En el marco de la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el manejo de la deuda pública y la emisión de bonos soberanos con una posible tasa de interés del 30%, que pone en duda su sostenibilidad, ha generado intensos debates entre economistas y políticos.

El economista Alberto Bonadona cuestionó la viabilidad de esta medida, calificándola de “descontrol fiscal” y destacando los riesgos asociados con un endeudamiento agresivo en el marco de una economía en crisis.

Durante una participación en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Bonadona aseguró que, aunque la deuda como herramienta no es negativa, el problema radica en la falta de planificación clara y en los elevados costos que podría implicar.

“Una tasa de interés del 30% es un precio demasiado alto para un país con las actuales condiciones de riesgo país. Esto encarece cualquier emisión de bonos soberanos y pone en duda su sostenibilidad”, explicó.

En la transmisión, Bonadona y Omar Velasco discutieron la posibilidad de que Bolivia deba emitir bonos soberanos con tasas de interés elevadas, potencialmente alrededor del 30%. Este porcentaje resulta de sumar la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (aproximadamente 5%) y el riesgo país de Bolivia, que se traduce en un 19%, más una prima adicional que los inversionistas exigirían, estimada en un 6%.

Esta combinación llevaría la tasa total al 30%, reflejando la percepción de alto riesgo asociado a la economía boliviana en los mercados internacionales.

Velasco argumentó que, aunque la tasa resultante de esta suma sería del 24% sin tomar en cuenta la prima; no obstante, es probable que los inversionistas demanden una prima adicional.

Por otro lado, Velasco y Daniel Flores coincidieron en que endeudarse puede ser necesario, pero debe hacerse de forma estratégica. Velasco sugirió explorar alternativas financieras como bonos colateralizados o temáticos para reducir los costos de interés, mientras que Flores señaló la necesidad de un plan económico integral.

“El endeudamiento debe alinearse con objetivos claros que estabilicen la economía. Sin estas medidas, la factura recaerá en la próxima administración y en la población”, afirmó Flores.

Bonadona advirtió además sobre el impacto de la inflación en la deuda interna, señalando que esta estrategia podría “licuar la deuda”, es decir, reducir su valor real a través de la depreciación del poder adquisitivo, y afectar, principalmente, a jubilados y ahorristas.

Una de las críticas más fuertes giró alrededor del uso de los activos nacionales, como las 22 toneladas de oro en reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), que podrían ser empeñadas como garantía para obtener financiamiento.

“Este tipo de medidas compromete los pocos activos que quedan en el país y limita las opciones de recuperación económica a futuro”, advirtió Flores.

Con una economía marcada por un alto déficit fiscal, baja confianza internacional y crecientes riesgos de endeudamiento, la discusión sobre cómo manejar la deuda pública será clave para el futuro económico del país.

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Este jueves, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que, debido a la especulación y el agio que generan encarecimiento en los precios de los productos básicos, la población en todo el país pide al Gobierno y a las autoridades municipales un mayor control sobre los productos.

“¿Qué es lo que la población pide? Firmeza y que se controlen los precios”, afirmó en conferencia de prensa.

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Precios

De acuerdo con la autoridad, se verificó que en los mercados de algunos departamentos el precio del aceite está incrementando de manera desmedida. Sin embargo, el Gobierno corroboró que la producción es regular, por lo que no debería existir ningún motivo para el alza.

En su criterio, esto se debe a que algunas personas se dedican a ocultar y especular con el producto.

Por ello, uno de los artículos del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 autoriza la confiscación y comiso de productos que sean almacenados con el fin de realizar agio y especulación.

Alcón reiteró este punto, pues algunos “políticos intentan desinformar”. La disposición adicional séptima es bastante criticada por diversos sectores, debido a que denuncian que el Gobierno controlará la producción de alimentos. 

Sin embargo, la viceministra explicó que solo se aplicará el control en los casos en los que la acumulación tenga el objetivo de incrementar los precios de los productos. Mientras no se tenga esa intención, entonces los productores no deben preocuparse, insistió.

Asimismo, afirmó que el objetivo de ese artículo del PGE es que la población pueda acceder a los productos a “precios justos”, lo que se privó muchos momentos del año, debido a que el contrabando y la especulación generaron costos irregulares de tomate, arroz, papá, pollo y ahora aceite.

Alcón exhortó a los asambleístas a trabajar en la aprobación del proyecto, ya que, en su criterio, se trata de una tarea conjunta entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, advirtió este jueves sobre una recesión industrial y económica en 2024, lo cual preocupa al sector, debido al impacto que podría tener en sus actividades en los próximos meses.

«Los indicadores que respaldan esta recesión industrial es una disminución en las importaciones en el orden del 16,4%», afirmó en conferencia de prensa.

Camacho enumeró los problemas que atraviesa el país, ocasionados principalmente, en su criterio, por la falta de dólares y la escasez de combustibles, particularmente de diésel.

En desarrollo…

En el marco del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, el Gobierno asignó Bs 6.194 millones para los programas sociales Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy, como parte de su política de redistribución del ingreso.

Según el Ministerio de Economía, el Bono Juana Azurduy contará con Bs 187 millones para beneficiar a 241.000 personas, mientras que el Bono Juancito Pinto recibirá Bs 478 millones, impactando a 2,3 millones de estudiantes. Además, Bs 5.529 millones se destinarán a la Renta Dignidad.

“De acuerdo con esa cartera de Estado, el proyecto del PGE prioriza la equidad social con programas de transferencias como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, junto a subsidios en sectores clave para reducir la pobreza y la desigualdad”, señala la Agencia Boliviana de Información (ABI).

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PGE

Estas medidas están alineadas con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo del Movimiento Al Socialismo (MAS), diseñado para combatir la pobreza y reducir desigualdades.

Sin embargo, una modificación es que a partir del próximo año los jubilados que todavía perciban ingresos ya no recibirán la Renta Dignidad. No obstante, de acuerdo con el Gobierno, menos del 1% de los beneficiarios serán afectados con esta medida.

El PGE también prevé un crecimiento del 3,51%, una inflación del 7,5% y un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El presupuesto total agregado será de Bs 369.341 millones, marcando un aumento del 8,5% respecto a 2024, impulsado por mayores ingresos tributarios y una fuerte inversión pública que refuerzan la demanda interna.

Ahora, el PGE se encuentra en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, para ser tratado y aprobado por la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre.

La ventanilla única para agilizar los trámites de importación de combustibles, ya sea para consumo propio o para comercialización en el mercado interno, está plenamente operativa en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz y Santa Cruz, se informó este jueves.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, dijo que estas ventanillas fueron implementadas en el marco de los decretos 5218 y 5271, con el objetivo de simplificar los procesos y reducir la burocracia para los sectores interesados en la importación de diésel y gasolina.

El ministro explicó que el trámite consta de cinco pasos principales: la solicitud, la validación por YPFB, la autorización de la ANH, la revisión por la Dirección General de Sustancias Controladas y el proceso en sí.

En el primer paso, los usuarios deben identificar a su proveedor y presentar los certificados de calidad correspondientes. En el segundo, la petrolera estatal emite la no objeción o establece el contrato para la importación.

En el tercer paso, la Agencia Nacional de Hidrocarburos verifica y aprueba el proceso. En el cuarto, se incluye la supervisión necesaria para garantizar el cumplimiento normativo.

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‘REDUCIR LA BUROCRACIA’

Y el último paso puede demorar entre cinco y diez días dependiendo de la documentación y observaciones, fue diseñado para ser eficiente y brindar asesoramiento constante a los usuarios. La oficina de Santa Cruz, ubicada en el Distrito Comercial de YPFB, y la de La Paz, fueron verificadas por gremios de los empresarios privados y otras organizaciones productivas.

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de reducir la burocracia y facilitar los trámites, incentivando a los sectores privados para que puedan importar combustibles de manera eficiente”, destacó el Ministro de Hidrocarburos, según una nota de prensa.

El uso de las ventanillas únicas permite no solo simplificar los trámites de importación, sino también optimizar la liberación de combustibles subvencionados, reduciendo la carga fiscal asociada al subsidio. Esto dependerá del volumen y el interés de los sectores privados en importar para consumo propio o comercialización.

El Gobierno reitera la invitación a todos los interesados a acercarse a las ventanillas únicas de YPFB para acceder a este servicio, que forma parte de las acciones para fomentar la competitividad y el dinamismo del sector energético en Bolivia.