El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que, a través de controles en las farmacias, se evidenció el incremento de precios de los medicamentos hasta en un 25%.

“Se puede apreciar que hay un incremento desmedido de un 20, 25% que no está autorizado”, sostuvo a los periodistas.

Aclaró que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) es la única instancia encargada de definir los precios de los medicamentos y que para este año aún no se autorizó el incremento de los medicamentos.

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Por tanto, afirmó que se sancionará a las farmacéuticas que incrementaron los costos de los medicamentos sin ninguna autorización de la institución competente.

“Lo que nos informa la Agemed es que los precios referenciales que ellos tienen son de la gestión pasada y que en esta gestión no se ha autorizado ningún incremento de precios, por lo tanto, amerita sancionar a aquellas personas que están cometiendo agio o especulación con los medicamentos”, anunció.

Lamentó que algunos sectores, en este caso los farmacéuticos, eleven el costo de los medicamentos con cualquier justificativo, lo que afecta a la población que demanda esos productos.

“Encuentran el pretexto de la guerra Rusia y Ucrania, luego la invasión de Israel, luego los incendios, luego las lluvias, ahora es el dólar; siempre encuentran un pretexto para justificar el incremento de precios”, reprochó.

Controles

El personal de Defensa del Consumidor realizó controles en el departamento de Santa Cruz donde se identificaron el incremento de precios. Por tanto, anunció que este tipo de actividades se desarrollarán en el resto del país.

La presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) La Paz, Silvia Heredia, denunció el 9 de mayo que, hace un año se registra el incremento de precios de los medicamentos de hasta un 30% que, según las industrias farmacéuticas, importadoras y distribuidoras, se debe a la falta de dólares, entre otros factores.

“Lamentablemente, día tras día la subida de porcentaje, del incremento de precios es constante. A nivel nacional los medicamentos nacionales han estado incrementándose de un 6%, un 8%, un 12%, los importados en un 25%, 30%”, denunció Heredia hace dos semanas.

En un acto en el Regimiento de Infantería 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”, en la capital del país, el Gobierno dio inicio al pago de la Renta Dignidad con la meta de superar esta gestión el monto del año pasado, que llegó a los Bs 23,24 millones.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue el encargado de dar inicio al pago de este beneficio que se realiza a través de las Fuerzas Armadas para llegar a las áreas más alejadas del territorio nacional.

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Las Fuerzas Armadas han “pagado el año pasado, en todo el territorio boliviano, la suma de 23.242.800, asumiendo el compromiso de superar este monto en la presente gestión”, afirmó la autoridad de Estado.

Para el pago de este beneficio, las Fuerzas Armadas habilitaron 154 puntos, de los cuales 111 corresponden al Ejército, 32 a la Armada Boliviana y 11 a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), además de unidades móviles para llegar a los lugares más alejados y efectuar el pago a las personas de la tercera edad que no tienen una renta de jubilación.

“De esta manera las Fuerzas Armadas ejecutan el pago en recintos militares necesarios y a través de las unidades móviles de pago para lograr el alcance geográfico de las áreas urbanas y rurales desde 2023”, indicó.

Cada uno de los equipos de pago móvil estará conformado por tres miembros de las FFAA, que se desplazarán por tres días consecutivos a las localidades y/o comunidades, principalmente alejadas para el pago del beneficio.

Beneficiarios

Durante la gestión 2023 se alcanzó cancelar el beneficio a 61.842 adultos mayores y se espera alcanzar una cifra similar este año.

El 16 de abril de este año se firmó el Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo para el pago de la Renta Dignidad en esta gestión.

Novillo recordó que el 28 de noviembre de 2007 el Gobierno de ese entonces promulgó la Ley 3791, de Renta Universal de Vejez, conocido como Renta Dignidad.

Mediante el Decreto Supremo 29399, del 29 de diciembre de 2007, se establecieron los mecanismos para operativizar el pago de la Renta Dignidad a través de las Fuerzas Armadas.

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Gonzalo Vigabriel, dijo que la institución castrense “está siempre al lado de nuestros parientes de la tercera edad apoyándoles con recursos que también se generan en las Fuerzas Armadas”.

Ante las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, el electo gobernador cruceño encarcelado Luis Fernando Camacho increpó a la autoridad sobre sus dichos en torno a la demanda de los gremiales por la escasez de dólares en el país.

Camacho le dijo que va más allá de “un problema de pan y papas”, que es consecuencia de la incapacidad del presidente Luis Arce y sus ministros.

“Éste no es un problema de ‘pan y papas’, es un problema de desgobierno, de corrupción y de incapacidad de Luis Arce y sus ministros”, escribió Camacho en la red social X.

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Montaño

Montaño señaló hace un par de días que las protestas de los gremiales y otros sectores sociales por el decreto de preventa de inmuebles y una ley sobre el contrabando tienen fines políticos. “No puede ser que para comprar pan necesiten dólares, para comprar papa necesiten dólares, no está bien eso. Nadie les va a entender”, afirmó el ministro en conferencia de prensa.

Camacho replicó en sentido de que que lo que se esperaba del Gobierno era “soluciones y no insultos, ni menosprecio al sector gremial”.

“¡A ver ministro, piense un poquito! Los gremiales son principalmente comerciantes; en ese sentido, la falta de dólares afecta a sus actividades en la compra de productos que vienen del extranjero y, además, encarece todos los productos y, por lo tanto, tienen menos ventas. Por eso reclaman, y están en todo su derecho”, acotó el gobernador.

Camacho también señaló que la banca está muy preocupada ante la escasez de dólares y que también las empresas están saliendo de Bolivia.

Entretanto, ya ante la coyuntura económica, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que canaliza dólares a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). Además, descartó que los bancos solo generen divisas que entregan los exportadores.

(24/05/2024)

Personal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag) Cochabamba, en coordinación con la Policía Boliviana, decomisó frutas de origen peruano que no contaban con la certificación fitosanitaria para su comercialización en el territorio nacional.

El jefe Departamental del Senasag Cochabamba, Juan Martínez, indicó que durante un operativo sorpresa realizado este viernes, se comisó cuatro tipos de frutas. En caso de que el propietario no demuestre la documentación legal de importación, se procederá a la destrucción.

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“Hasta el momento, hemos decomisado granadilla, chirimoya, durazno, pitahaya de origen peruano. Lo preocupante de esta importación ilegal es que no tienen los permisos fitosanitarios correspondientes”, informó el funcionario.

El decomiso se realizó durante un control entre el Senasag, la Policía, la Federación Departamental de Floricultores de Cochabamba (Fedelflor), Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), que se moviliza para evitar el ingreso de flores ante la cercanía del festejo del día de la madre.

“Vamos a continuar con estos operativos durante los siguientes tres días en puntos estratégicos del departamento”, indicó Martínez.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2024, la actual Asamblea Legislativa aprobó 32 proyectos de ley de financiamiento externo por un monto total de $us 3.820 millones, de los cuales $us 1.724 millones fueron desembolsados o están en ese proceso.

“Esto equivale a que un 45% de estos recursos de financiamiento externo que se han contratado en la actual gestión de gobierno, y aprobados por la Asamblea, ya han sido desembolsados”, explicó ayer el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en una conferencia de prensa.

La autoridad explicó que, de esos 32 proyectos de ley, 29 créditos se encuentran en operación en diferentes etapas y tres créditos están en cumplimientos de condiciones previas.

De esos 29 créditos que están en operación, 17 ya están en ejecución o han sido ejecutados, cinco se encuentran en proceso de actualización de diseño o supervisión de los proyectos, “es decir, que se están actualizando esos proyectos de construcción de infraestructura, siete se encuentran en proceso de licitación”.

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Proyectos

 Esos 17 proyectos que están en ejecución son, por ejemplo, el tramo Escoma-Pacobamba, en el departamento de La Paz; la vía Oruro-Challapata en su primer tramo; el Programa Construyendo Resiliencia ante el Cambio Climático para familias rurales.

También, la construcción del puente Mapiri, en La Paz; y del puente Sacambaya, entre La Paz y Cochabamba; el crédito para el Censo de Población y Vivienda 2024, en sus dos operaciones; los aeropuertos de Tarija y Uyuni (Potosí) que ya se han licitadas las empresas que se harán cargo de la obra, el túnel de Incahuasi, entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Además, del programa de generación de empleo para hacer los enlosetados a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), entre otros proyectos que están en ejecución, informó el Ministro de Planificación.

“Estamos avanzando en la ejecución de todos estos créditos a través de sus unidades ejecutoras y vamos mostrando que esto está funcionando, se está ejecutando a través del Gobierno nacional”, afirmó el ministro Cusicanqui.

Dato

En tanto, siete proyectos están en proceso de licitación: ocho carriles de la Doble Vía La Paz-Oruro en su tramo Senkata-Apacheta; los programas de agua potable y saneamiento para ciudades intermedias y menores; el “Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus II-Construcción de hospitales”; la carretera Boticlaca-Caquiaviri; expansión de infraestructura eléctrica en Santa Cruz, Oruro y Potosí; el Programa de Gestión Integral de Agua en Áreas Urbanas; y el Programa de Riego Tecnificado.

También los proyectos que están en etapa de actualización, como el tramo Pacobamba-Charazani, en La Paz; La Joya-Chuquichambi, en Oruro; y Unduavi-Chulumani, en La Paz, que ya está en la última fase de ese proceso. 

A eso se suman los tres créditos que están pendientes de cumplir las condiciones previas, que son los proyectos de electrificación a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, que acaba de promulgarse. La construcción del pavimento Faja Norte en Yapacaní, Santa Cruz; y el Programa Nacional de Riego Tecnificado.

EL ministro Cusicanqui recordó que aún están pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa ocho proyectos de ley de créditos por un monto aproximado de $us 633,42 millones; tres de ellos en la Cámara de Senadores y cinco en la de Diputados.

(24/05/2024)