2,4 MMm3d.

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“Este suministro permitirá abastecer la zona centro/norte del país con hasta 4 MMm3/día en función del requerimiento de la demanda interna, mientras se termina con el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, actualmente en marcha, informó este domingo Enarsa mediante una nota de prensa.

La adenda establece que se proveerá del energético en el norte de Argentina durante dos meses hasta que se concluyan los trabajos de la reversión del gasoducto TGN que se estima estará en operaciones a partir del 15 de septiembre lo que permitirá llevar 5 MMm3d adicionales a las provincias del norte argentino y en una segunda etapa otros 4 MMm3d.

La octava adenda firmada entre YPFB y Enarsa establecía que Bolivia enviará gas hasta mediados de este año. Argentina esperaba contar con un ducto que lleve el gas de Vaca Muerta al norte de su territorio hasta agosto de este año; sin embargo, la obra aún no fue licitada y se espera retrasos que obligarán a seguir comprando gas boliviano.

El acuerdo establecía un envió en promedio de 4,5 MMm3d hasta julio. A partir de agosto se contempla la importación de 2,4 millones de metros cúbicos por día desde Bolivia.

Hasta julio el precio previsto es de $us 11,4 por millón de BTU (Unidad Térmica Británica); para agosto y septiembre ese valor bajaría a $us 7,90 por millón de BTU.