La normativa no acompaña en la lucha contra el contrabando
Imagen: RODWY CAZÓN, APG
Control. Pese a estas acciones, el contrabando no tiene pausa en las fronterasdel país.
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Dificultades. La lucha contra esta actividad ilícita requiere acciones estratégicas, pero sobre todo una normativa más sancionatoria.
ECONOMÍA
La administración de Luis Arce se niega a reconocer que el contrabando rebasó los mecanismos de control e interdicción y apunta a la normativa, porque no acompaña en la lucha contra esta actividad ilícita.
El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identificó tres formas ilegales de introducir productos al territorio nacional, entre éstas el contrabando hormiga, el masivo y el técnico, siendo esta última aplicada por la organización criminal para corromper funcionarios del Estado y utilizar gente humilde para trasladar productos en frontera.
Cada día, por los innumerables pasos fronterizos ilegales se transportan hacia Bolivia caravanas de camiones con mercadería ilegal así como vehículos indocumentados de origen desconocido, causando zozobra y afectando sobre todo a la economía nacional.
Es así que en las últimas semanas la fragilidad de los controles en las fronteras, sobre todo con Chile, quedó al descubierto tras conocerse que al país ingresaron —por la vía del contrabando— vehículos robados en la nación vecina y que fueron identificados en poder de altos jefes policiales.
Un hecho que obligó al Gobierno y empresarios a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y además ajustar la normativa para que acompañe el combate a esa actividad ilícita, antes que rebase a los mecanismos del Estado.
ACCIONES. Para el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, por ahora esta actividad ilícita no ha rebasado al Estado, pero reconoce que son “dificultosas” las tareas para enfrentar este flagelo en el país.
“En realidad no ha rebasado la presencia del Estado, todas las instituciones encargadas de la lucha contra el contrabando están en diferentes puntos fronterizos y el informe que da la Aduana Nacional es importante. Se han roto récords con relación a 2019 y en este año, hasta la fecha, van Bs 217 millones que ya se han incautado. Estamos llegando a más de 1.000 vehículos indocumentados que se han comisado, entonces la presencia del Estado está con todas sus instituciones”, dijo en una entrevista con LA RAZÓN.
El general de brigada también observó que este ilícito atrae a muchos ciudadanos bolivianos. “Lo digo con toda sinceridad, se están dedicando al contrabando y han encontrado la manera más fácil de hacer dinero, la manera más fácil de realizar el contrabando por diferentes puntos fronterizos que tiene nuestro país. Una de las desventajas que tenemos y la debilidad que tiene el Estado es tener cinco países que están a nuestro alrededor, una frontera de más de 7.000 kilómetros que hace imposible” un control total.
La extensa frontera entre Bolivia y Chile dificulta los operativos de lucha contra el contrabando, una situación que es aprovechada por aquellas personas dedicadas al ilícito, como es el caso de vehículos robados en Chile, transportados a territorio nacional.
“Nuestra frontera con Chile es muy amplia y en algunos casos hace dificultoso el poder combatir a esta gran cantidad de personas que están realizando (contrabando)”, insiste el viceministro Vargas.
La ‘zona roja’ del contrabando a Bolivia está ubicada en la frontera con Chile por donde ingresa una gran cantidad de vehículos indocumentados y también robados, según datos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, entidad que también ha identificado el ingreso de estos vehículos a través de las fronteras con Brasil y Paraguay.
NORMATIVA. Si bien entidades del Estado como la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando extreman esfuerzos para afrontar esta actividad ilícita, la normativa no acompaña con las sanciones necesarias.
“Ese es un tema de debate, que se está analizado en las diferentes instancias correspondientes. Nosotros hemos visto en la anterior gestión que la normativa no es la adecuada para sancionar”, dijo Vargas.
Agregó que existe una propuesta para reducir de 200.000 UFV a 10.000 UFV el valor de los tributos omitidos y que a partir de esa cuantía se inicien las acciones penales correspondientes ante el delito del contrabando.
“Es muy probable que en los próximos meses se llegue a determinar cómo serán estas sanciones”, anticipó a este medio el viceministro.
Se prevé que esta nueva normativa sea considerada por la Asamblea Legislativa, para ello se coordina con la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. En principio, se busca modificar la Ley de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, así como la Ley General de Aduanas y otros decretos reglamentarios.
“Es un tema que han ido planteando diferentes instancias de los empresarios, que han ido viendo esta necesidad de articular esta normativa que está en la Ley 1053, que también está en pleno proceso de análisis para poder analizar si corresponde algunos cambios y de esta manera ser más efectivos en las sanciones que se vayan a dar a aquellas personas que están dedicadas al contrabando”, sostuvo.
Según información del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, esta actividad ilícita es cometida de forma masiva por grupos que operan y se desplazan por las fronteras en caravanas de 10 a 40 camiones, cuentan con telefonía satelital, comunicación de última generación y armamento de guerra. Estos pertrechos les sirven para proteger la mercadería ilegal y comunicarse con todos los que operan y colaboran en esta actividad ilícita a gran escala.
En tanto, el contrabando técnico se refiere al uso de documentos falsificados de Aduana, de seguros y de precintos aduaneros. Los contrabandistas introducen al país gran cantidad de vehículos con documentación legal, pero ésta es duplicada para camuflar el ingreso de otros, que se presume son resultado de robos cometidos en países vecinos como Chile, Brasil o Paraguay.
Finalmente el contrabando hormiga, es una activad donde se contrata a personas del otro lado de la frontera, quienes ingresan con la mercadería ilícita a Bolivia cargándola en hombros, balsas o carritos y que luego llenan con ella depósitos para su comercio ilegal.
Combatir el ilícito requiere coordinación
Los empresarios privados ven con “mucha preocupación” el tema del contrabando, porque “en lugar de disminuir va tomando más fuerza”, aseguró a LA RAZÓN el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz.
Por ello, “el Gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas, el tema no es sencillo, porque cada vez los contrabandistas tienen formas más técnicas —si vale el término— para hacer su actividad ilegal y el Gobierno debe pensar en acciones para contrarrestar esta actividad ilegal, que es perjudicial para la economía del país”, sostuvo.
Ante el incremento del contrabando en el país, es tiempo de hacer un análisis a profundidad sobre cuáles son las causas de esta actividad ilícita y qué normas se deben modificar.
“No creo que alguien tenga una fórmula en la mano para decir ‘con esta sugerencia va a desaparecer el contrabando’. Yo creo que debe haber un proceso que sea sostenible en el tiempo y concertado (sectores público y privado) y lógicamente las sanciones tendrán que ser muy duras para que la gente tenga miedo de continuar con esa actividad”, complementó el empresario paceño.
La fuerza del ilícito es tan grande que a veces llega a afectar a quienes deberían luchar contra el contrabando. “Esto, en nuestro criterio, merece que se haga un análisis profundo entre el sector privado y el sector público, para ver qué medidas son las más conducentes, sin dejar de lado ninguna; desde el análisis de la normativa legal hasta algunas ideas que desincentiven la actividad del contrabando y se vaya reduciendo”.
COMERCIO. Este criterio es compartido por el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, quien consideró además importante definir una “agenda de trabajo” de lucha contra el contrabando.
“También vimos que eran oportunas las acciones de contención que se realizan al contrabando, pero como Cámara Nacional de Comercio hemos ratificado una posición que se debe trabajar de manera coordinada, entre instancias públicas y privadas, para hacer una agenda de trabajo de lucha contra el contrabando que vaya más allá de la contención a un trabajo preventivo para evitar esta actividad ilícita”, remarcó.
Según datos de la CNC, antes del coronavirus (2019) se estimaba que el contrabando representaba alrededor de $us 3.000 millones anuales; no obstante, tras dos años de pandemia, la cifra se incrementó.
“Después de la pandemia, nosotros hicimos algunos estudios que determinaban que el contrabando había crecido al menos en 20%, lo cual significa que este ilícito estaría alrededor de los $us 3.600 millones anuales, que se mueven en esta actividad; esto significa que está en alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), es un índice muy alto”, apuntó el ejecutivo.
En el análisis de la CNC se han identificado tres grandes rubros de contrabando en Bolivia, el primero es el sector del automotor, los famosos autos “chutos”; el segundo gran rubro es el de los alimentos y bebidas; y el tercero es el de los medicamentos.
