“La zona está controlada”, remarcó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, al referirse al violento ataque, ayer, de un grupo de contrabandistas al puesto de control fronterizo en Pisiga, frontera con Chile, que dejó como saldo daños materiales de consideración, entre ellos tres vehículos incinerados.
Tras los incidentes, el Comando Estratégico Operacional (CEO) de Lucha Contra el Contrabando va detrás de dos clanes familiares cuyos líderes, según informes preliminares, huyeron a Chile, de donde proviene el contrabando.
En ese marco, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, anunció que el Ejército “va a reforzar” los controles en ese sector, más cuando los contrabandistas hacen “vigilancia” al personal estatal que controla el flujo de comercio exterior.
El jueves, la funcionaria denunció, acompañando una transmisión en directo de las cámaras de seguridad desde esa zona, lo que sucedía en Pisiga. Para el ataque los agresores usaron dinamitas y piedras y se quemaron tres vehículos.
Rodríguez detalló en una entrevista en la red Unitel que el génesis de este conflicto estalló en febrero, cuando el CEO incineró cinco camiones que ingresaban con mercancía ilegal al país por “caminos indebidos”. El operativo dejó como saldo un fallecido y un herido.
Luego, las FFAA optaron por abrir zanjas en la línea fronteriza, “al norte hacia el nevado y al sur hacia el salar de Coipasa” para anular ese tipo de accesos.
“Esto ha ocasionado que los contrabandistas se violenten ante el control militar porque ya no pueden meter camiones en forma tan sencilla como antes”, dijo Rodríguez.
Después, sucedieron dos “acciones violentas”: en julio, que ocasionó el “destrozo total de un puesto militar y la incineración de un vehículo; el otro, con la incineración de un vehículo y un herido de bala” entre los contrabandistas, de quien no hay reportes sobre curación en algún centro de salud.
“Entre las 07.00 y 07.30 actúan violentamente contra los militares con el objeto de que los que están ocupando los puestos claves en la frontera fuera del pueblo vengan a apoyar y por esos lugares metan el contrabando”, explicó el Viceministro, en referencia a los hechos violentos del jueves.
La participación en esta cadena de ilícitos de clanes familiares tiene el respaldo de algunos pobladores que están siendo identificados. Con base en esos datos, la Aduana activará un proceso penal.
Rodríguez posee informes de dos clanes de contrabandista. Uno es manejado por un hombre que apellida Colque Herrera que en Chile cumplió una condena por narcotráfico.
“La que está manejando es su esposa, ella paga a los estibadores, paga a las personas que usan bicicletas para traer la mercadería de contrabando a pequeños canchones o depósitos que están cerca de la frontera con el objeto de llenar los depósitos, trasladarlos a la población e introducirlos al país en forma de microtráfico o trafico hormiga”, contó el Viceministro.
El otro clan está liderado por Tito Mamani Cocamani que tenía como jefe a un sujeto apodado “El Moroco”, quien, reveló Rodríguez, “ha escapado a Chile porque hemos hecho la denuncia correspondiente”. Este grupo “ingresa al país” ropa usada, ropa nueva y zapatillas.
“A ellos estamos siguiendo para poder capturarlos en la frontera”, reveló Rodríguez.
Asimismo, el plan es destruir las rutas alternas ilegales en los más de 800 kilómetros de la línea limítrofe para dar fin al ilícito, una labor que se concretará en las siguientes semanas.
Ardaya, por su lado, anunció que la puesta en marcha de las “aduanas automatizadas que esperamos ponerlo en práctica, si no es octubre, en noviembre” controlará “desde la salida”, en Chile, la carga que será introducida en el país. (16/08/2019)