La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este viernes que obtuvo una “victoria significativa” en la apelación internacional del Caso Gafta N°4662, entre la firma Duron LLC contra la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por lo que se descarta el pago de más de $us 8 millones.

“El Tribunal de Apelación de la Asociación del Comercio de Granos y Alimentos (siglas en inglés «Gafta»), con sede en Londres, Reino Unido, ha ratificado el laudo inicial; desestimando en su totalidad las reclamaciones de Duron; las cuales ascendían a un total de más de 8 millones de dólares; reafirmando la defensa sólida del Estado boliviano (sic)”, indica un comunicado de la Procuraduría.

La nota explica que el conflicto surgió tras un supuesto incumplimiento contractual alegado por Duron en la compra de 30 toneladas de trigo.

En 2021, a través de un proceso arbitral, Duron presentó una serie de reclamos en mérito al contrato supuestamente incumplido. Se trató de la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico; por Bs 51 millones.

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Procuraduría

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2022, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Final que rechazó completamente las demandas de Duron, que apeló el fallo en marzo de 2023 ante el tribunal de la Gafta.

“El reciente fallo del Tribunal de Apelación, emitido el 3 de octubre de 2024, ratificó el Laudo Final al desestimar nuevamente todas las pretensiones de Duron; confirmando así la solidez de la defensa estatal liderada por la PGE”, complementa la nota.

Además, resalta que el tribunal ordenó a la empresa a cubrir los costos administrativos del proceso de apelación.

La Procuraduría reafirma su defensa de los intereses del Estado Plurinacional y garantiza que “lideró la defensa en este arbitraje, asegurando un manejo diligente y eficaz de las disputas internacionales”.

En la conmemoración por el día de la Mujer Boliviana, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) destacó que el 43% de los créditos de la cartera otorgados a mujeres fue destinado emprendimientos o actividades personales.

“Las valientes mujeres bolivianas que, a través de su esfuerzo y su perseverancia, han conquistado nuevos espacios en la sociedad, optan por un crédito para emprender y crecer”, señala una nota de la institución.

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El dato de 43% supera ligeramente al 41% de los hombres, cifra de lo que va del año, hasta el mes de agosto, según la institución.

De acuerdo con el reglamento de la Asfi, un microcrédito es un préstamo otorgado a una persona natural o jurídica. Éste tiene el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios; cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.

“Es el principal tipo de crédito que beneficia a las mujeres, enfocadas en alcanzar sus sueños para el bienestar de ellas y sus familias”, afirma la publicación.

Este dato, según la institución, demuestra la capacidad, la determinación y el “papel clave” de la mujer en el desarrollo de Bolivia, que se convierte en una actora importante en las actividades económicas del país.

El representante del grupo de prestatarios de entidades financieras Jorge Torrez denunció que el aspirante a candidato Jaime Soliz utilizó al grupo de prestatarios para obtener réditos políticos.

En los últimos días, los prestatarios tomaron medidas de presión, entre marchas y vigilias, en inmediaciones del Ministerio de Economía, al que exigieron pagar solo el capital de sus créditos y se les condone los intereses.

No obstante, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) rechazó una posible condonación, mediante la cual los prestatarios quedarían libres de sus deudas, y la calificó como ‘anticonstitucional’ debido a que afectaría a la reposición que esperan los depositantes.

De ese modo, la entidad reiteró que se estableció la posibilidad de que los pagos sean reprogramados y los prestatarios analicen su situación particular con sus entidades financieras.

En entrevista con La Razón Radio, Torrez afirmó que su petición era imposible y que fueron convencidos por Soliz. “El doctor Jaime Soliz tienes aspiraciones de ser candidato, él nos ha pintado muy bonito pedir la condonación. Suena bonito, pero es imposible. Hemos analizado y estábamos haciendo mal”, denunció.

Incluso dijo que aquel abogado quiso que el grupo de prestatarios vaya a recibirlo con guirnaldas en el aeropuerto de El Alto, cuando llegó a La Paz.

Lamentó que el aspirante a candidato estaba utilizando a este grupo de prestatarios. A su vez, anunció que, tras desmarcase de Soliz, buscaran soluciones como víctimas y deudores independientes.

Anunció que su grupo está trabajando “rápidamente” en la búsqueda de personería jurídica.

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La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y los pequeños productores del norte del departamento de Santa Cruz firmaron un acta de compromiso para garantizar la provisión de arroz en lo que resta de 2024 y para la gestión 2025.

“Durante esta importante reunión se concretó la firma de un acuerdo de provisión de materia prima para el Programa Arroz Campaña Verano 2024/2025”, informó la empresa estatal.

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La reunión bipartita tuvo como principal objetivo la formalización del compromiso de abastecimiento de arroz para la próxima campaña agrícola. En el encuentro, se destacó la colaboración directa entre los pequeños productores y Emapa.

Debido a la situación económica y política que atraviesa el país, existen rumores y afirmaciones de que el arroz comenzará a escasear y que el abastecimiento no está garantizado.

Por ello, el acuerdo alcanzado asegura la provisión de materia prima de alta calidad para la producción de arroz y satisfacer la demanda interna.

Asimismo, Emapa también se compromete en apoyar técnica, financiera y logísticamente a los pequeños productores de arroz, con el fin de beneficiar la economía local y proteger la seguridad alimentaria.

La empresa estatal mantiene los precios más bajos de arroz; la arroba se vende en Bs 50,50, mientras que en los mercados su costo incrementa a más de Bs 100. Ante ello, Emapa se mostró abierta a la importación del producto para que la sobreoferta regularice los precios.

Este viernes, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC) se trasladó a tempranas horas de la mañana, con efectivos militares, hacia Desaguadero, la zona fronteriza con Perú donde fluye mucho contrabando. Sin embargo, la cartera de Estado destacó una buena aceptación de los comunarios.

“La buena aceptación de los buenos ciudadanos hace que podamos realizar este control y evitemos que salgan estos productos”, afirmó el titular de este viceministerio, Luis Velásquez.

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Al ser una zona en la que converge gran cantidad de personas ligadas al contrabando, existía la susceptibilidad de que haya enfrentamientos, como ocurrió en Senkata, en El Alto, el miércoles.

Sin embargo, Velásquez explicó que hubo una “buena conversación con los comunarios”, para explicarles que sus actividades comerciales, mientras operen según la ley, no se verán afectadas.

Asimismo, se socializó algunos aspectos del Decreto Supremo 5245, mediante el cual se incrementan las sanciones contra contrabandistas y se prohíbe el traslado de algunos productos.

“Que sean (los comunarios) los actores principales, que sean colaboradores en la lucha contra el contrabando a la inversa que está haciendo tanto daño a la economía”, pidió Velásquez.

Por ello, además del control fronterizo, el Gobierno apostará por una concientización para eliminar este tipo de práctica que se ha normalizado en algunas zonas.